CARTA ABIERTA AL PARLAMENTO DE URUGUAY EXIGIENDO LA ANULACIÓN DE LA LEY 15.848


Un conjunto de vecinas y vecinos que somos parte del larguísimo millón de ciudadanos que ha expresa-do de manera sistemática y creciente, y por diversos medios, el rechazo indeclinable a la Ley 15.848 “de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, nos presentamos ante el cuerpo legislativo nacional para demandar que éste asuma, sin más dilatorias, la responsabilidad funcional que le compete ante el caso extremo de impedimento impuesto al Poder Judicial, desde hace más de 20 años, de actuar ante gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado uruguayo, al amparo de esta “ley” que sabiamente nuestro pueblo ha bautizado como “LEY DE IMPUNIDAD” y que viola los convenios internacionales suscritos por Uruguay sobre el juicio y castigo a estos delitos a escala mundial.
Nos presentamos para exigir del Parlamento, LA ANULACIÓN YA DE LA LEY 15.848, sin posteriores “indultos” ni “excepcionalidades” que supongan eximir a los criminales del juicio y castigo merecidos.

El último pronunciamiento público del 25 de Octubre de 2009 en el sentido de anular la “ley”, deja en evidencia que -más allá de formalidades, procedimientos electorales cuestionables y la falta de difusión pública de fundamentos para la nulidad- en 20 años no han sido depuestos ni el anhelo ni el clamor populares de Verdad y Justicia, ni tampoco el categórico rechazo a que sea el mismo Estado violador de los Derechos Humanos el que pretenda –a través del Poder Ejecutivo- disponer quiénes, cuándo y cómo deben ser juzgados y castigados por la única institución que se supone debe hacer cumplir la premisa de que “todos somos iguales ante la ley”, sin excepciones ni favoritismos.

Un solo hecho habla por sí mismo de cómo debe proceder la Justicia cuando no es sometida a la presión de otros poderes o cuando otros poderes pretenden autoatribuirse las potestades de aquella: el principal responsable político de violar la Constitución de la República en 1973 y co-responsable ideológico de aberrantes crímenes de lesa humanidad, un ex presidente y dictador, ha sido condenado –aunque más no sea tardíamente- por funcionarios del Poder Judicial que no cedieron ni al amedrentamiento ni a la presión de otros funcionarios públicos, partidos políticos o instituciones oficiales.

Juan María Bordaberry, procesado y condenado por golpista y por asesino, es la medida de cúanto se ha impedido en 20 años desconociéndose la independencia y las atribuciones del Poder Judicial, y cuánto nos hubiésemos ahorrado en riesgos de seguridad ciudadana y nuevas amenazas golpistas, de haberse hecho caso al clamor y la voluntad populares de Verdad y Justicia, dejándose actuar debidamente al Poder Judicial dentro de los marcos y las reglas de juego instituídos por el mismo Estado que hoy las des-conoce.

La realidad rompe los ojos y no caben ya las medias tintas:

O el Poder Legislativo, atendiendo a la sensibilidad ciudadana y respetuoso de las normas de justicia de carácter nacional e internacional, ANULA YA MISMO LA LEY DE IMPUNIDAD sin dejarse influir por presiones en busca de “indultos” o “perdón”, o nuestro pueblo no tendrá más remedio que concluir que la salvaguarda de los Derechos Humanos, para defenderse por sí y ante sí, quedaría necesariamente y exclusivamente, bajo su única responsabilidad.

Esta sería la conclusión lógica ante la pasividad del Parlamento y esta misma pasividad evidenciaría la existencia de “pactos” o “conjuras” que pretenden garantizar de por vida salvoconductos de impunidad “selectiva”, tan graves y delicados respecto al pasado, como lo serían también respecto al presente y el futuro.

A diario se revelan crudamente las incontables formas de la impunidad (la de la discriminación y criminalización de la pobreza; la de la omnipotencia y los vejámenes patronales; la de los represores que provocan situaciones trágicas en nombre de “la ley y el orden”; la de agentes que existirían para garantizar la seguridad ciudadana y sin embargo son responsables de horrendos crímenes, robos y secuestros; hasta la impunidad de medidas político-económicas de cuyos perjuicios sociales nadie se hace cargo, siendo un muy buen ejemplo de ello la “deuda externa”), pero no esperamos el “imposible” de que este Parlamento las elimine, sino simplemente que no consagre las formas extremas de la impunidad, consagrando “leyes” que habilitan el terrorismo de Estado y la protección de quienes lo practican.

Lo único que estamos exigiendo –en síntesis-, enérgica y responsablemente, es que se deje actuar libremente al Poder Judicial en cuanto a los cientos y cientos de casos de individuos que siguen siendo un peligro social y cuya situación de amparo y protección, representa de hecho un aliciente para la acción de nuevos y más feroces enemigos del pueblo, con uniforme o sin él, en “democracia” o en “dictadura”. No hacerlo, es declarar irresponsablemente la impunidad como atributo “legal” de los poderosos y privilegiados hasta en las situaciones más aberrantes y anti humanas.

Lo que sencillamente exigimos de senadores y diputados elegidos para “representarnos”, es que no sean cómplices de hecho de la impunidad extrema:

QUE YA MISMO NOS “REPRESENTEN” AL MENOS CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON SU DEBER DE ANULAR YA LA LEY 15.848, PONIENDO FRENO A CUALQUIER MANIOBRA QUE SIGNIFIQUE PERDONAR, INDULTAR O PRIVILEGIAR A LOS ASESINOS DEL PUEBLO, Y QUE PRESERVE A NUESTRO PAÍS DE EVENTUALES SANCIONES DEVENIDAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL URUGUAY.

A la espera de que los legisladores respondan ya mismo con hechos a la presente demanda y manteniéndonos atentos a la conducta parlamentaria sobre el particular,

Firma: Coordinación de Vecinos por la Anulación de la Ley de Impunidad, abril de 2010.

RESISTIR LA IMPUNIDAD BARRIO A BARRIO – DÍA A DÍA


Enviado por: Coordinacion de vecinos