El voto es a la vez derecho y deber. Yo quiero ejercerlo.... y vos???
Campaña por el voto en el exterior
Esquina por la alegría
"Hoy más que nunca la alegría es un artículo de primera necesidad, tan urgente como el agua o el aire. Pero nadie nos va a regalar ese derecho de todos; .... es preciso pelearlo...."
Eduardo Galeano
Esquina por Verdad y Justicia
Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad
Nunca más terrorismo de estado
Esquina contra la violencia de género
Esquina contra el bloqueo
Esquina por la libertad de los 5
Esquina contra la pornografía infantil
Esquina Víctor Jara
Esquina contra la vergüenza
Ningún ser humano es ilegal
Hacelos valer
Campaña por nuestros derechos sexuales y reproductivos
Esquina contra la directiva del horror
PIT-CNT
Escritores por la Tierra
Foro social mundial de las migraciones
Esquina por la Paz
Esquina por la aparición de Julio López
Esquina Bertold Bretch
Primero se llevaron a los comunistas pero a mí no me importó porque yo no era. En seguida se llevaron a unos obreros pero a mí no me importó porque yo tampoco era. Después detuvieron a los sindicalistas pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Ahora me llevan a mí pero ya es tarde.
MANIFIESTO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DEL PUEBLO HONDUREÑO
Nosotras y nosotros miembros y miembras de organizaciones populares e indígenas de Honduras movilizados en San Salvador, sitio histórico donde descansan los restos del general Francisco Morazán, apoyados por la solidaridad del pueblo salvadoreño y de otros pueblos del mundo, en ocasión del cónclave de la Organización de los Estados Americanos reunidos en ocasión de la Asamblea General Ordinaria manifestamos:
1. La OEA al revocar la suspensión del estado hondureño readmitiéndolo en su seno, ha terminado legalizando los golpes de estado y contribuyendo a que los mismos queden en impunidad, no sólo para Honduras sino para todos los países de las Américas.
2. La Organización de los Estados Americanos con la arbitraria decisión auspiciada por Washington de dar la razón a un régimen surgido de elecciones no reconocidas por la comunidad internacional y bajo una intensa militarización y represión, en la que la mayoría de la población hondureña no participó, contradice su propia Carta, además atenta contra la declaración de los Derechos Humanos ya que simulan desconocer que el régimen continuador del golpe de estado en Honduras viola de forma sistemática y grave los derechos humanos y está integrado por la junta de Comandantes del alto mando ejecutor del golpe del 29 de junio del 2009, ejemplo de ello es que el general Romeo Vásquez Velásquez, ministro de HONDUTEL, el general Venancio Cervantes Director del departamento de Migración, además de otros políticos como Vilma Morales, Arturo Corrales, Carlos López Contreras y el fiscal general de la República Luis Alberto Rubí. También podemos incluir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados involucrados en la asonada militar oligárquica, quienes siguen gozando de impunidad.
3. La OEA se burla del pueblo hondureño y de los pueblos del mundo al reconocer al régimen continuador del golpe de estado, puesto que no ignoran que Roberto Micheletti goza de una jugosa jubilación, de guardias de seguridad pagada por el estado hondureño, de una amnistía ilegal que ha dejado sin justicia los crímenes que se han cometido contra hondureñas y hondureños por el hecho de luchar por el retornos a la democracia.
4. La OEA debe saber que es cómplice de más de 200 asesinatos, muchos de ellos contra la comunidad LGTBI, de los secuestros que han terminado en desaparición de campesinos como Olbin Gallegos, y Secundino Gómez, de las torturas sufridas por hombres y mujeres caminantes en la enorme movilización nacional del pueblo en Resistencia, del cierre de medios de comunicación, de la despiadada violencia con que se trata a la juventud, de los largos toques de queda y estados de sitio que el pueblo hondureño ha sufrido. La OEA se hace cómplice del clima de máxima impunidad que se vive en Honduras que es responsable de que desde enero hasta mayo de este año hallan sido asesinadas 115 mujeres por actos de femicidio.
5. La OEA se vuelve responsable de la criminalización que el régimen continuador del golpe de estado hace a las organizaciones sociales que luchan en defensa del agua, la minería, el bosque y todo los bienes de la madre tierra que hoy se ofrecen en eventos vergonzosos como el Honduras is open for business en los que la policía del régimen se lució agrediendo violentamente a activistas y camarógrafos de televisión.
6. La OEA deja en claro que es un instrumento inútil para los intereses del pueblo y es útil para el imperio de la muerte y la codicia que impulsa los golpes de estado y posteriormente los legaliza. Nos muestra que maneja un doble discurso y que nunca se propuso revertir el golpe de estado sino que favoreció a los golpistas.
7. Responsabilizamos a la OEA y a los estados que han apoyado el reconocimiento del golpe de estado en Honduras por la represión, la impunidad, la indefensión total y los crímenes que no se detienen en nuestro país.
8. Como movimientos sociales saludamos la coherente decisión de la república de Ecuador de no apoyar el ingreso hondureño con lo que se muestra su fuerza moral, dignidad y verdadera vocación democrática.
9. Manifestamos nuestro agradecimiento a los pueblos del mundo y los llamamos a profundizar la solidaridad con el pueblo hondureño que hoy sigue viviendo bajo un golpe de estado con la diferencia que ha sido legalizado.
Bajo ninguna circunstancia histórica los pueblos renunciamos a la memoria de las luchas y las injusticias. Rechazamos la reconciliación sobre la base del olvido como práctica que sólo favorece a la impunidad. Rechazamos la reconciliación que respalda el discurso hipócrita de la democracia que en Honduras es inexistente. Elevamos nuestra enérgica condena a la OEA por la reincorporación del régimen y por este intento de humillar la dignidad de las hijas e hijos de Lempira y Morazán.
Dado en San Salvador, al 04 de junio del 2011
Firman:
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
Empresa Asociativa Unidos Venceremos del Aguan
Movimiento Campesino del Aguan MCA
Movimiento Unificado Campesino del Aguan MUCA
Juventud Popular Morazanista JPM
Colectivo Insurrección Autónoma
Asociación de Pobladores de la Península de Zacate Grande
* En este momento se estan sumando más organizaciones de Honduras, el día de manñana se incorporan los Frentes Departamentales de la Resistencia de Ocotopeque, Copán, Lempira y otras organizaciones de la Resistencia.
Discurso de Lobo luego del reingreso a la OEA
Foto: AFP
El único país que votó en contra fue Ecuador
La Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó este miércoles en sesión extraordinaria, el reintegro de Honduras al sistema interamericano, luego de 23 meses de suspensión tras el golpe de Estado en 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya. El único país que votó en contra fue Ecuador, que pide que se castigue a los golpistas y represores antes de restituir a la nación. Venezuela votó a favor pero con reservas.
Para que Honduras sea plenamente aceptada por Ecuador es necesario que se apliquen sanciones judiciales a los responsables del golpe de Estado de 2009, además de lo que implica el acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático, que permite el retorno del ex presidente Manuel Zelaya y la realización de consultas populares, consideró este miércoles la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea ecuatoriana, Linda Machuca.
En una entrevista exclusiva con teleSUR, Machuca indicó que "tiene que existir una sanción en el orden judicial y creo que esto es lo que le hace falta a Honduras (...) no son hechos aislados los que se han producido'' en este país centroamericano durante el golpe de Estado de junio de 2009.
La presidenta de la Comisión agregó que ''efectivamente creo que esta posición del Ecuador ha tenido el respaldo en virtud de una situación similar que hemos vivido en el país'' luego de intento de golpe de Estado que experimentó el presidente, Rafael Correa, el 30 de septiembre de 2010.
Indicó que Ecuador no está sola en su posición puesto que hay sectores en Honduras que están haciendo lo necesario para que los responsables del golpe sean castigados.
''Yo creería que no estamos solos en este mensaje, en Honduras existe también sectores que están llevando a cabo esta lucha'', dijo.
Con respecto al llamado hecho por el presidente, Porfirio Lobo, a la reconciliación de los hondureños, Machuca consideró loable esta postura, así como también el que haya permitido el reingreso de Zelaya al país.
''Creo que en este interés de consensuar, de llevar la paz a las naciones (...) los mandatarios tienen que ceder posiciones (...) en este sentido hay que aplaudir la posición (de Lobo) de permitir el ingreso del ex Presidente Zelaya'', manifestó.
No obstante resaltó ''que no se puede hablar de un completo restablecimiento de la situación en el país (...) mientras no se tome en cuenta lo que ha ocurrido (...) en los hechos ocurridos" en el golpe de Estado de junio de 2009, añadió.
La Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó este miércoles en sesión extraordinaria, el reintegro de Honduras al sistema interamericano, luego de 23 meses de suspensión tras el golpe de Estado en 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya. El único país que votó en contra fue Ecuador, que pide que se castigue a los golpistas y represores antes de restituir a la nación. Venezuela votó a favor pero con reservas.
