Creado con el imperativo de recuperar restos de detenidos desaparecidos por la última dictadura de su país (1976-1983), el Equipo Argentino de Antropología Forense operó ya en 40 países y amplía el rango de casos que investiga.

"Lo que ofrecemos es capacitación a forenses en la recuperación e identificación de personas muertas en casos de violencia política, pero también de crímenes comunes o desastres masivos", dijo a IPS el director del equipo, Luis Fondebrider.

Un caso que no está relacionado con la violencia política específica es el del llamado feminicidio o femicidio en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, donde trabajaron para identificar 33 cuerpos de mujeres y niñas asesinadas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que en Juárez llegan a unas 600 las mujeres desaparecidas y 360 fueron asesinadas.

Este equipo, conocido por sus siglas EAAF, se constituyó como entidad no gubernamental en 1984, al año siguiente de recuperada la democracia tras siete años de una dictadura que dejó casi 15.000 personas desaparecidas, según los registros oficiales hasta ahora, cifra que organizaciones de derechos humanos elevan hasta 30.000.

"Nuestro trabajo no es encontrar culpables", advirtió el antropólogo. Lo que hace el equipo es investigar para poder identificar los restos de una persona y esclarecer, dentro de lo posible, las causas del deceso.

En Argentina, mediante exhumaciones en fosas comunes en al menos siete provincias, el equipo halló restos de 900 personas, de las cuales 300 fueron identificadas enseguida. Para las demás lanzó una campaña.

La iniciativa consiste en convocar a familiares de detenidos desaparecidos para que entreguen una muestra de sangre que ayude al registro genético de los esqueletos hallados. De esta manera fueron identificados otros 120 cuerpos desde 2008.

La experiencia de los forenses argentinos sirvió para la recuperación de restos de víctimas de la violencia en 16 países de América Latina, nueve de África, siete de Europa, cinco de Asia y dos de Oceanía.

El equipo se destacó en 1997 por haber logrado identificar los restos del líder guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, asesinado en 1967 por militares en Bolivia y sepultado en un lugar desconocido.




Si bien cerca de 90 por ciento de las intervenciones son por causa de la violencia política, cada vez más estos expertos incursionan en otros asuntos en los que se los reclama en el marco de la cooperación internacional.

Terremotos, inundaciones, deslaves, accidentes y otros crímenes comunes pueden ser objeto de estudio del equipo, compuesto por antropólogos, arqueólogos, genetistas, médicos, odontólogos y especialistas en informática entre otros.

"La técnica es la misma, lo que hacemos es identificar cuerpos en muy malas condiciones, que ya no conservan tejido blando, y que requieren de entrevistas con los familiares para obtener mayor información sobre ellos", señaló Fondebrider.

Frente a ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina resolvió brindar apoyo político y financiero al EAAF para proyectos de cooperación entre países del Sur que pidan su intervención.

La cartera convocó a embajadores de 45 países para presentarles el trabajo del EAAF y, según Fondebrider, hubo consultas de Jamaica, Indonesia y Japón para capacitar y formar equipos de trabajo similares en esos países.

El EAAF hizo esa tarea últimamente en Chipre, Timor Oriental, Guatemala, Chile y se prepara para brindar ese mismo tipo de asistencia el año próximo a Vietnam. En algún caso no sólo forman recursos sino que también colaboran con el trabajo de campo.

En Colombia, los técnicos argentinos formaron parte de la comisión enviada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para investigar las circunstancias del secuestro y asesinato en 2002 de 12 diputados en Cali, en el marco de la añeja guerra civil.

En México, los profesionales desarrollaron una larga tarea en el estado de Chihuaha por pedido de la organización Justicia para Nuestras Hijas y con el aval del gobierno nacional y de la fiscalía. "En Ciudad Juárez, la autoridad, con un costal de huesos, le decía a la familia: ‘ésta es tu hija ¿la quieres o no?’. Unos los recogieron y enterraron, otros no quisieron", narró a IPS Alma Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de México.

Gómez fue el enlace entre las familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y el EAAF. "No había ninguna voluntad del gobierno" mexicano en el esclarecimiento, remarcó. Así fue que decidieron convocar a los argentinos.

"Para nosotros eran fundamentales dos cosas: la capacidad técnica de ellos y su fortaleza moral", distinguió. El propio equipo consiguió buena parte de los recursos financieros para solventar la investigación.

La Procuraduría mexicana había hecho unas pocas identificaciones, pero esos registros no contaban con la credibilidad de las familias, precisó Gómez

Sofía Egaña, responsable del EAAF que trabajó en Ciudad Juárez, explicó a IPS que hubo que diseñar allí un plan que, en principio, abarcaría alrededor de 25 casos con sus respectivos expedientes para revisar.

Pero de la pesquisa y las exhumaciones surgió que había casi un centenar de restos, que fueron analizados y cotejados con muestras de sangre de familiares, hasta que se logró identificar a 33 cuerpos.

"Tres de esos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fuimos peritos de parte en esas causas", remarcó Egaña.

Se trataba del caso de tres jóvenes de entre 15 y 20 años que fueron asesinadas en 2001 en Campo Algodonero, un baldío de Ciudad Juárez. La Corte, que forma parte del sistema de la OEA, ordenó al estado mexicano a investigar esos crímenes e indemnizar a las víctimas.

Marcela Valente

Fuente: IPS