El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos inhumanos, Manfred Nowak, completó recientemente una misión oficial en Uruguay considerando “deplorables” las condiciones de algunas comisarías y cárceles que visitó. Llegó a decir que de todas las prisiones que había visitado en el mundo las uruguayas eran de las peores.

Estas afirmaciones de Nowak causaron un gran revuelo en la opinión pública uruguaya, y el sistema político, en plena campaña electoral, se hizo eco de ellas.

Ligado a la realidad carcelaria viene el tema de la seguridad pública, además de la prevención y la preparación policial.

En otros términos: a propósito de la seguridad pública es importante analizar un circuito perverso, que aísla (encarcela) a quien comete un delito, internándolo en establecimientos que, por sus características, no sólo no rehabilitan sino que, en muchos casos empeoran la condición del recluso.

En 1992 planteamos ese grave problema en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, y destacamos que se trataba de un tema pendiente desde largo tiempo atrás.

Recordamos entonces que por la década de los 50 la Cámara había elaborado un informe sobre las cárceles, cuyo contenido resultaba aterrador. Pero 40 años después –señalamos- el panorama era similar.

La realidad indica que, cíclicamente, a raíz de alguna denuncia con revelaciones más o menos escandalosas, el tema de las cárceles gana la primera plana de la prensa. “En tales casos, por espacio de 15 días se grita contra la administración, se piden nuevas leyes que vayan a aumentar el número, nada bajo, de las vigentes, y pasado aquel tiempo todo queda igual, si no cambia y se hace peor”.

Aunque dicha descripción resulte de extrema actualidad, esas son palabras textuales del libro “Las prisiones”, publicado hacia fines del siglo IXX por Kropotkine. Ya entonces, ese pensador excepcional que fue recluido largo tiempo en la cárcel por su condición de anarquista, observó que “el hombre que ha estado en la cárcel volverá a ella”, como demuestran las cifras.

Los reincidentes, en realidad, fueron educados en la cárcel. Y muchos presos –observa Kropotkine- una vez libres actuarán como aprendieron a hacerlo en la prisión.

Aunque al liberado “le hace falta sostén, fraternidad, y no busca sino una mano amiga (…) después que el Estado ha hecho cuanto estaba en su poder para convertirlo en enemigo de la sociedad, después de haberle inoculado los vicios que caracterizan a los establecimientos penitenciarios, le condena a tornarse reincidente”.

Cuando se plantea el tema de las cárceles, las condiciones a que se somete a los presos, el incumplimiento del artículo de la Constitución que establece que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”, algunos, entre los cuales están los que apelan demagógicamente a un hecho real -la inseguridad y la sensación de inseguridad- suelen replicar diciendo que quienes eso plantean se preocupan de los victimarios y no de las víctimas. Pasan por alto que si no se cumple con la disposición constitucional se acentuarán el riesgo de la propiedad y de los bienes sociales que dicen defender.

Todo el sistema carcelario nacional está en crisis.

En la exposición de motivos del proyecto presentado en la Cámara de Representantes por el Encuentro Progresista (elaborado por el ex diputado Díaz Maynard) se hizo referencia al “cúmulo de causas que están en la raíz de la actual situación del sistema penitenciario: desde las condiciones edilicias y, en consecuencia, el hacinamiento, los malos tratos, el consumo de drogas, de alcohol y la ausencia total de capacitación funcional, hasta la falta de medidas que tiendan a la reinserción social del recluso”.

Una de las causas medulares que aflige al sistema penitenciario nacional radica en el crítico relacionamiento funcionario-recluso, derivado fundamentalmente de la falta de preparación del personal policial penitenciario.

La policía de Uruguay no está capacitada para encarar el proceso de rehabilitación de la población carcelaria.

Desde 1971 la función penitenciaria depende del Ministerio del Interior, lo que no ocurre en otros países, ni lo aconsejan los criminólogos más prestigiosos.

Lo más adecuado sería la creación de un servicio descentralizado; ante todo por la función particularmente delicada a cumplir. En ese sentido, la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación es una necesidad urgente.

El actual modelo penitenciario ha fracasado. En algunos aspectos sólo reproduce el delito. Y sus efectos negativos, más allá de los muros de las cárceles, alcanzan a la sociedad en su conjunto.

Guillermo Chifflet

Fuente: Rel-UITA