60 autocares de ASTURIAS, 70 de CASTILLA LEÓN; de ARAGÓN, de GALICIA… las comarcas mineras de toda España acudieron ayer a Madrid para hacer temblar al débil gobierno de la derecha.

Miles de mineros de toda España 13.000 más o menos recorrieron este jueves uno de los laterales del paseo de la Castellana para protestar ante el Ministerio de Industria sobre los recortes en el sector. Durante la marcha los antidisturbios desplegados cargaron contra los manifestantes con porras y pelotas de goma. CCOO mostró su repulsa ante la desproporcionada actuación policial. La concentración, autorizada hasta las 14.00 horas, empezó a ser disuelta una hora antes por los antidisturbios, quienes cargaron contra los manifestantes de forma arbitraria, lo que ha provocado varios heridos.





“No vamos a dejar que los trabajadores de las comarcas mineras se conviertan en emigrantes” Con estas palabras, Felipe López, secretario general de la Federación de Industria de CCOO, resumió el sentir de las más de 13.000 personas que se concentraron hoy frente al Ministerio de Industria para exigir al Gobierno una solución para el sector del carbón.

Y es que el recorte en los presupuestos del Plan del Carbón en más de un 60% conllevará el cierre inmediato del sector. Tras la última reunión de la Comisión de Seguimiento, a la que el Ministerio acudió sin propuestas, los sindicatos decidieron convocar una huelga indefinida que comienza mañana y cuyo éxito está asegurado: en la jornada convocada para hoy, el paro ha sido total y la presencia en la manifestación, masiva.

La suerte de miles de familias que dependen de la actividad minera y de las comarcas que sobreviven gracias a ella está en juego. “El Gobierno tiene 23.000 millones de euros para Bankia pero no tiene 400 millones para salvar miles de puestos de trabajo”, aseguró, por su parte, Juan Carlos Á. Liébana, secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CCOO.

Reseñar también que el fotógrafo de Madridiario Juan Luis Jaén ha resultado herido en un dedo y en las piernas a manos de un agente antidisturbios mientras cubría la manifestación de los mineros en el paseo de la Castellana.







Los hechos ocurrieron cuando nada más terminar el recorrido oficial de la manifestación, cuando los mineros abandonaban la zona de Nuevos Ministerios y se dirigían hacia el Santiago Bernabéu por el paseo de la Castellana. En ese momento, parte de los manifestantes estaban lanzando botellas, petardos y otros objetos contundentes a los agentes de policía, que a su vez cargaban contra ellos.

En este contexto, el fotógrafo se acercó para hacer fotos de los hechos y en ese momento un agente le golpeó con la porra en la mano derecha, con la que sostenía la cámara. Como consecuencia, la batería del aparato cayó al suelo. El informador, entonces, gritó a los agentes “¡Prensa!, ¡Prensa!”, pero no consiguió impedir que un segundo agente le golpeara con la porra en la espalda —que llevaba cubierta con una mochila— y en las piernas.

Después, un trabajador del Samur le acompañó a la ambulancia, que se encontraba en la plaza de Cuzco, donde fue atendido por los sanitarios. Como resultado, Jaén presenta hinchazón en el dedo índice de la mano derecha y diversos hematomas en la parte posterior de los muslos por los impactos de las porras.

Fuente: La República.es

Fotografías: Uly Martín, Fotogracción, A Di Lolli

El especialista en DDHH Javier Palummo considera que modificar la legislación para combatir la pasta base responde a una "lógica perversa que entiende que más seguridad implica menos garantías".

El gobierno parece dispuesto a ajustar su política de seguridad con nuevas medidas y posibles cambios en la legislación, que apunten de forma central a combatir el tráfico de pasta base. Permitir los allanamientos nocturnos para detectar bocas de pasta base o equiparar las penas del narcotráfico con los de homicidios fueron algunas de las propuestas presentadas por la oposición y consideradas por el Poder Ejecutivo en los últimos días.

Para el abogado Javier Palummo, especializado en Derechos Humanos, Derechos de la Infancia y Defensa Penal, algunas de las modificaciones a la Constitución y el Código Penal para generar más seguridad son "preocupantes".

Consultado por Montevideo Portal, el abogado advirtió que muchas de las iniciativas en materia de seguridad que han surgido en los últimos tiempos "parten de una lógica perversa que considera que aumentar la seguridad implica disminuir las garantías".

Según el experto, la posibilidad de permitir los allanamientos nocturnos para combatir las bocas de pasta base va en contra de garantías consolidadas en el derecho uruguayo. "No es razonable postular que la seguridad es incompatible con las garantías individuales, que son costosísimas y que muchas de ellas son productos de batallas muy importantes", opinó Palummo, agregando que "es necesario que haya políticas de seguridad, pero que estén dentro del derecho porque si están afuera puede convertirse en una situación peligrosa".

Palummo considera además que no es aconsejable introducir reformas en la legislación pensando específicamente en la pasta base, ya que "es poco razonable definir una política de seguridad en base a una sustancia determinada, porque con el tiempo puede cambiar y habrá que legislar de nuevo". Además, sostuvo que, al tener la pasta base un segmento de la población determinado - especialmente los sectores más vulnerables económicamente - "se corre el riesgo de disminuir las garantías para ese sector determinado de la sociedad".

Palummo dijo también que la legislación actual permite hacer allanamientos en el día y que los que proponen la necesidad de allanamientos nocturnos "deberían explicar por qué allanar de noche va a mejorar los resultados", indicando que "parece poco probable que las bocas funcionen solo de noche, ya que la gente va a comprar todo el tiempo". El abogado añadió que "yo estaría más preocupado por encontrar los laboratorios, que no están precisamente donde se vende la droga".

El abogado también se refirió a las iniciativas manejadas en los últimos días para equiparar el delito de narcotráfico con el de homicidio. La propuesta es para Palummo cuestionable desde el punto de vista filosófico dado que "el Código Penal define al homicidio como la intención de matar a otra persona y no se puede andar redefiniendo algo tan importante".

