Mujica firmó decreto de desalojo

El Poder Ejecutivo reglamentó los mecanismos inherentes para proceder a la desocupación de inmuebles pertenecientes al Estado, ante posibles conflictos gremiales. La medida uniformiza la legislación con la actividad privada. Es un mecanismo gradual, con intervención final del Ministerio del Interior.

El presidente de la República, José Mujica, firmó un decreto instrumentando el proceso de desocupación de los inmuebles de la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Intendencias Municipales, Poder Judicial y Poder Legislativo, ante posibles medidas gremiales por las cuales se disponga la toma de los locales en señal de protesta.

La resolución del Poder Ejecutivo fue adoptada tras la ocupación de varias dependencias públicas por parte de los trabajadores sindicalizados, como forma de acompasar dicho proceso con la actividad privada, por cuanto el decreto Nº 165/2006, dejó de lado al sector público.

En este sentido, el decreto dispone que el jerarca del organismo estatal ocupado deberá solicitar el desalojo de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad, el cual procederá "en forma perentoria a tentar una conciliación" entre las partes, la cual estará "sujeta" a la deposición de la medida por parte de los ocupantes.

"Si dicha conciliación resultara inútilmente tentada, la mencionada Secretaría de Estado procederá a intimar la desocupación inmediata de los ocupantes bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública". La persistencia de la medida implicará la solicitud de inmediata desocupación por parte del Ministerio del Interior, indica el decreto.

Asimismo, el proceso de ocupación también conlleva responsabilidades para los trabajadores. El decreto obliga a dejar constancia "documentada" del estado de los bienes muebles e inmuebles antes de la ocupación; la adopción de medidas para prevenir o corregir posibles actos de violencia contra las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la Administración o de terceros; adoptar medidas para preservar bienes perecederos o mantener en funcionamiento los procesos que no pueden ser interrumpidos; y en ningún caso asumir la "gestión total o parcial" de la dependencia.

El decreto fue aprobado, por cuanto, entre "los fines principales del gobierno se encuentra el mantenimiento y protección de la totalidad de los derechos humanos fundamentales" como el derecho a la vida, a la seguridad colectiva e individual, la salud y el acceso a la Justicia.

En este sentido, "la mayoría de los inmuebles donde tiene asiento la Administración se encuentra destinada a oficinas que tienen por objeto la promoción, desarrollo y salvaguarda de esos derechos y que su ocupación por parte de huelguistas interfiere y hasta eventualmente hace nulo el desarrollo de los mismos", argumenta el decreto.


Foto: Javier Calvelo

"Buena voluntad"

El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y representante de COFE, Alejandro Laner, afirmó a LA REPUBLICA que "cuando el trabajador tiene razón en sus reivindicaciones y la fuerza de un gremio atrás, no hay palo que se lo lleve por delante".

Laner fue consultado sobre el decreto del Poder Ejecutivo, por el cual se reglamenta el proceso de desocupación de los edificios públicos ante posibles medidas gremiales. "Tanto palo me dieron los milicos antes, que me den otro palo ahora, me da lo mismo. En plena libertad democrática, si una asamblea resuelve que hay que ocupar, voy a ir a ocupar", por cuanto significa el legítimo derecho de los trabajadores de protestar. "Cuando el trabajador tiene razón en las reivindicaciones que reclama y la fuerza de un gremio atrás, no hay palo que se lo lleve por delante", expresó el gremialista.

Sin embargo, Laner ironizó que el gobierno debería decretar "la buena voluntad del Poder Ejecutivo de negociar con los trabajadores todas aquellos temas que tengan que ver con las relaciones laborales y el salario", porque los funcionarios estatales han exigido ámbitos de negociación "reales y ejecutivos" y no han logrado establecerlos.

"Reclamamos que se discuta al amparo de la Ley Nº 18.508 (Negociación Colectiva) y no se discute, te mandan un presupuesto sin haberlo discutido (y) te sacan un decreto donde te cambian la relación de sanciones disciplinaria violando todo lo que ha sido el debido proceso que han tenido los funcionarios públicos".

El dirigente consideró, además, que el camino de la ocupación lo pautó el propio Poder Ejecutivo porque cuando los funcionarios judiciales tomaron la Suprema Corte de Justicia "le dieron el ámbito" de negociación. "Por lo tanto el gobierno marcó el camino por el que hay que ir, es ocupar, si ocupas te atienden, si hablas bien no te atienden.

Ahora se dieron cuenta que metieron la pata y sacan un decreto para amedrentar al movimiento sindical y decirle: '¡Ojo! si hacen esto le vamos a mandar a los milicos'", manifestó Laner.

Fuente: La República