Fotos: Giorgio Trucchi

Mientras en el país crece la expectativa para la llegada de la misión de los Cancilleres de la OEA y el inicio de un diálogo cuyos contenidos no dejan de ser contradictorios e inciertos, las víctimas de la represión, fomentada a lo largo de 101 días e intensificada con el Decreto Ejecutivo impuesto por el gobierno de facto y recientemente derogado, siguen luchando por su libertad.

Desde tempranas horas de la mañana de ayer, 6 de octubre, la Sala de Juicios Orales de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa ha sido escenario del juicio entablado contra 51 de las 55 personas pertenecientes a las tres principales confederaciones campesinas de Honduras, quienes fueron desalojadas por la Policía y el Ejército después de una toma pacífica de tres meses de las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA).

Acusados y acusadas de sedición contra la seguridad del Estado, 38 hombres permanecieron más de una semana en la cárcel protagonizando una huelga de hambre y declarándose presos políticos, mientras que cinco mujeres, seis mayores de edad y dos menores obtuvieron medidas cautelares.

El juez que dictaminó estas medidas provisionales dejó al mismo tiempo en libertad a los cuatro trabajadores del INA, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), organización afiliada a la UITA.

Según los abogados defensores de las 51 personas, hay elementos suficientes para que sean sobreseídos de forma definitiva. Sin embargo tienen temor de que sigan las medidas represivas para desarticular el movimiento de Resistencia contra el golpe de Estado.

Decenas de personas llegaron a la Corte Suprema de Justicia con mantas y pancartas, coreando consignas para hacer sentir su apoyo incondicional a las personas que lentamente hacían su ingreso en la Sala de Audiencia Oral.

“Los trabajadores afiliados al SITRAINA seguimos en resistencia –explicó a Sirel el secretario general de este sindicato, Luis Santos Madrid–.

No estamos reconociendo las nuevas autoridades impuestas por el gobierno de facto y estamos haciendo carteles y pancartas para dar a conocer la situación que se está dando dentro de la institución.

En tanto nuestros compañeros y compañeras permanezcan detenidos no vamos a negociar con el ministro de facto. Hoy estamos aquí –continuó Luis Santos Madrid– para respaldar la lucha de las personas injustamente detenidas, y los cuatro compañeros del SITRAINA que fueron encontrados inocentes van a atestiguar para desvirtuar todas las acusaciones.

Vamos a seguir luchando hasta que se les libere y se restituya el orden constitucional en el país”, concluyó.

A través de un comunicado oficial, el presidente Manuel Zelaya exigió a la dictadura “la libertad inmediata para los presos políticos, el cese inmediato a la represión del pueblo que resiste, y la reapertura de Radio Globo y Canal 36, ya que estas acciones tuvieron lugar al amparo del ilegal decreto y son violatorias de los derechos y libertades del pueblo, y de los medios de comunicación en resistencia”.




Asilo político para indígenas perseguidos

Doce miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), entre ellos cuatro menores de edad, ingresaron ayer, 6 de octubre, a la Embajada de Guatemala en Tegucigalpa, para solicitar asilo político aduciendo que sufren persecución política por parte del actual gobierno de facto.

Las doce personas de etnia lenca que provienen del departamento de Itinbucá, en el occidente de Honduras, condenaron la persecución, tortura y represión de las que fueron víctimas a raíz del golpe de Estado y por haber participado activamente en las movilizaciones promovidas por el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado.

Según Salvador Zúniga, directivo del COPINH, “Hemos visto cómo están apareciendo muertos, hemos visto centenares de personas detenidas, y hoy todavía hay más de 60 encarcelados y hay asesinatos sumariales. La situación es tremenda.

De la gente que hoy solicitó asilo en la Embajada de Guatemala, hay cuatro que ya han sufrido encarcelamiento y uno de ellos tiene cicatrices frescas de golpes en la cara, cabeza y señales de tortura y de golpes en la espalda. Estamos frente a un régimen terrible que atenta contra la vida”, explicó Zúniga.

Horas más tarde, la Cancillería de Guatemala emitió un comunicado en el que plantea que “el artículo 27 de la Constitución Política establece que Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales”, anunciando al mismo tiempo la presencia en la delegación de la OEA de su Canciller, Haroldo Rodas Melgar, “para propiciar la instalación de una mesa de diálogo a fin de buscar una solución a la crisis política que se vive en Honduras".

El comunicado exigió también “a las autoridades de facto el pleno respeto de los derechos humanos y el cese de los actos de represión en contra de los ciudadanos”. En los próximos días el gobierno guatemalteco dará a conocer su decisión con respecto a la demanda de asilo presentada por los miembros del COPINH.

Llega comisión de la OEA

En la mañana de hoy, 7 de octubre, llegó al país la comisión de alto nivel de la OEA conformada por los cancilleres de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, Panamá, Canadá y Jamaica, así como los embajadores ante la OEA de Argentina y de Brasil.

La comisión estará también integrada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el secretario de Estado de España para Iberoamérica Juan Pablo de la Iglesia y un representante del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

El objetivo de la comisión será impulsar el proceso de diálogo al cual, al momento de redactar esta nota, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado aún no había decidido si participará, respondiendo positivamente a la invitación hecha por el presidente Manuel Zelaya.

Giorgio Trucchi

Fuente: Rel-UITA