Isis Obed Murillo cayó de un balazo en la cabeza en las inmediaciones del Aeropuerto Toncontin, luchando por sacar del Poder a la camarilla golpista que expulsó del país al Presidente Manuel Zelaya. Casi veintitrés meses después, y en el mismo lugar donde Isis Obed derramó su sangre, arribó a suelo patrio el desterrado Coordinador General del FNRP, Manuel Zelaya, ante la presencia de centenares de miles de hombres y mujeres curtidos de la lucha contra la dictadura golpista.
Un escenario más que simbólico de lo que cabía esperar de este acto histórico.
Haciendo a un lado los inconvenientes de la organización del evento, el Pueblo en Resistencia ahí presente esperaba del compañero Zelaya un discurso que invitara a la lucha popular contra el régimen; que llamara a organizar la movilización del Pueblo hasta derrotar el régimen de Porfirio Lobo Sosa, y a demandar la salida de los golpistas del poder; o al menos un discurso en el cual los denunciara, como antesala de las batallas que habrá que librar tras su regreso.
En lugar de eso, el compañero Zelaya se deshizo en agradecimientos hacia la dictadura de Porfirio Lobo Sosa por haberlo traído al país, y llamo a “reconciliarnos” con él, sin que ninguno de los funcionarios que participó en el Golpe de Estado haya salido del gobierno y mucho menos esté en la cárcel por los crímenes que cometieron.
¿Cómo puede haber reconciliación con un régimen que no para la brutal represión? Con un régimen que lleva más de doscientos compañeros y compañeras asesinados/as; que ha profundizado la política de entreguismo y la violación a nuestras conquistas sociales; que hoy tienen a decenas de maestros y maestras en huelga de hambre. Para muestra un botón: Ni se había enfriado la tinta con que se firmó el acuerdo de Cartagena, cuando los golpistas arremetieron con gases y bala viva en el Instituto Jesús Aguilar Paz, capturando a mansalva estudiantes; desalojaron a humildes vendedores ambulantes en el Parque Central; y asesinaban a dirigentes campesinos en el Aguan. Con un régimen así no vale ninguna “reconciliación” sino enfrentarlo con la lucha popular.
Por si eso no bastara, el compañero Mel Zelaya llegó tratando de convencernos de que el Acuerdo deCartagena, que permite el retorno del Estado de Honduras a la OEA, y que, por consiguiente, permite el blanqueo del Golpe de Estado y el fortalecimiento económico de esta dictadura, es un “triunfo” del Pueblo y que permitirá la democratización del país. Nada más falso.
Si uno lee el Acuerdo se verá que los golpistas no cedieron absolutamente en nada. Se aseguraron de que con su firma el compañero Zelaya respalde toda la institucionalidad tal como está, sin cuestionarla; que el respeto de los derechos humanos queda en manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que en todo este tiempo ha mostrado que es un aliado del régimen; que la convocatoria a la Constituyente (que ya no sería originaria ni auto convocada) dependerá de un plebiscito que está en manos de los golpistas; que la inscripción del FNRP como fuerza político electoral (por cierto algo que las bases nunca han aprobado) también dependerá de la Ley Electoral del golpismo sin que ni siquiera se exija reestructurar el Tribunal Supremo Electoral, hoy dominado por los partidos de la oligarquía. Ni aún la anulación de los juicios que sirvieron de base jurídica para su retorno pueden considerarse un logro, ya que su reactivación depende de que los golpistas levanten un dedo. A cambio de nada, el régimen golpista hará una entrada triunfal en la próxima Asamblea General de la OEA, con la única oposición –digna de felicitar por cierto—del gobierno ecuatoriano.
En fin, ese acuerdo es un acuerdo de rendición por el cual el compañero Zelaya no debía sentirse orgulloso, y mucho menos pretender que la Resistencia lo acepte.
Por supuesto que celebro saber que el compañero Manuel Zelaya está de nuevo en Honduras, porque nunca debió ser echado de su tierra. Su retorno (no el acuerdo firmado) es un logro indirecto de la presión del Pueblo, de casi dos años de sacrificios, no de la buena voluntad del régimen de Lobo; así que a este no hay nada que agradecerle. Lo que incomoda es la política reconciliadora con la que vino, pues esa política deforma ese triunfo convirtiéndolo en un inmerecido espaldarazo al régimen de Porfirio Lobo Sosa, en lugar de convertirlo en un motivo para la lucha contra la dictadura.
El compañero Mel no puede comprometer ni firmar nada a nombre de la Resistencia que no sea decidido colectivamente por las instancias de conducción, en especial los acuerdos de la Asamblea Nacional del FNRP, mucho menos algo que traicione la causa por la cual fue elegido Coordinador Nacional de este portentoso movimiento popular.
La sangre de nuestros mártires es demasiado cara para que sea profanada.
Representantes de más de 30 organizaciones civiles mexicanas exigieron la libertad para todas las personas detenidas en Honduras y en especial de las cinco maestras acusadas de sedición y protesta ilícita, y demandaron garantizar la vida de las mujeres y su derecho a manifestarse en contra de las políticas que las afectan y por las violaciones a sus derechos humanos.
Durante la manifestación realizada el pasado día 8 en la representación de la Embajada de Honduras en México, las activistas y feministas entregaron la carta que contiene éstas y otras demandas, a Carolina Medina, titular del área jurídica de la representación hondureña, quien se comprometió a entregarla al embajador Mariano Castillo y a la Secretaria de Relaciones Exteriores en ese país.
En la misiva, las organizaciones también pidieron investigar y sancionar a los responsables de atacar a las y los manifestantes, haciendo valer la constitución hondureña, que garantiza a la ciudadanía el derecho a manifestarse de forma pacifica.
Con la consigna ¡Ni golpes de Estado, ni golpes para las mujeres! las activistas manifestaron su rechazo a la violencia y persecución contra las defensoras de derechos humanos y activistas hondureñas así como a la impunidad por las agresiones y asesinatos cometidos contra ellas pues dijeron, más del 90 por ciento de los casos siguen impunes.
Marusia López Cruz, integrante de las organizaciones Asociadas por lo Justo y de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, informó que en lo que va de 2011 se registraron 50 casos de feminicidio, mientras que durante 2010 ocurrieron cinco asesinatos de defensoras de derechos humanos.
La activista denunció la crítica situación que enfrentan las mujeres y el pueblo hondureño, debido al incumplimiento de los compromisos internacionales “con la democracia y los derechos humanos”, que adquirió Porfirio Lobo, al asumir la presidencia de Honduras, en enero de 2010.
Cabe recordar que la organización internacional Human Rights Watch (HRW) documentó en su informe titulado “Después del Golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras”, 47 casos de amenazas y ataques, incluidos 18 asesinatos contra periodistas, defensores de DH y activistas políticos que ocurrieron después de que Lobo Sosa asumió el poder en enero de 2010.
Ante ello alertó que hasta que las autoridades hondureñas sancionen a los responsables de la violencia en contra de opositores al régimen actual, “podrá restablecerse la confianza en el sistema democrático del país”.
Para lograrlo, HRW indicó que el gobierno de Honduras, encabezado por Porfirio Lobo Sosa, debe tomar medidas concretas para que los agresores rindan cuentas y para que este tipo de acciones no se repitan.
La falta de sanciones, sumada a la violencia y a las amenazas continuas, “han logrado inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política en esta nación”, sobre todo entre quienes se opusieron al golpe de Estado, menciona HRW.
Agregó que después del golpe de Estado, que inició en junio de 2009, las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de DH, como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, así como la imposición de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y de reunión.
PROTESTA INTERNACIONAL
A la manifestación que se realizó en la Ciudad de México, se sumaron las realizadas de manera simultánea en consulados y representaciones del gobierno hondureño en Guatemala, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.
De igual modo, las asociaciones mexicanas junto con las de quince países más, anunciaron que enviarán por diversos medios una solicitud a Navy Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, y a Rashida Manjoo, relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer, para que emitan un comunicado conjunto de rechazo a la “política de represión” en Honduras.
¡Exigimos la aparición con vida de Juan Chinchilla!
El sábado 8 de enero fue secuestrado el compañero Juan Chinchilla, miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular, como representante de las Juventudes en Resistencia y el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
Juan se ha destacado por su beligerancia en la lucha por el derecho de los y las campesinos a trabajar la tierra, lo que le significó un permanente hostigamiento y amenazas por parte de los grandes terratenientes de la zona, Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, quienes con la colaboración del régimen de facto de Porfirio Lobo, mantienen una represión salvaje contra la población del valle del Aguán.
El secuestro se dio a las 8:00 de la noche del sábado 8 de enero, en el desvío al asentamiento campesino La Concepción, en el municipio de Tocoa, cuando Juan se dirigía hacia su casa. Momentos antes de ser secuestrado, él llamó por teléfono para denunciar que una moto y un carro lo estaban siguiendo. Después se escucharon disparos, pero cuando las personas llegaron, sólo encontraron su moto con dos impactos de bala.
Condenamos vehementemente este hecho. Exigimos el respeto a la vida y la integridad física de nuestro compañero que ha demostrado un extraordinario valor en la lucha por la refundación de Honduras.
Alertamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales para hacer presión sobre este régimen represor que habla una falsa reconciliación y unidad nacional, mientras continúa avalando y participando en crímenes contra personas y organizaciones populares. El FNRP establecerá de inmediato, acciones de presión para lograr la liberación de Juan Chinchilla.
El presidente Porfirio Lobo vincula los crímenes a la delincuencia común, quitándoles contenido político. Siguen impunes la mayoría de los asesinatos de los trabajadores de medios cometidos después del golpe de Estado.
Otro periodista fue asesinado ayer en Honduras, con lo que ya suman diez los trabajadores de prensa asesinados en 2010. Mientras el presidente Porfirio Lobo vincula estos crímenes a la delincuencia común, las organizaciones de derechos humanos denuncian que la represión sigue creciendo en Tegucigalpa.
Al salir de su casa ubicada en el municipio de la Masica, Atlántida (norte), Henry Souza se desplomó. Varios sujetos, aún no está confirmado el número, lo acribillaron a balazos. Según relataron los vecinos de la zona, los atacantes tuvieron tiempo para fugarse en bicicleta. Al cierre de esta edición, no se había dado a conocer información oficial acerca del asesinato del comunicador, que era corresponsal de la importante emisora HRN en la ciudad de La Ceiba y que también trabajaba en el canal Cablevisión del Atlántico.
Jorge Abilio Díaz, propietario de esa emisora televisiva, dijo que el crimen habría sido perpetrado por sicarios y agregó que conocería los posibles móviles del asesinato. Según publicó la prensa local, el padre de Suazo sería un reconocido dirigente campesino en ese sector. “En ese lugar, hay una lucha de las comunidades por el uso de los ríos. Puede ser que Souza haya prestado su micrófono a la población y esté vinculado a eso su asesinato, aunque no lo tengo confirmado”, explicó a Página/12 Bertha Oliva de Nativí, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Con el asesinato de Souza, son diez los periodistas que fueron asesinados en Tegucigalpa. Según publicó el diario hondureño La Tribuna, las víctimas son Joseph Hernández Ochoa (Canal 51), David Meza (Radio El Patio), José Bayardo Mairena y Víctor Manuel Juárez (Radio Súper 10), Nahum Palacios (Televisión del Aguán), Luis Chévez (emisora W105), Georgino Orellana (canal de San Pedro Sula), Nicolás Asfura (periodista radial) y Luis Arturo Mondragón, director de noticias del Canal 19 de El Paraíso. La organización Campaña para un Emblema de Prensa dio a conocer el lunes una lista con los países más peligrosos para ejercer el periodismo. No por casualidad, Honduras ocupó el tercer puesto, detrás de México y Pakistán.
Las organizaciones de prensa y los organismos de derechos humanos denuncian que sigue impune la mayoría de los asesinatos de los trabajadores de medios cometidos después del golpe de Estado que arrancó del poder al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009. El actual mandatario hondureño, Porfirio Lobo, intentó en varias ocasiones sacarles el tinte político a estos crímenes y desligar al gobierno de la responsabilidad por la muerte de los periodistas. Según el gobernante, los homicidios se deben a la “violencia criminal” que sacude al país. “Hay una fina estrategia para justificar toda la persecución que hay y para que ésta aparezca como un crimen común”, declaró Oliva de Nativí.
La violencia y la represión están a la orden del día en Tegucigalpa, según hacen saber las organizaciones humanitarias. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reconoció que en los primeros seis meses de 2010 hubo un promedio de 16 muertes violentas por día. “En el primer semestre de 2010, la tasa nacional de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 36 y podría llegar a 72 al final de 2010 de mantenerse la tendencia actual”, indicó Custodio en un informe reciente. En 2009, Tegucigalpa había registrado una tasa de homicidios por habitante que multiplicaba por ocho al promedio mundial, que el Informe Mundial de la Violencia y la Salud estableció en 8,8.
La semana pasada, Human Rights Watch (HRW) emitió un informe y una recomendación para que el gobierno de Honduras investigue 47 casos de agresiones o amenazas y otros 18 asesinatos cometidos desde enero de este año contra periodistas, militantes políticos y defensores de los derechos humanos. “A pesar de que el presidente Lobo expresó su preocupación por estos casos, en los últimos seis meses atacó directamente a las organizaciones de derechos humanos, a las que acusó de tener intereses políticos”, dijo a este diario Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh). Méndez dijo que aún las organizaciones no manejan cifras definitivas, pero que en 2011 se presentará la investigación que está llevando a cabo la Comisión de la Verdad, de la que es cofundadora Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo.
Día 28 de junio de 2009. En esa fecha, un Golpe destituyó a Manuel Zelaya, mandatario constitucional de Honduras, de la presidencia del país. La respuesta de la población fue inmediata: se crearon manifestaciones, organizaciones de grupos y movimientos de resistencia al golpe. La respuesta del gobierno de facto también fue rápida: violaciones a los derechos humanos y represiones.
Un año y medio después, la situación del país centroamericano parece no haber cambiado mucho. El 27 de enero, Porfirio Lobo asumió como presidente electo después de la contienda electoral realizada el año pasado, no reconocida por la población. Para los integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), se trata de una continuación del golpe.
"El FNRP ha sostenido que Pepe Lobo es la continuidad del golpe de estado ya que el orden constitucional no volvió al orden, lo único que lo hubiera vuelto sería el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente", destaca Betty Matamoros, integrante del Frente.
Prueba de que el golpe continúa en el país es la sistemática violación de los derechos humanos de hondureños y hondureñas. De acuerdo con Matamoros, situaciones vividas por las poblaciones el año pasado continuaron ocurriendo en 2010. "Vivimos la misma situación, bajo represión; los derechos humanos se nos siguen violando sistemáticamente y selectivamente", revela.
En el campo político y económico, Honduras tampoco mejoró. Según la integrante del Frente, el gobierno no es reconocido internacionalmente -lo que agrava la situación interna- y el desempleo y la precarización laboral también empeoraron.
La evaluación es compartida con Ricardo Salgado, investigador del FNRP. Para él, el gobierno de Porfirio Lobo tiene varios "puntos vulnerables", como la ilegitimidad y la falta de control sobre cuestiones críticas. "Hasta ahora, [Lobo] se ha dedicado a dos cosas fundamentales: hacia el exterior trata de maquillar su naturaleza haciendo inconmensurables esfuerzos por convencer al mundo de que en Honduras todo está bien; hacia adentro mantiene una actitud férrea de violación a los derechos humanos; reprimiendo con bestialidad cualquier oposición", observa.
La situación de violación y represión contra la población hondureña puede hasta haber continuado igual, pero los/as resistentes, no. Con un año y medio de lucha contra el Golpe, la resistencia está más madura y, por qué no decirlo, más fuerte.
"Del movimiento espontáneo de rechazo al golpe de estado, pasamos a formar una fuerza con objetivos más definidos, que entiende las implicaciones de la lucha, que se organiza en unidades a lo largo y ancho del país. Hemos logrado que nuestra posición anti imperialista sea no sólo un discurso sino la vocación del pueblo, y vemos con claridad, independientemente de la vía, la necesidad de conquistar el poder político del país", afirma Salgado.
Para Betty Matamoros, el momento del Frente ahora es de consolidación nacional. Según ella, el FNRP ha priorizado los trabajos en tres ejes: organización, formación y movilización. "La lucha de la Resistencia Hondureña se fortalece, las acciones de este año y para el próximo año están encaminadas a la consolidación de las estructuras organizativas nacionales del FNRP, para seguir en la lucha de una agenda social del país. El otro gran tema es cómo construimos el poder popular para la toma del poder", destaca.
Ilustración: Alejandra Karageorgiu
2010
El año 2010 fue difícil para la población hondureña. Además de la prosecución de persecuciones y violaciones, hondureños y hondureñas además tuvieron que lidiar con el aumento de los conflictos agrarios del país y con la aprobación de leyes que perjudican la movilización nacional, como la Ley Antiterrorista, aprobada en noviembre pasado.
Según Matamoros, la lucha por la tierra en el país centroamericano es histórica y aún no existe una política de Estado que beneficie a los campesinos. "Pepe Lobo no ha resuelto el problema, lo agudiza cuando permite la represión y acusa a los campesinos de estar armados", se agrega.
En relación con la Ley Antiterrorista, la resistente cree que se trata de una "estrategia internacional para hacer desaparecer las resistencias de los pueblos". Para ella, la respuesta del pueblo debe ser denunciar tal Ley y seguir en las calles con manifestaciones de repudio contra las violaciones de los derechos.
Perspectivas para el 2011
Como no podría ser de otra manera, el 2011 será otro año de lucha para el Frente Nacional de Resistencia Popular, con acciones que se concentrarán en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con Betty Matamoros, el Frente ya logró recolectar 1,5 millones de firmas de la Declaración Soberana para a autoconvocatoria de la Asamblea Constituyente.
Ahora, el momento actual es para definir estrategias de como realizarla. "(...) debemos buscar los mecanismos de cómo lograrlo, no será fácil pero estamos comprometidos con los que firmaron la Declaración Soberana", asegura.
