Faltan 16 días para que la ciudadanía de Uruguay enmiende o confirme la decisión política más tétrica de la actual era democrática: la consagración de la impunidad de quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura. Las encuestas no son auspiciosas. El estudio más reciente, de la firma Cifra, indica que apenas 42% de los entrevistados a fines de setiembre se disponían a apoyar la nulidad de la Ley de Caducidad. Bastante menos que el 50% registrado por la misma consultora en mayo. Desde entonces, ese porcentaje no dejó de bajar.

Nada permitía suponer que la cosa se daría de esta manera. La campaña de recolección de firmas por la anulación de la impunidad arrancó con vientos en contra que se fueron haciendo favorables muy de a poco. Al principio se oponían potencias políticas del oficialismo, como el presidente Tabaré Vázquez y el MPP, el sector más votado del Frente Amplio. Las reticencias y vacilaciones tardaron años en caer. En diciembre, el Congreso frenteamplista decidió adherir a la campaña. El Partido Nacional dejó en libertad de acción a sus simpatizantes. El Colorado y el Independiente son los únicos que rechazan en bloque el voto rosado.

Pero el plebiscito no se integró a la campaña del Frente Amplio. No figura en la publicidad emitida por radio y televisión, excepto en avisos del Nuevo Espacio. Los candidatos no suelen mencionarlo en sus discursos, ni siquiera para responder las alusiones de la oposición, muchas de cuyas figuras se regodean en el error (o en la mentira descarnada) al confundir “nulidad” con “derogación”, asegurar que los tupamaros fueron “amnistiados” o fantasear (y fantasmear) con que la anulación de normas es un procedimiento ilegal y nunca utilizado en Uruguay. Los oficialistas se limitan a ensobrar la papeleta rosada con sus listas. Los militantes de base se manifiestan con timidez, llevando globos de ese color a los actos. Es como si los frenteamplistas tuvieran vergüenza de su propia convicción o pensaran que resulta impopular.

El oficialismo parece creer que lo único que se juega el 25 de octubre es su segundo período de gobierno, su mayoría parlamentaria y, en menor medida, el sufragio epistolar. José Mujica llegó a recomendarles a quienes aún no eligieron candidato presidencial que “si no les gusta la cara del Pepe, por lo menos pongan un voto en blanco”. Y a pedirle a su grey que les “chamuye en el tronco de la oreja a los indecisos” así “no votan contra el pueblo”. Sin embargo, por el momento no hizo pedidos similares para que sus seguidores convenzan de pronunciarse contra la impunidad a los que todavía dudan al respecto.

Es un problema histórico, aunque no del pasado. Es de ahora. Esta misma semana, uno de los responsables de instruir y educar a los soldados de este país, el director del Instituto Militar de Estudios Superiores, general Wile Purtscher, opinó que antes del golpe de Estado de 1973 las Fuerzas Armadas actuaron “dentro de la ley” y que el plebiscito por la anulación “es una aberración jurídica”. “Aboliendo la Ley de Caducidad, podemos ir muchos presos. Cualquier oficial que haya estado en servicio puede ir preso, por cualquier denuncia que haga cualquiera”, dijo a la diaria. Son los militares que coinciden con Purtscher quienes “están encadenados al pasado”, y no los impulsores del voto rosado, como dijo el senador blanco Francisco Gallinal, hace dos semanas, en El Espectador.

Cuando la oposición se propone conquistar votos esgrimiendo el miedo a la rapiña y el copamiento, el oficialismo evita poner el acento en la necesidad de castigar a los más sanguinarios y perversos delincuentes uruguayos del siglo XX. Y eso que le regalan argumentos. Por ejemplo, el candidato presidencial colorado, Pedro Bordaberry, llamó a conferencia de prensa para defender la inocencia del jefe de esa banda criminal, al tiempo que postula mano firme y tolerancia cero.

A falta de alusiones en ese sentido, Mujica desconfía del valor curador, reparador y educador de la justicia ante las violaciones de los derechos humanos. Eso era lo que significaba aquella infeliz declaración al diario argentino La Nación: “La justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió”. No hablaba del honor de los jueces de la Suprema Corte, como se lamentaron los candidatos opositores, con pésima comprensión lectora.

Restan 16 días en cuesta arriba. La Coordinadora Nacional por la Nulidad carece de recursos para realizar sola todo el trabajo. Pero el oficialismo tiene unas cuantas fichas más para jugar. Si no lo hace, el Frente Amplio tal vez se encarame otra vez al gobierno, pero podría también ser el mariscal de una vergüenza histórica, algo muchísimo peor que serlo de una derrota electoral.

Marcelo Jelen

Fuente: La Diaria