31 mayo 2012

La policía carga en Madrid contra los huelguistas mineros



Frente Amplio: Reflexiones sobre las elecciones


LAS PELIGROSAS PICARDIAS DE ESTEBAN VALENTI


Luego de las elecciones del Frente Amplio del pasado domingo, un verdadero shock recorrió los sectores de la otrora coalición y movimiento de izquierda.

En medio de las diversas evaluaciones, aparece una formulada por Esteban Valenti que, por su banalidad, sólo puede implicar una nueva operación política de quien fuera comunista, luego excomunista y posteriormente, un sutil anticomunista.

Defensor a ultranza del modelo soviético en el pasado, hoy es el hombre de confianza del eje Tabaré Vázquez / Danilo Astori, promotores de la denominada “renovación” del Frente Amplio. En otros términos, del vaciamiento ideológico de la fuerza. Es decir, su definitiva consagración como una expresión de centro, dejando atrás su identidad de izquierda.

Valenti, y figuras de segundo orden de Asamblea Uruguay, atribuyen la baja en la votación del domingo, al descontento de la gente con la gestión de la intendente Ana Olivera en Montevideo.

No vamos a discutir hoy si la gente está o no conforme con dicha administración. Pero Esteban, a quien conozco bastante bien, es lo suficientemente inteligente para saber que no es allí donde anida el descontento.

Sabe que no es cierto, pero igual lo dice. Sabe que no es real, pero igual opera y genera opinión.

Los Valentis omiten, curiosamente, que igual descenso de votantes se produjo en Canelones y Maldonado. El primero gobernado por Marcos Carámbula. El segundo, por Óscar de los Santos, hombre del riñón valentiniano.

Por qué lo omiten? Será casual?

En ninguno de los tres casos es dable pensar que la desmotivación pasa (al menos solamente), por la gestión municipal.

Pero sin dudas, detrás del direccionamiento de Valenti hacia Ana Olivera hay un golpe por elevación al Partido Comunista (quien te ha visto y quien te ve!), que junto a una minoría del Partido Socialista (el “garganismo”), son el último reducto de izquierda que va quedando en un Frente definitivamente ganado por el “progresismo”.

Lo de Esteban es una picardía, peligrosa.

Por qué? Porque desvía de exprofeso lo que, a mi entender, son las reales causas en las que se asienta el descontento y desconcierto de muchos frenteamplistas. Incluso, a algunos que, como quien escribe, votarán en blanco o anulado en las próximas elecciones.

Lamentablemente, el Frente Amplio está encaminado definitivamente hacia su consolidación, ni más ni menos, que como un partido tradicional, de esos que tanto criticábamos ayer nomás.

LA DEL DOMINGO, FUE UNA EXCELENTE VOTACION

Yo, por mi parte, creo que la votación fue excelente en lo cuantitativo. Tal vez mucho mayor de lo que un gobierno aislado de la gente, de lo que una fuerza política aislada de la gente, merecían.

Ya lo señalamos, pero vale la pena repetirlo. Hoy si los uruguayos queremos saber que opinan los gobernantes y / o dirigentes del Frente Amplio, no tenemos otra alternativa que mirar o escuchar los almuerzos de ADM o ver resúmenes de los desayunos de ACDE.

Como militante y comunicador, hice campaña por un Frente Amplio que gobernaría con la plena participación popular. Hoy, me siento un pelotudo. Me comí la pastilla.

De este tránsito gubernamental, podemos rescatar los Consejos de Ministros Abiertos y algún acto callejero en el gobierno de Tabaré.

Cuando nos jugamos por el Pepe, pensamos… ahora sí!

Otra vez me comí la pastilla.

Menos participación que antes!

Ambos gobiernos nunca se respaldaron en el pueblo, no abrieron espacios de participación, no convocaron siquiera a sus votantes. Le cerraron las puertas al propio pueblo frenteamplista.

Sin embargo, si se respaldaron y convocaron a los poderosos del capitalismo. Fueron y rindieron exámenes en sus oráculos, bien vestiditos, cómo niños buenos y obedientes. Demostraron que saben usar bien los cubiertos sin hacer papelones ante los ricos.

El Pepe, comiendo el asado del 1º. De Mayo con los principales representantes de la oligarquía nacional y transnacional! Y con la foto del Che en la pared! Es de humor negro!

En este autismo popular, el Frente tuvo una votación demasiado generosa. Los frentistas mostraron una voluntad de participación que la mayor parte de sus dirigentes no merecían.

Pero, hasta allí llegaron. Un orgasmo electoral y, nada más. No de la gente, que sigue teniendo una capacidad de entrega extraordinaria. Sino de los que en la luz y en las sombras mueven los hilos del progresismo.

No lo niego: miro con envidia a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y otros, que constantemente se respaldan en la movilización popular. Con algunos tenemos mayores coincidencias que con otros. Pero, siempre hacen política con el pueblo movilizado.

Acá nada, nadita. Y todavía pretendían mayor participación?

Los Valentis, y no por ingenuidad, omiten señales, políticas y conductas de los líderes frenteamplistas que van en directa colisión con lo sostenido por la Izquierda por más de 30 años. Muchos más si miramos la historia zurda en el Uruguay.

Y pretendían más participación?

Los compañeros frenteamplistas, han sido demasiado generosos. Demasiado.

JORGE DANIEL DIAZ*

30 de mayo de 2012

* Periodista y director de Radio La Zurda

¿Legalización? ¿O no?


Una tendencia insospechada de la opinión pública estadounidense: desde 2001 a la fecha, el parecer favorable a la legalización del uso de la marihuana se ha convertido en mayoría, según las encuestas de Gallup, Zogby y otras firmas del ramo. Los informes periódicos de Rasmussen indican que el 56 por ciento de los entrevistados se pronuncia a favor de la idea y la tasa sube dos puntos si se regulara su venta y sólo en las farmacias (www.rasmussenreports.com, 17-5-02). El 32 por ciento se opone. Se han invertido las cifras.

Cuando Gallup inició la investigación del tema en 1969, apenas un 12 por ciento apoyaba la legalización de la droga y el 84 se pronunciaba en contra (www.gallup.com, 17-10-11). En el 2009, un informe del Instituto Nacional de Drogadicción y Salud señaló que casi 118 millones de estadounidenses de 12 años para arriba, es decir, el 47 por ciento de la población entonces, la habían fumado al menos una vez en el mes anterior a la realización del estudio. En algunos estados del país su consumo no se considera un delito; en otros se permite con fines medicinales y una encuesta de Gallup del 2010 reveló que un 70 por ciento estaba de acuerdo con que los médicos la recetaran para aliviar el dolor de los pacientes.

El entonces presidente Ronald Reagan declaró el combate a las drogas en octubre de 1982 mediante “una campaña planeada y concertada” contra todas ellas, “duras, blandas o lo que fueren”. Incrementó los fondos destinados a la lucha contra la drogadicción, así como el número de los equipos de tareas empeñados en la misma. Sus sucesores, Bush padre, Clinton y Bush hijo, aplicaron y aun ampliaron el alcance de esas políticas. También Obama, pese a sus reiteradas declaraciones de que la drogadicción debería concebirse más bien como “un problema de salud pública”.

El 17 de abril pasado se publicó el monto y empleo del presupuesto federal para el control de la drogadicción, que repite los lineamientos establecidos por W. Bush: un 60 por ciento se aplica a castigar el delito y un 40 a la prevención. Un grupo de policías, jueces y fiscales criticó ese mismo día al mandatario. Neill Franklin, que trabajó 32 años en la policía de Maryland hasta su retiro y es hoy director ejecutivo de Law Enforcement Against Prohibition (LEAP, por sus siglas en inglés) –entidad que brega por la legalización de las drogas–, fue severo con Obama: “El presidente hace un lindo jueguito cuando habla de las drogas como un problema de salud, pero hasta ahora no hay más que eso, palabras. En lugar de seguir financiando la misma y vieja ‘guerra contra las drogas’ de probada inutilidad, debería poner su dinero donde tiene la boca” (//copssaylegalize.blogspot.mx, 17-4-12).

Los datos sobre la drogadicción en EE.UU. proporcionados por instituciones federales no son ciertamente benévolos. El FBI informó que en el 2009 se arrestó a un drogadicto cada 19 segundos, más de 1,6 millón en total, de los que el 82 por ciento tenía dosis para uso personal (www2.fbi.gov, septiembre 2010). El Departamento de Justicia dio a conocer que el mercado ilegal de las drogas está dominado por 20.000 grupos instalados en más de 2500 ciudades (www.justice.gov, febrero 2010).

Según el Departamento de Salud, hay 23,5 millones de estadounidenses que necesitan tratamiento antidrogas, pero sólo el 10 por ciento lo recibe (//oas.samhsa.gov, septiembre de 2010). Un estudio de la Asociación Nacional de Jefes de Policía reveló hace años que el 82 por ciento de quienes ocupan ese cargo opina que la guerra contra la drogadicción no ha logrado reducirla (www.aphf.org, 2005). Una encuesta de Zogby International estableció que tres de cada cuatro estadounidenses estiman que esa guerra es un fracaso (www.zogby.com, octubre 2008). Y una constancia escalofriante: más de 50 personas mueren cada día por ingerir sobredosis involuntariamente. (Departamento de Salud, www2a.cdc.gov, marzo 2007.)

