Sobre el tema DERECHOS HUMANOS se pone a consideración de la Mesa Representativa Nacional Ampliada, la siguiente DECLARACIÓN:


La MRNA, reunida en la fecha, DECLARA:


1)-. A partir de que finalmente el partido de gobierno, a través de su representación parlamentaria ha tomado la iniciativa -largamente reclamada, entre otros por el Movimiento sindical-, de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico interno los efectos inconstitucionales emergentes de la ley de Caducidad, se han desatado una serie de polémicas en las cuales el movimiento sindical no quiere ni puede omitirse.

2)-. Esta Intervención en esas polémicas, surgen de nuestra sana preocupación de que este reflejo del partido de gobierno materializado en la aprobación parlamentaria de un proyecto de ley que debe significar una efectiva eliminación de los efectos de una norma que constituye una sobrevivencia horrorosa de la dictadura, no se vea opacada por debates que poco contribuyen a ubicar los verdaderos nudos del problema. En ese sentido entendemos que el resolver adecuadamente los efectos del terrorismo de Estado, no puede realizarse mediante conversaciones o acuerdos entre quienes se asignan así mismos como protagonistas principales de los hechos. Incursionar en esa lógica o pretender transferir responsabilidades a quienes como el Movimiento Sindical y las organizaciones de DDHH, debieron recorrer todos y cada uno de los recursos que nuestro ordenamiento constitucional permite, para lograr que los poderes del Estado asumieran las responsabilidades que les competen, poco contribuyen a la erradicación de las políticas de amnesia colectiva que llevaron por muchos años a que se continuara con el ensañamiento que significa la falta de verdad y justicia.

3)-. Para el movimiento sindical que también sufrió muchos de los efectos –como victimas de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, exilio, cárcel, despojo económico y eliminación de derechos sindicales conquistados- del autoritarismo de la dictadura cívico-militar, el tema de cómo resolver los temas de nuestro pasado reciente, no es un tema del pasado. Por el contrario, tenemos muy claro y hemos actuado en consecuencia, que efectivamente son hechos del pasado que por no haber sido afrontados plenamente por los gobiernos que precedieron a la dictadura, son los que dan origen a los debates actuales del pasado. De ahí que nos ocupemos de ellos y nos preocupemos con seriedad de aportar para resolverlos. En nuestra opinión la dimensión de los desafíos de cómo y sobre que bases construimos una democracia fuerte y duradera, esto que hoy debe resolverse por los distintos poderes del Estado, son problemas del presente, y del futuro.

4)-. Nos imaginábamos que luego del largo camino de lucha desarrollados desde los pueblos que sufrieron y sufren en carne propia el flagelo de los autoritarismos del los Estados dictatoriales y aun democráticos, para construir instrumentos que los protegieran de esos abusos, se cuestione haber recurrido a la Corte Interamericana catalogándola de instrumentos del imperialismo. La legislación internacional y los instrumentos para su cumplimiento, no han sido un regalo de los Estados, sino el fruto de la lucha de los pueblos. ¿Es que acaso el largo peregrinaje de las victimas que se organizaron en torno a FEDEFAM y batallaron para que existiera una Convención Americana contra la desaparición forzada de personas, fue un esfuerzo vano? Sin duda que el atraso que tiene aun nuestro país para asumir sus obligaciones internacionales y que sea la Corte Interamericana quien deba reclamárselo, es un síntoma de esa incomprensión profunda de la importancia de tener una política activa de salvaguarda de los derechos mas elementales de la gente.

5)-. Sin duda la labor del parlamento legislando y en este caso estableciendo un instrumento legal que libere al sistema judicial de las limitaciones inconstitucionales que le impuso la ley de caducidad y tengamos como país una relación armónica con nuestras obligaciones internacionales, es una labor importantísima e impostergable que merece nuestro apoyo. Sin embargo esa importancia de legislar, no debe menoscabar los esfuerzos que desde la sociedad civil se realiza todos los días, para transformar en realidad, la letra fría de la Constitución, de las leyes y las obligaciones de los Convenios y tratados internacionales.

6)-. Por otra parte, rechazamos aquellas posturas sobre los hechos del pasado que en sus distintas variantes intentan instalar una visión que comúnmente se conoce como la “teoría de los dos demonios”. Visión en la que el problema se reduce a la existencia de dos núcleos de “combatientes”, enfrentados entre si, frente a una sociedad y un sistema de partidos ajeno a todo eso. De esa manera, consciente o inconscientemente, se está impidiendo que se asuma como corresponde que lo que ocurrió en la dictadura y el periodo de autoritarismo estatal que la precedió, fue el uso sistemático de abuso del poder estatal que no tenía por único objeto reprimir a la oposición política y a quienes habían optado por la lucha armada, sino fundamentalmente para transformar y desarticular aquellas prácticas sociales que promovieran valores que la dictadura consideraba ajenos a una noción de la “orientalidad” sustentada en la delación que se instaló en un modelo de sociedad basada en el miedo como sustento fundamental. Eso tiene para nosotros un nombre: Terrorismo de Estado. Solo desde esas visiones erróneas de nuestro pasado, puede sostenerse que quienes demandan VERDAD y JUSTICIA, lo hacemos desde el rencor, el odio, el revanchismo o afanes de lucro.

