Tras el decreto del presidente José Mujica, el PIT­-CNT no ocultó su malestar y lo critica por no haber sido anunciado antes a los sindicatos en el Consejo Superior del sector Público que se reunió 24 horas después de ser anunciado. Desde las Cámaras Empresariales se ve la posibilidad de que la norma se extienda a la actividad privada.

El secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y la dirección de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) sesionaron en conjunto ayer por la mañana ante el decreto emitido el día miércoles por el Presidente de la República que establece un mecanismo de desalojo por parte de la fuerza pública ante la ocupación de trabajadores de una dependencia pública.

Los empresarios reclaman al gobierno que el decreto se extienda también a la actividad privada (ver nota aparte). El decreto cayó como un balde de agua fría en los sindicatos de la órbita estatal que un día antes habían sido convocados para el Consejo Superior del sector Público, el máximo órgano de negociación colectiva.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió una declaración en la que en primer lugar se hace conocer la preocupación del movimiento sindical y se cuestiona la forma y en segundo término lo "rechazan por su contenido" y decidieron remitirlo a la sala de abogados de la central sindical con el objetivo de analizar futuras posibles acciones.

El dirigente Juan Castillo dijo al ser consultado por La República que este tema está muy ligado a la Ley de Negociación Colectiva y es por eso que se cuestiona la forma que ha tenido el Presidente de la República teniendo en cuenta que todas las cuestiones en materia de relaciones laborales que hacen al funcionario público tienen un ámbito para discutirse y negociarse, expresó. "Es preocupante la aparición de este decreto con estas características realizado en forma inconsulta", señaló al respecto y recordó que un día antes había sesionado el Consejo Superior del sector Público y los representantes del gobierno no manifestaron nada respecto al decreto, la acción es vista desde el movimiento sindical como "otra violación" a la ley de Negociación Colectiva.

En segundo lugar, Castillo indicó que el decreto es rechazado además por los contenidos ya que se entiende desde el mundo sindical que "la ocupación de los lugares de trabajo es una modalidad del derecho de huelga por lo tanto está consagrada en la Constitución y legislada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

Agregó ante las diferencias que existen sobre este punto que la OIT "no establece diferencias, ni hace categorías entre públicos y privados, habla de los trabajadores en general", dijo al fundamentar la postura sobre el derecho de huelga.

El decreto también ha sido rechazado desde otros sindicatos de los entes públicos por ejemplo el dirigente del sindicato de la Administración Nacional de Correos, José Mattos dijo a este matutino que el decreto "es una marcha atrás espantosa" en la relaciones laborales, lo calificó como "un desastre" y dijo que "este tipo de decreto sólo lo pueden hacer gobiernos pachequistas".

En la misma línea fue el representante de la Mesa Coordinadora de Entes Públicos, Gabriel Molina que al ser consultado sobre el tema señaló que ha sido recibido con "mucho asombro" y explicó que las situaciones de conflicto que se han dado en los últimos tiempos "son el producto de la falta de Negociación Colectiva".

También Castillo habló de las tres ocupaciones sucedidas en las últimas semanas, a la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte y la Intendencia de Tacuarembó. "Las ocupaciones se hacen cuando no opera la ley colectiva, sucede cuando no están los ámbitos o no hay respuesta a los planteos de los trabajadores, no es una cuestión usual, es algo especial", afirmó sobre la misma.

En tanto, Mattos ve en este decreto una puerta abierta para la actividad privada que quedó regulada desde 2006 por un decreto emitido por el ex presidente Tabaré Vázquez, "se refriegan las manos porque ahora van a querer que la norma los alcance a ellos y la ocupación pacífica está en la OIT", expresó al defender este tipo de medidas sindicales.

"Gobierno revisa su posición"

El gerente de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos señaló a La República que desde el ámbito empresarial, la acción del Presidente de la República está siendo valorada de forma positiva. "Valoramos positivamente que el Poder Ejecutivo haya reflexionado sobre este tema y, que una vez que lo ha sufrido en carne propia haya revisado su posición tradicional en la materia", expresó.

Dijo que este decreto "alienta" al sector empresarial a pensar que el decreto 165 de 2006 que es el que regula las ocupaciones en el sector privado y aprobado en el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez, sea transitorio y el actual se extienda en el mismo sentido a la actividad privada. Que el decreto vaya en ese sentido que es como lo están reclamando las Cámaras Empresariales sería lo "más razonable" y centraría las cosas en palabras de Mailhos en "sus debidos términos", de lo contrario no se entendería que existan en el país dos regímenes totalmente distintos para un mismo tema.

El representante de la Cámara de Comercio dijo que se está valorando la situación y están esperando el informe del resto de las cámaras ya que no se descarta realizar los contactos correspondientes para transmitir la postura oficial de los empresarios respecto al tema.

En la misma línea opinó el presidente de la Cámara de Industria, Washington Burghi "esperamos que en los próximos días la norma se extienda también a las oficinas privadas", dijo y agregó en respuesta a las reacciones sindicales que "lo que es inconstitucional es la invasión de la propiedad privada". Burghi fue entrevistado por radio Carve sobre el tema y afirmó que si la medida no se extiende a la órbita privada se iniciará un diálogo para reclamarla.

Daniela Fassanello

Fuente: La República