En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto (RELACAHUPAN) y el Nacimiento en conjunto con Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) entregaremos una carta al presidente de la República, Sr. José Mujica, con el objetivo de poner en su conocimiento una problemática que impacta directamente sobre la salud y la vida de las mujeres uruguayas.

Sr. José Mujica
Presidente de la República
Presente


De nuestra mayor consideración:

En este 28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a Ud. con el propósito de poner en su conocimiento una problemática que impacta directamente sobre la salud y la vida de las mujeres uruguayas.

El Sistema Nacional Integrado de Salud ha significado un paso muy importante para garantizar la cobertura universal de la atención en salud para la población. Se cuenta además con marcos normativos que buscan proteger este derecho humano.

Las mujeres por nuestra condición biológica recurrimos a los servicios de salud de manera frecuente por necesidades vinculadas, fundamentalmente, a la vida reproductiva: controles ginecológicos, acceso a métodos anticonceptivos, atención durante embarazo, parto y puerperio, situaciones de embarazo no deseado y prevención de aborto inseguro, menarca, climaterio y menopausia, entre otros.

Si bien se ha incorporado progresivamente la atención a la salud sexual y reproductiva queremos señalar que, lamentablemente, a diario muchas mujeres viven situaciones de maltrato y violencia institucional en las consultas vinculadas a estas necesidades.

Las mujeres hemos luchado para que se nos reconozca el derecho a decidir sobre cuándo y cuántos hijos tener pero aún no contamos con una legislación que respete y garantice plenamente el ejercicio de este derecho.

Pero además, cuando optamos por ser madres muy frecuentemente no se nos trata dignamente ni con el respeto que merecemos como protagonistas en el acto de parir.

A diario nuestras organizaciones reciben testimonios y denuncias de mujeres que han padecido el maltrato en la atención del parto o que fueron sometidas a cesáreas innecesarias. Lejos de ser consideradas ciudadanas plenas y portadoras de derechos se vuelven envases portadoras de un bebé o un elemento más de la escenografía de la sala de parto.

“Nadie me miraba a la cara, ni me hablaba”

“Cuando me encontré con la sala de parto literalmente temblé de miedo”

“Lejos de parir gracias a los médicos, parí a pesar de ellos”.

“Parimos acostadas por comodidad del médico cuando la única comodidad que debería de importar es la mía.”

“Me gritaban y cuando me quejé me rezongaron”

Sabiendo de su preocupación y sensibilidad sobre estos asuntos, solicitamos a Ud. ser recibidas para hacerle llegar propuestas que mejoren la calidad de atención y que otorguen a las mujeres el respeto que nos merecemos.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento (RELACAHUPAN)

Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)

Montevideo, 28 de mayo de 2012


Enviado por: Hacelos Valer

Ante las maniobras del Señor Mujica para otorgar prisión domiciliaria a quienes llevaron adelante un genocidio contra el pueblo uruguayo, Esquina Montevideo manifiesta su más profundo rechazo y repudio a dichos intentos. Este señor sabrá cuál es la razón que lo lleva a identificar a la justicia con un verdugo, pero que no pretenda trasladarla a toda la sociedad.

Nosotros seguiremos reclamando Memoria, Verdad y Justicia para todas las víctimas del terrorismo de Estado y cárcel común para los genocidas y sus cómplices.

El presidente del Uruguay, José Mujica, ha dicho, con razón, que más que los derechos humanos de los abuelos le importan los derechos humanos de los nietos.

Ha legado, entonces, una clara enseñanza a los nietos: el Estado puede asesinar, torturar, violar, robar y “desaparecer” a sus ciudadanos y no será castigado.



Fuente: Página 12

Un librito escolar del escritor Parson Weems inauguró en 1800 el mito de que el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, jamás había dicho una mentira. Dos siglos después, la ciudadanía estadounidense está acostumbrada a que sus gobernantes le mientan en la cara.

Para no ir demasiado atrás, la sinopsis de esta historia puede empezar el 6 de agosto de 1945, cuando Harry Truman anunció que “la primera bomba atómica fue arrojada sobre la base militar de Hiroshima”, ciudad donde vivían medio millón de japoneses inermes, con la intención de “evitar al máximo la muerte de civiles”. En los cinco años siguientes morirían 200.000 a causa del bombardeo. En 1962, un día antes de la invasión a Playa Girón en la que murieron 14 estadounidenses y que contó con apoyo de la CIA, John F Kennedy sostuvo que su gobierno no planeaba “una intervención militar en Cuba”.

Lyndon B Johnson inventó en 1964 “renovadas acciones hostiles contra barcos de Estados Unidos en aguas del golfo de Tonkin” para inyectar más tropas en Vietnam. Nixon mantuvo esa mentira y pronunció tantas otras, sobre todo por el caso Watergate, que terminó renunciando. Una de ellas las resume todas: “No soy un sinvergüenza”. Ronald Reagan juró en 1986 que no canjearía “armas ni nada por rehenes”. Luego, debió admitir que entregó equipo antitanques a Irán con ese fin, aprovechando la operación para canalizar por vías clandestinas dinero a la guerrilla que se oponía en Nicaragua a la Revolución Sandinista.

“Escúchenme. No lo voy a decir de nuevo: no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita [Mónica] Lewinsky”, dijo muy serio por televisión Bill Clinton, quien también bombardeó una fábrica de aspirinas en Sudán con la patraña de que allí se producían armas químicas justo cuando el Congreso lo enjuiciaba por conducta impropia.

A George W Bush no le temblaba una pestaña cuando promovía con argumentos falaces la injustificable guerra en Iraq. Su gobierno fue el imperio de la mentira. Y lo reeligieron. Barack Obama adornó sus informes públicos sobre el asesinato de Osama bin Laden en Pakistán y sobre el ataque a Libia con abundantes engaños y enredos. Su popularidad se disparó al cielo.

