Un fallo que condenó la inactividad médica frente al sufrimiento de una joven de 20 años, enferma de cáncer, que murió sin tratamiento porque el fundamentalismo de quienes la atendieron impidió que se le practicara un aborto –el embarazo era incompatible con la quimioterapia–, acaba de recibir un premio internacional como fruto de una estrategia colectiva destinada a visibilizar cómo la falta de acceso a la salud reproductiva y al aborto combinada con la exclusión social es sinónimo de muerte para miles de mujeres en cuyos cuerpos se libra una batalla ideológica que les niega el derecho a decidir por sí mismas.

El lunes 17 de mayo se cumplirán tres años de la muerte de Ana María Acevedo, la joven de 20 años, oriunda de Vera, que no recibió ningún tratamiento para su cáncer de maxilar porque los médicos del hospital provincial Iturraspe, de Santa Fe, se negaron a practicarle un aborto perfectamente encuadrado en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal. Los meses de dolorosa agonía que derivaron en su evitable muerte la convirtieron en un símbolo del alcance del fundamentalismo religioso y sus efectos sobre las políticas públicas. Pero también fue histórico y ejemplar el fallo del juez Eduardo Pocoví que –tras un trabajo comprometido y minucioso– procesó penalmente a seis médicos por incumplimiento de deberes de funcionario público y lesiones culposas, y esta semana recibió un reconocimiento internacional, el premio Mallete por votación del público, que entrega Women’s Link Worldwide, una organización internacional que defiende los derechos de las mujeres, con sede en Bogotá y Madrid. La historia se teje de manera colectiva y esta distinción comenzó a urdirse la noche misma de la muerte de Ana María, cuando la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe se planteó una estrategia jurídica y política para hacer visible la injusticia. Marchas, videos, charlas por todo el país y murales, así como también una presentación judicial seguida de cerca por las abogadas Lucila Puyol, Paula Condrac y Mirta Manzur dieron sus frutos.

Pocoví, que ya no tiene el caso en sus manos, reconoció que esta distinción significa “un halago y un reconocimiento a una labor en la que no todos los días se reciben buenas noticias”. Al mismo tiempo, afirmó que sabía que su fallo podía “llamar la atención, porque tiene un alto contenido de derechos humanos”. El magistrado se comprometió con el caso, que conoció al dedillo, y falló en consecuencia. “En este caso estaba en juego la conducta de individuos, era la actividad médica por un lado, en el desempeño de una función. El fallo sancionó la inactividad, ponderado desde el punto de vista de la prestación del servicio”, agregó el juez, quien admitió que siempre conoció “la importancia del fallo, del caso y la trascendencia que podía llegar a tener”.

Por su parte, para Norma Cuevas, la mamá de Ana María, es positiva la repercusión internacional del procesamiento a los médicos con los que lidió durante meses, rogándoles que le practicaran un aborto a su hija para tratarla contra el cáncer. “Estamos contentos. Ojalá que sirva para algo. A ella no la recupero más, pero por lo menos que sirva para otras”, dice desde Vera, donde está preparando el traslado de los restos de Ana María desde un depósito a un nicho propio, que se realizará el lunes, para conmemorar el aniversario. La familia de Norma y Haroldo Acevedo vive humildemente, como toda la vida. Se hicieron cargo de tres hijos de Ana María, que eran muy pequeños cuando ella murió. “Los médicos tienen que ser castigados, porque mi hija no era para morirse tan rápido. Ella tenía que hacerse tratamiento urgente, y en el hospital Iturraspe no se lo quisieron hacer”, recuerda la mujer que batalló infatigablemente, primero para lograr una oportunidad de vida para su hija, y luego para obtener justicia.

“El 17 de mayo de 2007, nosotras no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, no teníamos idea de lo que esto iba a significar para el movimiento de mujeres, para nosotras como Multisectorial, lo que iba a representar Ana María en nuestras vidas, la bandera, toda la repercusión de su drama. Y todo lo que significó para Pocoví y también para los imputados”, dice Condrac, satisfecha por el premio. Sí recuerda que ese 17 de mayo las movía “la indignación ante la injusticia. Ana María mostró con crudeza la exclusión social, las políticas públicas de abandono hacia los sectores populares en materia de salud, de educación, de derechos humanos”. A tal punto que la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe impulsa que una calle de la capital provincial lleve su nombre.

En ese punto, Lucila Puyol agregó que su tarea como abogada de la Multisectorial es “defender los derechos de las desposeídas. Hay que agudizar la creatividad para encontrar formas de visibilización, la mirada judicial es importante pero no la única. Nunca nos podemos quedar atrapadas en la burocracia de los tribunales, sin la lucha de las compañeras, los murales, los reclamos a los/las legisladoras, a los ejecutivos, no vamos a conseguir la transformación que necesitamos”. Por eso, Puyol celebra el premio que recibió el fallo de Pocoví, pero va por más. “No alcanza tener seis médicos condenados, si queda sólo en ese caso y no sirve para transformar el hospital público y las conductas de los agentes de salud, para transformar la mirada del Poder Judicial y la formación que garantice los derechos de las mujeres”, afirma Puyol.

En ese sentido, Condrac subraya el valor del fallo de Pocoví. “Esto de que no hacer un aborto legal es un delito fue histórico. Fue además lo que quisimos demostrar que cuando se está peleando en la Argentina por legalizar el aborto, no se puede retroceder ni un centímetro en lo ya conquistado”, apunta.

Para impedir cualquier retroceso –como ocurre en cada instancia de aborto no punible que el Movimiento de Mujeres de todo el país tiene que salir a batallar–, se necesitan estrategias. “Nosotras lo que siempre tuvimos claro es que además de la estrategia jurídica teníamos que tener una estrategia política, porque las mujeres y las minorías estamos acostumbradas a hacer sopa de la piedra. Por eso los murales, el video, las marchas, la presencia en todos los lugares del país”, apuntó la abogada.

Justamente, el acompañamiento del Movimiento de Mujeres de la Argentina, y fundamentalmente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue esencial en la difusión de la historia de Ana María. Con la consigna de avanzar hacia la concreción de la ley, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito –integrada por más de 200 organizaciones en todo el país– proyecta juntar 50 mil firmas para el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en apoyo al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado el pasado 11 de marzo pasado, que ya cuenta con la firma de más de 40 diputadas y los diputados nacionales. La campaña convoca a “las actividades y acciones callejeras que se realizarán este 28 de mayo en distintos puntos del país”, así como también a ingresar al blog abortolegalseguroygratuito.blogspot.com, para colaborar juntando firmas. La campaña también convoca a unirse al grupo de Facebook “Yo también apoyo el aborto legal en Argentina”.

En ese marco, tanto Condrac como Puyol subrayan el valor del premio Mallete, que surgió de un análisis sobre 32 casos de los cinco continentes, con una participación del público que superó los 1500 votos en la red. “Creemos que es un apoyo muy contundente del movimiento de mujeres argentinas y del público en general, con votos de todo el mundo, al considerar que no hacer un aborto legal es un delito. Hubo un apoyo unánime a una resolución judicial histórica que obliga a los médicos a cumplir con este derecho”, indica Condrac. Por su parte, Puyol agrega: “Es un orgullo muy grande. El voto del público significa que el caso de Ana María Acevedo es conocido y que conmueve a muchísima gente, porque se trató de una joven de 20 años a quien le negaron un aborto, y murió sin haber tenido ninguna posibilidad de pelear por su vida”.

Sonia Tessa

Fuente: Página 12