Álvaro Balbi, víctima del terrorismo de estado


El crimen fue denunciado en 1985 y archivado tres años después.

La familia del militante comunista Alvaro Balbi, asesinado en 1975 en el centro clandestino "Infierno Grande", en los fondos del Batallón de Infantería Nº 13, pidió ayer al Poder Ejecutivo que se revoque con retroactividad el archivo de ese expediente, dada la inconstitucionalidad de la ley que permitió la obstrucción de la Justicia.

La familia de un ciudadano muerto en dictadura presentó ayer un recurso administrativo ante Presidencia de la República, en el cual se solicita revocar la disposición del Poder Ejecutivo por la cual se declaró el caso bajo el amparo del artículo 1º de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".

La "petición administrativa" impulsada por el abogado Pablo Chargoñia, en nombre de la militante del Partido Comunista (PCU), Lille Caruso, solicita al actual Poder Ejecutivo revocar, "con efecto retroactivo", la disposición por la cual se declaró el caso de Alvaro Balbi bajo el amparo de la norma.

El 26 de octubre de 1985 Caruso presentó, ante el Juzgado Penal de 7º Turno, una denuncia por el "crimen con intencionalidad" de su esposo, Alvaro Balbi, fallecido en 1975, en el centro clandestino de detención "300 Carlos" o "El Infierno Grande", instalado sobre los fondos del Batallón de Infantería Nº 13.

Sin embargo, el entonces presidente de la República, Julio Maria Sanguinetti, decidió incluir el caso bajo el amparo de la Ley de Caducidad. "En respuesta al Mensaje Nº 847 de fecha 16 de setiembre de 1988, el Poder Ejecutivo tiene el honor de comunicar a esa Corporación (...) que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1º del mencionado cuerpo legal", expresa el decreto firmado también por el entonces ministro de Defensa Hugo Medina, en 1988.




En este sentido, el derecho "al amparo judicial" de la familia de Balbi "ha sido obstruido por el Estado", "pues una vez formulada la denuncia penal en el año 1985, el presumario no llegó a concluirse por aplicación de la resolución administrativa de la época", señala el escrito presentado por Chargoñia, al cual accedió LA REPUBLICA.

Empero, un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó que el Estado uruguayo "debe garantizar" que la Ley de Caducidad "no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos", recuerda Chargoñia.

"Una de las medidas a adoptar para dar cabal cumplimiento a la sentencia (de la Corte IDH) es la revocación con efectos retroactivos de la resolución que determinó el archivo de la denuncia penal". En este sentido, la disposición puede adoptarse al amparo de la jurisprudencia constante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), por la cual se estima el "poder-deber" del Estado de "revocar sus actos ilegítimos a instancia de parte o de oficio", por cuanto la administración "está obligada a ajustar su actuación a derecho".

Asimismo, "como es público y notorio, el profesor Martin Risso Ferrand ha sostenido que para dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana, el Poder Ejecutivo debe proceder a la revocación de todos los actos administrativos que determinaron los archivos de las denuncias penales de graves violaciones a los derechos humanos", alega el escrito.

Por tanto, Chargoñia solicita al Poder Ejecutivo que se "revoque con efecto retroactivo" la resolución administrativa por la cual se dispuso el archivo de la indagatoria penal por la muerte de Balbi, así como "todas las resoluciones administrativas que determinaron que, por aplicación de la Ley de Caducidad, se produjera el archivo de denuncias penales vinculadas a graves violaciones a los derechos humanos".

El escrito promovido por el abogado Pablo Chargoñia fue presentado ante Presidencia de la República, en el marco del proceso de discusión interno en el Frente Amplio (FA) sobre los posibles caminos para cumplir el fallo de la Corte IDH, por el cual se mandara al Estado uruguayo a "dejar sin efecto" la Ley de Caducidad.

La bancada de diputados del oficialismo se aprestaba a votar, el próximo 19 de mayo, un texto interpretativo por el cual se elimina los efectos de la Ley de Caducidad, al considerarla contraria de normas internacionales aprobadas por el Estado uruguayo.

Sin embargo, una intervención del presidente de la República, José Mujica, ante los diputados implicó el inicio de un nuevo proceso de discusión interna en el oficialismo. Integrantes del Poder Ejecutivo y especialistas en derecho del FA promueven revocar, con efecto retroactivo, todos los actos administrativos por los cuales se declaró un caso comprendido dentro de la Ley de Caducidad.

Fuente: La República