EE.UU. tiene la tasa más alta de consumo de marihuana y cocaína en el mundo (www.plosmedicine.org/home.action, julio 2008) y esto habla a las claras de la dimensión del problema. Cabe sumarle un aspecto inquietante. El catedrático de Derecho Kenneth B. Nunn subraya en un artículo publicado en el número 6 de Journal of Gender, Race and Justice y reproducido parcialmente por la Universidad de Dayton (//academic.udayton.edu), que “los esfuerzos del Estado dirigidos a controlar la drogadicción constituyen asimismo una expresión de poder racial por parte de los grupos dominantes”. El trabajo se titula “Por qué la ‘guerra contra las drogas’ era una ‘guerra contra los afroamericanos’”.

Estadísticas de los Departamentos de Salud, de Justicia y de Comercio darían la razón a Nunn. Los afroamericanos constituyen el 13 por ciento de la población estadounidense y, correlativamente, el 13 por ciento de los drogadictos del país, pero son el 45 por ciento de los presos en cárceles estatales por delitos contra la salud (//bjs.ojp.usdoj.gov, diciembre 2010). En fin.

Juan Gelman

Fuente: Página 12



30 mayo 2012

Chile: Confesiones de un represor



Las órdenes de ejecución fueron dadas "a jóvenes oficiales que solamente queríamos cumplir de la mejor forma nuestro cometido", sostuvo Carlos Herrera Jiménez, autor confeso del asesinato de Tucapel Jiménez.


Carlos Herrera Jiménez, el ex integrante de la Central Nacional de Informaciones (CNI) condenado entre otros delitos por el homicidio del sindicalista Tucapel Jiménez, en 1982, dijo hoy a Efe que las ejecuciones de opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron “miserables homicidios”.

“Fueron miserables homicidios dispuestos por torpes jefes militares que, ante su limitación intelectual para neutralizar a los opositores con mejores ideas, ordenaron su eliminación”, precisa Herrera en la cárcel para violadores de derechos humanos de Punta Peuco, a unos 35 kilómetros al norte de Santiago.

Las órdenes de ejecución fueron dadas “a jóvenes oficiales que solamente queríamos cumplir de la mejor forma nuestro cometido”, añade.

“Yo confundí la frontera del bien y el mal, de lo moral y lo inmoral, y me situé en el lado opuesto de lo ético”, admite el exagente, condenado por los asesinatos, en 1982, del sindicalista Tucapel Jiménez Alfaro y, al año siguiente, de Juan Alegría Mundaca.

Jiménez lideraba una incipiente reorganización del movimiento sindical y Alegría, un carpintero alcohólico y apolítico, fue asesinado para tender una cortina de humo sobre el primer crimen.

Herrera Jiménez, primer agente de la dictadura chilena en admitir sus crímenes, ha volcado en un documento, que confía a Efe, sus reflexiones críticas sobre su papel represivo, con críticas hacia los mandos “que dieron las órdenes y hasta hoy esconden la cara”.

“No pretendo justificar hechos por los que ya hace tiempo asumí mi responsabilidad penal y militar ante los tribunales”, dice y revela que por ello “me han considerado un traidor”.

“Entendí que las personas muertas nunca fueron traidores a la patria, sino que sólo pensaban distinto. Recapacité que yo no ingresé a la Escuela Militar para convertirme en asesino de mis connacionales, sino para servir a mi país”, expresa Herrera en el texto.

“Con vergüenza, observo cómo mis jefes militares y los mandos institucionales de la época niegan hoy los hechos que ellos mismos ordenaron a subordinados que hoy estamos presos por cometer violaciones a los derechos humanos”, agrega.

Herrera, que también cumplió una condena de 10 años por el asesinato de un transportista, Mario Fernández, en el norte de Chile, ha solicitado varias veces el indulto, que le ha sido negado por distintos Gobiernos.

Aquejado de un cáncer contra el que dejó de luchar – “me aburrí de los tratamientos, un día me dije basta y no fui más al hospital”, asegura- sueña, sin embargo, volver a ser libre algún día, “para fundar una radio rural y ayudar a la gente”.

“Creo que mis transformaciones y meditaciones sobre la vida me han sanado del cáncer”, cavila, convencido, quien fue uno de los más temidos agentes de la dictadura, que ahora acepta “que los delitos cometidos por agentes del Estado son más graves que los cometidos por particulares”.




“Nosotros existimos para proteger a las personas y así lo juramos (…), los agentes contamos con información privilegiada y recursos del Estado, además de impunidad durante la comisión del delito que facilita su ejecución”, agrega.

“Nos hemos quedado solos, fuimos abandonados por nuestros jefes y los altos mandos”, remarca, tras un largo silencio”.

En su documento, Herrera acusa que “ningún general o almirante, que ejercieron el mando total, ha asumido algún grado de culpa por los hechos acaecidos”.

“Asesorados por equipos de abogados financiados por el Ejército, han logrado hacer recaer su propia responsabilidad criminal en los subalternos, cuando ellos idearon, planificaron, proporcionaron los medios y ordenaron la ejecución de los ilícitos a sus subordinados, que leal y ciegamente cumplimos esas órdenes”, denuncia.

Lo anterior ha llevado al suicidio a “muchos” que cumplieron tareas en los servicios de seguridad, afirma Herrera, que también explica en su escrito una suerte de itinerario de los detenidos desaparecidos.

“Una unidad detenía a personas con nombre, apellido y domicilio y los entregaba a otra unidad. Allí los documentos de identidad eran destruidos y les asignaban un número. Ya sin identidad, los llevaban a otro lugar, donde distinto personal militar o policial los eliminaba, pero sin saber quiénes eran pues eran sólo números”, relata.

“Luego, envueltos en sacos por distinto personal, eran inhumados o lanzados al mar siendo sólo bultos, ya no personas”, prosigue.

Herrera rememora también su paso por la Escuela de las Américas y relata cómo les enseñaban a torturar.

“Entre 1967 y 1972, subtenientes fuimos enviados a la Escuela de las Américas del Ejército de Estados Unidos en Panamá, a cumplir lo que eufemísticamente se llamaba Curso de Orientación de Armas de Combate para Oficiales”, señala.

En realidad, añade, “nos instruyeron en técnicas de contrainsurgencia, interrogatorio con electricidad, y cómo colgar a las personas de los pies golpeándolos en zonas sensibles para obtener una rápida confesión”.

“Se asesinó en la más absoluta impunidad”, concluye, pensativo, con un hilo de voz.

Fuente: El Mostrador

Argentina: Videla gana más amigos entre los represores



Allanan la casa de Luciano Benjamín Menéndez a pedido de Hijos y Familiares de Desaparecidos de Córdoba, y encontraron documentación sobre la dictadura.

El dueño de casa, con siete condenas a prisión perpetua, estaba allí porque tiene arresto domiciliario. “Nunca pensé que la Justicia iba a hacer una cosa como ésta”, se quejó. El procedimiento se realizó a partir de las declaraciones de Videla.


Las declaraciones de Jorge Rafael Videla siguen generando revuelo. La Justicia Federal de Córdoba allanó la casa del genocida Luciano Benjamín Menéndez en la búsqueda de listados con nombres de personas desaparecidas durante la dictadura, dado que el dictador había mencionado que los jefes de zona tendrían esas nóminas, al menos “parciales”, en su poder. Fue en la causa por la Verdad Histórica y a pedido de la querella de Hijos y Familiares de Desaparecidos de Córdoba. Página/12 pudo saber que a priori los empleados judiciales no habrían encontrado tales listados, pero sí fue hallada voluminosa documentación en la vivienda del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, que está siendo analizada por expertos. Es la primera vez que se produce un procedimiento de estas características en una vivienda de Menéndez, ex jefe de la Zona 3 del Ejército.

El equipo de secretarias y prosecretarios del Juzgado Federal 3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, con la asistencia de la policía, llegó a la casa de Menéndez, en el barrio Bajo Palermo, a primera hora de la mañana y permaneció hasta pasadas las 16. El dueño de casa, de 84 años y con siete condenas a prisión perpetua imputado en varios procesos en curso, estaba allí dado que goza del beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud. “Nunca pensé que la Justicia Federal iba a hacer una cosa como ésta”, fue una de las tantas quejas que expresó durante el operativo. Y fue muy meticuloso al momento de la confección del acta con el detalle que había en una veintena de cajas que salieron de su hogar hacia el juzgado.

“El pedido fue a partir de las declaraciones de (Jorge Rafael) Videla en el libro de Ceferino Reato (Disposición final), donde dice que la decisión y las listas de detenidos y desaparecidos estaban a cargo de los comandantes de zona, y Menéndez era comandante de la Zona 3”, indicó el abogado querellante Claudio Orosz. La solicitud también se basó en declaraciones de Videla al Juzgado Federal de San Martín y a la revista española Cambio16.

En el libro de Reato, Videla admitió por primera vez que la dictadura asesinó a “siete u ocho mil personas”, y dijo que si bien no hay listas con el “destino final” de los desaparecidos, podría haber “listas parciales”. “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, dijo Videla según esa publicación.

La agrupación Hijos de Córdoba consideró que el allanamiento es “un paso adelante para desterrar el pacto de silencio e impunidad que mantienen los responsables de los más terribles crímenes de lesa humanidad” porque “ellos conocen el destino de los desaparecidos y los niños separados de sus familias y no dicen dónde están, no colaboran en el cese de estos delitos que día a día se siguen cometiendo”.