La afirmación de la integrante de la resistencia es confirmada por Ricardo Salgado, quien garantiza que la Asamblea continúa siendo uno de los objetivos fundamentales de la resistencia. Para él, 2011 será un año para consolidar e intensificar aún más la lucha hondureña.
"Podemos anticipar que creceremos más en 2011, a pesar de que la represión seguramente será más intensa y sistemática. Esperamos consolidar nuestra presencia internacional, e intensificar la divulgación de la lucha que libramos en el país. Las condiciones siguen siendo relativamente adversas, pues aunque nos reprimen con bestialidad, el espíritu del pueblo está muy elevado, y la toma de decisiones y el análisis son cada mes más finos y acertados", prevé.
Burda campaña mediática trata de justificar el despliegue militar impuesto por Porfirio Lobo
Dos semanas después de la masacre de cinco miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), a manos de las guardias de seguridad del productor palmero Miguel Facussé Barjum, la zona del Bajo Aguán vive una nueva pesadilla. La bota militar volvió a pisar esas tierras fértiles que fueron usurpadas para implementar el monocultivo de palma africana. En medio de una campaña mediática que criminaliza la lucha campesina para el acceso a la tierra, las organizaciones de la zona alertan sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.
El Bajo Aguán está nuevamente militarizado. Respaldado por una feroz campaña mediática de los principales medios de comunicación, que denuncian la presencia de grupos irregulares armados y la infiltración terrorista en las organizaciones campesinas de la zona, Porfirio Lobo ha anunciado que va a resolver personalmente el problema.
Centenares de efectivos policiales y militares fueron enviados a la zona, se tomaron las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) y montaron retenes en todas las carreteras, supuestamente en búsqueda de armas de las que aún no hay rastro alguno.
“Porfirio Lobo emitió un decreto con el que intervino administrativamente el INA, en búsqueda de supuestas irregularidades. Las instalaciones siguen tomadas por el Ejército y la Policía, y a diario llegamos a la institución para ver si nos dejan entrar a trabajar”, explicó a Sirel, la presidenta de la seccional de Tocoa del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), Esly Banegas.
A la comisión interventora, encabezada por el director del Instituto de la Propiedad (IP), Pompeyo Bonilla y el Viceministro del Interior, José Zelaya, se le otorgó también la facultad de remover o suspender a los trabajadores.
“Ya no están hablando de buscar armas, sino que comenzaron a revisar las informaciones contenidas en las computadoras y hasta pidieron su decomiso. Nuestro temor -continuó Banegas- es que el verdadero objetivo es enterrar a la institución y acabar con el Sindicato”.
Para la directiva del SITRAINA, esta grave situación acontece en medio de una fuerte campaña mediática de atemorización de la gente y criminalización de los movimientos sociales y campesinos.
“Es un recrudecimiento de la estrategia para defender los intereses de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales. Son ellos que los que mandan y lo van a hacer a punta de armas”, alertó Banegas.
Foto: Giorgio Trucchi
Un plan hegemónico
Según Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y de la UITA, la crisis que se está viviendo en el Bajo Aguán es algo más complejo de lo que se puede creer.
“Desmontaron la reforma agraria, promueven los monocultivos que benefician a los grandes terratenientes, aprobaron leyes que privatizan el sector público que legalizan el trabajo temporal y arrebatan los derechos de los trabajadores.
Es claro -continuó Reyes- que en el país no son las instituciones las que gobiernan, sino una dictadura, un grupo hegemónico golpista que les dicta órdenes, como la de reprimir al pueblo, de criminalizar y satanizar la protesta social.
Hoy más que nunca es necesario luchar por una Constituyente para refundar nuestro país”, concluyó el dirigente sindical.
Yoni Rivas, secretario general del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), responsabilizó a Porfirio Lobo y a los que controlan los hilos de su política errática en el Bajo Aguán, de estar generando una situación insostenible.
“Tratamos de volver a nuestras labores en los proyectos de desarrollo alimentario que tenemos en los terrenos del INA, pero no fue posible porque no hay ninguna garantía de seguridad.
Hay un montaje permanente para desprestigiar al movimiento campesino, vinculándolo con supuestos grupos armados. Condenamos la actitud del señor Porfirio Lobo porque se está prestando a un juego muy peligroso”, dijo Rivas.
El dirigente del MUCA alertó también sobre el peligro que se cierne sobre las organizaciones sociales y campesinas.
“Estamos viviendo días sumamente tensos, sin embargo seguimos exigiendo que se derogue la Ley de Modernización Agrícola, que reconcentró las tierras en pocas manos, y que se implemente una reforma agraria integral.
Queremos producir para garantizar la seguridad alimentaria en la región y en el país. ¡Basta ya de los monopolios de quienes se adueñaron fraudulentamente de las tierras!
Y si estos militares y policías, entrenados a disparar contra un pueblo indefenso, vienen a desalojarnos, una vez más quedará demostrado ante el mundo que aquí no es el Presidente él que manda, sino los poderes fácticos del país”, concluyó Rivas.
Un año después del golpe de Estado en Honduras, los recientes sucesos en Ecuador demuestran que sectores opuestos a los cambios en la región están activos y constituyen una amenaza para los procesos democráticos en marcha.
"Después de Zelaya, el próximo soy yo", dijo el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuando en junio de 2009 militares hondureños secuestraron al mandatario Manuel Zelaya y lo llevaron a la fuerza a Costa Rica. La historia le dio la razón.
Y es que, a pesar de las peculiaridades de cada país, en los acontecimientos de Honduras y Ecuador existe un paralelismo evidente.
Ambas conspiraciones tienen entre sus protagonistas a sectores de la ultraderecha, apoyados por Estados Unidos, que ante la imposibilidad de llegar al poder mediante elecciones intentan alcanzarlo de manera violenta para no perder sus privilegios.
"Los que levantamos la bandera del Socialismo estamos en la mira de fuerzas de la derecha, cuyo amo está en Washington", declaró el jefe de Estado de Venezuela, Hugo Chávez, al conocer lo ocurrido en Ecuador.
Si nos remontamos al 28 de junio del año pasado, recordaremos que Zelaya fue derrocado el mismo día en que se iba a celebrar una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía en torno a futuras reformas constitucionales.
Sectores de la oligarquía, que vieron en la consulta una amenaza a sus intereses, intentaron engañar a la opinión pública con el argumento de que la intención del presidente era extender su mandato más allá de enero de 2010.
Lo sucedido ahora en Ecuador evoca la ruptura institucional en Honduras.
Al igual que Zelaya, Correa fue secuestrado y el pretexto para ello fue la Ley del Servicio Público, cuyo contenido fue manipulado para desinformar a los policías insubordinados.
Si lo ocurrido en Honduras se intentó presentar como una sucesión presidencial, en Ecuador los grandes medios internacionales hablaban de una simple sublevación policial.
Pero el encierro del presidente durante 12 horas en un hospital de la policía, las acciones coordinadas en varias ciudades y la toma del aeropuerto de Quito, pusieron en evidencia que se trataba de un plan para derrocar al gobierno.
Una encuesta realizada por Prensa Latina esta semana arrojó que 66,7 por ciento de los entrevistados consideraron los acontecimientos en Ecuador como un intento de golpe de Estado y de magnicidio.
Afortunadamente en Ecuador, la firme posición de Correa, la movilización del pueblo en defensa de su presidente y la respuesta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, abortaron la intentona.
No ocurrió lo mismo en Honduras, donde la alianza de 10 poderosos grupos de la oligarquía, con las fuerzas armadas, la Fiscalía, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, lograron el derrocamiento de Zelaya y la imposición de un régimen de facto.
Sin dudas, los sucesos en ambos países, como otros intentos de golpe de Estado similares en Venezuela (2002) y en Bolivia (2008), forman parte de una estrategia para acabar con los procesos de cambios y desarticular a los gobiernos progresistas.
Tanto Zelaya como Correa incorporaron a sus países a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un mecanismo basado en la solidaridad, la cooperación y la complementariedad de las economías y no en el libre mercado.
En el país centroamericano, donde 70 por ciento de la población vive en la pobreza, Zelaya destinó amplios recursos para fomentar la producción en el área rural, otorgó créditos a pequeños y medianos productores y extendió los programas de salud y educación.
En el caso de Ecuador, durante el gobierno de Correa la educación y la salud ya son gratuitas, el gasto social se ha multiplicado y las bases estadounidenses han sido expulsadas.
¿Qué sucede cuando un país ordena la salida de una base militar de Estados Unidos, minimiza su relación con Washington, rechaza el modelo neoliberal y al mismo tiempo aumenta su cooperación con Irán y Venezuela?, se preguntaba la investigadora Eva Golinger.
Según la analista venezolano-estadounidense Washington comenzó a mover sus piezas para desestabilizar a Correa el año pasado, luego del golpe de Estado en Honduras.
Sectores de la ultraderecha estadounidense han expresado su apoyo al ex presidente Lucio Gutiérrez, a quien Correa sindicó de estar detrás de la conspiración.
Washington también mantiene contactos dentro de las fuerzas de seguridad de Ecuador y por lo menos uno de los tres coroneles arrestados por intento de asesinato contra el presidente, estudió en la llamada Escuela de las Américas.