Al respecto, Palummo expresó que la legislación "reconoce a la vida como el valor jurídico superior y le encarga al Estado la tutela de ese valor", para luego añadir que "equiparar el homicidio con otros delitos es filosóficamente cuestionable porque hace pensar que la vida ya no sería el valor jurídico superior".

En el mismo sentido, afirmó que equipar la venta de pasta base con un homicidio "no es lo más adecuado" porque deja de considerarse la voluntad de la persona que adquiere la sustancia, opinando que con el mismo criterio podría considerarse homicidio la venta de otras drogas que perjudiquen al organismo. "Otra cosa distinta es elevar las penas al narcotráfico, que depende de la política de criminal que se aplique", indicó.

Palummo reafirmó la necesidad de establecer "políticas eficientes en materia de seguridad" y enfatizó que "no hay una contradicción entre los defensores de políticas de seguridad y los defensores de los Derechos Humanos, porque no hay mayor violación a los derechos que la impunidad".

Fuente: Montevideo Portal

Durante los días 27, 28 y 29 de mayo, se efectuará en Juárez la audiencia inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, que lleva por título "Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, 2011-2014".

Ciudad Juárez es el epicentro del temblor de horror que sacude México; también lo es de la resistencia ciudadana a la insensata guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Temor y esperanza, amnesia y memoria, parálisis y acción atraviesan y forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de Juaritos.


Mujeres desaparecidas, defensores de derechos humanos asesinados, jóvenes detenidos arbitrariamente por la policía y el Ejército, trabajadores de la maquila despedidos por reclamar condiciones de trabajo humanas son el pan nuestro de cada día en la ciudad. También lo son los reclamos enérgicos de las madres de víctimas, la organización para la defensa de los intereses, la documentación valiente de las tropelías y los abusos de la autoridad.


Ciudad Juárez ejemplifica los males del libre comercio salvaje que azotan a todo el país. El modelo de desarrollo maquilador, depredador de recursos humanos y ambientales, ha florecido allí sin políticas de amortiguamiento social. La destrucción del medio ambiente es proverbial, como lo es la descomposición del tejido social.


Un ejército de niños y jóvenes, muchos de ellos hijos de madres solteras que laboran de obreras de la planta de ensamble, crecen en viviendas sin equipamiento urbano suficiente y sin lugares para recreación, sin más futuro que sobrevivir integrándose a las bandas. Urbe fronteriza, es zona de paso de mano de obra indocumentada y de estupefacientes. La producción maicera del estado y las familias que viven de ella, están cercadas por las importaciones desleales del cereal estadunidense. En una historia de horror sin fin, más de 300 mujeres han sido asesinadas, después de ser secuestradas, torturadas, violadas y mutiladas.


Pero en Juaritos está sembrada también la semilla de la indignación. Los jóvenes se niegan a que el miedo paralice sus vidas. Toman las calles para protestar y para divertirse. Los familiares de las víctimas nombran a sus muertos y exigen justicia. En amplias capas de la sociedad se demanda poner fin a la militarización del país.


El último episodio de esa resistencia se celebrará este 27, 28 y 29 de mayo. Durante esos días se efectuará en Juárez la audiencia inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, que lleva por título Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, 2011-2014. Aunque en la reunión se documentará y analizará lo que sucede en todo el país, los juarenses son los anfitriones del acto.


Asistirán delegados de todo México. Una parte de ellos llegará hasta aquella ciudad como parte de una caravana que partirá de la ciudad de México el 24 de mayo. Durante el trayecto, a bordo de varios camiones, los delegados participarán en debates y reuniones en Atenco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo y Chihuahua, para discutir la problemática que se abordará en Juárez.


En la urbe fronteriza, seis jurados escucharán denuncias de las siete audiencias temáticas que conforman el TPP: 1) guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 2) migración, refugio y desplazamiento forzado; 3) feminicidios y violencia de género; 4) violencia contra los trabajadores; 5) violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y a autonomía, y 7) desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.


Los jurados internacionales que analizarán las denuncias, muchos de ellos destacados juristas, provienen de países como Francia, Brasil, España, Australia y Argentina, y tienen una larga historia en la labor de documentar arbitrariedades de los estados. Es el caso de la francesa Mireille Fanon Mendes France, hija del célebre siquiatra y revolucionario Franz Fanon, que es presidente de la Fondation Frantz Fanon, integrante de la International Association of Democratic Lawyers, y ha sido nombrada miembro del Grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes de Naciones Unidas. Y de Gill Boheringer, que fue decano de la Macquarie Law School de la Macquarie University de Sydney, Australia, director del Center for the Critical and Historical Study of the Common Law, y miembro del comité editorial de la Alternative Law Journal (Australia) y del Editorial Boards of the Australian Journal of Law and Society.


Algunos de los jurados tienen larga trayectoria como defensores de derechos humanos. Por ejemplo, la argentina Nora Cortiñas es titular de la cátedra de poder económico y derechos humanos y doctora honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y de la Universidad de Salta, por su trayectoria en defensa de los derechos económicos y sociales de la población argentina. También el de su paisano, el abogado Alejandro Teitelbaum, representante desde 1985 hasta 2006 ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Asociación Americana de Juristas.


Aunque no estará presente en esta ocasión en Juárez, como jurado del TPP participa también un mexicano excepcional: Luis Villoro. Con mucho uno de los pensadores críticos más brillantes y comprometidos del país, el académico mexicano es filósofo, investigador y catedrático, y ha sido diplomático.


Ellos, junto al brasileño Eder Ferreira, al español Antoni Pigrau Sol y la argentina Graciela Daleo, escucharán los horrores que cotidianamente se viven en Ciudad Juárez y en el resto del país, que han conducido al Estado mexicano a ser sentado en el banquillo de los acusados de este tribunal ético.


Luis Hernández Navarro


Fuente: La Jornada

Foto: KKE

Miles de manifestantes griegos condenaron ayer a los responsables directos de la crisis financiera y reprocharon durante una nueva jornada de huelga general que las medidas de austeridad del gobierno recaigan sobre los trabajadores.

El paro nacional de 24 horas, octavo en lo que va de año contra el plan de ajustes implantado por el primer ministro Georgios Papandreou, paralizó a la nación helénica tras el cierre de escuelas, hospitales, oficinas, comercios, bancos; así como la interrupción del tráfico aéreo, ferroviario y marítimo.