Las mentiras presidenciales tienen consecuencias. Facilitan reelecciones, pero también siembran desconfianza en todo sistema político y hasta en valores fundamentales como los de la democracia y la república. Una señal de eso en Estados Unidos es el escaso registro de ciudadanos para ejercer el voto y la elevada abstención electoral, de entre 45% y 60%.

Si Uruguay llegara a esta situación extrema, la obligatoriedad del sufragio disimularía esa desconfianza. Sin embargo, el ejemplo estadounidense recomienda poner las barbas en remojo. El presidente de la República debería dirigirse a la ciudadanía con sinceridad y sin mentiras, y también debe esforzarse por ser verosímil. Debe ser sincero y parecerlo.

Pero la verosimilitud es todo un problema para el presidente José Mujica. Su peripecia en torno de la Ley de Caducidad sirve como muestra. En 1986, su Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) fue de los primeros en apoyar de la campaña por un plebiscito para derogarla. En 2003, el sector logró excluir del programa de gobierno del Frente Amplio la anulación de la norma, procedimiento al que consideraban piantavotos. La posterior campaña por el referéndum contra la impunidad contó con la adhesión de Mujica en 2009, cuando estaba finalizando, y el entonces precandidato argumentó que firmaba porque estaba “podrido de ir a los juzgados”. Una vez que fue candidato a presidente, no dijo en los actos de campaña ni una palabra a favor del voto rosado. Pocas semanas después de ponerse la banda presidencial, su canciller, Luis Almagro, se dedicó a diseñar con la bancada y las autoridades del Frente Amplio una solución legislativa que desactivara la Ley de Caducidad. Un año después, cuando esa solución estaba por aprobarse en el Parlamento, Mujica desautorizó a Almagro. Luego, les advirtió a los diputados frenteamplistas que si apoyaban el proyecto socavarían el rendimiento electoral del oficialismo. Pocos días más tarde, le pidió al diputado Víctor Semproni que lo votara por disciplina partidaria, sin éxito. Tras el fracaso parlamentario, dijo que “es una pena”. Ahora asegura que se propone reanudar por la vía administrativa los 88 juicios que sus antecesores ampararon en la Ley de Caducidad.

Aun con este panorama tan complicado es posible presumir la sinceridad de Mujica. Creer que hace lo que puede con el equipo y las circunstancias que lo rodean. Pero esta suposición resulta cada día más difícil. La pregunta es: ¿Mujica quiere desactivar la ley más nefasta de la historia uruguaya? El menor de los riesgos de una respuesta negativa es que el presidente quede como un mentiroso frente a esta generación y las siguientes. El mayor de los riesgos es que alimente la desconfianza de la ciudadanía en el sistema político y en la democracia. Hagan sus apuestas.

Marcelo Jelen

Fuente: La Diaria

El presidente de la República, José Mujica, y el vice, Danilo Astori, presionan a los diputados del Frente Amplio para que no voten el Proyecto de Ley que deja sin efecto la Ley de Caducidad.

El Frente Amplio peligra!!!


Mujica descolocó al FA y se reanima debate en la coalición por Caducidad

Firmes: El PCU, la VA, el PS y el NE ratificaron que votarán el 19 de mayo

El Secretariado Ejecutivo del FA y la Agrupación de Gobierno debatirán hoy qué hará la coalición con el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, luego del desconcierto que produjeron en el oficialismo los alertas que lanzó ayer el presidente José Mujica sobre la iniciativa.

La decisión del mandatario de expresarle cara a cara a los diputados del Frente Amplio (FA), su desacuerdo sobre el proyecto ­luego del desgaste que produjo la votación en el Senado y las oscilaciones respecto a cuándo la coalición lo tratará en la Cámara de Representantes­ (ver páginas 4 y 5), generó malestar y divisiones en el conglomerado.

Anoche, cobró fuerza la posibilidad de convocar a un Plenario Nacional extraordinario, para rediscutir el tema. Esta idea comenzó a ser manejada por algunos de los sectores que rechazan el proyecto y votaron por disciplina partidaria.

Asamblea Uruguay (AU), Alianza Progresista (AP) e integrantes del Espacio 609 estarían afines a volver a discutir el tema según indicaron fuentes de los grupos, mientras el Partido Comunista (PCU), el Partido Socialista (PS) y el Nuevo Espacio ratificaron ayer su decisión de aprobar la iniciativa el próximo 19.

La Vertiente Artiguista (VA), considera que el tema está en manos de la fuerza política y que el mandato del Plenario de votar afirmativamente se mantiene, si es que no se resuelve lo contrario.

Aunque el MPP se llamó a silencio al excusarse algunos dirigentes de formular declaraciones, en el FA se entiende que difícilmente el sector del mandatario decida ir en contra de Mujica. La dirección del MPP se reunirá el fin de semana para que ingresen formalmente los dirigentes electos el pasado 3 de abril, y se estima que en el encuentro el sector fijará posición. Si el MPP decidiera en un nuevo Plenario rever su posición, el FA quedaría sin los votos requeridos para seguir adelante con el proyecto. La senadora socialista Mónica Xavier sostuvo que los legisladores de su partido tienen el mandato de votar el proyecto de ley interpretativa que salió del Senado. "Creemos que con eso estamos cumpliendo con el mandato de la fuerza política, con la resolución del plenario del Frente Amplio".

