Argentina rechazó diez préstamos de la dictadura o de pasivos de las empresas de servicios públicos privatizadas, y el Club aceptó. El total a pagar es de 8470 millones de dólares y sólo falta acordar si el plazo es de tres o cinco años.

El equipo económico acordó con el Club de París la cifra total que adeuda el Estado nacional: son 8470 millones de dólares. El arreglo lo negoció directamente el ministro de Economía, Amado Boudou. La disputa final fue por diez préstamos por más de 100 millones de dólares que correspondían a créditos tomados por la última dictadura militar y por pasivos de las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas. El ministro se negó a cancelar esos créditos y el Club de París terminó aceptando. En Economía estiman que el acuerdo por la forma de pago –el último punto que resta negociar– está cerca. Argentina propone, al igual que en las renegociaciones con los acreedores privados de 2005 y 2010, una refinanciación que permita que el Estado no dependa de los mercados internacionales de crédito para su cancelación. Está dispuesta a pagar aproximadamente 1500 millones de dólares anuales. Así el plazo de pago se extendería a cinco años y medio. El club de potencias extranjeras, que comenzó exigiendo un pago al contado, se acercó a aceptar una financiación a tres años. Por esa diferencia se está discutiendo. Alemania es el país más remiso a aceptar la propuesta.

El equipo económico está negociando más de 200 préstamos, tomados con 50 empresas de 16 países. Una alta fuente de Economía explicó a Página/12 el proceso de negociación: “A partir de 2010 se reinició el proceso de negociación con el Club de París, a los efectos de cancelar las deudas pendientes con los países miembros. Paralelamente se llevó a cabo un proceso de conciliación de deudas, consistente en establecer cuáles son elegibles para su negociación y reestructuración en el marco del Club, cuáles son los montos de capital de cada una, las tasas de interés aplicables y la metodología establecida en los contratos para la aplicación de intereses y punitorios, de lo cual resultó el total de cada deuda a una fecha determinada”.

En la cartera económica aseguran que todas las deudas que se incluyeron tienen como fundamento contratos acordados luego del 10 de diciembre de 1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares, que pretendían incluir presuntas deudas basadas en contratos efectuados durante la dictadura militar, no convalidadas por un gobierno democrático, las cuales no se consideraron legítimas. “Las discusiones al respecto con las agencias oficiales de los países reclamantes consumieron una parte importante del proceso, pero la decisión se mantuvo firme en el sentido de no admitir estos reclamos (ver nota aparte)”, señaló una fuente de Economía.

Por el peso de sus economías y por los montos involucrados en cada caso, hay cinco países que están definiendo la negociación: Estados Unidos, Japón, España, Italia y Alemania. Estados Unidos fue el país que tuvo mayor influencia para que el Club accediera al pedido de Argentina de negociar sin el “paraguas” del Fondo Monetario Internacional. Japón y España tienen un fuerte lobby de sus empresas para acordar con Argentina y así destrabar la posibilidad de hacer negocios que hoy están vedados por el default con el Club. Alemania, gobernada por una administración poco flexible en general en sus negociaciones, carga con el estigma de aceptar las condiciones excepcionales que propone Argentina al tiempo que impone severos procesos de ajuste a países europeos que están pasando momentos difíciles. El gobierno italiano se alinea con Alemania.

Las negociaciones con el Club de París están estandarizadas. El proceso habitual marca que una condición necesaria para comenzar la negociación es que el país deudor tenga un acuerdo standby con el FMI o que cumpla con el artículo 4, que exige una revisión anual de las cuentas nacionales. Con este requisito cumplido, el Club presenta un menú de financiación prestablecido, según las condiciones de cada país. El deudor sólo puede elegir una opción de ese menú.

Argentina se presentó a negociar luego de nueve años sin mantener contactos oficiales para reabrir la negociación, no aceptó la inclusión del FMI en la negociación y presentó su propia propuesta, sin aceptar un menú prestablecido unilateralmente. “Esta situación incomoda a los integrantes del Club: están recorriendo un camino desconocido y les cuesta convalidarlo”, señaló a Página/12 una fuente de Economía. “Una de las preocupaciones es que Argentina estaría creando un precedente para futuros casos”, completó. A pesar de esto, las posiciones no son homogéneas entre los países con mayor peso en la negociación: hay quienes ven que Argentina viene pagando su deuda, que plantea una propuesta razonable y que quieren volver a hacer negocios.

La posición argentina es que un acuerdo es útil para el país sólo en las condiciones propuestas. “Un acuerdo difícil de cumplir generaría desconfianza en los mercados y terminaría siendo negativo para el país”, es la opinión del gobierno nacional. En Economía quieren acordar con el Club de París no sólo por cerrar definitivamente el capítulo del default nacional, también para que puedan llegar al país inversiones directas con financiamiento a largo plazo y baja tasa de interés.

Por el fuerte crecimiento de la economía en los últimos ocho años, el país requiere de obras de infraestructura de alto precio. Hay empresas internacionales que se están fondeando a 20 años a tasas del 2 por ciento anual, que podrían ofrecer plazos similares y una tasa de interés de alrededor del 4 por ciento anual. Pero esas empresas sólo consiguen las condiciones adecuadas de crédito con la garantía de entes oficiales de los países del Club de París. Hay agencias de garantías, como Ermes, Coface, Securitas y JVIC, entre otras, que esperan el acuerdo del Club para hacer negocios con las empresas que quieren hundir capital en Argentina para realizar obras de infraestructura.

Otro elemento que tiene en cuenta el Gobierno es que el acuerdo dispararía cambios en la nota que deciden las calificadoras de riesgo al país. Una suba en la calificación permitiría a algunos fondos de pensión habilitar créditos para empresas argentinas e invertir en títulos públicos nacionales, hecho que redundaría en una baja de interés en el país. Sin embargo, afirman en el equipo económico, el país no tiene previsto apurar el acuerdo. “La pelota la tienen ellos; Argentina ya definió su posición; ahora hay que esperar que los mismos lobbies de los interesados en invertir en el país desbloqueen las últimas resistencias.”

Roberto Navarro

Fuente: Página 12