El mes pasado, la Justicia Federal de San Martín allanó la casa de Videla, la de su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y la del ex general Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. En esa ocasión, la medida respondió a un pedido del abogado Pablo Llonto, representante legal de varias familias de asesinados y desaparecidos por la dictadura, también a partir de declaraciones de Videla.

A partir de mañana, un grupo de expertos comenzará el análisis del material secuestrado en casa de Menéndez, que fue seleccionado por los funcionarios judiciales en base a su posible vinculación con los hechos que se investigan en la causa. Entre esos papeles hay varias carpetas que tienen manuscritos de Menéndez, que reflejan parte de su trayectoria. Sobre la posibilidad de que el material sirva para el expediente, el abogado Orosz puntualizó: “En los miles de allanamientos que se han realizado estos años encontramos documentos valiosos sobre cómo torturar, ficheros de ciudadanos, carpetas de legajos de víctimas en manos de la policía y demás elementos que fueron sumándose a las pruebas en diferentes causas”. Por lo tanto, consultado por Página/12, resumió su expectativa para esta oportunidad como “importante”.

El represor Menéndez ya recibió tres condenas en Córdoba, otras tres en Tucumán y una en Salta, por su participación en la Masacre de Palomitas. Además, en octubre será nuevamente juzgado, cuando comience el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Perla. Orosz comentó que, a juzgar por su actitud durante el operativo en su casa, habría que revisar el beneficio de la prisión domiciliaria del que goza. “Algunas querellas, como la de Ana Oberlin en Rosario, lograron dar vuelta esas resoluciones requiriendo exámenes médicos independientes de los que hacen los peritos de la Corte, que incluso están cuestionados por el propio tribunal”, dijo a este diario.

Otra de las repercusiones de los dichos de Videla fue la declaración de Riveros en la causa que investiga el destino de los restos de los líderes del ERP Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga. Tras negar enfáticamente todo conocimiento al respecto, algo que le endilgó Videla, el ex comandante de Institutos Militares dijo ante la Justicia Federal de San Martín: “Lo que (Videla) hizo fue un acto deleznable, vil y cobarde. Me cabeceó el muerto. Es una mendacidad absoluta y total, yo no podía dar ninguna orden al respecto”. Y al referirse al ocultamiento del cuerpo de Santucho, expresó: “Pobrecito, creo que a Videla lo han asesorado mal”.

Adriana Meyer

Fuente: Página 12




Género y Comunicación: Las mujeres migrantes deben ser protagonistas de una nueva comunicación



"Sigue primando la idea de que las mujeres salen de sus países obligadas o coaccionadas, cuando en realidad la principal causa por la que deciden emigrar es la misma que los hombres, en busca de trabajo en países extranjeros".


La nueva comunicación para el co-desarrollo debe llevar a primer plano, como protagonistas, a las personas migrantes y entre ellas a las mujeres, aseguró la española Inmaculada Saranova de Martín al intervenir en la primera jornada del X Encuentro Iberoamericano de Género y comunicación, realizado en la capital cubana del 23 al 25 de mayo.

La experta se refirió al contexto actual, en el cual el neoliberalismo económico ha dado lugar a una globalización cultural, social y comunicativa sin precedentes, cuya fuerza reside, precisamente, en el monopolio del control del lenguaje y del discurso.

"Los medios son un instrumento para la circulación del discurso hegemónico; sin embargo, también pueden ayudar a combatir estas situaciones desde una perspectiva crítica y con una voluntad de cambio", señaló Saranova de Martín antes de adentrarse en una nueva propuesta de comunicación que llama para el co-desarrollo.

El concepto de co-desarrollo parte de la premisa del impacto beneficioso de las migraciones en el desarrollo, de modo que ambos países, el emisor y el de acogida, puedan tener beneficios mutuos.

Una comunicación para el co-desarrollo, abundó, se basa entonces en la revisión crítica del discurso clásico del desarrollo, en la inclusión de las personas migrantes en la rutina del trabajo informativo y la inclusión transversal de la perspectiva de género en todos los niveles del proceso comunicativo.

"Igualmente debería estar ligada a la creación de valores, la sensibilización y educación, entendiendo el uso democrático de los medios como foros de debates y expresión de los más desfavorecidos", dijo.

En ese concepto de una nueva comunicación es imprescindible la igualdad de género, añadió, pues se trata de una práctica que debe ser capaz de visibilizar la desigualdad y discriminación de las mujeres.

La especialista alertó que, si bien se está dando una feminización de las migraciones, en los últimos 30 años las investigaciones de las corrientes migratorias internacionales no han logrado particularizar en toda su dimensión los motivos y procesos a los cuales se asocia la migración femenina.

"Sigue primando la idea de que las mujeres salen de sus países obligadas o coaccionadas, cuando en realidad la principal causa por la que deciden emigrar es la misma que los hombres, en busca de trabajo en países extranjeros", comentó. En esa mirada prejuiciada a los procesos migratorios, a los hombres se les considera emigrantes y a las mujeres seres pasivos o, en muchos casos, víctimas.

"Ellas acceden fundamentalmente al trabajo informal; pero al primar el trabajo mercantil sobre el reproductivo, los de ellas no se consideran trabajo real, por lo que no se las incluye en la población económicamente activa", reflexionó Salanova de Martín.

Entre otras pautas de actuación que supone cambiar los paradigmas de comunicación en función del co-desarrollo, la experta propone enfatizar en la participación de las comunidades de emigrantes en los procesos comunicativos de los medios, con el objetivo de aprovechar su potencialidad, tanto en las sociedades de destino como de origen, para contribuir al desarrollo endógeno de las mismas.

En ese sentido juegan un papel muy importante los medios electrónicos y comunitarios, las propias personas migrantes como protagonistas de los procesos comunicativos y la potenciación de la interculturalidad, que logre trascender la simple mención de la multiculturalidad, indicó.

"En los medios hay pocos periodistas que aborden la diversidad cultural de las sociedades, por lo general no se opina con suficiente criterio ni existe formación adecuada para ofrecer una información ajustada a la realidad", abundó.

Respecto a las audiencias, consideró que las sociedades, en general, suelen mantenerse pasivas entre la divulgación y la información y no se muestran críticas frente a los medios de comunicación.

Al exponer este nuevo modelo de propuesta comunicativa, Saranova de Martín precisó que esta debe trabajar en el análisis crítico de la información que promueve la creación de fuentes contrastadas y espacios de consenso entre profesionales, con el objetivo de alcanzar el tratamiento de la información que tiene que ver especialmente con mujeres inmigrantes.

"Los principales protagonistas deben ser las propias personas inmigrantes, aunque debe basarse en la colaboración de diversos profesionales y colectivos de la sociedad civil, y debe haber canales bidireccionales de información, tanto entre medios y sociedad, como entre quienes estén involucrados en los procesos de desarrollo y co-desarrollo", reiteró.

Más de un centenar de periodistas, comunicadores y profesionales de diversas disciplinas asistieron al X Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación, que contó con representantes de Brasil, Bolivia, Haití, Puerto Rico, Angola, Estados Unidos y Francia en las sesiones teóricas y la muestra de productos comunicativos no sexistas realizados en diferentes soportes.

Este encuentro se realiza cada dos años en La Habana, desde hace 20 años, y es auspiciado por la Unión de Periodistas, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales.

Convocado por la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Periodistas de Cuba y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, el X Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación contó además con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), Oxfam, el Fondo de Nacionales Unidas para Población (UNFPA) y la ONG Kultura Communication y Desarrollo (KCD).

Sara Más
saramas_2000@yahoo.com

Fuente: Adital

Salud: Logro de Unasur en atención a enfermedades desatendidas



Gracias al impulso de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Asamblea Mundial de la Salud abrió un proceso para favorecer la investigación y producción de medicamentos contra enfermedades olvidadas que afectan especialmente a los pobres del mundo.



La Asamblea, el cuerpo supremo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resolvió en su sesión anual, entre otros asuntos, promover el debate sobre mecanismos multilaterales para asegurar el acceso de esas poblaciones a los fármacos fundamentales.

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado que en el caso de las enfermedades desatendidas, las que predominan en los países pobres, tanto los medicamentos como los diagnósticos y las vacunas necesarias para tratar a los pacientes no se encuentran disponibles, no resultan apropiadas o tienen precios inalcanzables.

Ese fenómeno es consecuencia del sistema de investigación y desarrollo existente, que se basa en intereses de mercado, no en las necesidades sanitarias y depende del esquema de patentes para recuperar los costos invertidos, para lo cual impone precios altísimos, sostiene MSF.

La iniciativa aprobada por la Asamblea al finalizar sus sesiones realizadas la semana pasada en Ginebra fue propiciada por delegaciones de la Unasur, conformada por los 12 países de América del Sur, que debieron vencer la férrea oposición hasta último momento de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Suiza y otros países del Norte.

La controversia giró en torno a un informe presentado a comienzos de este año a la OMS por el Grupo Consultivo de Expertos en Investigación y Desarrollo: Financiación y Coordinación, integrado principalmente por personalidades independientes de las esferas de la medicina, farmacología y derecho de propiedad intelectual.