Un papel similar asumieron antes, durante y después del golpe en Honduras.
Tras su secuestro, Zelaya fue llevado a la base de Soto Cano (Palmerola), el Departamento de Estado se negó a calificar lo sucedido como un golpe de Estado y congresistas estadounidenses visitaron el país para apoyar a la dictadura de Roberto Micheletti.
Se ha dicho que la consumación de la asonada en Honduras y la impunidad de que gozan los responsables, son el caldo de cultivo para la reedición de otros intentos de derrocar a gobiernos democráticamente electos.
Sólo la unidad de los pueblos en torno a sus gobiernos, la posición de mecanismos de integración como el ALBA y la UNASUR y el rechazo de la comunidad internacional, podrán impedir la repetición de otro hecho similar en la región.
Carmen Esquivel*
(*) La autora es jefa de la Redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina.
Luego de que el fin de semana pasado se registraron ocho asesinatos de mujeres en Honduras, la violencia contra ellas continúa. Hoy se informó de tres asesinatos más, y de la agresión contra dos activistas hondureñas.
La activista Gladys Lanza, dio a conocer que la policía capturó hoy a la dirigente de la Red de mujeres de la zona sur, Juana Montes, “y la golpeó salvajemente”, mientras que Rosa Mariana Ríos, quien encabeza el Frente Nacional de Resistencia Popular, fue intimidada por segunda ocasión en su casa, cuando dos personas le robaron su computadora donde almacena información de su trabajo en el Frente.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Dalila Flores, Coordinadora del Programa de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia, del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, mencionó que los asesinatos en contra de las mujeres se están volviendo “algo muy normal”, debido a que al día ocurren de dos a tres homicidios en este país.
Comentó que el Ministerio Público, todavía no señala a los responsables de los ocho asesinatos, ocurridos durante el pasado fin de semana en Tegucigalpa.
Flores resaltó que a partir del golpe de Estado, contra el gobierno de Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, no hay políticas públicas que garanticen la protección de los Derechos Humanos (DH) y las autoridades no se han hecho responsables ante estos ataques.
El año pasado, se registraron 181 femicidios, con lo que Honduras se situó entre los países de la región mesoamericana con mayor índice de violencia hacia las mujeres. (Cimacnoticias 13 de octubre de 2010)
La Coordinadora del Programa de Atención en Violencia de “Visitación Padilla”, que forma parte de la Campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y México, comentó que al agotar los trámites en su país para denunciar las violaciones a los derechos humanos, en última instancia, acuden a instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Un ejemplo de ello, fueron las medidas de protección concedidas a la defensora de DH Gladys Lanza Ochoa, a quien la CoIDH otorgó medidas cautelares, luego de recibir amenazas de muerte y persecución vía electrónica.
En julio de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado hondureño proteger a la coordinadora nacional de “Visitación Padilla”; no obstante, los incidentes no cesaron pese a la adopción de las medias cautelares. (Cimacnoticias 10 de septiembre de 2010)
Desde el golpe de Estado, la CIDH adoptó alrededor de 200 medidas cautelares (algunas individuales y otras colectivas), pero la mayoría de ellas no han sido cumplidas de manera eficaz por el Estado hondureño.
El pasado 15 de septiembre fueron atacados en un concierto público por la conmemoración del 198 aniversario de la Independencia y del asesinato del General Francisco Morazán, trovadores hondureños de la agrupación Café Guancasco, integrantes del Colectivo Artistas en Resistencia y de Canto de Todos, y ha sido amenazada de muerte nuestra Delegada en Honduras Karla Lara, integrante además del mencionado colectivo y de Feministas en Resistencia
En el brutal ataque, perpetrado por un contingente combinado de la policía y el ejército, además de golpearles, destruir sus instrumentos y robarles a los músicos, fue utilizada una tanqueta de agua a presión y dispararon más de mil bombas lacrimógenas contra niños, jóvenes, mujeres, ancianos y otras personas inocentes que transitaban por la zona, participantes en este concierto cívico.
Acción como ésta deben ser censuradas por toda persona que se precie de ser honrada. Una vez más lamentamos corroborar el carácter fascista del golpe militar que perpetró la oligarquía y la embajada de los Estados Unidos contra los hondureños el pasado año.
En la resistencia popular, legítima defensa de los pueblos oprimidos, participan nuestros hermanos del canto, como debe ser.
Nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Honduras.
Una escalofriante oleada de crímenes de lesa humanidad bajo el nuevo régimen.
Más de 700 violaciones a los derechos humanos -incluyendo doce asesinatos- es el resultado del monitoreo realizado del 30 de enero al 28 de mayo de 2010 por el COFADEH. Ya son más de 9 mil las violaciones registradas desde el golpe de Estado y 544 los “incidentes” contra defensores de derechos humanos.
Faltando pocas semanas para la conmemoración del primer aniversario del sangriento golpe de Estado, Sirel conversó con Bertha Oliva, coordinadora nacional del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para hacer el punto de la situación.
-¿Cuál es el balance sobre los derechos humanos en Honduras después de cuatro meses de gobierno Lobo?
-Lo que hemos logrado recopilar durante estos cuatro meses del gobierno de Porfirio Lobo es algo escalofriante. Es una prueba más de que en Honduras se siguen dando violaciones selectivas y sistemáticas a los derechos humanos, que obedecen a una política de Estado muy fina y silenciosa, y por lo tanto muy peligrosa y preocupante.
-A nivel internacional, el presidente Porfirio Lobo está tratando de presentar una imagen de país diferente, un país en vías de normalización y reconciliación...
-La comunidad internacional, la cooperación y los gobiernos del mundo deben entender que en Honduras los políticos nunca hacen lo que dicen públicamente. Hay una total hipocresía, y cuando anuncian que se instaló un gobierno más humano, de reconciliación y respetuoso de los derechos humanos, los hechos revelan sus mentiras.
Siguen las detenciones ilegales, los acosos, las torturas y los asesinatos. Siguen violando las leyes todos los días. En Honduras siguen imponiéndose las fuerzas económicas y políticas, a través de las instituciones públicas que supuestamente están encargadas de aplicar la justicia.
-¿Hubo un cambio de estrategia represiva en el país a raíz del golpe de Estado?
-Antes del golpe había represión, pero era sobre todo por abuso de autoridad. Ahora la mayoría de las violaciones a los derechos humanos se dan por razones políticas y los represores han afinado sus instrumentos y métodos.
Para las organizaciones de derechos humanos, actualmente es más difícil trabajar con base en patrones de violencia. La estrategia es más fina y diversificada, y los represores son más atentos a no dejar huellas.
Es una política de Estado sistemática, acompañada por una campaña mediática más cínica y agresiva de los medios corporativos de comunicación, que apunta a desarticular cualquier tipo de trabajo o experiencia organizativa y social.
Lo vemos en estos días con el cierre de la radio comunitaria de Zacate Grande, la persecución de sus líderes, la represalia laboral y judicial contra los sindicalistas de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) y el despido de jueces y magistrados que se opusieron al golpe.
Llevan semanas en huelga de hambre y no hay ninguna intención de resolver el conflicto. Están creando crisis disfrazadas de legalidad, imponiendo el derecho bajo los conceptos usados durante el golpe militar
-También hay señales muy preocupantes. ¿Las amenazas y los ataques que sufrieron directivos del STIBYS y la campaña para desprestigiar a la dirigencia de la Resistencia son parte de esta estrategia?
-El COFADEH está muy preocupado por lo que ocurrió en los días pasados. Hay señales claras de que las amenazas contra Carlos H. Reyes, el asalto a la sede del STIBYS en San Pedro Sula y la campaña de desprestigio en contra de los dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) son parte de esa misma estrategia represiva.
Una estrategia que quiere acallarnos, dominarnos, dejándonos sin el derecho que tenemos a organizarnos y protestar por lo que está ocurriendo en el país. Hasta el momento la Fiscalía no ha dicho absolutamente nada sobre estos hechos.
-El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, condicionó el retorno de Honduras a esta instancia al regreso “en absoluta tranquilidad” del ex presidente Manuel Zelaya. ¿Qué opina de esta propuesta?
-Tiene todo el derecho de hacerla, pero no tiene el derecho a manipular las mentiras. Este gobierno sigue mintiendo a la comunidad internacional y se propone de contrarrestar el proceso de unidad y organización que surgió después del golpe.
No se puede negociar el retorno del presidente Zelaya a cambio de su seguridad, y creemos que no es justo considerar un regreso de Honduras a las instancias internacionales mientras no se den señales de verdadera convivencia en democracia, respeto a los derechos humanos y una correcta aplicación de la justicia.
Tenemos más de 700 violaciones a los derechos humanos desde que asumió Porfirio Lobo. Hay que mantener el aislamiento de Honduras hasta que las fuerzas represoras recapaciten, den una señal clara de arrepentimiento y acepten responder por los delitos que han cometido.
Nosotros vamos a seguir denunciando y trabajando, aun a sabiendas de que en cualquier momento pueden tratar de cortar nuestras voces.