Atenas vivió este miércoles un nuevo capítulo de protestas callejeras, que se mezclaron entre marchas pacíficas frente a las sedes de los ministerios gubernamentales y choques con la policía antimotines.

"Ladrones. Ladrones. Devuelvan el dinero del pueblo. No pagaremos. No pagaremos. Que sea la plutocracia la que pague", vocearon los manifestantes con grandes pancartas antigubernamentales.

De acuerdo con los principales sindicatos Confederación General de Trabajadores y la Unión de Funcionarios Fiscales, participaron en la huelga general unas 50 mil personas, mientras que las fuerzas del orden cifran la asistencia en unos 20 mil manifestantes.


Foto: KKE

En los alrededores del Parlamento ateniense y el Ministerio de Finanzas agentes antimotines arremetieron con granadas cegadoras y gases lacrimógenos contra la multitud enardecida, reportaron los canales de la televisión griega. Del lado de los inconformes se lanzaron varias bombas artesanales, palos y piedras en respuesta a la represión policial.

Los gremios de trabajadores y empleados públicos repudian el programa de austeridad aprobado por el Parlamento que incluye duros recortes de los gastos presupuestarios, reducción de salarios, de pensiones, contracción de empleos y despidos masivos.

El plan cobró cuerpo en la denominada legislación de emergencia, sancionada este martes con el voto de 156 parlamentarios del Partido Socialista de Grecia (PASOK) para satisfacer las demandas del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, a cambio de un rescate financiero de unos 110 mil millones de euros.

Los médicos del Sistema Nacional de Salud, abogados y farmacéuticos anunciaron que continuarán en paro hasta el viernes, mientras los periodistas planean un apagón informativo de 48 horas hasta el sábado. Los transportistas prevén también una huelga para este jueves.

Fuente: PL

Foto: ABI

El 7 de diciembre de 2010 pasa a ser un día de referencia global. En el Estado Plurinacional Comunitario de Bolivia se aprueba la Ley de Derechos de la Madre Tierra, mientras en Cancún los intereses políticos y económicos de los países industrializados se imponen en las negociaciones oficiales de la COP16, agravando la crisis climática, y fuera de las negociaciones oficiales, en la calle, miles y miles de personas, campesinos, indígenas y activistas, se manifiestan para salvar el planeta.

Esta ley, fruto de la construcción colectiva y el consenso, ha sido aprobada en grande y en detalle tanto por la cámara de Diputados, como por la de senadores, tan solo faltando la presencia en Bolivia del Presidente Evo Morales para su promulgación.

La ley define a la Madre Tierra como el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. En su versión corta consta de tres capítulos y diez artículos, en los que se consagran los principios de la misma (armonía, bien colectivo, garantía de regeneración, respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra, no mercantilización e interculturalidad).

Asimismo se la declara sujeto colectivo de interés público, y dota a todas las bolivianas y bolivianos de los derechos establecidos en la ley, al formar parte de la comunidad de seres vivos que componen la Madre Tierra, de forma compatible con sus derechos individuales y colectivos.

La ley define tanto los Derechos de la Madre Tierra (a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y al derecho a vivir libre de contaminación) como los deberes del Estado Plurinacional, especialmente en lo que respeta al desarrollo de políticas públicas en defensa de la Madre Tierra, así como formas de producción y patrones de consumo equilibrados y bajo la perspectiva del Vivir Bien, además de demandar el reconocimiento de la deuda ambiental a través de financiamiento y transferencia de tecnologías limpias, y promover la paz y la eliminación de las armas nucleares. Y no solo se le encomiendan deberes al Estado sino a las personas, que deben defender y respetar los Derechos de la Madre Tierra, así como asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con la Pachamama.

Finalmente se crea Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra establecidos en la ley.

Katu Arkonada

Fuente: Rebelión

Tras el decreto del presidente José Mujica, el PIT­-CNT no ocultó su malestar y lo critica por no haber sido anunciado antes a los sindicatos en el Consejo Superior del sector Público que se reunió 24 horas después de ser anunciado. Desde las Cámaras Empresariales se ve la posibilidad de que la norma se extienda a la actividad privada.

El secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y la dirección de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) sesionaron en conjunto ayer por la mañana ante el decreto emitido el día miércoles por el Presidente de la República que establece un mecanismo de desalojo por parte de la fuerza pública ante la ocupación de trabajadores de una dependencia pública.

Los empresarios reclaman al gobierno que el decreto se extienda también a la actividad privada (ver nota aparte). El decreto cayó como un balde de agua fría en los sindicatos de la órbita estatal que un día antes habían sido convocados para el Consejo Superior del sector Público, el máximo órgano de negociación colectiva.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió una declaración en la que en primer lugar se hace conocer la preocupación del movimiento sindical y se cuestiona la forma y en segundo término lo "rechazan por su contenido" y decidieron remitirlo a la sala de abogados de la central sindical con el objetivo de analizar futuras posibles acciones.

El dirigente Juan Castillo dijo al ser consultado por La República que este tema está muy ligado a la Ley de Negociación Colectiva y es por eso que se cuestiona la forma que ha tenido el Presidente de la República teniendo en cuenta que todas las cuestiones en materia de relaciones laborales que hacen al funcionario público tienen un ámbito para discutirse y negociarse, expresó. "Es preocupante la aparición de este decreto con estas características realizado en forma inconsulta", señaló al respecto y recordó que un día antes había sesionado el Consejo Superior del sector Público y los representantes del gobierno no manifestaron nada respecto al decreto, la acción es vista desde el movimiento sindical como "otra violación" a la ley de Negociación Colectiva.

En segundo lugar, Castillo indicó que el decreto es rechazado además por los contenidos ya que se entiende desde el mundo sindical que "la ocupación de los lugares de trabajo es una modalidad del derecho de huelga por lo tanto está consagrada en la Constitución y legislada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

Agregó ante las diferencias que existen sobre este punto que la OIT "no establece diferencias, ni hace categorías entre públicos y privados, habla de los trabajadores en general", dijo al fundamentar la postura sobre el derecho de huelga.