Dos puntos del informe desataron la disputa. Uno es el que recomienda la negociación de un acuerdo vinculante sobre actividades de investigación y desarrollo de medicamentos que responda a las necesidades de los países del Sur. La segunda recomendación más cuestionada del informe de los expertos por parte de los países industrializados es la que se pronuncia por la desvinculación de los costos de investigación y desarrollo respecto de los precios de los medicamentos. De esa manera no sería necesario establecer valores altos para recuperar los costos. Los expertos sugieren fórmulas para financiar esos costos, que incluyen contribuciones obligatorias para los países conforme al principio de una justa distribución de esa carga.

Las delegaciones ante la Asamblea Mundial de la Salud de las naciones industrializadas, que son sede de los principales laboratorios farmacéuticos transnacionales, propusieron que el informe de los expertos sea sometido a un análisis profundo y que las conclusiones se presentaran en la próxima sesión del año que viene.

A su vez, la representación de Kenia exhortó a la Asamblea a encomendar a la directora general de la OMS, Margaret Chan, que convoque de inmediato una negociación que redacte y negocie un convenio de la organización sobre financiación y coordinación de la investigación y el desarrollo.

La iniciativa de la Unasur pedía a la directora que convocara a un proceso abierto a todos los estados miembros de la OMS para detallar y profundizar los mecanismos propuestos por el grupo de expertos. También mencionaba la posibilidad de una convención vinculante.

Luego de ásperas y prolongadas discusiones, se resolvió un texto final que recoge la idea de la Unasur de convocar a un proceso abierto e informar de sus resultados a la próxima Asamblea.

La resolución adoptada por la Asamblea abre un proceso gubernamental para considerar las recomendaciones del informe de los expertos, indicó el jurista argentino Carlos Correa, asesor del Centro Sur, una institución intergubernamental con sede en Ginebra.

Correa señaló a IPS que una de las recomendaciones del informe que se discutirá en el nuevo proceso, la principal, es la de entablar una negociación de una convención obligatoria en materia de investigación y desarrollo.

Eso es auspicioso porque significa que, si bien los miembros de la OMS mantienen diferencias respecto de la naturaleza que podría tener ese instrumento, esta decisión abre la posibilidad de que haya un estudio pormenorizado de las conclusiones del grupo, dijo Correa, miembro a su vez del grupo de expertos.

En síntesis, si bien no se logró una decisión que inicie más rápido este proceso negociador, sí se ha establecido un mecanismo intergubernamental y formal que puede conducir a que esa posibilidad se materialice, agregó.

En consecuencia, los países en desarrollo ven la decisión como un logro, indicó.

Correa sostuvo, además, que el modelo de innovación intrafarmacéutica está en profunda crisis. "Nuestra perspectiva es que debe generarse un modelo alternativo basado en la generación de bienes públicos, de productos medicinales y otros que atiendan a las necesidades de salud pública reales y no a las conveniencias del mercado.

Las propuestas del grupo de expertos, retomadas por las naciones del Sur, brindan una base para trabajar en esa dirección, sostuvo el académico.

La directora de políticas de MSF, Michelle Childs, se manifestó decepcionada por el hecho de que "no haya habido una decisión inmediata" de avanzar hacia una convención sobre investigación y desarrollo.

Sin embargo, los países miembros de la OMS convinieron en establecer un proceso formal para considerar las recomendaciones de los expertos y volverán a discutir el tema en enero 2013, dijo.

La también experta Judit Rius Sanjuan, representante de MSF en América, resaltó que el liderazgo y la unidad de los países latinoamericanos han sido clave en la Asamblea" de la OMS.

La Unasur presentó una visión unida en defensa de la innovación y del acceso a los medicamentos, así como de una solución sostenible en la forma de una convención global vinculante, comentó a IPS.

Correa confirmó que el bloque sudamericano tuvo un papel protagónico en la Asamblea y fue, al final, su enfoque el que prevaleció en la Asamblea.

La Unasur, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, cuenta con un grupo dedicado a los temas de salud, que en este período es coordinado por Asunción.

Gustavo Capdevila

Fuente: IPS

29 mayo 2012

Uruguay: Así no, Lucía



En las últimas horas, la senadora Lucía Topolansky se puso en línea con su esposo, el Pepe Mujica, con Eleuterio Fernández y unos cuantos tupamaros y ex tupamaros en materia de Derechos Humanos. No están sólos. Los hay dentro de los partidos conservadores y también entre otros sectores del Frente Amplio. Me refiero a los que se solidarizan con los genocidas procesados por la Justicia, condenados por sus crímenes aberrantes. Blancos, colorados y, lamentablemente unos cuantos frenteamplistas, siguen imponiendo un discurso oficial según el cual el reclamo de "Memoria, Verdad y Justicia" encubre un sentimiento revanchista, de odio, de venganza y, permitanme la caricatura, de recalcitrante maldad por parte de las víctimas de la Dictadura Oligarca-Militar y sus familiares.

En declaraciones a la reaccionaria Radio 10 de Argentina, Topolansky hizo estas declaraciones recogidas así por la agencia Infobae, perteneciente a la misma corporación de la emisora:

"La compañera de toda la vida del presidente de Uruguay recordó los años en que estuvo presa por decisión de la dictadura militar, entre los años 1972 y 1985. Sin embargo, aclaró que cuando llegaron al poder decidieron "vivir desde la construcción" y no "desde la revancha". "Uno no puede vivir desde la revancha, porque vive siempre amargado", reflexionó.

No por ello -acotó- el gobierno uruguayo cesará en la búsqueda de los desaparecidos, pero sí es necesario hacerlo con madurez. "A mí me da mucha pena la gente que protagonizó la dictadura... La sociedad no los quiere. Algunos están presos y bue... pero uno no puede vivir con la sangre en el ojo", resaltó.

Y argumentó: "Primero, esa gente tiene hijos, que capaz no tuvieron nada que ver con lo que hicieron los padres. Y si nosotros perpetuamos una razón de odio, la historia se vuelve muy complicada. Y segundo, Uruguay es tan chico... Y yo estuve presa con hijas de militares, entonces nosotros tenemos que tener un grado de madurez".

Después de esto, hasta se nos puede piantar un lagrimón por el Goyo, Gavazzo & Cía.

Es el reino del revés, no el de María Elena, claro. Los roles de víctimas y victimarios se invierten. Macabro, no?

Podemos sumar las señales que se suman desde el Frente Amplio:

- Un vicepresidente, Danilo Astori, que no firmó por la Anulación de la Ley de Impunidad.

- La mayoría de los sectores frenteamplistas que se mantuvieron al margen y hasta demonizaron la recolección de firmas.

- Un candidato a la presidencia, luego electo, que en su último discurso de campaña no aludió ni una sola vez a la Papeleta Rosada.

- Varios sectores que no incluyeron la papeleta rosada junto a sus listas en las últimas elecciones.

- El soldado Semproni cumpliendo la orden de su "caudillo" e impidiendo la anulación de la oprobiosa norma por vía legislativa.

- El otrora senador y hoy ministro Eleuterio Fernández, acusando a los Familiares de buscar guita y no a sus desaparecidos.

- El secretario de la Presidencia Alberto Breccia, diciéndonos que no sabemos perdonar...

- Negociaciones secretas entre la cúpula del MLN y los genocidas (tu estuviste también Lucía?)

Y así podríamos seguir, la lista es larga.

Pero, cuidado, nada es casual. Detrás está el proyecto progresista de un Frente Amplio sin memoria, sin ideología, pragmático, supuestamente moderno, renovado hasta el punto de perder su identidad y su esencia.

Querida Lucía, compañeros, así no. Las víctimas son las víctimas. Los victimarios son los victimarios.

Pese a tanta confusión promovida desde el Poder, reafirmamos que habrá "Memoria, Verdad y Justicia". Porque sin ellas, no hay reconstrucción posible. Porque sin ellas, no tendremos sangre en los ojos, sino lagañas que nos impidan ver el presente y el mañana. Porque la madurez está en la memoria y no en el olvido.

A mi me da pena por el propio devenir que está tomando el Frente Amplio. El mismo Frente por el cual ofrendaron sus vidas los que hoy se han vuelto victimarios.

Me da pena por la colcha de retazos que hoy quieren sustituir por un cómodo y elegante acolchado que abrigará a unos pocos, dejando a la intemperie a los más.

Me da pena, porque esto significa un retroceso histórico en el avance popular hacia un Uruguay artiguista, antioligárquico, antiimperialista; un Uruguay como el que soñaron las generaciones que tras muchos dolores parieron al Frente Amplio.

Me sigue viniendo a la cabeza, una y otra vez, "El retrato de Dorian Gray"... Y, la pucha, es jodido.

Jorge Daniel Díaz*

* Periodista y director de Radio La Zurda

Las dos caras de la Comisión de la Verdad


La Comisión de la Verdad, nombrada por la presidenta Dilma, corre el peligro de transformarse en una Comisión de la Vanidad, en el caso de que sus integrantes la conviertan en alabanza de vanidades personales.

Al día siguiente de los nombramientos, antes de la toma de posesión, ya aparecieron en los medios opiniones dispares sobre los miembros de la comisión en cuanto a su objetivo principal. ¿El ministro Gilson Dipp, del Tribunal Superior de Justicia, se encuadra en los criterios definidos por la ley que creó la comisión? Según los términos de su artículo 2°, # inciso II, “no podrán participar en la Comisión Nacional de la Verdad los que (…) no estén en condiciones de actuar con imparcialidad en el ejercicio de las competencias de la Comisión”.