7)-. Nadie más interesado que el Movimiento Sindical en construir una autentica unidad nacional. Sin embargo se debe ser meridianamente claro, sobre que bases se construye esa mentada unidad nacional. Para nosotros se construye, estableciendo que ello solo es posible cuando todos somos iguales ante la ley y teniendo claro que los problemas políticos actuales que se debaten en torno a este tema de nuestro pasado reciente, tienen una proyección al futuro que solo puede afrontarse si se entiende que actualmente la humanidad se encuentra ante un desafío histórico. Desafío que se relaciona con el hecho de que luego que se cometieron los más horrendos genocidios en manos de Estados totalitarios y dictaduras reaccionarias, la humanidad empezó a dar determinados pasos para sentar las bases de una sociedad donde no se toleren los crímenes de lesa humanidad ni el Terrorismo de Estado. El movimiento sindical, superando los desafíos que día a día nos plantean los problemas concretos del llamado mundo de trabajo, se ha preguntado si es posible construir una sociedad democráticamente sana sin erradicar la mentira y la impunidad de crímenes atroces. En función de la respuesta que hemos ensayado ante esa pregunta, hemos levantado las banderas de VERDAD Y JUSTICIA Y EL NUNCA MÁS:

8)-. En nuestro ordenamiento jurídico y en las obligaciones internacionales que hemos aceptado soberanamente, están vigentes mecanismos para superar lo que parecen ser obstáculos mayores para la mentada unidad nacional. Desde la salida de la dictadura, el movimiento sindical ha recurrido a esos mecanismos. Lo ha hecho aun, con aquellos que según sostiene la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana, no son idóneos para dirimir aspectos que escapan a la decisión de mecanismos de democracia directa o indirecta, como lo son los derechos inherentes a los Seres Humanos. Lo hizo como ultimo recurso, en espera que los poderes de estado, lo asumieran como correspondía a partir de haber concluido todos ellos, que Ley de Caducidad era inconstitucional y violaba nuestras obligaciones con las normas de derecho internacional.

9)-. Nuestros acuerdos no son secretos y solo son aquellos que nos permitan avanzar en pos de una sociedad donde se respeten y garanticen los derechos humanos. Donde el Terrorismo de Estado sea un delito que no prescribe ni se indulta. Donde la desaparición forzosa, la tortura y los asesinatos sean delitos que ofenden a la conciencia de la humanidad. Una sociedad, donde la verdad y la justicia no sean moneda de cambio, como parece sostener una autoridad militar de una reciente institución de la defensa nacional. Para avanzar en ese sentido que avanza la humanidad, pueden contar con los esfuerzos y desvelos del movimiento sindical.

10)-. Consecuentes con lo expresado anteriormente, el movimiento sindical espera y reclama que se ponga fin a la impunidad en el Uruguay, erradicando la ley de caducidad de nuestro ordenamiento interno y sus secuelas. Llama a acompañar activamente este proceso, para que este próximo 20 de mayo, sea sin ley de caducidad y con el pueblo en la calle, inaugurando una nueva etapa en la erradicaron de la cultura de impunidad que afecta a nuestra sociedad.

11)-. Finalmente, no podemos dejar de señalar lo paradójico de que también violando las normas de derecho internacional, se pretenda criminalizar a los menores, al mismo tiempo que se defiende la imputabilidad de quienes desde al aparato del Estado lo transformaron en una organización criminal. Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos, se constituirá –según sostiene UNICEF-, en una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional. Se debe tener en cuenta que el 28 de setiembre de 1990 Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, el Estado se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las normas fijadas en la Convención se apliquen en el país.

12)-. En ese sentido, se resuelve conformar una Comisión de trabajo, a nivel central, con los sindicatos involucrados en la materia (más todos aquellos que la quieran integrar), a los efectos de delinear una estrategia como PIT CNT, con el objetivo de contrarrestar la campaña impulsada que busca bajar la edad de imputabilidad; convocando también a todas las Organizaciones Sociales, Políticas, barriales, religiosas, etc.; para trabajar en la defensa de la juventud de nuestro país.

Mesa Representativa Nacional del PIT-CNT