El decreto también ha sido rechazado desde otros sindicatos de los entes públicos por ejemplo el dirigente del sindicato de la Administración Nacional de Correos, José Mattos dijo a este matutino que el decreto "es una marcha atrás espantosa" en la relaciones laborales, lo calificó como "un desastre" y dijo que "este tipo de decreto sólo lo pueden hacer gobiernos pachequistas".

En la misma línea fue el representante de la Mesa Coordinadora de Entes Públicos, Gabriel Molina que al ser consultado sobre el tema señaló que ha sido recibido con "mucho asombro" y explicó que las situaciones de conflicto que se han dado en los últimos tiempos "son el producto de la falta de Negociación Colectiva".

También Castillo habló de las tres ocupaciones sucedidas en las últimas semanas, a la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte y la Intendencia de Tacuarembó. "Las ocupaciones se hacen cuando no opera la ley colectiva, sucede cuando no están los ámbitos o no hay respuesta a los planteos de los trabajadores, no es una cuestión usual, es algo especial", afirmó sobre la misma.

En tanto, Mattos ve en este decreto una puerta abierta para la actividad privada que quedó regulada desde 2006 por un decreto emitido por el ex presidente Tabaré Vázquez, "se refriegan las manos porque ahora van a querer que la norma los alcance a ellos y la ocupación pacífica está en la OIT", expresó al defender este tipo de medidas sindicales.

"Gobierno revisa su posición"

El gerente de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos señaló a La República que desde el ámbito empresarial, la acción del Presidente de la República está siendo valorada de forma positiva. "Valoramos positivamente que el Poder Ejecutivo haya reflexionado sobre este tema y, que una vez que lo ha sufrido en carne propia haya revisado su posición tradicional en la materia", expresó.

Dijo que este decreto "alienta" al sector empresarial a pensar que el decreto 165 de 2006 que es el que regula las ocupaciones en el sector privado y aprobado en el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez, sea transitorio y el actual se extienda en el mismo sentido a la actividad privada. Que el decreto vaya en ese sentido que es como lo están reclamando las Cámaras Empresariales sería lo "más razonable" y centraría las cosas en palabras de Mailhos en "sus debidos términos", de lo contrario no se entendería que existan en el país dos regímenes totalmente distintos para un mismo tema.

El representante de la Cámara de Comercio dijo que se está valorando la situación y están esperando el informe del resto de las cámaras ya que no se descarta realizar los contactos correspondientes para transmitir la postura oficial de los empresarios respecto al tema.

En la misma línea opinó el presidente de la Cámara de Industria, Washington Burghi "esperamos que en los próximos días la norma se extienda también a las oficinas privadas", dijo y agregó en respuesta a las reacciones sindicales que "lo que es inconstitucional es la invasión de la propiedad privada". Burghi fue entrevistado por radio Carve sobre el tema y afirmó que si la medida no se extiende a la órbita privada se iniciará un diálogo para reclamarla.

Daniela Fassanello

Fuente: La República

Representantes de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua concretarán hoy la instalación del Comité Ministerial de Defensa de la Naturaleza ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América-Tratado Comercial de los Pueblos).

Durante tres días, a partir del miércoles pasado, los delegados de estos países intercambiaron opiniones y trabajaron en la elaboración del documento constitutivo del ente para precisar funciones, composición, objetivos y alcance de la instancia.

En la reunión, desarrollada en el paceño Hotel Radisson, los encargados de la articulación del Comité Ministerial de Defensa de la Naturaleza de la ALBA fijaron también algunas de las posiciones que pueden conformar la plataforma común del foro con vistas a la cita mundial de Cancún, México.

En esencia, esta partirá de la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, adoptada por la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático (Tiquipaya, Cochabamba, abril de 2010), según adelantó la viceministra de Medio Ambiente de Bolivia, Cinthya Silva.

El documento, elaborado sobre una base diferente a los acuerdos de la Cumbre de la Organización de Naciones Unidas (Copenhague -2009), ratificó el apoyo a la idea de estabilizar el incremento de la temperatura en el orbe en un grado y la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

También demandó a los países ricos entregar seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para atender los daños ocasionados a la Naturaleza, y celebrar un referendo mundial para revertir el calentamiento global, y otras.

Las propuestas relacionadas con el Comité Ministerial de Defensa de la Naturaleza serán sometidas luego a evaluación por parte de los órganos directivos de la ALBA, encargados de definir la proposición final que será llevada a Cancún.

De antemano es previsible que el ente coincida con lo defendido en otros cónclaves acerca del tema, en los cuales se culpó al capitalismo del desastre ecológico en progreso, porque es un sistema depredador de recursos naturales y sólo persigue acumular riquezas.

Fuente: PL

Países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) abogarán desde hoy en Bolivia por una postura común sobre la vigencia de los derechos de la Madre Tierra.

De acuerdo con la ministra boliviana de Medio Ambiente y Agua, María Esther Udaeta, ese será el propósito hasta el próximo viernes de un foro que se desarrollará en la ciudad de La Paz.

En el encuentro, agregó, también valoraremos la posición del ALBA de cara a la Cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático a celebrarse a finales de este año en el balneario mexicano de Cancún.

La cita en la sede del Ejecutivo boliviano, agregó, permitirá además crear un Comité Ministerial de Defensa de la Naturaleza.

Udaeta precisó que el Comité debe elaborar una agenda que incluya acciones conjuntas para identificar tareas y proyectos que consideren la gestión ambiental dentro de las políticas públicas e impulsar nuevos paradigmas de desarrollo alternativo en armonía con la naturaleza.

Asimismo consideró que el Comité debe reconocer la diversidad de todos los pueblos indígenas como una riqueza y fortaleza y garantizar sus derechos y revalorizar los sistemas y tecnologías agrícolas ancestrales.

La reunión en La Paz se realiza por mandato de las reuniones Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA que se desarrollaron en Cochabamba y La Habana en octubre y diciembre de 2009, respectivamente.

