Verdad y justicia. Derecho de todos. Responsabilidad del Estado” o “Mentira e injusticia. Nadie tiene derecho a la verdad ni a la justicia. El Estado no es responsable de garantizar esos derechos.”

¿A cuál consigna debería adherir un juez? ¿Un legislador? ¿Un presidente? ¿Un periodista?

Tomar partido por el respeto a los derechos humanos y aceptar que el Estado es responsable de ofrecer las garantías para su cumplimiento es un acto que se debería saludar, sobre todo cuando la postura la asume alguien que representa al propio Estado.

Eso fue lo que hizo la jueza Mariana Mota si concurrió a la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo. Ya otros integrantes del sistema judicial –jueces, fiscales, además de abogados– han concurrido. ¿Por qué se da a entender de soslayo que en esta actitud humana, responsable, transparente, hay un acto de pérdida de la imparcialidad? El hecho de concurrir a la marcha convocada por los familiares de detenidos desaparecidos, que aún buscan explicaciones, restos de sus hijos, padres, nietos, abuelos, y que se juzgue a los responsables, no implica que los jueces corran luego a su despacho, saquen del cajón de su escritorio una venda, se la pongan sobre los ojos y alcen una espada filosa contra el primer denunciado por violaciones a los derechos humanos que aparezca.

Implica, en todo caso, una muestra de responsabilidad, una señal de probidad: como representante del Poder Judicial hará todo lo que esté a su alcance para reunir indicios que le acerquen a la verdad, pruebas que le permitan juzgar y eventualmente condenar a quienes hayan incurrido en crímenes de lesa humanidad, como deberían ser considerados los asesinatos políticos, la desaparición forzada, la tortura, cometidos en cualquier tiempo.

El semanario Búsqueda no se sorprende si un juez y el abogado de un narcotraficante conversan o intercambian ideas caminando por la calle Misiones o incluso en el bar de la esquina. ¿O es que nunca se ha visto una escena de ese tipo? ¿Nadie vio jamás a través de los ventanales del bar Misiones a abogados y jueces compartiendo un café, debatiendo, sonriendo ante alguna ocurrencia de uno u otro?

Pues, esas charlas se dan –porque “el Uruguay es muy chico y nos conocemos todos”– y Búsqueda no se inmuta por eso. Los hechos ocurren a la luz pública, sin ánimos de ocultamiento. No hay por qué perturbarse. Salvo que se tengan sospechas…

Uno de los que siendo fiscal del Estado en lo Contencioso Administrativo compartió más de una vez una mesa de bar, una charla en medio de la calle, con abogados que demandaban al Estado por diferentes razones, a la vista de quién quisiera verlo, fue el jurista y ahora defensor de represores Miguel Langón. Ya lo hacía cuando era fiscal penal y se mostraba –¿por qué no?– charlando en lugares públicos con abogados que defendían a indagados en casos en que Langón actuaba como acusador.

¿Alguien hizo una noticia de esos encuentros públicos? No recuerdo haberlo leído en Búsqueda.

¿Entonces, por qué es motivo de alerta que la jueza Mota haya conversado en la marcha del 20 de mayo, ante la mirada de decenas de miles de personas, con el abogado patrocinante de casos de derechos humanos y legislador frenteamplista, Óscar López Goldaracena?

Si un periodista tuviera sospechas, indicios, datos, de que en las charlas de bar o de calle entre jueces y abogados se estuviera “arreglando” algún caso, debería investigar y publicar, si confirma los hechos.

Dejar caer una sospecha, una más, contra la jueza sobre cuya cabeza Búsqueda sí ha puesto una espada y pedido a gritos que alguien, quien sea, baje el filo hasta decapitarla, parece confirmar la existencia de una campaña contra la magistrada.

Casualmente es una jueza que tiene a cargo varios expedientes de derechos humanos –en los que actúan Langón y otros abogados defensores– y la única que ha aplicado la ley de crímenes de lesa humanidad, en consonancia con la opinión del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

¿Quién se beneficiaría si a Mota la removieran del juzgado penal? Si pasara, seguramente llegarían decenas de cartas de felicitaciones para ser publicadas en las páginas finales del semanario de los jueves, entre ellas las que suelen enviar los hospedados en la cárcel de Domingo Arena y sus allegados –algunos que quizá teman ser procesados–, quienes se han vuelto grandes colaboradores de tan reconocida sección.

Walter Pernas

Fuente: Brecha