Ante las maniobras del Señor Mujica para otorgar prisión domiciliaria a quienes llevaron adelante un genocidio contra el pueblo uruguayo, Esquina Montevideo manifiesta su más profundo rechazo y repudio a dichos intentos. Este señor sabrá cuál es la razón que lo lleva a identificar a la justicia con un verdugo, pero que no pretenda trasladarla a toda la sociedad.

Nosotros seguiremos reclamando Memoria, Verdad y Justicia para todas las víctimas del terrorismo de Estado y cárcel común para los genocidas y sus cómplices.

Echan humo las mullidas seseras de los tantos escribanos al servicio de presidentes y reyes invitados a esta nueva cumbre americana, para que los ilustres mandatarios nos descubran sus tediosas monsergas.

Acabarán haciendo como siempre, cuando el tiempo y las prisas terminen por fundirles las neuronas que aún les sobrevivan y no haya ingenio que pueda barruntar algún sermón que nos parezca nuevo, desempolvarán las viejas peroratas y, simplemente, mudarán la fecha de la historia.

Los mismos discursos insulsos, las mismas arengas del pasado, las mismas inútiles proclamas, entre agasajos y fotos y bien surtidos postres de cumbres que no sirven para nada.

Y ya once naciones han dicho que no van a asistir a Paraguay, que se declaran hartas de tanta pendejada. Entre otras: Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Cuba, Nicaragua, la República Dominicana… Exactamente la mitad de los veintidós países invitados a una cumbre, acaso promontorio, a la que, por supuesto, no va a faltar el reino de España y que, además, aporta hasta cuatro comensales a la mesa: el presidente Zapatero, la ministra de exteriores, la reina y el monarca.

Negocios que se abren en pasillos, se acuerdan sin testigos y se cierran en alcobas, visitas altruistas a un humilde orfanato, a un convento de monjas, más fotos y escribanos que tomen buena nota, más ágapes y obsequios, y más y más palabras para que los obscenos prevengan la indecencia, los corruptos repudien el delito y los impunes reivindiquen la ley y la justicia.

¿Por qué no se callan?

Koldo Campos Sagaseta

Fuente: Cronopiando

Ante el debate público sobre las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente y los avances en las investigaciones, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República reafirmó este martes «su compromiso histórico de respeto y promoción de los Derechos Humanos», y convocó «a la comunidad universitaria y a la sociedad toda» a construir «juntos un camino de Verdad, Memoria y Justicia».

El borrador del texto, presentado por el orden Estudiantil, fue aprobado en general por el CDC y sometido a una comisión -integrada por dos representantes de los órdenes estudiantil y docente, el decano Álvaro Rico y un representante de la Dirección General Jurídica-, para su redacción final.

Verdad y justicia: derechos de todas y todos los uruguayos

«Ante el debate público sobre las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente y los avances en las investigaciones realizadas, logrados, entre otros, con el aporte de equipos técnicos de la Universidad de la República, el Consejo Directivo Central:

Reafirma su compromiso histórico de respeto y promoción de los Derechos Humanos. En el presente, este compromiso pasa por contribuir a terminar con la cultura de la impunidad, que en nuestro país está lejos de ser superada. La verdad y la justicia no son sólo un reclamo de las organizaciones sociales, las víctimas directas del Terrorismo de Estado y los familiares de las víctimas, son además derechos de todas y todos los uruguayos.

Un paso importante en el sentido mencionado lo constituye el cabal y pleno cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tarea que debe ser emprendida por toda la sociedad y en la cual le cabe a los distintos poderes del Estado un rol fundamental. El restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado respecto de los crímenes de lesa humanidad, es un paso necesario para que nunca más se practique el terrorismo de estado en nuestro país.

Siendo fieles al espíritu del segundo artículo de nuestra ley orgánica, que versa «defender los valores morales, y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno», convocamos a la comunidad universitaria y a la sociedad toda, a renovar su impulso para la construcción de una sociedad más justa y democrática, construyendo juntos un camino de Verdad, Memoria y Justicia».

Fuente: UDELAR

Foto: Gentileza de Marys Yic

La cámara de diputados de Uruguay aprobó hoy la imprescriptibilidad de los crímenes contra los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura (1973-1985), en sesión extraordinaria que terminó esta madrugada.