Al actuar como perito del Estado brasileño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dipp se posicionó contra los familiares de los guerrilleros del Araguaia, cuyos cuerpos todavía siguen desaparecidos. ¿Actuará ahora con imparcialidad? El papel de los siete nombrados es investigar graves violaciones de derechos humanos sucedidas entre 1946 y 1988. Lo fundamental sería que adoptaran la postura ética de Antígona, de dar sepultura digna a los muertos y desaparecidos bajo la dictadura militar (1964-1985).

La comisión tendrá que actuar bajo la oscura luz de la injusta Ley de Amnistía, promulgada en 1979 y aprobada en referendo por el STF en el 2010. Dicha ley equipara a torturadores y torturados, a asesinos y asesinados. Entonces ¿cómo amnistiar al que nunca fue juzgado, sentenciado y castigado?

No hubo “dos caras”. Lo que hubo fue un golpe de Estado perpretado por militares y el derribo de un gobierno constitucional y democráticamente elegido. La dictadura implantada suprimió los partidos y eliminó políticos, creando un aparato represivo (“el monstruo”, según el general Golbery), que instaló centros de tortura mantenidos con recursos públicos y privados.

El aparato represivo, en nombre de la “seguridad nacional”, capturó, torturó, asesinó, exilió, deportó e hizo desaparecer a los que osaron combatir a la dictadura, así como también a innumerables personas que nunca tuvieron nada que ver con la resistencia organizada, como sucedió con el exdiputado Rubens Paiva, el periodista Vladimir Herzog y el sacerdote Antonio Enrique Pereira Neto.

A la comisión le corresponde averiguar la muerte de las víctimas de la dictadura, lo que pasó con los desaparecidos y quiénes son los responsables de tales atrocidades. Los militares cumplen órdenes de los superiores. Es necesario, pues, aclarar quién ordenó la práctica de la tortura, la eliminación sumaria de militantes políticos y el ocultamiento de sus cuerpos. La comisión deberá también abrir los archivos de las Fuerzas Armadas, oír a los verdugos y a sus superiores jerárquicos, a las víctimas y a los parientes de los desaparecidos, y esclarecer episodios emblemáticos que nunca han sido debidamente investigados, como el atentado a Riocentro en 1981, dirigido a segar la vida de miles de personas.

Defender el concepto de “crímenes conexos” y citar como sospechosos a aquellos a quienes el Brasil debe el rescate de la democracia y del Estado de Derecho equivaldría a imputar a la Resistencia Francesa crímenes contra la ocupación nazi de París o citar a los judíos como reos ante el Tribunal de Nuremberg.

Los integrantes de la Comisión de la Verdad saben muy bien que legalidad y justicia no son sinónimos. Y deben tener en cuenta la afirmación de Cervantes: “La verdad alivia más que hiere. Y estará siempre por encima de cualquier falsedad, como el aceite sobre el agua”.

Frei Betto

Fuente: Alainet

Vaticano: El diablo entró sin golpear

Humor gráfico: Eneko


La olla se sigue destapando y el mal olor invade los pasillos institucionales de la Iglesia Católica Romana, su jerarquía y sus estructuras de poder por más que sus autoridades hagan grandes esfuerzos por disimularlo y se empeñen en negarlo.


En 1982 el teólogo brasileño Leonardo Boff, uno de los iniciadores de la teología latinoamericana de la liberación, publicó un libro titulado Iglesia, carisma y poder. Ensayos de eclesiología militante para denunciar la corrupción de la institución eclesiástica católica y lo que él consideraba una traición al legado espiritual del cristianismo. Ese libro le trajo aparejado a Boff serias disputas con el Vaticano y, en particular, con el entonces prefecto (ministro) de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI. A pesar de que Boff, sacerdote franciscano desde 1959, doctor en teología y filosofía por la Universidad de Munich (Alemania), siempre planteó que hacía sus críticas “desde el interior de la Iglesia” y buscando la superación de los problemas, el Vaticano nunca le perdonó haber puesto en evidencia, en base a argumentos teológicos y eclesiológicos, la corrupción de la propia Iglesia. Ratzinger hizo de la persecución a Boff una cuestión personal. En 1985 recayó sobre el brasileño una sanción que le imponía “silencio” y le impedía enseñar en ningún ámbito controlado por la Iglesia Católica. Pocos años después Leonardo Boff decidió abandonar su condición de sacerdote católico, pero siguió la prédica religiosa y ecologista acorde con su formación franciscana.


La mención a Boff viene a cuento de lo que está sucediendo en estos días en Roma con revelaciones que ponen de manifiesto luchas intestinas de poder en el Vaticano y, sobre todo, dejan al descubierto la crisis de corrupción que afecta a toda la estructura eclesiástica católica. Desmoronamiento que no se reduce al jaqueado poder central del catolicismo, sino que se extiende a lo largo y a lo ancho del mundo donde cada día surgen nuevas evidencias de casos de corrupción como los ocurridos con los Legionarios de Cristo, los casos de pedofilia, los escándalos sexuales, las estafas y las complicidades en violaciones a los derechos humanos, como acaba de ratificarse en nuestro país. Lo que acontece ahora en el Vaticano es lo mismo que ya denunció Boff hace treinta años y por lo que fue silenciado, acusado de traidor y finalmente obligado a salir de la Iglesia Católica.


La olla se sigue destapando en el Vaticano... y huele a podrido. Y por cierto que Paolo Gabriele, el mayordomo infiel del Papa que se encuentra detenido en una prisión eclesiástica, no parece ser el principal responsable de la situación, aunque finalmente pueda acabar convirtiéndose en el chivo expiatorio. Aunque el vocero Federico Lombardi se obstine en afirmar que “no se sospecha de ningún cardenal, ni italiano ni extranjero”, sería muy ingenuo pensar que el mayordomo Gabriele no es apenas un eslabón menor de una cadena de conspiraciones que, como mínimo, intenta disputar el poder mirando a la sucesión de Ratzinger, enfermo, cansado y con 85 años.


Pero no se trata solamente de una lucha de poder en el interior de la institución católica, sino de las conexiones entre la Iglesia Católica y el poder político y económico en el mundo. Varias son las investigaciones periodísticas que han puesto esto en evidencia. Entre las últimas, el libro publicado hace poco más de una semana por el periodista italiano Gianluigi Nuzzi. El propio Benedicto XVI lo terminó admitiendo cuando decidió destituir hace apenas unos días al presidente del IOR (banco vaticano), Ettore Gotti Tedeschi, sospechado de manejos fraudulentos y de operaciones poco transparentes en relación con el lavado de dinero. Ratzinger procedió antes que el IOR fuera denunciado directamente por las autoridades financieras europeas.


Con la misma lógica, Benedicto XVI actuó nombrando una comisión integrada por el cardenal Julian Herranz (Opus Dei), el cardenal eslovaco Jozef Tomko, ex prefecto (ministro) de la Congregación para la Propagación de la Fe, y por el arzobispo de Palermo, Salvatore De Giorgi, para investigar las “filtraciones”. El portavoz Lombardi aseguró que esa comisión tiene plenos poderes, que reporta directamente al Papa y que puede interrogar a quien decida. Sin embargo, poco se podrá conocer de lo que allí se obtenga. Porque todo seguirá en la misma lógica del secretismo que encubre la corrupción institucional, como ha sucedido hasta el momento con tantos casos de pedofilia o con las acusaciones de corrupción económico-financiera hechas por el arzobispo Carlo María Viganó, cuyos contenidos sólo se conocieron a través de otra filtración después de que el denunciante fue separado de su cargo y “promovido” a nuncio (embajador) en Estados Unidos. ¿Y quién podría dar explicaciones acerca de las revelaciones del ultraconservador cardenal colombiano Darío Castrillón señalando –en una carta privada y personal al Papa– que el cardenal italiano Paolo Romero en su viaje a China se había extendido explicando las disputas entre Ratzinger y su segundo, el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado?


Mientras tanto, Benedicto XVI decidió reincorporar con todos los honores a los lefebvristas de la Sociedad San Pío X y está convencido de que la salvación de la Iglesia Católica pasa por la restauración y el cerrar filas hacia adentro, antes que acceder a los cambios propuestos hace ya medio siglo por el Concilio Vaticano II.


La olla se sigue destapando y el mal olor invade los pasillos institucionales de la Iglesia Católica Romana, su jerarquía y sus estructuras de poder por más que sus autoridades hagan grandes esfuerzos por disimularlo y se empeñen en negarlo. Claro está que, como lo ha señalado más de un estudioso de los temas eclesiales, esta institucionalidad eclesiástica en decadencia poco tiene que ver con la fe en Cristo y con la experiencia religiosa de tantos millones de fieles alrededor del mundo. Lo que está en crisis, lo que cruje y se derrumba es una estructura corrupta aliada con el poder económico y político que ejerce hoy la “titularidad” del mundo occidental. Seguramente porque el diablo entró sin golpear... lo invitaron a pasar.


Washington Uranga


Fuente: Página 12

España: Naciones Unidas pide que revise sus medidas de austeridad porque perjudican los Derechos Humanos

Humor gráfico: Cibergwenza



El Comité pide a España revisar las medidas de austeridad por perjudicar de forma “desproporcionada” a los colectivos más vulnerables y marginados, especialmente a las personas pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y jóvenes desempleados, las personas mayores, las personas sin hogar, la comunidad gitana, los migrantes y los solicitantes de asilo.


