La ofensiva contra los jueces en casos de Derechos Humanos

El ataque político, técnico-profesional y personal contra la jueza penal de 7º turno, doctora Mariana Mota, promete llegar a niveles extremos. Como ocurrió con los magistrados Alberto Reyes, Alejandro Recarey y Gustavo Mirabal, desde distintos flancos se busca deteriorar la imagen de la jueza que condenó al dictador Juan María Bordaberry y a varios militares por delitos que no dudó en tipificar como crímenes de lesa humanidad. En tiempos de impunidad, el sistema judicial desnuda su fragilidad cuando gobierno y parlamento no le dan apoyo para su mejor funcionamiento.

Pocos imaginaron que esa mujer delgada, de pelo corto, casi tímida y de voz suave podría llegar a ser temida por los militares y policías que violaron los derechos humanos en los años de la dictadura. Sus antecedentes en el juzgado penal de 3º turno en la ciudad de la costa adelantaban su coraje para enfrentar a toda una mafia del contrabando que llevó a una serie de procesamientos en la Aduana del Aeropuerto de Carrasco. Pero, cuando la doctora Mariana Mota fue designada en el juzgado penal de 7º turno, muchos impunes suspiraban de alivio, por el traslado a los juzgados especial sobre ilícitos económicos de la jueza Graciela Gatti, quien había abierto la causa y ordenado el procesamiento con prisión del dictador Juan María Bordaberry.

La jueza Mota heredó un juzgado “caliente”, donde la causa Bordaberry no parecía una prioridad. En sus manos había quedado el caso de los hermanos José, Jorge y Juan Peirano Facio y el incidente de espionaje del ex agente del SIDE argentino, Iván Velázquez, un hacker que había perfeccionado un programa a través de Internet con el que se infiltró en documentos y secretos de autoridades, dirigentes políticos y periodistas de ambas márgenes del Río de la Plata. Mota tuvo que otorgarles la libertad a José y Jorge Peirano porque el Parlamento derogó una ley que los mantenía presos, pero a la vez mantuvo encarcelado a Juan Peirano tras su extradición desde Estados Unidos. Velázquez también fue procesado con prisión luego de espiar a la propia policía uruguaya que le pidió “ayuda” en la instalación de un software.

Desde que llegó al juzgado, Mariana Mota estudió detenidamente el voluminoso expediente contra Bordaberry, donde la denuncia original interpuesta por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León, habían permitido recabar testimonios y pruebas sobre decenas de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el mandato del dictador que el ministerio público a cargo de la doctora Ana María Telechea fue “acordonando” como causas a profundizar. Mota modificó la carátula de homicidios con que Gatti había encausado a Bordaberry por los casos de desaparecidos y los tipificó como desapariciones forzadas, a la vez que admitió que el presidente que disolvió el parlamento en 1973 había atentado contra la Constitución. Por primera vez un dictador fue condenado como tal.

La jueza Mota y la fiscal Telechea avanzaron sobre los casos “acordonados” y coincidieron en encarcelar a los oficiales aeronáuticos José Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero por el homicidio del militante comunista Ubagesner Chaves Sosa, cuyo cuerpo desaparecido había sido ubicado en una chacra de Pando en el informe que la propia Fuerza Aérea entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005. Paralelamente, se planteó a la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre 19 casos de muertes por tortura durante el ese período de la dictadura y otro similar por el caso del fusilamiento sumario de cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Argentina y cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados cerca de la localidad de Soca, como supuesta represalia ante el homicidio del coronel Ramón Trabal en París, en diciembre de 1974.

En el juzgado de 7º turno también se resolvió el procesamiento del coronel Carlos Calcagno por la desaparición de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana en Paraguay en 1977 y se reinició la investigación sobre la desaparición en Maldonado del dirigente frenteamplista Horacio Gelós Bonilla, que el presidente José Mujica excluyó de la Ley de Caducidad. El trabajo de Mota se amplió cuando la Suprema Corte de Justicia –como lo había hecho con la muerte de Nybia Sabalsagaray- consideró inconstitucional la polémica Ley 15.848 en los 19 casos de muerte por tortura y en los fusilamientos de Soca, sobre los que había recurrido la fiscal Telechea. Desde entonces, también pasaron a instruir el caso de desaparición del maestro Julio Castro y recibieron nuevas denuncias por torturas en Bosio Lanza y sobre el caso de Antonio Viana Acosta.

El protagonismo adquirido por la jueza Mota (de bajo perfil mediático y a quien no le gusta salir ni en fotografías) y la fiscal Telechea (que seguía los pasos de la fiscal Mirtha Guianze), no tardó en ser atacado por los sectores y estructuras que defienden a los militares encausados por violaciones a los derechos humanos. Adelantando una estrategia que a principios de este año se hizo expresa con la creación del denominado Foro Libertad y Concordia, desde un par de importantes estudios de abogados se comenzó a diseñar una ofensiva que viene disparando sobre la representante del ministerio público y contra la propia jueza en el debate jurídico y a través de una serie de “chicanas” y recursos administrativos que han logrado enlentecer los procesos para llegar a noviembre próximo, fecha prevista para la prescripción de los delitos.