Aquí nadie se está reconciliando con nadie. Al contrario, los que tienen el control del poder y de las armas, los que han asaltado las instituciones del Estado, siguen con su estrategia homicida y no les importa lo que dice la comunidad internacional.
-¿Qué aniversario va a ser el próximo 28 de junio?
-Va a ser un encuentro que el mundo va a tener con el pueblo hondureño. No hay por qué llorar, al contrario, vamos a abrazarnos y a celebrar, porque nos dimos cuenta de que hay millones de personas en el planeta que expresaron su solidaridad, y que sufrieron cuando sintieron que Honduras estaba siendo atacada.
En esta fecha vamos a instalar la Comisión de Verdad Alternativa. Va a ser un buen mensaje para buscar la memoria, recuperar la historia. Para decir a los pueblos del mundo, al gobierno de Honduras que prefirió ser la continuación del golpe, que siguen dándose violaciones, que no fue una sucesión constitucional, sino un golpe militar.
El 28 de junio hay que vivirlo con alegría, pensando que hace doce meses el pueblo despertó y lo sigue demostrando en las calles.
En la Asamblea General de la OEA que se realiza en Lima, Hillary Clinton tanteó a los demás cancilleres para lograr la reincorporación de Honduras.
La mayoría de los países latinoamericanos se mostró renuente para abrirle la puerta al presidente Porfirio Lobo, porque no ha tomado ninguna medida contra los militares que dieron el golpe en su país. Clinton desistió y el consenso fue que la OEA no trataría ese tema en público. No quieren poner más en evidencia la debilidad de Lobo y tampoco quieren que cualquier medida contra los golpistas sea interpretada como una imposición. Por historia y por sobrevivencia, el golpismo militar siempre será importante para los gobiernos civiles de la región, nunca un tema menor. Por eso las declaraciones del embajador chileno en Buenos Aires, Miguel Otero, producen tanto ruido.
No solamente es una cuestión histórica. Las mayorías en este país y en todo el mundo detestan a Pinochet. Se lo detesta por lo que hizo en Chile y por lo que cada pueblo emparenta con cosas que sucedieron en sus propios países. Y de la misma manera se rechaza la idea del golpe militar.
En los años ’70 solamente dos o tres países de la región no tenían dictaduras militares. En muchos casos, como en el argentino o el boliviano, había dos o tres golpes por año. Era una lacra que empastaba la vida económica y social, impedía cualquier tipo de progreso y promovía la violencia. Y no se veía ninguna salida de ese infierno, porque, además, los gobiernos norteamericanos, las jerarquías eclesiásticas y los capitales concentrados y transnacionales estimulaban y eran favorecidos por él.
El golpismo es un camino de ida. No hay nada más fácil que entrar y después es casi imposible salir. Y además, la tentación es permanente, aunque hayan pasado años sin que se ejerza. Por eso, la mejor forma de tratarlo en la actualidad es como si fuera el virus de la viruela. Apenas queda suelto, hay que aislarlo y combatirlo. No se puede hacer ninguna concesión porque cada una que se haga será el escalón que tendrá el siguiente.
A Clinton, la tozudez de casi todos los gobiernos sudamericanos frente a Honduras puede parecerle irracional porque no vivió ni entiende el fondo de esta historia y las sensibilidades lógicas que despierta. Pero en ese tema tiene razón la intransigencia. No sólo se cuidan ellos mismos de un contagio, sino que además así también apuntalan el poder democrático en Honduras.
En ese contexto aparece el embajador de Chile y habla de Pinochet en los mismo términos en que lo hicieron los golpistas hondureños. En eso no hay originalidad. El golpe en Honduras se produjo unos meses antes de que finalizara el mandato de un presidente democrático y hubiera elecciones. No tenía sentido. Fue pura demostración de fuerza. Un ejemplo que se proyecta hacia todas las situaciones de crisis política o social que se puedan producir en América latina.
Las palabras de Otero parecen calcadas de las del presidente de facto hondureño Roberto Micheletti. Claro que Pinochet es más conocido que el golpista centroamericano. Justifica el golpe porque con Salvador Allende “no se podían comprar productos importados”. Y dice, como todos los golpistas, que la mayoría de los chilenos no vivió a Pinochet como un dictador.
Ningún gobierno, sea de Chile o de cualquier otro país, del color político que fuere, tiene derecho a enviar embajadores que se expresen de esa manera, que vayan en detrimento del esfuerzo por apuntalar los procesos democráticos que se abrieron en las últimas décadas. Eso es independiente del debate interno en Chile con los pinochetistas.
Puede parecer un cavernícola, un anacrónico o que sus palabras no pesan. Pero es como la viruela. Está erradicada desde hace muchos años y nadie se cruza de brazos: ante el primer síntoma se reacciona con energía, se toman todos los recaudos. Hablar bien de las dictaduras o del golpismo tiene un eco interno aunque se hable de Pinochet, no es aconsejable que lo hagan embajadores en esta parte del mundo.
Ante el elevado número de feminicidios ocurridos en Honduras, ocho organizaciones y redes de mujeres han formado la "Tribuna de Mujeres Contra los Feminicidios". Bajo esta plataforma impulsan la Campaña Nacional contra los Feminicidios, que trata de impulsar el cambio necesario para terminar con la impunidad de los agresores.
"Dicen que él la mató porque ella ya le había dicho que no quería andar con él. Él la maltrataba, pero ella no nos decía nada a nosotros. Hubo testigos que vieron cuando la mató, pero la policía no lo ha detenido... ella era una hija excelente", comenta Gladys Castro, madre de Yinia Leonor Martínez, quien fue asesinada por su ex-pareja a inicios de este año.
Además de su madre, a la víctima le sobreviven dos hijos; uno de 10 años y otro de 4. Yinia era originaria de Tegucigalpa y formaba parte del Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" (Las Chonas), organización que se pronunció contra la violencia doméstica que vivimos millones de mujeres en el mundo.
"Yinia Leonor fue asesinada por el hecho de ser mujer, es un caso representativo de la criminalidad feminicida que sucede a diario en Honduras y todo ocurre sin que las autoridades hagan algo al respecto; durante el año pasado, unas 425 mujeres fueron asesinadas y sólo el tres por ciento de los casos se encuentran correctamente investigados", comenta Gladys Lanza, coordinadora de "Visitación Padilla".
De acuerdo con la Fiscalía de la Mujer, cada año se registran unas 16.000 denuncias de violencia contra las mujeres, cifra que debería ser una señal de alerta de la alta incidencia de esta problemática, aún más si se toma en cuenta que en la mayoría de los casos la violencia no se denuncia por falta de conocimiento sobre sus derechos y las leyes, falta de instancias en las comunidades rurales, barreras tangibles para las mujeres asociados a la pobreza y marginación, entre otras.
La cifra de mujeres asesinadas en Honduras, durante la presente década, asciende a más de 1.300 feminicidios en los últimos 6 años, de los cuales sólo 54 han sido juzgadas. Dalila Aguilar, socia de la Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Paz (COMUCAP), manifestó que ellas "son asesinadas por el hecho de ser mujeres, por el sentido de cómo nos ve el hombre a nosotras, por la cultura machista y patriarcal".
Según el informe preliminar “Feminicidios en Honduras”, desarrollado por Oxfam Internacional, la población más afectada en el caso de Honduras son mujeres jóvenes, de entre 16 y 30 años de edad. A pesar de que el Gobierno no se refiera a ello,
Honduras ocupa el segundo lugar en Centroamérica, después de Guatemala, en asesinatos de mujeres, informó la Coordinadora de Estrategias de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) de México, Carolina Velázquez, quien sostuvo que la media internacional de muertes violentas de mujeres al año es de 19 por cada millón, y los feminicidios en Honduras sobrepasan el doble de este promedio.
Un ejemplo de que el gobierno no hace nada para frenar esta ola de violencia contra las mujeres es que en el Plan de Nación (2010-2022), aprobado en enero por el Congreso Nacional, el término de "feminicidios" no aparece en ningún párrafo.
El fenómeno de la violencia contra las mujeres y los feminicidios están totalmente invisibilizados en este documento de casi 200 páginas, a tal grado que ni se mencionan. La realidad es innegable y, por más que lo desee el Gobierno, es imposible de invisibilizar: cada día las cifras de violencia contra las mujeres ascienden y se comete más de un feminicidio al día en contra de las mujeres hondureñas.
Por ello y ante el aumento de este fenómeno, el manejo sensacionalista de los medios de prensa y la ausencia de respuesta del Estado para investigar adecuadamente los casos de muerte violenta de mujeres y juzgar a los culpables, ocho organizaciones y redes de mujeres con un extenso trabajo frente a la violencia contra las mujeres formaron la "Tribuna de Mujeres Contra los Feminicidios" e impulsaron la "Campaña Nacional Contra los Feminicidios".
"La Campaña pretende contribuir a la disminución del índice de violencia contra las mujeres y los feminicidios en Honduras, queremos dejar en evidencia la impunidad que prevalece y la urgente necesidad de que el Estado imparta justicia ante los culpables de estos crímenes", comenta Dulce Ulloa, representante de la Organización Intibucana de Mujeres "Las Hormigas", entidad integrante de la Campaña.