Xavier señaló que cualquier cambio de posición la debe adoptar la fuerza política y no la bancada. Recordó que existió un ámbito de estudio sobre las formas de anular la Ley de Caducidad, y un plenario del FA respaldó el camino adoptado. En ese sentido, subrayó que sólo un plenario podrá modificar el mandato político ya adoptado. "Hoy jueves se reúne el Secretariado del Frente Amplio y seguramente ese tema sea tratado en el encuentro, reconoció la senadora socialista.

La senadora dijo que le llamó la atención la referencia que realizó el vicepresidente Danilo Astori respecto al respaldo que el ex presidente Tabaré Vázquez le dio a la posición de Mujica, "ya que está en el exterior y no es fácil de ubicar", subrayó. El dirigente del PCU, Carlos Tutzó expresó a título personal que aunque "es importante la opinión del compañero (por Mujica) esto es lo que votó el FA.

El proyecto interpretativo es justo, es el único instrumento y vamos a votar lo que dice el FA. Si preocupa la próxima campaña electoral, también tienen que ver que en 2014 la gente va a decir que el FA no sabe qué hacer, porque un día dice una cosa y otro, otra". En una línea similar, el diputado José Bayardi de la VA subrayó que "hay una resolución del Frente" y recordó que el mandato se mantiene para aprobar el proyecto en el Senado y Diputados. "La única alternativa es que se cambie el mandato, y eso es un tema de la fuerza política. En mi opinión sigue planteado votar el 19", indicó.

Inconscientes

Por su parte, el diputado del Nuevo Espacio, Felipe Michelini dijo que su sector no iba a hacer comentarios sobre la sorpresiva reunión con Mujica. Recordó que precisamente ayer la comisión de Constitución y Códigos votó por cinco votos a cuatro pasar el proyecto de ley al plenario de la Cámara, y que en la misma comisión, el canciller, Luis Almagro, defendió el proyecto.

El diputado de Asamblea Uruguay Jorge Orrico admitió que esta situación era previsible, pero que no harán ninguna declaración sobre la reunión con Mujica. Orrico, antes de las elecciones había defendido la tesis de que convendría esperar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes de promover otra iniciativa.

Entre tanto, el diputado Víctor Semproni del Espacio 609 opinó a título personal que la situación "amerita la reconsideración del tema". "Seríamos unos inconscientes los frenteamplistas si cuando escuchamos la opinión del presidente, el vicepresidente y el ex presidente no entendiéramos que amerita la reconsideración".

El diputado de Juan Carlos Souza de la CAP-L señaló que su sector "atiende y comprende la inquietud del compañero presidente" y resaltó que los mismos fundamentos que esgrimió Mujica, fueron los que llevaron a que el líder de su sector, el senador Eleuterio Fernández Huidobro, a renunciar a su banca. Consideró que la iniciativa va a "generar grandes problemas legales" y remarcó que con el proyecto interpretativo "se mancilla una herramienta", como la consulta popular. Souza dijo que su sector votará por disciplina partidaria, si la mayoría del FA decide seguir adelante con el proyecto.

Qué dice el estatuto del FA

De acuerdo al artículo 80 del estatuto del Frente Amplio (FA), inciso A, el Plenario Nacional extraordinario de la coalición puede ser convocado por la Mesa Política, o por 1/5 de sus integrantes. Por eso en el oficialismo se estima, que si bien hoy se abordará el tema en distintos ámbitos y la mayoría de los sectores se reunirán para definir su posición, la convocatoria a un nuevo Plenario puede presentarse el próximo lunes.

Aunque Asamblea Uruguay como grupo mantiene su decisión de acatar la resolución de aprobar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, en filas del FA se señala que ante el rechazo de su líder, el vicepresidente Danilo Astori a sancionar la iniciativa, el sector puede ser uno de los que impulse la convocatoria del máximo órgano de dirección de la coalición, o en su defecto se sume a otros que lo impulsen.

Fuente: La República



Ustedes ven

Mujica advirtió a legisladores del FA que aprobación del interpretativo “pone en peligro la continuidad del gobierno”

De improviso, el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori llegaron ayer al Parlamento para trasladar a la bancada frenteamplista su parecer sobre la aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Astori aseguró que el ex presidente Tabaré Vázquez comparte la opinión de que el proyecto mina la credibilidad del Frente Amplio (FA). Para Constanza Moreira y Eduardo Lorier, dar marcha atrás “es poner en peligro la unidad del FA”. El MPP resolvió ayer tomar en cuenta la advertencia de Mujica y consultar con otros sectores del FA el rumbo a tomar, informó el diputado Álvaro Vega.

Los diputados oficialistas, que se encontraban sesionando, abrieron un cuarto intermedio para reunirse con Mujica, Astori y el secretario de Presidencia, Alberto Breccia. Durante el encuentro, Mujica dijo a los legisladores que la aprobación del proyecto interpretativo “tendrá costos” para el FA y que “pone en peligro la continuidad del gobierno”. Una hora antes, el canciller Luis Almagro había ratificado su respaldo a la iniciativa en la comisión de Constitución y Códigos, donde finalmente se votó.

Según la información recabada por la diaria, el presidente no pidió expresamente a los legisladores que suspendan la votación y argumentó que su inesperada visita tenía como cometido “informar de primera mano” su opinión y la del Poder Ejecutivo. Asimismo, reiteró que no vetará la ley si es aprobada. A su vez, aseguró que “está en contra de la Ley de Caducidad” y que entiende que “hay que sacarla”. Según las fuentes, aunque considera que el interpretativo “no es la mejor solución”, el presidente “bancará” y “respetará” lo que los diputados resuelvan. En esa línea se había expresado Astori el sábado. En entrevista con El País, el vicepresidente alertó sobre “consecuencias negativas” si se aprueba la iniciativa, indicó que “está en juego la credibilidad” del FA e invitó a pensar en soluciones alternativas para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana por el caso Gelman. El presidente del FA, Jorge Brovetto, discrepó con Astori y dijo que “los intereses políticos no pueden estar por encima de la Justicia” (ver nota vinculada).