Esa molesta justicia

No es la primera vez que jueces que intentaron avanzar en la investigación de violaciones a los derechos humanos terminan siendo cuestionados. En 1997 el juez Alberto Reyes quiso iniciar las excavaciones en los Batallones 13 y 14 en busca de los desaparecidos y chocó con una resolución del presidente Julio María Sanguinetti quien “estiró” la Ley de Caducidad para impedirlo. En 2003, el juez Gustavo Mirabal impulsó la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman y en tres oportunidades fue detenido por el fiscal Enrique Moller. Mirabal terminó pidiendo su traslado a un juzgado de lo contencioso administrativo y Moller pasó a comisión en el Parlamento como asesor del diputado blanco Sergio Botana. Aquel año, cuando el juez Alejandro Recarey sustituyó por enfermedad al titular Eduardo Cavalli en la causa sobre desaparición de la maestra Elena Quinteros, intentó acelerar la indagatoria y terminó cuestionado por su condición de magistrado suplente. Pese a su estado de salud, Cavalli reasumió en el juzgado.

La embestida contra jueces y fiscales que procuraban esclarecer las violaciones a los derechos humanos también tuvo como víctima a la fiscal Mirtha Guianze, impedida de ascender al cargo de Fiscal de Corte y atacada por la condición de preso político que tuvo su marido. También la fiscal Ana María Telechea fue cuestionada y denunciada ante sus superiores, en el marco de la estrategia desplegada por los abogados de los criminales de lesa humanidad, que cuentan con el asesoramiento y experiencia de sus colegas argentinos especializados en la defensa de estos casos, quienes les han facilitado el acceso a seminarios internacionales y un lobby regional financiado por poderosos grupos económicos que apoyan a partidos políticos conservadores en contra de los gobiernos progresistas existentes en la región.

Mariana Mota terminó siendo blanco de un ataque del ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre por su sentencia contra el coronel Carlos Calcagno. La jueza se vio obligada a hacer una aclaración pública ante un programa de radio El Espectador donde se le cuestionaba sin fundamentos. Hasta la actual directiva del propio Colegio de Abogados del Uruguay llegó a difundir una crítica declaración que motivó días atrás el pedido de desafiliación gremial por parte de la fiscal Telechea. Ahora, la jueza también pasaría a ser investigada por su eventual participación como ciudadana en una marcha de silencio en la que cien mil uruguayos reclamaron el pasado 20 de mayo por verdad, justicia y la vigencia de los derechos humanos en Uruguay.

La situación termina por revelar la dificultad que fiscales y jueces tienen para realizar su trabajo en las causas de derechos humanos, ante la falta de apoyo de los poderes del Estado que no les facilitan la infraestructura necesaria y donde no hubo voluntad política para crear un par de juzgados especiales en la materia (similares a los de la lucha contra los delitos económicos) como había propuesto el senador Oscar López Goldaracena durante la discusión del presupuesto quinquenal. Similar indefensión sufren los propios testigos y víctimas de las causas por violaciones a los derechos humanos, quienes tienen que compartir sala de espera con los posibles indagados (en ocasiones sus propios torturadores) o declarar en pequeños despachos donde la víctima y el victimario prácticamente se tocan, como le ocurrió a Sara Méndez en un careo con el policía Ricardo Conejo Medina.

El grupo de abogados que defiende a los criminales de lesa humanidad, aparece hoy encabezado por el ex fiscal de Corte, Miguel Langón, que utiliza como sede el Estudio del abogado Carlos Curbelo Tammaro, ubicado junto al edificio de los juzgados de la calle Misiones. Langón, quien asesora directamente al Foro Libertad y Concordia y a varios de los militares retirados que están presos en la cárcel de Domingo Arena, maneja los contactos con los abogados argentinos que defienden a los golpistas del vecino país. En forma paralela se mueve el estudio Bordaberry-Viana, donde el abogado Gastón Chaves Sosa se ocupa de la defensa del dictador Bordaberry junto al doctor Gustavo Bordes. En varias causas ambos grupos de abogados han manejado estrategias en común, como en el caso Luzardo, donde el abogado Pedro Montano (que junto a Curbelo Tammaro fue codefensor de Gregorio Alvarez) recusó al juez Juan Carlos Fernandez Lecchini

Entre las maniobras impulsadas por los defensores se encuentra la de impedir que los testigos sean acompañados por un abogado (como establece la ley 18.026), mientras que los acusados se presentan con un ejército de profesionales que llegan a destratar a las víctimas e interponen sucesivos recursos para dilatar el proceso (aunque saben que serán desestimados), como ha ocurrido en la causa Gelós Bonilla. También ha existido una directa intimidación sobre personal subalterno que podía proporcionar información, a quienes abogados impuestos por los clubes militares les advirtieron que habían llegado como testigos pero podían terminar siendo imputados si hablaban. En la causa Sabalsagaray, la citación a los testigos militares se hizo desde el propio Ministerio de Defensa, con un papel grapado donde aparecía el teléfono de un coronel del despacho del Comandante del Ejército, con quien debían comunicarse antes de ir a declarar.

Roger Rodríguez
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras & Caretas