José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con el mandatario hondureño, Porfirio Lobo, en Madrid. Junto a los otros presidentes centroamericanos, firmaron un Acuerdo de Asociación entre los bloques regionales. La vuelta de Honduras a los foros internacionales.
Mientras en Washington Barack Obama y Felipe Calderón le prometían respaldo, en España el presidente hondureño Porfirio Lobo recibía otro apoyo crucial, el del presidente pro témpore de la Unión Europea, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Lo recibió y luego firmaron, junto a los otros mandatarios centroamericanos, un Acuerdo de Asociación entre los bloques regionales. Lobo escuchó críticas y dudas, y no pudo participar de la cumbre anterior con el resto de América latina, pero el viaje fue una victoria política. “Después de haber estado aislado completamente por siete meses, realmente esto es un éxito para nosotros”, celebró ayer en Madrid el ministro hondureño de Comunicaciones, Miguel Angel Bonilla.
Zapatero se sacó la foto con Lobo, sonrió y conversaron en privado, pero no hubo conferencia de prensa conjunta. El único que habló –con mucha emoción– sobre el encuentro fue el presidente hondureño. Se mostró receptivo a las críticas y, principalmente, a revisar la cuestionada ley de inmunidad, que logró proteger a los responsables del golpe de Estado pero no garantizar la vuelta al país del ex mandatario derrocado Manuel Zelaya, quien sigue refugiado en República Dominicana. “A Rodríguez Zapatero le pedí lo mismo que le dije a la OEA, o sea, una comisión de juristas que revise la amnistía, para que consideren si hay algo que reformar”, planteó el mandatario, electo bajo la dictadura cívico-militar de Roberto Micheletti.
Lobo sugirió una fórmula que Europa ya aplicó en Guatemala. La importación de un fiscal especial, ajeno a los conflictos de intereses locales y a la corrupción endémica de los pequeños países centroamericanos, la mayoría con un largo historial de gobiernos de facto y autoritarios. En Guatemala desde hace dos años funciona la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, encabezada por el jurista español Carlos Castresana, el hombre que logró desactivar la peor crisis política de los últimos años al investigar un asesinato que tenía como principal sospechoso al presidente Alvaro Colom.
Según el mandatario hondureño, Zapatero habría aceptado enviar a alguien a Tegucigalpa. El trabajo de ese fiscal no sería sólo analizar la ley de amnistía, sino también todos los procesos judiciales que aún penden sobre la cabeza de Zelaya. La concesión no es casual. En Madrid, los presidentes centroamericanos y las autoridades de la Unión Europea le recordaron a Lobo que la vuelta del ex presidente depuesto era una condición necesaria para normalizar las relaciones entre el pequeño país y el resto del mundo. En el caso de sus vecinos, el objetivo principal es que reingrese al Sistema de Integración Centroamericano (SICA), un primer paso obligado antes de negociar la vuelta a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde encontrará más resistencia.
Lobo repitió que Zelaya puede volver cuando quiera, que la Justicia no lo perseguirá. Pero mientras él reiteraba esa promesa, desde Washington la organización Human Rights Watch condenaba la decisión de la Corte Suprema hondureña de remover a cuatro jueces, todos abiertamente críticos al golpe de Estado contra Zelaya. Lobo tomó distancia de la decisión judicial, pero no la cuestionó.
Más allá de los gestos y guiños que adornaron las reuniones de ayer en Madrid, lo cierto es que la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica marcó el retorno de Honduras a los foros internacionales. Lobo, Colom, su par panameño Ricardo Martinelli, el salvadoreño Mauricio Funes y la nueva presidenta costarricense Laura Chinchilla sellaron un tratado muy similar al de Libre Comercio con el mayor bloque regional del mundo. El único ausente fue el nicaragüense Daniel Ortega, quien mandó a su ministro de Comercio.
El acuerdo, que también incluye promesas de cooperación y de apoyo político, se centra en lo comercial. A partir de ahora Centroamérica podrá exportar por año a la UE 10 mil toneladas de carne, valuadas en unos 42 millones de euros, y 20 mil toneladas de arroz, otros ocho millones de euros. Los europeos, a cambio, tendrán luz verde para exportar todos sus productos industriales sin pagar ningún tipo de aranceles.
Manuel Zelaya, el presidente hondureño derrocado el año pasado por un golpe de Estado, entregó ayer a Rafael Correa una propuesta de “Acuerdo Político para el Restablecimiento de la Democracia y Reconciliación Nacional” para Honduras. Zelaya reclamó que en su país se imponga “una agenda de respeto a los derechos humanos que están siendo violados”.
En su condición de titular pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el presidente Correa recibió la propuesta de Zelaya, quien agradeció “la apertura que le brinda el bloque para hacer planteamientos” para su país. En los últimos días, la unión de naciones hizo oír su veto a la concurrencia del actual presidente Porfirio Lobo a la cumbre que, la semana próxima, se realizará entre la Unión Europea y América latina. El mandatario ecuatoriano se comprometió con Zelaya a analizar el documento y a comunicarse con sus pares latinoamericanos.
En su presentación, “Mel” reclamó garantías constitucionales para que los exiliados puedan retornar a Tegucigalpa. “Los hondureños no podemos vivir en el destierro ni en el exilio.” Además, exigió: “Que se nos respeten todos nuestros derechos civiles y políticos. Que cese la persecución en contra de los que hemos denunciado ese golpe de Estado militar el pasado 28 de junio”. En su escrito, el mandatario derrocado demandó “la separación de sus cargos de los principales responsables del golpe de Estado civil y militar, que se encuentran ocupando los organismos de Justicia y cargos ministeriales”.
Con la intención de acallar algunas denuncias, Lobo anunció la semana pasada la creación de una Comisión por la Verdad, que generó el rechazo de organismos de derechos humanos. En respuesta a esta iniciativa gubernamental, algunas personalidades como los Premios Nobel Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel conformarán una contra-comisión para investigar los delitos que Zelaya denunció.
Si camina como un pato y dice cuac, debe ser un pato. Más allá de algunas formalidades importantes, el gobierno de Porfirio Lobo (foto) en Honduras se parece demasiado a una dictadura. O por lo menos a lo que muchos argentinos entendemos por dictadura.
Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe lapidario. “Deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras” desde el título y cuenta cosas que suenan conocidas.
“La CIDH condena y lamenta los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de Estado, registrados el último mes en Honduras. Asimismo, la CIDH deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas de la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresa también su profunda preocupación ante la información obtenida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido asesinados.”
El informe pasó desapercibido en los grandes medios que entonces desplegaban la noticia de Orlando Zapata Tamayo, quien había muerto haciendo huelga de hambre en una cárcel de Cuba. Uno no puede defender que un recluso muera de inanición en su celda, ya sea prisionero de conciencia o delincuente común. Pero ésa es otra historia.
El caso es que al mismo tiempo, no muy lejos de Cuba y casi en silencio, un grupo de represores, escuadrones de la muerte activados por un golpe de Estado, inventaba una nueva metodología terrorista para suprimir la protesta social: usar a los hijos.
“La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la ciudad de Danlí, departamento de Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado Siempre al Frente con el Frente, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días, durante los cuales habría sido maltratada físicamente.
“Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron un vehículo en el cual viajaba la joven junto a su hermano, su hermana y otras dos personas, cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, ‘a ver si esta vez los denunciaba’. Los cinco fueron obligados a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente, la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas.”
Quizá la denuncia no llamó la atención porque no fue nada a contracorriente de los últimos acontecimientos a nivel regional. En la cumbre de Cancún del mes pasado, Brasil dio luz verde para el regreso de Honduras a la Organizacion de los Estados Americanos. No es un dato menor. Además de ser el país más poderoso de Latinoamérica, Brasil había sido el que más se había comprometido con la continuidad democrática en Honduras, al punto de albergar durante varios meses en su embajada de Tegucigalpa al presidente derrocado, con la esperanza de que el golpe se pudiera revertir.
La semana pasada, bajo la atenta mirada de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, de gira por la región, los países de Centroamérica, incluida la Nicaragua sandinista, aceptaron el regreso de Honduras al organismo regional, SICA, y comprometieron su apoyo para su vuelta a la OEA. Horas más tarde, el flamante presidente salvadoreño y referente del frente Farabundo Martí, Mauricio Funes, fue recibido por Obama en el Salón Oval, un logro que líderes de países más importantes y gobiernos más afines todavía esperan concretar. Al salir de la reunión, Funes abogó por la reinserción de Honduras en la comunidad internacional.
El aislamiento ha terminado. Las elecciones hondureñas del 29 de noviembre promovidas por Estados Unidos fueron razonablemente participativas, aunque hasta el día de hoy no se conoce bien el nivel de abstención que tuvieron, ya que ningún organismo internacional de talla las monitoreó. Pasó el tiempo, Brasilia y Washington arreglaron sus cuitas y Manuel Zelaya, el presidente derrocado, quedó en el olvido. Salvo honrosas excepciones, claro está.
Pero como todo fruto de un árbol envenenado, el gobierno electo de Porfirio Lobo ha continuado ciertas prácticas de la dictadura que son mortales para la salud de cualquier democracia que se precie de tal.