Adelantó además que en la constitución del futuro Comité Ministerial participarán los ministros de Medio Ambiente de Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

De acuerdo con un informe de la cartera de Medio Ambiente, la propuesta boliviana para la constitución del Comité reconoce la existencia de recursos comunes (atmósfera, agua, biodiversidad, conocimientos, y sabiduría, entre otros) y servicios básicos en la Madre Tierra, los cuales deben ser respetados, gestionados y manejados en beneficio equitativo de la sociedad y no como mercancía.

Agregó que el Comité Ministerial trabajará bajo la tuición del Consejo Político del ALBA y con objetivos concretos.

Muchas de las propuestas que se valorarán en este encuentro del ALBA responden a las conclusiones de la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático, celebrada en Cochabamba (centro) en abril de este año.

En aquella cita, los originarios acordaron la necesidad de un proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y el rechazo a los acuerdos de la Cumbre de Naciones Unidas, celebrada en Copenhague en 2009.

También ratificaron su apoyo a la idea de estabilizar en un grado centígrado el incremento de la temperatura en el orbe y la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

Demandaron además a los países ricos la entrega del seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para atender los daños ocasionados a la naturaleza, además de la celebración de un referendo mundial para revertir el calentamiento global.

Fuente: PL

Foto: Xanti Revueltas

Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay
Don José Mujica Cordano

De nuestra mayor consideración:

En un nuevo Día Nacional de la Educación Pública nos dirigimos a Ud. para plantear nuestro acuerdo con sus afirmaciones del discurso de asunción del cargo: “es esencial que un gobernante democrático se ocupe, y se ocupe bien, de la educación pública”.

Asimismo, expresar nuestra coincidencia con sus palabras del acto de asunción del actual CODICEN de la ANEP, en el sentido de que nuestro país necesita una “primavera educativa”.

En una sociedad con agudas diferencias de clases e injusticia social, causantes de marginación y violencia, entendemos que, sin ingenuidad alguna, porque hay que dar garantía a los derechos de todos, la clave para construir una sociedad justa pasa prioritariamente por la educación pública. Es en las aulas que peleamos esa batalla por el futuro.

Es imperativo mejorar las condiciones de desarrollo de nuestra tarea, fuertemente determinadas para su éxito por las relaciones docente – alumno y espacio físico – clima institucional.

Para ello, al tiempo que se administra de modo eficaz, transparente y democrático, es imprescindible aumentar los recursos para infraestructura educativa, crear los cargos docentes, técnicos, administrativos y de servicio que el sistema necesita, dignificar los salarios de los trabajadores de la educación y subsanar las inequidades salariales que aun persisten en el sector.

Señalar, en consecuencia de lo anterior, nuestra profunda preocupación ante el hecho de que en la Cámara de Representantes la bancada de gobierno negara sus votos al Mensaje Presupuestal del CODICEN de la ANEP, que a nuestro entender – sin alcanzar a cubrir todas las carencias pendientes, en especial la salarial – se acerca más que el del Poder Ejecutivo a satisfacer las necesidades de nuestra educación pública.

Nos preguntamos:

■¿Es posible la “primavera educativa” en aulas superpobladas y mal equipadas?

■¿Es posible aprender con los locales de las escuelas, escuelas técnicas y liceos en condiciones de serio deterioro?

■¿Se puede aspirar a una educación pública de excelencia con docentes, funcionarios administrativos, técnicos y de servicio ganando salarios insuficientes, que los fuerzan al multiempleo?

■¿Se puede esperar un buen funcionamiento del sistema educativo con más de cinco mil trabajadores en la precariedad laboral, sin saber si tendrán sus empleos en el futuro inmediato?

En suma, Sr. Presidente, no comprendemos cómo se espera que los trabajadores de la educación pública podamos cumplir con éxito nuestra tarea sin contar con los recursos mínimos para ello.

Seguimos y seguiremos comprometidos con la Educación Pública, pero hay cuestiones materiales que deben resolverse.

Se trata, ni más ni menos, de proveer lo necesario para satisfacer el derecho humano a la educación….

Avanzar en la mejora de los procesos que hacen a la mejora de la Educación Pública es una responsabilidad del gobierno.

Esperando hallar solución a estos problemas, saluda a Ud. atte.

Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (Sector ANEP) / PIT - CNT

Montevideo, 22 de octubre de 2010

La primera jornada de huelga en la minería del carbón para protestar contra la supresión de las ayudas de la Unión Europea a partir de 2014 y los atrasos en el pago de salarios ha paralizado la actividad en las cuencas mineras de Asturias y Aragón, según explicaron fuentes sindicales.

Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León son las comunidades autónomas que secundan la huelga de la minería con episodios de marchas como la realizada en el marco de la huelga de 1992 por los trabajadores de la 'Minero Siderúrgica de Ponferrada'.

Esta acción sindical la protagonizaron 500 mineros que llevaron a cabo la conocida como 'Marcha Negra' a pie desde Villablino (León) hasta Madrid.

En esta ocasión, la actividad minera se ha parado en Asturias, donde se ha convocado a la huelga a 5.000 trabajadores del sector privado y de la empresa pública Hulleras del Norte (HUNOSA).

Los sindicatos han organizado tres marchas de mineros en el Principado, que confluirán mañana en Oviedo, coincidiendo con el segundo día de huelga en el sector.

Estas marchas, que están secundadas por alrededor de 500 personas, han comenzado hoy en el occidente de Asturias y las cuencas del Caudal y del Nalón, sin que hasta el momento se hayan producido incidentes, según los organizadores de la protesta.

Los servicios mínimos están siendo respetados ya que se han planificado "cortes responsables"

Además, dará comienzo una cuarta marcha, también en la zona central de Asturias, donde confluirá con la procedente de la cuenca del valle del Nalón para más tarde unirse al resto en la capital asturiana.

En Aragón

La huelga también ha tenido un seguimiento unánime en Aragón, donde los trabajadores de las cuencas mineras de Teruel han paralizado la actividad en las minas.

Más de 700 mineros se han sumado a la jornada de paro, mientras que en las minas sólo permanecen los trabajadores de los servicios mínimos acordados, según las fuentes sindicales, que han destacado también la ausencia de incidentes.