Legisladores consultados por la diaria prefirieron no hacer declaraciones sobre el encuentro, pero cuestionaron que Mujica “vaya a presionar al Parlamento” cuando fue él mismo el que pidió al FA, por intermedio de Brovetto, que resuelva el tema. Coincidieron también en que con este planteo el presidente arriesga a que se produzca un “quiebre en el FA”. “Los legisladores recibimos el mandato del plenario de votar el interpretativo”, afirmó a la diaria el diputado José Bayardi (Vertiente Artiguista).

“La definición de la fuerza política en este momento es totalmente firme, real y existente. Para cambiarla, si no queremos una crisis política y de unidad del FA, habrá que convocar un nuevo plenario. De lo contrario la unidad estaría en peligro”, enfatizó el senador Eduardo Lorier (Partido Comunista). Su par del Partido Socialista (PS) Mónica Xavier expresó “preocupación” por los acontecimientos “que se venían dando desde hace días”, en referencia a las declaraciones de Astori. “Si alguien pretende cambiar la posición, debe debatirse en la fuerza política. Si no, debemos cumplir el mandato del plenario”, añadió.

En el mismo sentido se expresó la senadora Constanza Moreira (Espacio 609). “Lo que está en juego es la unidad del FA. Esto es como con el TLC. Son momentos históricos en los que una fuerza de izquierda asume su compromiso histórico o lo abandona, decide si es de izquierda o no”, afirmó. Añadió: “Mujica no debe pagar los costos políticos de transmitir el malestar de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, de la oposición y de la derecha”. “El costo político lo asume el FA votando y la fuerza decidió tener este costo que debe ser preservado y no debe ejercer presión”, concluyó.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

Intérpretes varios

José Mujica relevó de su cargo a Luis Pérez, general de división del Ejército 1 con asiento en Montevideo. Así se lo comunicó el presidente ayer al titular de la Asamblea General, Danilo Astori, y éste lo transmitió a los integrantes de la bancada del Frente Amplio.

El relevo se habría producido a raíz de una discusión entre Pérez y el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, acerca del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron en diálogo con la diaria que desde hace tiempo Rosales recibe presiones de los generales para adoptar una posición más dura en relación a este tema. Según las fuentes, luego de la discusión, Rosales decidió informar de la situación al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, quien a su vez se reunió con Mujica. Posteriormente, el presidente tomó la decisión del relevo.

Sin embargo, públicamente se esgrimió que la discusión tuvo que ver con cuestiones de organización de la conmemoración del Día del Ejército, que se realizará el 18 de mayo. Desde el Ejército se aseguró que Pérez dejó su cargo por decisión personal y por “razones estrictamente de servicio, las cuales no tienen ninguna vinculación con el tratamiento de la Ley de Caducidad”.

El senador Jorge Saravia, integrante de la comisión de Defensa del Senado, sostuvo ayer, luego de reunirse con Mujica, la versión de la discusión por la conmemoración del Día del Ejército, y apuntó que Astori les comunicó que la decisión nada tuvo que ver con el proyecto interpretativo.

Pérez era el primer general en el orden de derechas (lo que implica que tenía gran probabilidad de convertirse en comandante en jefe). Su cargo podría ser ocupado por el titular de la división del Ejército 2, Daniel Castellá, hermano del subsecretario de Defensa fallecido un mes atrás. El general no será sancionado. Quien sí recibió una sanción fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, por realizar declaraciones políticas, informó ayer Telemundo y pudo confirmar la diaria.

Bonilla había dicho al semanario Voces y luego a Últimas Noticias que hay preocupación en las Fuerzas Armadas por la próxima aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, y había asegurado que no puede haber justicia y verdad al mismo tiempo, ya que “si alguien dice la verdad, si es que alguien realmente la sabe, inmediatamente se lo manda preso”.

Fuente: La Diaria

El 30 de marzo, después de una muy larga enfermedad, murió nuestro “querido tío Toto”, el general Víctor Manuel Licandro. Desgraciadamente, además del dolor inmenso de perder a quien fuera el centro de referencia y el facto de cohesión afectivo más cálido de nuestra familia, pareciera como si con él hubiéramos perdido, también, a uno de los últimos hombres que asumieron, en el Frente Amplio, un compromiso político transparente y sin dobleces. Esta impresión ha sido reforzada por las palabras del presidente José Mujica en su audición del 31 de marzo en M24.

Los que firmamos esta carta pensamos que las referencias y la utilización hecha por el Presidente de la República de su figura implica en grado sumo la práctica de una hipocresía del juego político tradicional que es diametralmente opuesta y enemiga de la postura que como hombre y como militante caracterizó al general Licandro.

Para empezar, Mujica recordó a Licandro como a un “Quijote militar”, una imagen retórica que no necesitamos analizar aquí para entender que, en lenguaje político vulgar, denomina al idealista que lucha contra molinos de viento, es decir al hombre honesto y bien intencionado que se maneja, sin embargo, en esferas más bien utópicas.