Tras la comparecencia del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC), este organismo internacional ha expresado su preocupación por la reducción de los niveles de protección efectiva de derechos como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, entre otros, como consecuencia de las medidas de austeridad.


El Comité hizo especial hincapié en la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado para paliar los efectos negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población y establece la necesidad de realizar mayores esfuerzos para que los Derechos Humanos guíen sus estrategias de recuperación económica.


El Comité también le recomienda a España que garantice que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protección de los Derechos económicos, sociales y culturales y sean en todo caso, temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos derechos.


Este Comité, constituido por 18 expertos independientes de diferentes nacionalidades, está encargado de supervisar el cumplimiento por parte de los Estados partes con sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por el Estado español en 1977. Cada Estado parte tiene la obligación de rendir cuentas periódicamente ante el Comité en Ginebra sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales.



Recomendaciones a España


En sus recomendaciones finales, publicadas el pasado 21 de mayo, el Comité pide a España revisar las medidas de austeridad por perjudicar de forma “desproporcionada” a los colectivos más vulnerables y marginados, especialmente a las personas pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y jóvenes desempleados, las personas mayores, las personas sin hogar, la comunidad gitana, los migrantes y los solicitantes de asilo.


Asimismo, el Comité recordó al Estado que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando los esfuerzos deben ser redoblados para garantizar los Derechos Humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de las personas en mayor situación de vulnerabilidad.


El Comité recomienda “vigorosamente” que el Estado adopte un nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza que incluya “medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos adversos de la crisis”. El Comité destacó las altas tasas de pobreza infantil y la situación de las personas mayores que viven con pensiones cuya cuantía es, en muchos casos, inferior al nivel de subsistencia mínimo.


En materia laboral, muestra su preocupación por el incremento de las tasas de desempleo, que afectan especialmente a las personas jóvenes, inmigrantes, gitanas y las personas con discapacidad. Pide al Estado “evitar cualquier retroceso” en este ámbito, “incluyendo en materia de protección de los Derechos laborales de los trabajadores”.


Muestra inquietud ante la congelación del Salario Mínimo Interprofesional a un valor que no permite un nivel de vida digno y recomienda su ajuste periódico al costo de la vida.


En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, el Comité pide redoblar los esfuerzos para combatir la brecha salarial y los estereotipos de género, así como fomentar la igual representación en los sectores públicos y privados. El Comité muestra especial preocupación por la “persistencia de altos niveles de violencia doméstica” e insta al Estado que garantice que los recortes “no perjudiquen la protección de las víctimas ni sus Derechos”. También recomienda garantizar el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.


En cuanto al Real Decreto–Ley 16/2012 sobre la reforma sanitaria, el Comité pide al Estado que asegure el acceso a los servicios de salud de todas las personas que residen en el Estado, cualquiera que sea su situación legal, en consonancia con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias. También insta al Estado “a dar pleno efecto a las nuevas regulaciones para mejorar las condiciones de vida en los centros de internamiento de extranjeros (CIE)”.


Reconociendo la situación de las personas con hipotecas impagables, recomienda al Estado que “impulse una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias”.


Además, señaló la necesidad de “aumentar la oferta de vivienda social”, especialmente la de alquiler y la necesidad de implementar un marco legislativo que establezca salvaguardas de Derechos Humanos que deben cumplirse antes de llevar a cabo un desalojo. Recuerda la obligación del Estado de adoptar una definición oficial de “persona sin hogar”, así como de recopilar datos que permitan evaluar esta realidad tras la crisis y adoptar medidas de rehabilitación adecuada.



El Comité critica que la educación haya sido uno de los sectores más afectados por los recortes y afirma que las medidas adoptadas por el Estado que incrementan las tasas universitarias son “regresivas” y ponen “en riesgo el acceso de las personas y grupos desfavorecidos” a la educación universitaria. Recomienda al Estado que asegure “una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente” en educación y que redoble los esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar temprano, que duplica la media de la UE.


La discriminación, especialmente hacia la población inmigrante y gitana, y hacia las personas con discapacidad, resulta una de las áreas de preocupación transversal. En este sentido, el Comité pide al Estado adoptar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.


También insta a que la descentralización de las competencias relacionadas con los Derechos económicos, sociales y culturales, y las disparidades entre comunidades autónomas en términos de inversión social, no resulten en un disfrute “inequitativo o discriminatorio” de estos derechos entre las 17 comunidades. Ante la disminución de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), pide elevar la cooperación al desarrollo a un nivel no menor al 0,7% de la Renta Nacional Bruta, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España.


Cabe destacar que al emitir las recomendaciones sobre España, el Comité dirigió una carta pública a todos los Estados parte del PIDESC, en la que plantea los criterios que las políticas de austeridad y otras políticas asumidas por los Estados en tiempos de crisis económica han de respetar para cumplir con las obligaciones derivadas del Pacto.


Primero, cualquier medida que pueda impedir la realización progresiva de los Derechos económicos, sociales y culturales ha de ser temporal y limitada al periodo de crisis; segundo, debe ser estrictamente necesaria y proporcionada, de tal manera que no adoptarlas pondría en riesgo aún más los derechos humanos; tercero, no puede ser discriminatoria y debe tomar en cuenta todas las alternativas posibles, entre ellas, medidas de política fiscal, para garantizar las prestaciones necesarias para paliar las desigualdades que pueden surgir en tiempos de crisis, así como asegurar la protección de los derechos de los grupos más vulnerables.


Finalmente, según el Comité, las medidas deben identificar y proteger el contenido mínimo esencial de los derechos consagrados en el PIDESC en todo momento.


Fuente: AmecoPress

Brasil: Veto parcial al Código Forestal es una derrota del latifundio, afirma Vía Campesina



Las organizaciones sociales de Vía Campesina Brasil señalaron como insuficiente el veto parcial de la presidenta Dilma Roussef al Código Forestal. Pero afirmaron que representa una derrota para el latifundio y los hacendados.


El integrante de Vía Campesina Brasil, Luiz Zarref, afirmó que los vetos son una derrota para "los latifundistas más atrasados que esperaban una amnistía total e integral, esos latifundistas que plantan soja hasta la orilla del río y que no quiere recuperar nada" .

Sin embargo, el activista aclaró que la decisión de Rousseff "no atiende las necesidades de la población de una producción de alimentos saludables y de la conservación de la naturaleza".

Por otra parte, Zarref indicó que el veto parcial constituye la consolidación de lo que llamó el "agronegocio" representado por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil.

Según el análisis de Vía Campesina, un Gobierno de coalición y la relación tensa de Rousseff con el Congreso la colocó en una situación difícil para hacer un veto integral del Código Forestal.

El Congreso brasileño tiene un plazo de 4 meses para analizar los vetos. Para derribarlos se necesita el apoyo de la mayoría absoluta de parlamentarios en el Senado y enla Cámarade Diputados.

Dilma Rousseff vetó el pasado viernes 12 artículos del nuevo Código Forestal y aprobó 31 modificaciones.

Sectores ambientalistas y campesinos demandaban el veto total de la norma porque consideran que constituye una amenaza para la floresta nacional.

Fuente: Púlsar



28 mayo 2012

Uruguay: Carta al Presidente en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres



En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto (RELACAHUPAN) y el Nacimiento en conjunto con Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) entregaremos una carta al presidente de la República, Sr. José Mujica, con el objetivo de poner en su conocimiento una problemática que impacta directamente sobre la salud y la vida de las mujeres uruguayas.



Sr. José Mujica
Presidente de la República
Presente


De nuestra mayor consideración:

En este 28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a Ud. con el propósito de poner en su conocimiento una problemática que impacta directamente sobre la salud y la vida de las mujeres uruguayas.

El Sistema Nacional Integrado de Salud ha significado un paso muy importante para garantizar la cobertura universal de la atención en salud para la población. Se cuenta además con marcos normativos que buscan proteger este derecho humano.

Las mujeres por nuestra condición biológica recurrimos a los servicios de salud de manera frecuente por necesidades vinculadas, fundamentalmente, a la vida reproductiva: controles ginecológicos, acceso a métodos anticonceptivos, atención durante embarazo, parto y puerperio, situaciones de embarazo no deseado y prevención de aborto inseguro, menarca, climaterio y menopausia, entre otros.

Si bien se ha incorporado progresivamente la atención a la salud sexual y reproductiva queremos señalar que, lamentablemente, a diario muchas mujeres viven situaciones de maltrato y violencia institucional en las consultas vinculadas a estas necesidades.

Las mujeres hemos luchado para que se nos reconozca el derecho a decidir sobre cuándo y cuántos hijos tener pero aún no contamos con una legislación que respete y garantice plenamente el ejercicio de este derecho.

Pero además, cuando optamos por ser madres muy frecuentemente no se nos trata dignamente ni con el respeto que merecemos como protagonistas en el acto de parir.

A diario nuestras organizaciones reciben testimonios y denuncias de mujeres que han padecido el maltrato en la atención del parto o que fueron sometidas a cesáreas innecesarias. Lejos de ser consideradas ciudadanas plenas y portadoras de derechos se vuelven envases portadoras de un bebé o un elemento más de la escenografía de la sala de parto.

“Nadie me miraba a la cara, ni me hablaba”

“Cuando me encontré con la sala de parto literalmente temblé de miedo”

“Lejos de parir gracias a los médicos, parí a pesar de ellos”.