Asimismo, se han planificado "cortes responsables" de carreteras por piquetes informativos a partir de las 10:30 horas, pero, según los sindicatos, sin "impedir el desarrollo de la actividad diaria del resto de personas".

Los sindicatos también mantienen los encierros en los ayuntamientos de Ariño y Andorra, donde se han centrado las protestas de los mineros turolenses.

En Castilla-La Mancha

La segunda 'Marcha Negra' de la historia salió ayer de Villablino

Por su parte, en esta comunidad, los 250 empleados de la mina a cielo abierto de Encasur de Puertollano (Ciudad Real) se han sumado a la protesta y ninguno ha acudido a su puesto de trabajo en los turnos de las seis, y las siete y media de la mañana.

Los representantes de los trabajadores tenían previsto entrevistarse esta mañana con el presidente manchego, José María Barreda, una reunión de la que informarán posteriormente a los trabajadores concentrados ante el Ayuntamiento de la localidad.

Para mañana, los mineros tienen previsto secundar el segundo día de paro e irán en manifestación desde la mina hasta el centro de la ciudad, a unos cuatro kilómetros.

Segunda 'Marcha Negra'

Los paros se prolongarán hasta el próximo 29 de septiembre, fecha de la huelga general convocada por los sindicatos contra el recorte presupuestario anunciado por el Gobierno, y se desarrollarán también en Andalucía y Castilla y León.

En esta última comunidad dio comienzo ayer la segunda 'Marcha Negra' de la historia de la minería del carbón desde 1992, que partió desde la localidad leonesa de Villablino en dirección a León.

A su vez, desde ayer se encuentran en huelga de hambre los seis representantes sindicales encerrados en Madrid en la sede del Ministerio de Industria.

También permanecen en huelga de hambre desde el lunes de la semana pasada cuatro mineros en Ponferrada (León), en tanto que se mantienen los encierros en las minas de Tremor de Arriba (León) y Velilla del Río Carrión (Palencia).

Fuente: Kaos en la Red

Bolivia reiteró ante Naciones Unidas su defensa de los derechos de la Madre Tierra y señaló que en la próxima cita de Cancún sobre cambio climático los países desarrollados deben asimilar las propuestas de los pueblos al respecto.

Cancún puede ser una gran fiesta, pero para eso los Estados industrializados tienen que asimilar las iniciativas aprobadas en abril pasado en Cochabamba, dijo el presidente boliviano, Evo Morales, en conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas.

En respuesta a una pregunta de Prensa Latina, el mandatario subrayó que si eso sucede la reunión del balneario mexicano se convertiría en el primer encuentro de presidentes y jefes de gobierno con los pueblos del mundo.

La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra ratificó en Cochabamba el principio de responsabilidad compartida y diferenciada sobre el calentamiento global.

También decidió la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental, demandó que los países ricos paguen las deudas contraídas por contaminar el medio ambiente y convocó a un Referéndum Climático.

Morales anunció la realización de una próxima reunión de representantes de movimientos sociales de todos los continentes para repasar la agenda y llegar a Cancún para persuadir, explicar y convencer a presidentes y gobiernos.

El gobernante boliviano insistió en que la Madre Tierra está gravemente deteriorada por la actividad humana, con el 30 por ciento de las especies animales y vegetales en peligro de extinción y 13 millones de hectáreas desforestadas cada año.

La acción de los humanos rompió el equilibrio con la naturaleza y hay que vivir en armonía con la Madre Naturaleza, sentenció al señalar que "vivimos en un planeta finito y el desarrollo no puede ser infinito, sin límites".

Si todos los habitante de la tierra consumieran como en Norteamérica o Europa el planeta colapsaría. El modelo de desarrollo capitalista es insostenible e inviable, acotó.

Morales reafirmó la noción de los pueblos indígenas de que el capitalismo no es solución para la vida ni para la humanidad.

"Lo que debemos buscar es la satisfacción de las necesidades del ser humano y eso significa vivir en armonía con la naturaleza, con la tierra", proclamó y dijo que en el nuevo milenio hay que reconocer y garantizar los derechos de la Madre Tierra.

Los capitalistas piensan que solo los seres humanos tienen derechos, pero estamos convencidos de que la Madre Tierra también los tiene, el derecho a la vida a la regeneración y si no los aceptamos, todos seremos víctimas, aseguró.

Victor M. Carriba

Fuente: PL

3er Encuentro Universitario

Salud, género, derechos sexuales
y derechos reproductivos

Viernes 13 de Noviembre de 2009

Organiza: Catedra Libre en salud reproductiva, sexualidad y género. Facultad de Psicología. Universidad de la República.

El programa lo puedes descargar AQUÍ

El próximo 25 de octubre se plebiscitará la reforma constitucional que incorpora y garantiza el ejercicio del derecho al voto a tod@s l@s uruguay@s.

Porque uruguay@s somos tod@s, porque tod@s debemos tener los mismos derechos y deberes, porque el futuro de nuestro país nos atañe a tod@s y entre tod@s lo construimos, porque más allá del lugar de residencia somos un solo pueblo y llevamos con nosotros nuestra tierra.

Desde Esquina Montevideo te pedimos que apoyes esta iniciativa para que, al decir de Eduardo Galeano, tod@s podamos ayudar a que el Uruguay sea lo que quiere ser: una casa de tod@s sus hij@s.

Hoy, cuando conmemoramos los sesenta años de la Nakba palestina, los 20 años del inicio de las muertes en el Estrecho de Gibraltar, los 35 años del golpe militar contra el gobierno democrático de Salvador Allende; cuando esa misma legitimidad está gravemente amenazada en Bolivia y convoca nuestra conciencia y solidaridad, y cuando celebramos los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros, mujeres y hombres que somos parte de más de dos mil movimientos y organizaciones sociales de noventa países del planeta, nos reunimos en Rivas Vaciamadrid (España), del 11 al 14 de septiembre de 2008, bajo el lema: 'NUESTRAS VOCES, NUESTROS DERECHOS, POR UN MUNDO SIN MUROS'

Nuestras Voces

Somos personas y organizaciones de migrantes, desplazados/as y refugiados/as; víctimas del tráfico de seres humanos y la trata; somos también movimientos y organizaciones sociales trabajando junto a ellos; somos sujetos individuales y colectivos que, preocupados por el hecho migratorio comprendido en su integralidad, nos hemos ocupado de desarrollar acciones comprometidas con la transformación radical de las condiciones en las que los seres humanos se han visto obligados a migrar, desplazarse o refugiarse .