En su discurso de 20 minutos, Mujica le adjudicó un poder enorme y decisivo al aparato militar. Describió a las Fuerzas Armadas como a una institución poderosa y al parecer, autónoma, cuyas decisiones “pueden hacer de puerta o sepultureros a una sociedad”. Es decir que las Fuerzas Armadas serían una especie de aduana o peaje por el que es necesario o inevitable pasar si uno quiere entrar o seguir en democracia, y con que conviene estar en buenas relaciones. También habló de “ganar para la democracia” a esa fuerza, es decir, de un trabajo político de persuasión y negociación que es necesario hacer para que ellas sean fieles a los poderes del Estado. Sin embargo, no se refirió a la fidelidad de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo, ni mencionó en ningún momento la subordinación que las mismas deben tener por mandato constitucional al presidente de la República, ni a su propia responsabilidad como comandante en jefe de dichas fuerzas. Paradójicamente, repitió lo que ha afirmado otras veces: que las Fuerzas Armadas de hoy no son las de ayer.

Pues bien, es ampliamente conocido que el general Licandro opinaba lo opuesto. Para empezar que las Fuerzas Armadas debían ser depuradas de elementos criminales y su organización democratizada. Para el impensable que los oficiales responsables de delitos de lesa humanidad continuaran ocupando puestos en esas filas. Licandro, opinaba también, que buena parte de la oficialidad superior actual continuaba profesando la doctrina de seguridad nacional, doctrina que unió ideológicamente a las dictaduras del cono Sur en el Plan Cóndor. Es más, el aseguraba que las nuevas generaciones de oficiales continuaban siendo educadas en esas ideas. Por tanto, para él existía una clara continuidad entre las Fuerzas Armadas de hoy y las de ayer. A su entender, estas Fuerzas Armadas de hoy habían demostrado una y otra vez no estar dispuestas a colaborar con el gobierno democrático y mucho menos con la dilucidación de los crímenes que sus integrantes habían cometido durante la dictadura. Opinaba que las Fuerzas Armadas no podían continuar siendo un poder autónomo dentro del Estado con actividades y relaciones acerca de las cuales no se consideraban obligadas a informar al gobierno, que su número de efectivos continuaba sobredimensionado y que no debían ser persuadidas de nada sino acatar total y completamente a los poderes del Estado. En una entrevista publicada por el semanario Brecha el 12-X-10 expresó: “En un gobierno del Frente Amplio (las Fuerzas Armadas) deben estar subordinadas al gobierno y no precisan ningún acercamiento sino cumplir con la Constitución y las leyes”. Licandro dejó todos estos análisis e ideas asentados en documentos que han circulado ampliamente.

Por si eso fuera poco, Mujica visitó a Licandro poco antes de asumir la Presidencia y se informó personalmente acerca de sus puntos de vista con respecto a diferentes temas, pero muy especialmente el tema militar. Es evidente entonces, que el Presidente no desconoce en absoluto cual era su pensamiento. Decir que “la libertad posible necesita honda fidelidad de los brazos armados que se expresan en el Estado. Y esto es una verdad evidente, y estas son las lecciones más profundas que nos deja la trayectoria y la vida de un general como Licandro” es una reducción que abstrae, simplifica y falsea las ideas de Licandro. Porque todos sabemos que él dejó lecciones mucho más concretas que ese deslavado eufemismo. Pero dado que las verdaderas ideas de Licandro no le sirven para fundamentar su propia posición frente a los militares, Mujica se ha visto obligado a deformar su pensamiento, ocultándolo tras un lugar común.

Lo más doloroso y lo más lamentable fue que el Presidente hiciera esto al otro día, precisamente, de su muerte. Su supuesto homenaje se volvió así una afrenta soberbia e inescrupulosa a su memoria. Juntar el homenaje, el saludo al compañero muerto, con la utilización de su prestigio para sumar rédito político a la posición particular de Mujica frente a las Fuerzas Armadas nos parece algo que sobrepasa todo calificativo. Consideramos esta maniobra un insulto a su memoria, a sus familiares y a todos los frenteamplistas que respetaron la lucidez y la entereza moral del general Licandro.

José Luis Licandro

Sergio Altesor Licandro

Juan Pablo Licandro

Tras el decreto del presidente José Mujica, el PIT­-CNT no ocultó su malestar y lo critica por no haber sido anunciado antes a los sindicatos en el Consejo Superior del sector Público que se reunió 24 horas después de ser anunciado. Desde las Cámaras Empresariales se ve la posibilidad de que la norma se extienda a la actividad privada.

El secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y la dirección de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) sesionaron en conjunto ayer por la mañana ante el decreto emitido el día miércoles por el Presidente de la República que establece un mecanismo de desalojo por parte de la fuerza pública ante la ocupación de trabajadores de una dependencia pública.

Los empresarios reclaman al gobierno que el decreto se extienda también a la actividad privada (ver nota aparte). El decreto cayó como un balde de agua fría en los sindicatos de la órbita estatal que un día antes habían sido convocados para el Consejo Superior del sector Público, el máximo órgano de negociación colectiva.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió una declaración en la que en primer lugar se hace conocer la preocupación del movimiento sindical y se cuestiona la forma y en segundo término lo "rechazan por su contenido" y decidieron remitirlo a la sala de abogados de la central sindical con el objetivo de analizar futuras posibles acciones.

El dirigente Juan Castillo dijo al ser consultado por La República que este tema está muy ligado a la Ley de Negociación Colectiva y es por eso que se cuestiona la forma que ha tenido el Presidente de la República teniendo en cuenta que todas las cuestiones en materia de relaciones laborales que hacen al funcionario público tienen un ámbito para discutirse y negociarse, expresó. "Es preocupante la aparición de este decreto con estas características realizado en forma inconsulta", señaló al respecto y recordó que un día antes había sesionado el Consejo Superior del sector Público y los representantes del gobierno no manifestaron nada respecto al decreto, la acción es vista desde el movimiento sindical como "otra violación" a la ley de Negociación Colectiva.