“Parimos acostadas por comodidad del médico cuando la única comodidad que debería de importar es la mía.”

“Me gritaban y cuando me quejé me rezongaron”

Sabiendo de su preocupación y sensibilidad sobre estos asuntos, solicitamos a Ud. ser recibidas para hacerle llegar propuestas que mejoren la calidad de atención y que otorguen a las mujeres el respeto que nos merecemos.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento (RELACAHUPAN)

Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)

Montevideo, 28 de mayo de 2012


Enviado por: Hacelos Valer



27 mayo 2012

Eduardo Galeano: "Confundimos la grandeza con lo grandote"




"Libre es el que es capaz todavía de elegir la defensa de su dignidad en un mundo donde, quieras o no, en algún momento tendrás que tomar partido entre los indignos y los indignados." - Eduardo Galeano



Vivimos para trabajar, ¿qué error hemos cometido?

La economía está al servicio de la industria militar que es el nombre artístico de la industria criminal.

¿El prójimo es el enemigo?

Sí, somos una civilización de soledades que se encuentran y desencuentran continuamente sin reconocerse. Ese es nuestro drama, un mundo organizado para el desvínculo, donde el otro es siempre una amenaza y nunca una promesa.

El miedo nos domina.

Es el pretexto para que esta industria pueda prosperar, porque necesita guerras y enemigos, y si no existen hay que inventarlos. Fíjese en el caso de Nelson Mandela.

El mundo celebra el día que nació.

Pues ha figurado en la lista de enemigos peligrosos para la seguridad de EE.UU. hasta el 2008. Durante 60 años el africano más prestigioso fue un terrorista para el país dominante. ¿Cómo vamos a creer en todo lo que nos cuentan sobre las amenazas terroristas?

¿Somos un gran rebaño de borregos?

Por todos lados aparecen símbolos asombrosos de resistencia y de vida. Lo mejor que tiene la vida es la capacidad de sorpresa.

Sin embargo, vamos tras la seguridad.

Vivimos en un mundo inseguro, no sólo porque podemos ser robados, asaltados... Los coches matan más que las drogas, y el aire que respiramos y los pesticidas nos exterminan. Sólo si nos articulamos para defendernos de un sistema que es enemigo de la naturaleza y de la gente podremos hallar espacios de seguridad.

¿Qué nos hace libres?

Los desafíos que uno enfrenta cada día son los que te abren una rendija para elegir entre la dignidad y la obediencia. Libre es el que es capaz todavía de elegir la defensa de su dignidad en un mundo donde, quieras o no, en algún momento tendrás que tomar partido entre los indignos y los indignados.

Desde niños nos adoctrinan hasta el punto de que nos parece normal lo anormal.
Que el presidente Obama recibiera el premio Nobel de la Paz con un discurso de homenaje a la guerra "justa y necesaria contra el mal" ilustra lo que usted dice.

¿Qué semilla se puede plantar para que la gente sospeche?

Hay que ver al revés las historias que los diarios nos cuentan para poder entenderlas al derecho: Iraq invade EE.UU. porque sus arsenales de armas de destrucción masiva son un peligro para la humanidad. Lo que es verdad, pero este fue el pretexto de los americanos para invadir Iraq y matar a una cantidad ingente de civiles.

¿Cómo averiguar si uno está vivo o es un muerto viviente?

Habrá que preguntarse hasta qué punto soy capaz de amar y de elegir entre la dignidad y la indignidad, de decir no, de desobedecer. Capaz de caminar con tus propias piernas, pensar con tu propia cabeza y sentir con el propio corazón en lugar de resignarte a pensar lo que te dicen.

...
La mayoría trabaja a contracorazón y termina viviendo una vida que no es la suya por las necesidades materiales, y eso es lo que hace que algunos no se den cuenta de que murieron hace muchos años, la última vez que fueron capaces de decir no.

¿Es una utopía un mundo en el que la gente haga lo que le gusta?
Como dice el patriarca del cine argentino, Fernando Birri, la utopía sirve para caminar. A mí me gusta mucho ver el universo por el ojo de la cerradura.

¿Desde lo pequeño?

Sí, para no confundir la grandeza con lo grandote, una de las confusiones del mundo actual. La grandeza no está en los hechos espectaculares, está en la vida cotidiana.

Hay que endulzarla.
En el manicomio general, los franceses dictaron una ley que era un acto de cordura: ya que tenemos máquinas capaces, tengamos 35 horas de trabajo semanal, pero duró 10 años. ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que producir angustia y desempleo?

El 99% de las especies del planeta no viven para trabajar, y no les va tan mal.

Nosotros nos hemos especializado en ser instrumentos de nuestros instrumentos, y somos los únicos capaces de destinar nuestros mejores recursos al exterminio loco. Cada minuto el mundo destina tres millones de dólares a gastos militares y mueren 15 niños de enfermedades curables. ¿Qué clase de especie es esta que dice ser la racional?

¿Qué faceta humana nos destruye?

El conformismo, la aceptación de la realidad como un destino y no como un desafío que nos invita al cambio, a resistir, a rebelarnos, a imaginar en lugar de vivir el futuro como una penitencia inevitable.

Y eso hay que hacerlo en compañía.

Sí, en solidaridad, que es un sentimiento horizontal. La caridad es vertical y no me gusta. Hay un viejo proverbio africano que dice que el que da está siempre por encima de la mano que recibe. De hecho, nuestros antepasados sobrevivieron porque supieron repartir la comida y defenderse juntos.

Pese a ello, somos tan destructivos...
Me imagino un juicio universal a la condición humana de las plantas y los animales, apuntándonos con sus patitas y con sus ramitas y preguntándonos: ¿qué han hecho del mundo?, ¿por qué nos mataron? Qué terrible confusión creernos dueños de la naturaleza.´

IMA SANCHÍS

Fuente: La Vanguardia





Uruguay: Poderes desviados




El fiscal Ricardo Perciballe presentó un recurso de revocación. Defensores de derechos humanos piden que lo coloquen en la fiscalía que deja Mirtha Guianze. El fiscal de Corte Jorge Díaz marca su mandato de diez años. La sanción es aplaudida por quienes denunciaban una campaña en contra de Gonzalo Fernández y por quienes no lo enfrentarán en una causa penal.


El nuevo fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz, parece dispuesto a imponer la política con la que se regirá en los diez años que debería durar su mandato. El traslado del fiscal Ricardo Perciballe y la designación de su sustituto Juan Gómez se han convertido en un mensaje para un gremio de fiscales que rechazaba que un juez fuera nombrado en el cargo.

Perciballe fue enviado a ocupar la única vacante en una fiscalía civil (por la muerte de Edward Hernández) cuando su especialización en lo criminal podía utilizarse en las fiscalías penales que dejan Eduardo Fernández Dovat desde octubre de 2011, Juan Gómez que pasa a delitos especiales y Mirtha Guianze, quien fue designada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La posibilidad de que el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, revea la decisión del traslado o, al menos, reubique a Perciballe en la fiscalía penal de 2° turno que deja Guianze, y en la que aún existen una serie de casos de crímenes en tiempos de la dictadura, es el propósito de varias ONG, personalidades y organizaciones de derechos humanos.

El traslado de Perciballe aparece teñido de connotaciones políticas, desde el momento en que el fiscal atendía una causa en la que era indagado el ex canciller Gonzalo Fernández y en la que era juez el propio Jorge Díaz, quien tenía otras causas relativas a presunta corrupción. El mismo día en que Perciballe era trasladado, Fernández denunciaba irregularidades en la instrucción del caso.

En el ámbito político, el traslado del fiscal fue aplaudido por quienes denuncian una campaña en contra del ex secretario presidencial como un tiro por elevación contra Tabaré Vázquez y el gobierno. Paradójicamente, también aplauden criminales y delincuentes que no tendrán que enfrentar a Perciballe en casos penales, de crimen organizado o violación a los derechos humanos.

La indirecta sanción al fiscal que había ordenado el procesamiento de miembros del Escuadrón de la Muerte y actuó en el caso Feldman, también ha sido asociada a los intentos de censura o presión sobre la independencia técnica de la jueza Mariana Mota, o las fiscales Ana María Tellechea y Mirtha Guianze, quienes actúan en causas de violaciones a los derechos humanos.

“Tomé determinadas conductas procesales que entendía pertinente, que de una forma u otra pueden haber molestado al ex juez [Jorge Díaz]”, dijo Perciballe, quien presentó esta semana un fundamentado recurso de revocación y no descarta, de ser necesario, recurrir incluso ante tribunales internacionales frente a lo que considera una violación de sus derechos.

JUSTICIA ESPECIALIZADA

En 2008 el sistema jurídico uruguayo vivió una importante modificación cuando el Parlamento aprobó en la Rendición de Cuentas la creación de dos nuevos juzgados especiales contra el crimen organizado, una iniciativa del gobierno en el marco de su política contra el narcotráfico, el lavado de activos y la instalación de mafias internacionales en el ámbito local.

El 1 de enero de 2009 asumieron en las flamantes sedes judiciales los magistrados Graciela Gatti y Jorge Díaz. Gatti había procesado al dictador Juan María Bordaberry por crímenes de la dictadura y ordenó la prisión de Juan Peirano, extraditado desde Estados Unidos. Díaz había sobresalido por su acción en las operaciones contra las drogas Cancerbero y Cancerbero II.

