Entrevista a Perfecto Andrés Ibáñez, presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, quien denuncia complicidad entre gobiernos y empresas.

El juez del Tribunal Supremo español Perfecto Andrés Ibáñez presidió el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), donde se denunció, por violación de derechos sociales y ambientales, a más de 40 multinacionales.

¿Qué validez tiene la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos?

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) recoge una experiencia histórica de los tribunales organizados por Bertrand Russell, uno sobre Vietnam y otro sobre Latinoamérica, hace 40 años. Lo que pretende el Tribunal es hacerse eco de situaciones de injusticia que se producen en cualquier lugar del mundo que no encuentran acogida en las instancias oficiales. El TPP trata las denuncias por un procedimiento que se parece al judicial, pero no es oficial. Las denuncias adquieren visibilidad porque se pone voz a las víctimas y se dan a conocer a la opinión pública. Es un tribunal de conciencia.

¿Cuál es la responsabilidad de la UE en el comportamiento de las empresas con sede en su territorio?

Hay una notable inhibición de la Unión Europea, que apoya a grandes empresas que violan los derechos humanos en países pobres. Además, permite que tengan comportamientos en otras áreas del mundo que no podrían llevar a cabo en sus países de origen. Una de las finalidades del Tribunal es implicar a los Gobiernos y a los tribunales de los Estados. La nuestra no es sólo una respuesta ética, de aquí salen líneas de actuación. Existen instrumentos jurídicos, el problema es que no existe voluntad política para hacerlos vinculantes. Por eso, lo que deben hacer nuestros Gobiernos es poner más instrumentos, que en Europa sí funcionan y que en otros lugares del mundo no se aplican.

¿Hay alguna posibilidad de ir más allá y juzgar las prácticas de las multinacionales?

De todos los tribunales de los pueblos que se han celebrado desde 1979 hay ya un amplio corpus. Los Gobiernos probablemente no hagan mucho caso a este tipo de iniciativas, que no son nuevas. Las poblaciones llevan mucho tiempo denunciándolo. El veredicto del TPP se hace llegar a todas las instancias.

El problema es que las grandes corporaciones se mueven en una especie de vacío legal. Los intereses económicos no tienen fronteras, pero los derechos sí, y las multinacionales buscan los lugares que más les convienen.

Se instalan en países donde existe una cierta fragilidad jurídica, fragilidad de los pueblos afectados, y así les resulta muy fácil la obtención de un beneficio extraordinario. Además, estas transnacionales juegan, en muchos casos, con la complicidad de los Gobiernos locales, que cierran los ojos ante la violación de derechos fundamentales. Al mismo tiempo, los países donde se instalan las multinacionales no cuentan con normativas para juzgar estos crímenes.

Todas las intervenciones coinciden en la denuncia a las multinacionales por el expolio de los recursos y el impacto social y medioambiental.

Sí. Por las dimensiones tan grandes de las denuncias que se han dado a conocer ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, y cómo están incidiendo en el medioambiente y en la vida de los pueblos, como las actuaciones de Repsol, son todos casos bastante graves.

En la época de la primera colonia, los galeones venían cargados de oro y otras materias primas que tenían un valor de mercado. En este momento, el sistema capitalista a escala mundial necesita ingentes cantidades de recursos, y estos países tienen esas materias primas. El problema es que las agresiones se producen en marcos jurídicos frágiles, con poblaciones vulnerables con poca capacidad de incidir en los medios de comunicación... Esto tiene un atractivo para las multinacionales que, para qué nos vamos a engañar, son empresas sin alma que se rigen por la lógica del beneficio.

María José Esteso Poves

Fuente: Diagonal