En segundo lugar, Castillo indicó que el decreto es rechazado además por los contenidos ya que se entiende desde el mundo sindical que "la ocupación de los lugares de trabajo es una modalidad del derecho de huelga por lo tanto está consagrada en la Constitución y legislada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

Agregó ante las diferencias que existen sobre este punto que la OIT "no establece diferencias, ni hace categorías entre públicos y privados, habla de los trabajadores en general", dijo al fundamentar la postura sobre el derecho de huelga.

El decreto también ha sido rechazado desde otros sindicatos de los entes públicos por ejemplo el dirigente del sindicato de la Administración Nacional de Correos, José Mattos dijo a este matutino que el decreto "es una marcha atrás espantosa" en la relaciones laborales, lo calificó como "un desastre" y dijo que "este tipo de decreto sólo lo pueden hacer gobiernos pachequistas".

En la misma línea fue el representante de la Mesa Coordinadora de Entes Públicos, Gabriel Molina que al ser consultado sobre el tema señaló que ha sido recibido con "mucho asombro" y explicó que las situaciones de conflicto que se han dado en los últimos tiempos "son el producto de la falta de Negociación Colectiva".

También Castillo habló de las tres ocupaciones sucedidas en las últimas semanas, a la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte y la Intendencia de Tacuarembó. "Las ocupaciones se hacen cuando no opera la ley colectiva, sucede cuando no están los ámbitos o no hay respuesta a los planteos de los trabajadores, no es una cuestión usual, es algo especial", afirmó sobre la misma.

En tanto, Mattos ve en este decreto una puerta abierta para la actividad privada que quedó regulada desde 2006 por un decreto emitido por el ex presidente Tabaré Vázquez, "se refriegan las manos porque ahora van a querer que la norma los alcance a ellos y la ocupación pacífica está en la OIT", expresó al defender este tipo de medidas sindicales.

"Gobierno revisa su posición"

El gerente de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos señaló a La República que desde el ámbito empresarial, la acción del Presidente de la República está siendo valorada de forma positiva. "Valoramos positivamente que el Poder Ejecutivo haya reflexionado sobre este tema y, que una vez que lo ha sufrido en carne propia haya revisado su posición tradicional en la materia", expresó.

Dijo que este decreto "alienta" al sector empresarial a pensar que el decreto 165 de 2006 que es el que regula las ocupaciones en el sector privado y aprobado en el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez, sea transitorio y el actual se extienda en el mismo sentido a la actividad privada. Que el decreto vaya en ese sentido que es como lo están reclamando las Cámaras Empresariales sería lo "más razonable" y centraría las cosas en palabras de Mailhos en "sus debidos términos", de lo contrario no se entendería que existan en el país dos regímenes totalmente distintos para un mismo tema.

El representante de la Cámara de Comercio dijo que se está valorando la situación y están esperando el informe del resto de las cámaras ya que no se descarta realizar los contactos correspondientes para transmitir la postura oficial de los empresarios respecto al tema.

En la misma línea opinó el presidente de la Cámara de Industria, Washington Burghi "esperamos que en los próximos días la norma se extienda también a las oficinas privadas", dijo y agregó en respuesta a las reacciones sindicales que "lo que es inconstitucional es la invasión de la propiedad privada". Burghi fue entrevistado por radio Carve sobre el tema y afirmó que si la medida no se extiende a la órbita privada se iniciará un diálogo para reclamarla.

Daniela Fassanello

Fuente: La República

Mujica firmó decreto de desalojo

El Poder Ejecutivo reglamentó los mecanismos inherentes para proceder a la desocupación de inmuebles pertenecientes al Estado, ante posibles conflictos gremiales. La medida uniformiza la legislación con la actividad privada. Es un mecanismo gradual, con intervención final del Ministerio del Interior.

El presidente de la República, José Mujica, firmó un decreto instrumentando el proceso de desocupación de los inmuebles de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Intendencias Municipales, Poder Judicial y Poder Legislativo, ante posibles medidas gremiales por las cuales se disponga la toma de los locales en señal de protesta.

La resolución del Poder Ejecutivo fue adoptada tras la ocupación de varias dependencias públicas por parte de los trabajadores sindicalizados, como forma de acompasar dicho proceso con la actividad privada, por cuanto el decreto Nº 165/2006, dejó de lado al sector público.

En este sentido, el decreto dispone que el jerarca del organismo estatal ocupado deberá solicitar el desalojo de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad, el cual procederá "en forma perentoria a tentar una conciliación" entre las partes, la cual estará "sujeta" a la deposición de la medida por parte de los ocupantes.

"Si dicha conciliación resultara inútilmente tentada, la mencionada Secretaría de Estado procederá a intimar la desocupación inmediata de los ocupantes bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública". La persistencia de la medida implicará la solicitud de inmediata desocupación por parte del Ministerio del Interior, indica el decreto.

Asimismo, el proceso de ocupación también conlleva responsabilidades para los trabajadores. El decreto obliga a dejar constancia "documentada" del estado de los bienes muebles e inmuebles antes de la ocupación; la adopción de medidas para prevenir o corregir posibles actos de violencia contra las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la Administración o de terceros; adoptar medidas para preservar bienes perecederos o mantener en funcionamiento los procesos que no pueden ser interrumpidos; y en ningún caso asumir la "gestión total o parcial" de la dependencia.

El decreto fue aprobado, por cuanto, entre "los fines principales del gobierno se encuentra el mantenimiento y protección de la totalidad de los derechos humanos fundamentales" como el derecho a la vida, a la seguridad colectiva e individual, la salud y el acceso a la Justicia.

En este sentido, "la mayoría de los inmuebles donde tiene asiento la Administración se encuentra destinada a oficinas que tienen por objeto la promoción, desarrollo y salvaguarda de esos derechos y que su ocupación por parte de huelguistas interfiere y hasta eventualmente hace nulo el desarrollo de los mismos", argumenta el decreto.