Nosotras, las personas migrantes, desplazadas y refugiadas y nuestras organizaciones, nos constituimos en un nuevo sujeto político y en una fuerza social mundial que se consolida en este III Foro Social Mundial de las Migraciones. Por todo lo anterior y con legítimo derecho, levantamos nuestras voces para decir:

No al creciente deterioro de las condiciones de vida que impacta a la mayoría de las personas del planeta, en el norte como en el sur global y que impacta de manera especial a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas de los diferentes continentes, y muy especialmente las de los pueblos palestino, saharaui, colombiano, sudanés e iraquí y a las políticas cómplices de Estados Unidos, Europa y España en particular.

No a las migraciones forzadas de los pueblos indígenas como resultado de la expropiación de sus tierras y de los megaproyectos agroindustriales, que traen como consecuencia el desarraigo y la destrucción de sus culturas.

No a las diferentes manifestaciones de racismo en contra de las personas y comunidades migrantes en todos los continentes y particularmente, en contra de las personas de Africa Negra y la comunidad latina en los Estados Unidos

No a la reproducción y el fortalecimiento de un sistema patriarcal que, en el contexto de la feminización de las migraciones, profundiza aun más la asimetría de género ya existentes, y se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y al cuidado de otros, en condiciones de esclavitud.

No a los proyectos que estigmatizan, segmentan y excluyen a las personas migrantes y sus familias y deterioran el tejido social comunitario y organizativo. Rechazamos la pretensión de transformar las remesas en sustituto de políticas estatales de desarrollo en los países de origen y en refuerzo al circuito financiero del capital, ampliando aún más las históricas asimetrías sociales, políticas, económicas y culturales.

No al discurso mediático convencional que desde los estereotipos, refuerza la criminalización y la victimización de las personas migrantes como discurso hegemónico; a la xenofobia, la discriminación y el racismo que se propaga desde ellos y que acrecienta esas conductas y prácticas en las sociedades y países de tránsito y destino de personas migrantes.

No a la globalización capitalista, neoliberal, concentradora y excluyente, depredadora del ser humano y de la naturaleza y que en su conjunto representa la causa fundamental de las migraciones contemporáneas.

Nuestros Derechos

Somos sujetos que nos hacemos cargo de procesos; analizamos e interpretamos la compleja realidad del hecho migratorio, desde el lugar del ser humano, su dignidad y la integralidad de nuestros derechos humanos; imaginamos y ponemos en marcha iniciativas múltiples y diversas y apostamos por nuestro protagonismo histórico, por la construcción de otra realidad:

En las condiciones actuales del capitalismo mundial, las personas migrantes somos una muestra evidente de las desigualdades económicas y sociales entre los países y dentro de los países. Situación que se profundiza por la sincronía de una crisis mundial, multidimensional: económica, ambiental, alimentaria y energética.

La construcción de muros geográficos, políticos, legales y culturales, como la directiva europea de “la vergüenza”, y otras leyes públicas y disposiciones oficiales similares, son una estrategia criminalizante que, en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional, elimina todos los derechos humanos. Para ello se recurre, además, a la externalización de fronteras, la internalización mental a través de la persecución, el hostigamiento y las deportaciones; las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana

Insistimos en que los acuerdos laborales bilaterales y regionales inspirados en el modelo filipino de programas temporales de trabajadores huésped que, al impedir el arraigo, anula cualquier posibilidad de reivindicar sus derechos, propiciando la sobreexplotación y deshumanización de las personas trabajadoras, cumplan plenamente con las obligaciones establecidas en los convenios 97 y 143 de la OIT; sin lo cual se profundiza el deterioro integral del Trabajo Humano, con pérdida de su valor salarial, social y jurídico, convirtiendo a las personas migrantes en mercancías.

Afirmamos la necesidad de defender, reivindicar, extender, frente al trabajo forzado, esclavo y precario, el trabajo digno para una vida digna, que integre libertad, igualdad de trato y contraprestaciones negociadas adecuadas para todas las personas trabajadoras.

Valoramos las iniciativas de economía solidaria que fortalecen el tejido asociativo y contribuyen a procesos de economía social y desarrollo integral de las personas. Rechazamos su utilización como instrumento para negar el derecho a migrar.

Promovemos la ciudadanía universal y ratificamos el derecho de las personas a la libre movilidad como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por un mundo sin muros

Un mundo sin muros es una condición esencial para construir otro mundo posible; el cumplimiento pleno de los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una exigencia y nos compromete a continuar en nuestra lucha por los derechos de todas las personas migrantes.

Por ello exigimos:

la firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias por parte de los Estados que no lo han hecho. Saludamos a los Estados que la han ratificado y demandamos adecuen su marco normativo nacional a las exigencias de la Convención. Saludamos el compromiso por parte de los gobiernos municipales iniciado por el gobierno de Rivas Vaciamadrid de trabajar en la campaña a favor de la ratificación.

el establecimiento de un mandato o procedimiento especial dentro del sistema de la ONU para suplir los vacíos en los instrumentos existentes de protección de las personas migrantes, CMW (Comité de Trabajadores Migratorios), relator especial, ACNUR y el representante especial para las personas desplazadas internas.

la derogación de la directiva de retorno de la UE, así como de todos los instrumentos legales que permiten la detención de migrantes en el mundo; el desmantelamiento del Frontex y de todos los dispositivos policiales y militares que securitizan las políticas migratorias y la fiscalización por parte de organizaciones sociales de los centros de internamiento, hasta su cierre definitivo.

que las fronteras del mundo dejen de ser espacios de impunidad en los que las personas migrantes son objeto de todo tipo de violaciones, crímenes y obligados a asumir riesgos que ponen en peligro su vida. Demandamos que los países de origen, tránsito y destino, asuman su responsabilidad para revertir esta situación.