La persistencia del terrorismo de Estado en Honduras no es casual. En este gobierno el dictador Goriletti ocupa una banca de diputado vitalicio y el general golpista Romeo Vázquez Velázquez ha sido premiado con un puesto gerencial en la telefónica estatal.
Para colmo, la seguridad está a cargo del sobrino y ladero del militar que introdujo a los represores argentinos de la dictadura que llegaron a Honduras en 1979 para enseñar su metodología terrorista.
En efecto, el secretario de Seguridad de Lobo es Oscar Alvarez. El funcionario es sobrino del general Gustavo Alvarez Martínez, graduado en el Colegio Militar de El Palomar en los años ’70, jefe de las fuerzas armadas hondureñas entre 1982 y 1984, el más notorio violador de derechos humanos de su país, confeso admirador de la dictadura argentina y huésped en Palmerola del destacamento del Batallón 601 enviado a Centroamérica para dictar cátedra sobre torturas y desapariciones.
El actual secretario de Seguridad es además el arquitecto de la política de súper mano dura contra las “maras” o pandillas, cuando ocupó el mismo cargo que tiene ahora durante la presidencia de Ricardo Maduro (2002-2006). A su cruzada contra la “delincuencia” de jóvenes sin futuro ahora le ha acoplado un nuevo enemigo, los “subversivos” sobrevivientes de la campaña de aniquilación del tío Gustavo.
Es bajo su política de seguridad que aparece una nueva forma de terrorismo de Estado. Ya no se ataca frontalmente a los blancos elegidos, sino que se hace a través de lo que esas personas más quieren, que son sus hijos. Para lograr mayor eficiencia se hace gradualmente, desde la amenaza de muerte a la violencia física y al asesinato liso y llano, buscando así quebrar a los padres para que desistan de sus activistas políticas.
Como suele pasar en estos casos, la represión persigue fines tanto políticos como económicos, ya que los líderes de la resistencia son también, en muchos casos, líderes comunales y sindicales, especialmente del gremio docente, el más activo de la resistencia. Y los mismos empresarios mediáticos y grupos económicos que apoyaron el golpe hoy se benefician con el clima de terror que siembran las patotas activadas por Romeo y Goriletti, que hoy actúan a la sombra del manto de legalidad que consiguieron Alvarez y Lobo.
Está bien. Lo hecho, hecho está. Los hondureños eligieron y es lógico que no quieran volver atrás. El tiempo pasó. Pero en el apuro de Washington y Brasilia por cerrar este desagradable capítulo, no estaría de más exigirles que en vez de preparar una fiesta de bienvenida le exijan a Honduras un mínimo respeto por los más elementales derechos humanos.
Porque un pato es un pato y ya sabemos lo que hacen los patos. Hacen lo que hacen porque no saben hacer otra cosa, y también lo hacen porque no pueden parar.
Continuaron los asesinatos, persecuciones y torturas durante las fiestas tradicionales. Estados Unidos bendice al régimen golpista. La comunidad internacional brilla por su ausencia.
No ha parado ni un solo instante la política del terror implementada desde el pasado 28 de junio en Honduras, reanudando el hilo de la violencia sistémica de los años 80. Las organizaciones de los derechos humanos hondureñas siguen denunciando asesinatos, persecuciones, amenazas y torturas contra miembros de la Resistencia, así como los preocupantes episodios de violencia contra periodistas comprometidos con la lucha contra el golpe de Estado y el burdo intento del gobierno de facto de hacer “borrón y cuenta nueva” de todo lo que ha ocurrido en los últimos seis meses.
El Departamento de Estado norteamericano, a través de su funcionario Craig A. Kelly de visita en Honduras, pidió nuevamente al presidente de facto, Roberto Micheletti, abandonar el poder antes del 27 de enero, fecha del traspaso de mando, y secundó la propuesta del futuro presidente Porfirio Lobo Sosa de decretar una amnistía generalizada que incluya al propio presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales.
De esa manera, la administración Obama y varios países europeos pretenden limpiarle la cara al nuevo gobierno y hacerlo aceptable para el resto de la comunidad internacional. Sin embargo, ni siquiera una sola palabra ha sido pronunciada sobre los innumerables casos de violación a los derechos humanos que continúan ensangrentando al país.
Para el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que el pasado 1 de enero realizó un plantón en la Plaza La Merced, rebautizada Plaza de los Desaparecidos, frente al Congreso Nacional, en Honduras “opera un escuadrón de la muerte con infraestructura terrorista, responsable de ejecuciones, persecución y muertes selectivas contra miembros de la Resistencia, con el pleno conocimiento de la Policía y el Ejército”.
En un documento dado a conocer en esta ocasión, esta histórica organización denuncia que “existe un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por la misma estructura que rompió el orden constitucional el 28 de junio de 2009”.
Las ejecuciones de Walter Tróchez y Edwin Renán Fajardo, editor de los documentales y reportajes producidos por el periodista César Silva, además de los secuestros y ataques continuados al personal del periódico El Libertador y de Radio Globo, confirmaría la existencia de esta infraestructura asesina que apunta a sembrar el terror entre los miembros de la Resistencia.
“Hoy estamos transitando los primeros días de 2010, y lo hacemos bajo una atmósfera de terror, con la cual los golpistas civiles y militares, nacionales y extranjeros, pretenden silenciar las voces de millones de legítimos hondureños y hondureñas, que rechazamos la violencia como forma de dirigir el consenso y gobernar el Estado”, continúa el documento.
Navidad ensangrentada
Edwin Renán Fajardo Argueta, de 22 años, miembro activo de la Resistencia, fue asesinado el pasado 22 de diciembre en su departamento en Tegucigalpa, y sus asesinos trataron burdamente de simular un suicidio por ahorcamiento. En los días anteriores al asesinato, Edwin Renán Fajardo había comunicado a sus amigos sentirse preocupado porque había estado recibiendo varios mensajes de texto amenazantes en su celular.
César Silva, periodista independiente comprometido con relatar y denunciar a través de sus videos los horrores del golpe de Estado, fue bajado de un taxi por tres hombre armados el pasado 28 de diciembre y fue llevado a una cárcel clandestina donde fue golpeado repetidamente para que diera informaciones sobre la Resistencia y supuestos depositos de armas provenientes del extranjero.
“En la madrugada entró uno de los secuestradores. Me tomó por el cuello, me tiró al suelo, me pateó y me puso una silla en el cuello para ahogarme. Me echó una bolsa de agua en la nariz. Me estaba asfixiando, y él intentó meterme la bolsa en la boca. Pero de afuera le gritaron: `Ya te dije que no te metas a pedos (en problemas), ¡Dejalo!’”, contó el periodista a la prensa internacional.
Al llegar a las oficinas del COFADEH, después de haber sido liberado tras 24 horas de interrogatorio salvaje, Silva relató que los secuestradores le dijeron que tenía un ángel guardián que abogó por su vida.
Más periodistas amenazados
El corresponsal de Prensa Latina, Ronnie Huete, el periodista de Radio Globo, Rony Martínez y la joven periodista de El Libertador, Suny Arrazola fueron repetidamente amenazados de muerte por celular y costantemente hostigados, mientras que el editor de ese mismo periódico, René Novoa, fue brutalmente agredido y golpeado por miembros del Ejército y la Policía mientras estaba en un taxi.
Desde el golpe de Estado, los periodistas de El Libertador han estado sometido a una constante represión y su reportero gráfico Delmer Membreño tuvo que irse al exilio después de haber sido secuestrado y brutalmente torturado.
La brutalidad de este régimen opresor se ha ensañado hasta contra una de las “abuelas de la Resistencia”.
María Yolanda Chavarría, de 70 años, fue detenida por tres policías y trasladada a un cuarto oscuro de una posta policial el pasado 22 de diciembre. Según relató al COFADEH, los policías siguieron insultándola y le dijeron que era una cuatrera y que le habían tomado fotos mientras estaba con la Resistencia.
No a la amnistía
Ante esta situación, el COFADEH hizo un llamado a la comunidad internacional para que “no quite sus ojos de este país centroamericano y lo declare en alerta máxima en materia de derechos humanos.
Es extremadamente urgente que antes del simulacro de traspaso de mando el 27 de enero próximo y después de esa fecha, las organizaciones multilaterales abran en Honduras legaciones in situ para coordinar las operaciones de salvamento de los liderazgos sociales y políticos opuestos a los asaltantes del poder.
Honduras avanza aceleradamente, lejos de la mirada internacional, a un estado de absoluta indefensión que debe ser interferido –continúa el llamado del COFADEH–.
Para las y los perseguidos por esta dictadura exigimos juicios no viciados y respeto al debido proceso, libertad para los cuatro presos políticos en la Penitenciaría Nacional y el retorno seguro de casi un centenar de personas que salieron forzadamente de Honduras, por el peligro inminente a su vida.
Sin proceso constituyente popular no hay paz ni tranquilidad posibles. Sin un nuevo Pacto Social y consenso político mínimo, ninguna gobernabilidad será posible”, concluye el documento.