Foto: Javier Calvelo

"Buena voluntad"

El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y representante de COFE, Alejandro Laner, afirmó a LA REPUBLICA que "cuando el trabajador tiene razón en sus reivindicaciones y la fuerza de un gremio atrás, no hay palo que se lo lleve por delante".

Laner fue consultado sobre el decreto del Poder Ejecutivo, por el cual se reglamenta el proceso de desocupación de los edificios públicos ante posibles medidas gremiales. "Tanto palo me dieron los milicos antes, que me den otro palo ahora, me da lo mismo. En plena libertad democrática, si una asamblea resuelve que hay que ocupar, voy a ir a ocupar", por cuanto significa el legítimo derecho de los trabajadores de protestar. "Cuando el trabajador tiene razón en las reivindicaciones que reclama y la fuerza de un gremio atrás, no hay palo que se lo lleve por delante", expresó el gremialista.

Sin embargo, Laner ironizó que el gobierno debería decretar "la buena voluntad del Poder Ejecutivo de negociar con los trabajadores todas aquellos temas que tengan que ver con las relaciones laborales y el salario", porque los funcionarios estatales han exigido ámbitos de negociación "reales y ejecutivos" y no han logrado establecerlos.

"Reclamamos que se discuta al amparo de la Ley Nº 18.508 (Negociación Colectiva) y no se discute, te mandan un presupuesto sin haberlo discutido (y) te sacan un decreto donde te cambian la relación de sanciones disciplinaria violando todo lo que ha sido el debido proceso que han tenido los funcionarios públicos".

El dirigente consideró, además, que el camino de la ocupación lo pautó el propio Poder Ejecutivo porque cuando los funcionarios judiciales tomaron la Suprema Corte de Justicia "le dieron el ámbito" de negociación. "Por lo tanto el gobierno marcó el camino por el que hay que ir, es ocupar, si ocupas te atienden, si hablas bien no te atienden.

Ahora se dieron cuenta que metieron la pata y sacan un decreto para amedrentar al movimiento sindical y decirle: '¡Ojo! si hacen esto le vamos a mandar a los milicos'", manifestó Laner.

Fuente: La República

"Si el gobierno tiene una estrategia, debería revisarla porque no está dando buenos resultados y se está yendo todo al carajo", afirmó el coordinador del PIT-CNT.

Un gobierno que no trabaja como equipo, una fuerza política que no se plantea seriamente su futuro, un Partido Comunista "que mucho anticomunista hoy añora" y una sensación inevitable de que "todo se va al carajo", son los ejes del pensamiento que el coordinador del PIT-CNT, Juan Castillo, desarrolló en entrevista con la revista Caras y Caretas.

El dirigente comunista indicó que lo imprevisible del presidente de la República, José Mujica, afecta gravemente la estrategia del movimiento sindical: "Lo afecta gravemente. Hoy día, ¿a cuál declaración o anuncio le hacés caso? ¿A lo que dice a primera hora de la mañana, a lo que dice en la audición del mediodía o a lo que declara en el noticiero de la noche? Porque te puede decir sobre la misma situación tres cosas distintas. Uno está obligado a preguntarse si es que el gobierno tiene estrategia, porque si lo hecho es una estrategia, a ocho meses de gobierno deberían revisarla, porque no creo que esté dando buenos resultados", sostuvo.

En este sentido, Castillo consideró que "Mujica ha resuelto mejor su estrategia de relacionamiento con los socios de la región y con la derecha que con su propia fuerza política, su propio gobierno y con las organizaciones sociales, entre ellas el movimiento sindical. Tiene problemas con el PIT-CNT, con FUCVAM, con la FEUU, la ONAJPU y todos ellos se encuentran en una suerte de reivindicaciones que no creemos que estén atendidas".

Asimismo, el dirigente sindical advirtió que "este gobierno tiene una gran espada de Democles, que es el gobierno de Tabaré Vázquez con todos sus logros" y, para ejemplificar su idea, mencionó que "cuando la administración Mujica convoca a consejos de salarios tiene que atender las demandas de los rurales y de las domésticas, que antes no tenían ni gremio. El gobierno de Vázquez, sólo con convocar a consejos cumplía. No es lo mismo venir después de la debacle que gobernar después de Vázquez".

Complementando este punto, Castillo expresó a Caras y Caretas que "la ciudadanía, que algunos llaman la opinión pública, capaz que ve solamente el conflicto, el paro, la huelga, la movilización, pero si ven el recibo de sueldo de una trabajadora doméstica, tal vez entiendan que el reclamo es justo".

Por otra parte, el coordinador del PIT-CNT opinó que la coyuntura actual "evidencia la falta de conducción" y remarcó que a su entender "hoy por hoy no tenemos conductor ideológico".

Como solución a la crítica situación que vive la izquierda, Castillo manifestó que hay que rediseñar el relacionamiento entre gobierno, fuerza política y organizaciones sociales: "Los grandes criticados de hace tiempo, porque creían tener el papel hegemónico de la lucha del movimiento obrero, hoy hacen falta. Hace falta un gran papel rector de la fuerza de izquierda con un análisis marxista de la situación que ponga ejes arriba de la mesa. Mucho anticomunismo que hasta el día de hoy existe, no hace más que añorarnos. ¿No es un mamarracho que una ley tan importante para el conjunto de los compatriotas, sea analizada por el Poder Ejecutivo, sea colocada en el Parlamento y luego sus legisladores no la voten? ¿No pasa nada cuando algunos legisladores comparar esta iniciativa con un golpe de Estado técnico? Así se van las cosas al carajo", sentenció.