la regularización de todas las personas migrantes sin papeles en todo el mundo.

el reconocimiento de otras formas de persecución y la ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas, garantizando que las solicitudes y los procedimientos cumplan con todo lo que prevé la ley y centren los derechos humanos de estos colectivos. Igualmente, demandamos el cumplimiento de las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.

la denuncia de todos aquellos convenios de expulsión, generalmente impuestos a los Estados de origen o tránsito, que a menudo conllevan graves violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes.

la anulación de los acuerdos y claúsulas de re-admisión y el cese de toda negociación de acuerdos de este tipo entre la Unión Europea y los países terceros y entre los países terceros.

la promoción de las personas y comunidades migrantes para que se organicen, se rebelen, denuncien toda forma de dominación y explotación y hagan valer sus derechos, fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo.

el cumplimiento de la legislación internacional que garantiza la protección adecuada de los niños y niñas que son parte importante de los flujos migratorios internacionales.

la incorporación en nuestras luchas de la reivindicación de una justicia medio ambiental y el reconocimiento y protección jurídica de los refugiados que provoca el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, urgiendo un nuevo orden mundial que promueva la dignidad humana de todas las personas, en sintonía con las potencialidades de nuestro planeta tierra.

la aplicación de políticas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades profundizando mecanismos de inclusión que no dependan de la situación administrativa de las personas migrantes; de políticas que integren, en los servicios públicos, la diversidad cultural de las personas migrantes en los servicios públicos; de políticas a largo plazo para la integración de los jóvenes y para el avance en la equiparación de derechos para los colectivos migrantes de LGTB y sus familias.

el derecho al voto en el ámbito municipal y la participación activa en la definición de los planes locales de desarrollo y el respeto a la autonomía de las organizaciones y movimientos sociales, de tal manera que el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas migrantes sea efectivo.

la participación política del migrante para incidir, tanto en la política interna como en la política externa, de un país de llegada, a favor de su país de origen, visibilizando los beneficios que las personas migrantes traen, constituyéndose en sujetos activos.

la continuación del proceso de redacción colectiva de la Carta de los Migrantes así como la de todos aquellos procesos e iniciativas que signifiquen el fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes.

la multiplicación y fortalecimiento de medios de comunicación democráticos, incluyentes que, desde las voces de las personas y comunidades migrantes, reflejen adecuadamente la complejidad de la migración.

Queremos recuperar la dimensión del sujeto humano, de la dignidad humana evitando que la lógica mercantil afecte nuestra relación como movimientos sociales. Asumir que nuestra identidad como migrantes, refugiados y desplazados no niega nuestras otras múltiples identidades y luchas.

Migrar no es un delito, delito son las causas que originan las migración. Levantemos nuestras voces, defendamos nuestros derechos, luchemos juntos por construir un mundo sin muros.

En Rivas Vaciamadrid, a 13 de septiembre de 2008

El Día Internacional del Detenido Desaparecido – 30 de agosto - es una fecha que se conmemora en América Latina desde la década del ’80 por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM).

La fecha tiene entre otros objetivos, aportar al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas -catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Se inscribe además en el trabajo que los organismos de Derechos Humanos realizan para influir en las políticas públicas nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir toda forma de autoritarismo y consolidar la vigencia de los derechos y libertades.

Se entiende que la “desaparición” no sólo vulnera los derechos personales de la víctima, sino que también somete a sus familiares a un atroz sufrimiento, que se ha reconocido como equivalente a la tortura. La «desaparición» constituye un delito continuo o permanente mientras no se determina la suerte y el paradero de la víctima. Hasta la fecha en nuestro país aún se desconoce el destino de una inmensa mayoría de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar.

Bussi y su guerra



Declaraciones de Antonio Bussi





Alegato del represor Luciano Benjamín Menéndez



Opinan testigo y familiares víctimas de los represores





Y se hizo justicia....

El presidente de la Comisión Verdad y Justicia, Mario Melanio Medina, presentó hoy el informe de la gestión 2004-2008 de dicha Comisión y pidieron que se cree una Secretaría de Derechos Humanos para defender a las víctimas de la dictadura.

Monseñor Medina afirmó que unas 128.076 personas fueron víctimas de las injusticias de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954 - 1989). De dichas víctimas, unas 20.090 fueron afectadas directamente y otras 107.987 eran familiares y allegados afectados en forma indirecta. Unas 19.862 fueron detenidas arbitrariamente y 18.772 sufrieron diversos tipos de torturas. Al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron, según el informe final de la Comisión. Los casos de "exilio político forzoso", asegura el informe, se acercaron a los 3.500.

Medina solicitó que el Estado pida disculpas y que el Ministerio Público inicie procesos contra los presuntos involucrados. La Comisión, integrada por nueve miembros de distintos sectores sociales, ha incluido en el documento una serie de recomendaciones para el Estado, entre las que se destaca el análisis de los testimonios de la investigación para usarlos durante eventuales procesos judiciales contra los responsables de esos delitos. Recomienda que se fomente el regreso voluntario de los exiliados políticos, que se modifique la ley 838/96, que se reconozca como víctimas a los exiliados políticos y que puedan tener un resarcimiento económico.

El informe fue entregado al presidente de la Nación, Fernando Lugo, acto en el que participaron casi todos los ministros del gobierno.

Lugo, al asumir la responsabilidad del Estado, se convierte en el primer presidente paraguayo que pide perdón a los familiares de las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), en la que desaparecieron más de cuatro mil paraguayos.

Durante un emocionado discurso Lugo, en su carácter de representante del Estado, reconoció los actos violatorios del stronismo, al tiempo que señaló las violaciones del régimen.

“Perdón en nombre de la nación paraguaya, por tantas injusticias a las que fueron sometidos, perdón por cada centímetro de dolor físico y anímico que flageló su territorio corporal”, dijo el jefe de Estado.

En ese contexto, el mandatario asumió la responsabilidad del Estado paraguayo que sostuvo aquella política de terrorismo institucionalizado y dejó una nación arrasada por la corrupción y la posibilidad de pensamiento divergente anulada.

EM en base a PL y Efe