El proyecto, una iniciativa promovida por el gobernante Frente Amplio (FA), recibió 50 votos a favor, todos de parlamentarios de la coalición de izquierda, y 40 en contra de los partidos de oposición Nacional, Colorado e Independiente.

La extensa jornada de cerca de 12 horas fue seguida desde las barras del Palacio Legislativo por una numerosa representación de integrantes de organizaciones sociales, quienes una vez conocido el resultado cantaron contra la impunidad.

Esta reunión, además de extensa, estuvo caracterizada por frecuentes cruces entre parlamentarios frenteamplistas, por un lado, y opositores, por otro, y además de suspenderse por minutos motivó llamado de atención por la mesa de dirección hacia ambas partes.

Más de 60 intervenciones precedieron a la sanción del texto el cual evita la prescripción de los delitos del régimen de facto el próximo 1 de noviembre.

Una decisión de la Suprema Corte de Justicia del pasado mes de mayo, consideró esas contravenciones como "ilícitos comunes" y no de "lesa humanidad" y por ello caducarían dentro de cuatro días.

Con cuatro artículos, el texto restablece "la pretensión punitiva del Estado" para todos las transgresiones cometidas por agentes del aparato estatal desde 1973 hasta marzo de 1985, período cuando imperó el régimen dictatorial en Uruguay.

También las declara contra la humanidad, acorde con tratados internacionales firmados por este país, y cumple un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al estado uruguayo.

El pliego fue aprobado el pasado martes por la cámara de senadores (alta) tras 10 horas de debate, con 16 votos a favor, todos de legisladores del FA, y 15 en contra de los partidos Nacional y Colorado.

Fuente: PL

Ante la llegada a Montevideo del presidente chileno, Sebastián Piñera, gremios estudiantiles se concentrarán y marcharán en protesta contra su llegada, en solidaridad con sus pares chilenos, en conflicto con el gobierno por la educación pública.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegará este miércoles a Uruguay cerca de las 19 horas. En su agenda, el mandatario mantendrá un encuentro con el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori, visitará la Suprema Corte de Justicia, disertará en ADM y participará en la sesión de la Asamblea General.

Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media de Montevideo (CEEM), del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y del Encuentro Nacional de Trabajadores, Estudiantes y jubilados clasistas se concentrarán este jueves a las 17 horas en el Liceo Bauzá para marchar hacia la residencia presidencial de Suárez y Reyes para manifestar su protesta, mientras los mandatarios de Chile y Uruguay estén reunidos.

Los manifestantes leerán una proclama en repudio al accionar de Piñera frente a los estudiantes chilenos y el programa de educación pública, y en la misma criticarán a Mujica, acusándolo como "responsable del proceso de mercantilización de la educación, que toma como ejemplo el modelo chileno", indicó este martes a Ultimas Noticias Gabriel Bermúdez, encargado de Relaciones Internacionales de la FEUU.

Extractos de la carta de declaración de la Feuu:

"En nuestra América de hoy se viven tiempos de cambios, las distintas luchas de nuestros pueblos nos han permitido dar vuelta la página de la historia y lo que parecía una larga y oscura noche neoliberal en los noventa se fue convirtiendo poco a poco en el alba de nuestros pueblos."

"En estos tiempos los gobiernos de Puerto Rico, Colombia y Chile son resabios de aquella noche, son el ejemplo de lo que no se debe hacer, son las sociedades con la mayor desigualdad en materia de salud, trabajo y educación".

"Ante la visita del Presidente de Chile, Sebastian Piñera, la FEUU quiere expresar su más profundo rechazo a la presencia en nuestro país de quien defiende el sistema de enseñanza chileno, que fue instaurado en la dictadura de Pinochet, donde el Estado no se responsabiliza de la educación y los padres deben pagar una buena parte para que sus hijos puedan estudiar."

"Este mismo modelo que se trató de imponer en Uruguay en la década de los 90 y que gracias a la lucha sostenida de los estudiantes y trabajadores junto al pueblo no pudo implementarse."

En base a Agencias

El TOF 5 condenó a doce de los 18 acusados a prisión perpetua. Hubo dos absoluciones. Culpó a los represores por el homicidio de Walsh y de los secuestros y asesinatos del grupo de la Iglesia Santa Cruz.



El presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, leyó finalmente, después de dos años de juicio oral y de esperas, de pruebas, testimonios y desgarros, la sentencia del histórico primer juicio a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal condenó a 12 de los 18 represores a prisión perpetua por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados y homicidios. Entre ellos, quedaron los nombres más emblemáticos y algunos de lo de mayor peso dentro de la estructura militar: Jorge el “Tigre” Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina; Antonio Pernías, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Oscar Montes y Alfredo Astiz, que cuando escuchó la sentencia dejó de esconder la cara, sacó pecho y una escarapela de algún lado para ponérsela en la solapa seguido fijamente por una de las cámaras de la sala. Las 12 perpetuas incluyeron las acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Y 6 de las 12 condenas a perpetua sumaron la acusación por la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio de Rodolfo Walsh, en una decisión que implica por primera vez una definición jurídica sobre el asesinato a partir de los testimonios que se recogieron en el juicio y dieron cuenta de la presencia de su cuerpo muerto en la ESMA, pese a la desaparición de sus restos. Acosta, Pernías, Astiz, Radice, Cavallo, Ernesto Weber y Juan Carlos Fotea fueron acusados por su caso.

El fallo aplaudido en el final por sobrevivientes y familiares que se congregaron en dos de las salas de Tribunales, en la calle, en un festival organizado por HIJOS, contuvo otras definiciones importantes. Los jueces Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli condenaron a la pena de prisión perpetua a Oscar Montes por el crimen de María Cristina Lennie, en una resolución que por sus características también es una bisagra: Lennie tomó una pastilla de cianuro en el momento del secuestro. El caso considerado hasta ahora como un supuesto suicidio había entrado al juicio por privación ilegal de la libertad y tormentos. La querella del CELS pidió, en su alegato, un cambio para imputar a los acusados por su homicidio, al considerar que cuando “ella opta por el suicidio no lo hace libremente ni por propia decisión, sino que lo hace forzada por las circunstancias que genera en forma dolosa e ilegal el imputado”, un argumento que terminó plasmado en la sentencia.

La perpetua alcanzó también a Miguel Donda, en su caso por el homicidio de Raymundo Villaflor: una decisión que admite el cambio de calificación en el mismo sentido de Walsh: pese a la ausencia del cuerpo el Tribunal reconoció en el fallo el asesinato a partir de los testimonios de quienes lo vieron muerto en el centro clandestino de los marinos.

Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años de prisión. El médico Carlos Capdevilla recibió la pena a 20 años de prisión por 14 privaciones ilegales y tormentos agravados. Juan Antonio Azic, el apropiador de Victoria Donda, fue condenado a 18 años por 3 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados, entre ellos el de Carlos Lordkipanidse, a quien torturó con su hijo sobre la panza. Y hubo dos absoluciones: Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco, alias Dante, acusado por las víctimas como el jefe del operativo de Rodolfo Walsh. Rolón estaba imputado como parte de la patota del operativo en la Santa Cruz. Anoche no se conocían las razones por las que el tribunal decidió absolverlo, pero seguirá detenido porque está procesado por otros casos de la megacausa. El caso de García Velazco es uno de los más cuestionados por los sobrevivientes. “Dante” tenía un hermano mellizo que está muerto y a quién él le imputa la participación en el operativo de Walsh como parte de su coartada y de la lógica de invisibilización de los represores. Quienes lo conocieron y volvieron a verlo ayer por la mañana cuando pronunció sus últimas palabras estaban furiosos, convencidos de que esa coartada podría permitirle liberarse a los ojos de los jueces. Como Rolón, tampoco saldrá en libertad: continuará detenido por otros procesamientos pendientes.

