Centros de inmigrantes de la Comunidad de Madrid, en manos de los Legionarios de Cristo, ahora investigados por el Papa

Que el Gobierno de Esperanza Aguirre apoya a organizaciones ultraconservadoras y ultrarreligiosas no es ninguna novedad: congregaciones católicas como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo participan activamente en educación y sanidad en la Comunidad de Madrid, pero también en otros ámbitos. Cuatro de los 17 CEPI (Centros de participación e integración para inmigrantes) de la región están en manos de los Legionarios de Cristo a través de la Fundación Altius-Francisco de Vitoria. Al menos en uno de ellos, en el Centro Hispano-Peruano situado en el municipio de Majadahonda, ofrece programas de apoyo a mujeres embarazadas para evitar que aborten, y ofrece conferencias pro vida a sus trabajadores. Estos centros, financiados con dinero público, reciben alrededor de 1,6 millones de euros anuales de la comunidad.

Muchas organizaciones pro vida reciben numerosas ayudas y subvenciones de la Comunidad de Madrid, que en comparación destina presupuestos irrisorios a centros de educación sexual y orientación anticonceptiva. Pero la presidenta regional, Esperanza Aguirre, sabe además cómo fomentar los postulados antiabortistas a través de otros organismos. Es lo que ocurre con los centros de participación e integración para inmigrantes (CEPI), instituciones públicas de gestión privada que tienen como objetivo prestar asesoría jurídica y laboral a los inmigrantes y fomentar la convivencia y el intercambio cultural.

Cuatro centros para los Legionarios
Cuatro de estos centros de la región están en manos de los ultraconservadores Legionarios de Cristo, un grupo que está actualmente en el punto de mira ya que el Vaticano ha ordenado una investigación a raíz de los escándalos por abusos sexuales y pederastia que cometió su fundador, el ya fallecido Marcial Maciel. A través de la Fundación Altius-Francisco de Vitoria, la congregación se hace cargo de los centros orientados a inmigrantes peruanos, colombianos, centroamericanos, y otro para todos los latinoamericanos en general.

Asesoría anti-aborto
Al menos en el centro Hispano-Peruano, que se encuentra en el municipio de Majadahonda (aunque allí solo residen 817 de los 52.000 peruanos que hay en Madrid), la orden ultracatólica aprovecha para difundir sus postulados. Entre las actividades, el centro incluye el Programa NES (No estás Sola), una “asesoría para mujeres embarazadas y madres” que considera que el aborto “no es una opción posible por todas las heridas que deja, entre ellas el síndrome post aborto”, según recoge El País. El centro está incluso recomendado por la Red Madre, una organización que engloba a numerosas agrupaciones antiabortistas en la comunidad, y no duda en tratar de persuadir a las mujeres inmigrantes para que no aborten, aunque sus responsables insisten en que en el centro sólo se ofrece “asesoría jurídica y formación profesional”.

Valores morales para los niños
Este CEPI sirve también de punto de encuentro para las familias numerosas del municipio y entre sus programas incluye la transmisión de “valores morales” dedicada a los niños, algo que nada tiene que ver con sus objetivos de “convivencia e intercambio cultural” entre inmigrantes y madrileños, o con la oferta de “formación profesional y jurídica”.

La fundación lo niega
No obstante, Pablo Aledo, director de la Fundación Altius, asegura que en ninguno de sus centros se intenta inculcar ningún tipo de orientación ideológica o moral. Según declaró a Público, se trata de un centro “público” que no intenta “darle una orientación ideológica a los asistentes hacia ninguna postura ideológica ni política”, porque “un CEPI no debe dedicarse a ello”.

Charlas para los trabajadores
Pero no sólo quienes acuden al centro reciben este adoctrinamiento: los últimos viernes de cada mes los trabajadores también son invitados a charlas organizadas por Altius. La última de ellas, el pasado viernes, trataba precisamente sobre la oposición al aborto, aunque desde la organización aseguran que se trataba de un encuentro “privado” y destinado solo a miembros de los Legionarios o de la fundación, según recoge Público.

Protestas de la oposición socialista
Los convenios con Altius comenzaron en 2006 y desde entonces la oposición socialista ha sido muy crítica con ello. Según denunció la portavoz de Inmigración y Cooperación del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, María Antonia García Fernández, los CEPI “son centros para manipular y tener controlado el movimiento asociativo y el voto inmigrante. A su juicio, además, los centros no están cumpliendo con la función integradora para la que fueron creados, ya que “segrega por nacionalidades” a los inmigrantes, separando cada país de origen en un centro distinto. Desde la comunidad, sin embargo, justifican la existencia de los CEPI asegurando que en 2008 220.000 personas se beneficiaron de sus servicios.

Fuente: El Plural