Líber Mesa

Fuente: UyPress

El secretario de la Presidencia del Uruguay, Dr. Alberto Breccia, a quien no tengo el disgusto de conocer, acaba de referirse a la denuncia que mi nieta Macarena y yo presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la incapacidad manifiesta del Estado uruguayo de realizar una investigación profunda sobre el destino de mi nuera María Claudia, y madre de Macarena, asesinada por la dictadura uruguaya. El Dr. Breccia es abogado y parece ignorar o finge que ignora cuál es el sentido del litigio. Su anuncio de que sería inconstitucional la anulación de la Ley de Caducidad, que ha impedido despejar esa incógnita, se contradice con la aprobación de la Cámara de Representantes del Uruguay, con el voto de la mayoría oficialista, de un proyecto de ley que interpreta y hace cesar los efectos de dicha ley. Tal vez el presidente Mujica pueda aclarar a la opinión pública internacional el alcance de esta contradicción en el seno de su gobierno y de su fuerza política.

Juan Gelman

Fuente: Página 12

Me lavo las manos, tá???

Frente a la manifiesta y pública intención de anular la Ley de Caducidad difundida por varias fuerzas que integran el Frente Amplio y ante opiniones contradictorias de notorios juristas, como la del doctor José Korseniak, el Presidente de la República, resolvió y comunicó oportunamente al compañero Presidente del Frente Amplio Ing. Jorge Brovetto:

1 - Obedecer y acompañar las decisiones que la fuerza política adoptara por mayorías.

2 - No inmiscuirse en la decisión, por considerar que finalmente sería el Parlamento el que debía resolver.

3 - La razón básica era y es preservar la unidad y el apoyo al Gobierno, ante un tema conflictivo de clara responsabilidad parlamentaria.

En esta ocasión agrega:

- Que los aportes realizados por el Canciller Luis Almagro en una comisión del Frente Amplio, no fueron decisión del Gobierno, sino colaboración militante, personal e inconsulta del mismo.

- Que otras manifestaciones públicas sobre este asunto, son interpretaciones válidas o no, pero que no incluyen al Presidente, quien expresamente resolvió acompañar sin inmiscuirse.

- Que lamenta de que la discusión sobre tan delicado asunto, con argumentos y posicionamientos surgidos posteriormente en el Senado, no se diera en el Frente Amplio, ni en el debate previo en la Cámara de Representantes.

- El Presidente de la República, reafirma enfáticamente su apoyo y acatamiento a las decisiones que tome la mayoría expresa de la fuerza política que, por la vía procesos electorales inobjetables, lo responsabilizaron de la conducción del Gobierno.

Fuente: Presidencia

Foto: Xanti Revueltas

Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay
Don José Mujica Cordano

De nuestra mayor consideración:

En un nuevo Día Nacional de la Educación Pública nos dirigimos a Ud. para plantear nuestro acuerdo con sus afirmaciones del discurso de asunción del cargo: “es esencial que un gobernante democrático se ocupe, y se ocupe bien, de la educación pública”.

Asimismo, expresar nuestra coincidencia con sus palabras del acto de asunción del actual CODICEN de la ANEP, en el sentido de que nuestro país necesita una “primavera educativa”.

En una sociedad con agudas diferencias de clases e injusticia social, causantes de marginación y violencia, entendemos que, sin ingenuidad alguna, porque hay que dar garantía a los derechos de todos, la clave para construir una sociedad justa pasa prioritariamente por la educación pública. Es en las aulas que peleamos esa batalla por el futuro.

Es imperativo mejorar las condiciones de desarrollo de nuestra tarea, fuertemente determinadas para su éxito por las relaciones docente – alumno y espacio físico – clima institucional.

Para ello, al tiempo que se administra de modo eficaz, transparente y democrático, es imprescindible aumentar los recursos para infraestructura educativa, crear los cargos docentes, técnicos, administrativos y de servicio que el sistema necesita, dignificar los salarios de los trabajadores de la educación y subsanar las inequidades salariales que aun persisten en el sector.

Señalar, en consecuencia de lo anterior, nuestra profunda preocupación ante el hecho de que en la Cámara de Representantes la bancada de gobierno negara sus votos al Mensaje Presupuestal del CODICEN de la ANEP, que a nuestro entender – sin alcanzar a cubrir todas las carencias pendientes, en especial la salarial – se acerca más que el del Poder Ejecutivo a satisfacer las necesidades de nuestra educación pública.

Nos preguntamos:

■¿Es posible la “primavera educativa” en aulas superpobladas y mal equipadas?

■¿Es posible aprender con los locales de las escuelas, escuelas técnicas y liceos en condiciones de serio deterioro?

■¿Se puede aspirar a una educación pública de excelencia con docentes, funcionarios administrativos, técnicos y de servicio ganando salarios insuficientes, que los fuerzan al multiempleo?

■¿Se puede esperar un buen funcionamiento del sistema educativo con más de cinco mil trabajadores en la precariedad laboral, sin saber si tendrán sus empleos en el futuro inmediato?

En suma, Sr. Presidente, no comprendemos cómo se espera que los trabajadores de la educación pública podamos cumplir con éxito nuestra tarea sin contar con los recursos mínimos para ello.

Seguimos y seguiremos comprometidos con la Educación Pública, pero hay cuestiones materiales que deben resolverse.

Se trata, ni más ni menos, de proveer lo necesario para satisfacer el derecho humano a la educación….

Avanzar en la mejora de los procesos que hacen a la mejora de la Educación Pública es una responsabilidad del gobierno.

Esperando hallar solución a estos problemas, saluda a Ud. atte.

Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (Sector ANEP) / PIT - CNT

Montevideo, 22 de octubre de 2010