Finalmente, la sentencia avanzó sobre pedidos planteados por la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña y dio lugar a otros pedidos que plantearon en los alegatos las querellas integradas por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Cels, que sumó a Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Kaos, Patricia Walsh y Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora, en representación de las monjas francesas y el grupo de la Santa Cruz. Algunas de las respuestas fueron tomadas como verdaderas sorpresas. El tribunal ordenó que se abra una investigación sobre el rol que mantuvo durante la dictadura Ramón Arrosa, el primer jefe de la Armada de la democracia. Arrosa, que hizo su carrera de ascenso durante la dictadura, declaró en el juicio como testigo y dijo aquello de que la infiltración de Astiz en el Grupo de la Santa Cruz había sido “exitosa” y que el problema de la Armada había sido no darle cobertura y enviarlo nuevamente a trabajar esta vez a París, donde lo descubrieron los sobrevivientes. Una declaración que en su momento enfureció hasta a sus camaradas de armas, que le reprocharon haberse lavado las manos. Otra decisión fue separar las acusaciones por violencia sexual en la ESMA y derivarlas al juzgado federal numero 12, donde Sergio Torres abrió una causa situándolos como delitos de lesa humanidad. Lo mismo ordenó respecto de los niños secuestrados con sus padres y el funcionamiento de la maternidad clandestina de la ESMA. El tribunal ordenó una medida de protección sobre el Campo de Deportes de la ex ESMA, que aún sigue usando la Marina y sobre el que existen sospechas de que se utilizó para la incineración o entierro de cuerpos.

Otro dato, quizá más inesperado, fue un pedido para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación promueva ante los organismos de Justicia internacional la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de Genocidio.

La espera

La sentencia se había anunciado para las seis de la tarde, pero se escuchó recién dos interminables horas más tarde. La demora alentó todo tipo de rumores. En los pasillos, los empleados del Tribunal organizaban las filas para acreditaciones que rebalsaban capacidades y presencias. Entre los invitados de los acusados apareció Cecilia Pando, que terminó en un momento en medio de un pasillo espalda con espalda con Myriam Lewin. Un empleado sudaba buscando formas para hacer entrar como acreditados a los cronistas de prensa que llegaron de todo los lugares. Otro decía que todo estaba bien, que iba a ver una sentencia justa. Los jueces, sin embargo, no aparecían. En la sala alguien llegaba con el dato de que no se ponían de acuerdo, que habría solo cuatro perpetuas.

El Tribunal tenía antecedentes que despertaban cierta inquietud desde el comienzo del juicio. Con sólo un integrante distinto, había absuelto a tres de los cinco acusados en el último juicio a los ex jefes de Area. Además, hace cuatro años, no pudo garantizar la seguridad del ex prefecto Héctor Febres, que murió aparentemente envenenado en prisión antes de escuchar la sentencia.

A las ocho de la noche, todos los que tenían que estar estaban ahí. Las Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, Rosa Roisinblit, Nora Cortiñas y Laura Conte, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y su segundo, Luis Alem; el diputado Julio Piumato, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Cecilia de Vincenti, la hija de Azucena Villaflor. Ana María, Mabel y Esther, las hijas de Esther Carega del grupo de la Santa Cruz. Lilia Ferreyra y Jorge Pinedo, el ex marido de Patricia Walsh. Los sobrevivientes: Graciela Daleo, Carlos Lordkipanidse. Las sobrinas de Léonie Duquet que llegaron por primera vez a Argentina desde Francia para escuchar la sentencia. Su prima, sor Geneviève Jeanningros, vestida de religiosa, acompañada por el embajador de Francia Jean Pierre Asvazadourian. “Mucho de emoción”, decía Geneviève. “Tengo admiración por la Argentina, de su valentía de hacer estos juicios, de una democracia que puede estar fundada sobre la justicia: estuve el año pasado y presencié la manifestación del 24 de marzo, vi todos esos jóvenes que para mí es una inmensa esperanza para la Argentina y todos los 30 mil desaparecidos son como sus semillas, para el día de hoy, de mañana”.

Algo de eso apareció en la sala en ese momento. Adolfo Mango, de la Santa Cruz, y María Adela Antokoletz, que estuvieron día a día ocupando las sillas de los interminables días de audiencia, repartieron unas imágenes con las fotos de los doce de la Santa Cruz. Con la cara de Walsh. Las imágenes eran como estampas. A las 20.07, cuando entraron los marinos esposados a la sala, los familiares miraban detrás de un vidrio. Con los puños en alto, la V de la victoria en las manos y las manos alzadas con las estampas hicieron de fondo de los flashes. Cuando todo terminó, y el tribunal dijo lo que dijo, la sala volvió a cantar su himno: 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre!

Alejandra Dandan

Fuente: Página 12