Días después, la entonces ministra de Educación y Cultura, María Simon, nombraba a los fiscales Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe como fiscales contra el crimen organizado, a propuesta del doctor Rafael Ubiría, titular de la Fiscalía de Corte desde 2007 cuando en el Parlamento obtuvo los votos que la oposición negó al candidato del oficialismo: casualmente, Ricardo Perciballe.

Los nuevos fiscales tenían destacados antecedentes. Ferrero había sido la representante del ministerio público en las causas contra los narcotraficantes que había instruido el propio juez Jorge Díaz. Perciballe había logrado reconocimiento por su dictamen en la causa contra miembros del Escuadrón de la Muerte, defendidos por el influyente ex fiscal de Corte Miguel Langón.

En los casos de crímenes complejos, Perciballe y Díaz se constituyen en un equipo destacado por la prensa, al menos hasta octubre de 2009 cuando les toca intervenir en el caso de Saúl Feldman, muerto a balazos tras un incendio que evidenció la existencia de un arsenal de 700 armas en su domicilio del barrio Aires Puros. Perciballe terminó pidiendo el archivo del caso. Díaz aceptó.



ENCAUSAR A FERNÁNDEZ

En setiembre de 2010, el fiscal Perciballe y el juez Díaz toman otro caso con fuertes connotaciones políticas. El abogado Gustavo Salle denuncia al jurista Gonzalo Fernández por una presunta maniobra en la que se llega a derogar el artículo 76 de la Ley 2.230 para que desaparezca el delito por el que fueron procesados con prisión los hermanos Peirano Basso.

No era el único caso en el que Díaz y Perciballe indagaban a Gonzalo Fernández. El jurista también era sospechoso de beneficiar a su estudio jurídico personal en la defensa de un gerente del Banco Montevideo y en la aprobación de un decreto que dio marco jurídico a un sistema de seguros del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), cliente del estudio jurídico de Fernández.

Curiosamente, en aquellos días el abogado Salle pidió que el fiscal Ricardo Perciballe se abstuviera de intervenir en el expediente, ya que tenía un vínculo con Gonzalo Fernández, quien en 2007, siendo secretario de Presidencia de la República durante el gobierno de Tabaré Vázquez, había impulsado la candidatura de Perciballe al cargo de fiscal de Corte que finalmente obtuvo Ubiría.

Gonzalo Fernández tenía por entonces otras denuncias en su contra. Una por no suspender el ejercicio de su profesión de abogado siendo secretario de Presidencia, otra por una supuesta negociación con la empresa Cerro Free Port y otra por ser consultor de la empresa Tenfield durante un juicio por defraudación tributaria. Las tres terminaron archivadas.

Ante la nueva denuncia contra Fernández, el juez Díaz pide ampliar la información documental a los tres poderes del Estado. El expediente judicial sobre la quiebra del Banco Montevideo, la promulgación presidencial de la ley que eliminó el delito de los Peirano y las actas parlamentarias en las que el senador blanco Sergio Abreu hizo un planteo de fueros sobre el episodio.

Abreu sostuvo que derogar el artículo 76 de la ley 2.230 fue una sugerencia de Fernández, quien en 2006 advirtió a Danilo Astori que si derogaban el artículo los Peirano quedaban libres. La ley se promulgó con la firma de Fernández, que era canciller. Fernández y su pareja, Cecilia Salom, eran “indistintamente” abogados del banquero Juan Domingo Ratti, beneficiado con el decreto.

JUEZ SOBRE FISCALES

En setiembre del año pasado, el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero comenzaban a tomar declaraciones en una causa sobre presuntas irregularidades en el Hospital Italiano, que había denunciado una comisión interventora que durante el primer año de mandato del presidente José Mujica administró el centro asistencial.

Entre los indagados aparecían el abogado Mario Bianchi, hoy secretario general de OSE, quien presidió la Junta Directiva del Italiano en 2008, y Jorge Massa, presidente de la institución médica, reconocido por su condición de gran maestre de la Masonería. Los directivos, según la denuncia, habían creado una empresa fantasma con la que vaciaron la institución.

En esos días trasciende que el juez Díaz será designado fiscal de Corte en lugar de Rafael Ubiría. La noticia implica una inmediata reunión de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) que reivindica que el cargo de fiscal de Corte sea ocupado por un miembro del ministerio público y no por un magistrado del Poder Judicial.

En la reunión gremial, el fiscal Perciballe es uno de lo que reclaman con mayor firmeza que se mantenga la tradición de ocupar el cargo desde las fiscalías. La misma posición sostienen las fiscales Mirtha Guianze y Ana María Tellechea. La posición de Perciballe deriva en un distanciamiento con el juez Díaz.

Sólo semanas después, en noviembre de 2011, el rostro emocionado del juez Jorge Díaz ocupa las pantallas de televisión cuando ordena el procesamiento con prisión de la jueza Anabella Damasco, implicada en un caso de desvío de fondos. La jueza no apela. El 10 de abril, el Parlamento concede la venia para la designación del juez Díaz, que asume el día 17 como jefe de todos los fiscales.

DE PENAL A CIVIL ES GOL

El 10 de mayo, sorpresivamente se difunde en la prensa que el flamante fiscal de Corte decidió el traslado de Perciballe a una fiscalía civil y su subrogación por el fiscal Juan Gómez en el despacho contra el crimen organizado. La noticia publicada en El País explica que el Ministerio de Educación y Cultura, a cargo de Ricardo Ehrlich, ya designó a Gómez pero aún no notificó a Perciballe.

Trasciende que la remoción fue pedida el lunes 7 de mayo, pero que el viernes 27 de abril, Jorge Díaz ya le había ofrecido el cargo a Gómez, con quien le une una larga amistad. Gómez, que fue fiscal en Maldonado, se encontraba en la Fiscalía Penal de 1er turno que el propio Perciballe había dejado antes de pasar a trabajar contra el crimen organizado.

Los senadores Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry escriben en sus cuentas de Twitter que el propio Díaz les había anunciado el traslado de Perciballe. No explicaron en qué ámbito tuvieron la infidencia. Ninguna de las actas parlamentarias de comisiones y sala hace referencia a que el tema se haya tocado en el seno del Parlamento.

También trasciende que Gómez, quien el mismo día 10 se despedía de sus colaboradores en la fiscalía, se excusaría de intervenir en las causas que implican a Gonzalo Fernández por haber sido compañero de trabajo de su mujer, Cecilia Salom. El caso Fernández quedará en manos de la fiscal Mónica Ferrero, quien permanecería en los juzgados especiales.

En la misma jornada del 10 de mayo, el propio Gonzalo Fernández se presentó ante el juzgado penal con un escrito en el que calificó de irregular que en 17 meses de investigación ni el fiscal ni el juez le llamaran a declarar. Dijo que Perciballe “alardeaba” con su procesamiento y que lo que se pretendía era enlodar a Tabaré Vázquez y perjudicar su futuro político.

La AMFU recién tratará el tema en junio, pero desautorizó una declaración de la fiscal Tellechea, quien advirtió que "esto responde a otros intereses" y ahora "todos quedamos propensos a que nos venga un latigazo de arriba". "Los fiscales tenemos que aprender a madurar y aceptar los destinos", replicó Gustavo Zubía, fiscal de menores, también amigo de Díaz.

EL RECURSO DE RICARDO

El fiscal Ricardo Perciballe presentó esta semana ante el ministro Ehrlich un recurso de revocación de 18 páginas, en el que considera que la resolución de su traslado tiene vicios formales en la medida en que se omitió darle vista previa, lo que implica una lesión de garantías constitucionales y dice que sólo se fundamenta en argumentos de “rotación” y “mejora del servicio”.

El fiscal sancionado subraya que la medida “no obedece de forma alguna a un mal desempeño de la tarea desplegada” y opina que en el caso hay un uso discrecional del poder del fiscal de Corte que llega a la arbitrariedad y constituye la vulneración flagrante de una regla de derecho, y que no existieron tales razones de servicio.

Alega también que no ha tenido mayor exposición mediática o algún problema de salud, al punto de que en veinte años de servicio sólo utilizó cuatro días de licencia por enfermedad. Agrega que no se comprende por qué no es trasladada la otra fiscal especial, Mónica Ferrero, quien ha tenido un número mayor de casos y de desgaste y tendrá ahora, además, el caso Gonzalo Fernández.

Perciballe opina que se está desmantelando los juzgados especializados y señala que se ordenó su traslado inmediato mientras al fiscal Gómez se le permitió terminar algunas causas en trámite y hasta subrogar otra fiscalía. También aduce que Díaz anticipó su decisión a sectores políticos, en clara contradicción con el principio de independencia técnica de los magistrados.

“Como broche de oro de este largo collar de contradicciones, se designa al suscrito en la órbita civil cuando precisamente éste se ha especializado desde hace más de veinte años en materia penal, circunstancia más que conocida por el proponente”, dice el escrito que advierte que en el ámbito penal había tres despachos a subrogar y se lo envía a la única fiscalía en lo civil vacante.

Perciballe sostiene que hay motivos no explicitados en su traslado, entre los que incluye su rechazo al nombramiento de un juez en la Fiscalía de Corte y diferencias que tenía con Díaz en casos sobre los que no puede ampliar porque aún están en presumario, pero que denota “el animus vindicatum” (ánimo vindicativo) del proceder del fiscal de Corte y su desviación de poder.

ROGER RODRÍGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras&Caretas