Humillación histórica de las víctimas y vergüenza para la justicia española

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría abordar durante los próximos días la posible suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón si el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela -instructor causa dirigida contra él por una presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo- dicta el auto de apertura de juicio oral.

Así lo señalaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces que matizaron, no obstante, que hay que tener en cuenta que Varela también tiene sobre la mesa la resolución de otros asuntos concernientes a este proceso, como son los recursos presentados por el propio Garzón y por Falange Española y de las JONS contra los autos en los que se ordenó enmendar los escritos iniciales de acusación presentados por las acusaciones populares.

La resolución de los citados recursos no tiene carácter suspensivo, ya que Varela podría dar por finalizada su investigación y sentar a Garzón en el banquillo antes de contestarlos, si bien parece poco probable que el instructor dicte la apertura de juicio contra Garzón dejándolos pendientes.

En todo caso, las mismas fuentes esperan una actuación inminente de Varela una vez que el pasado viernes fuera rechazada la recusación planteada contra él por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Una vez exista auto de apertura de juicio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo remitirá todo el expediente al CGPJ, que previsiblemente convocara un Pleno extraordinario para abordar la eventual suspensión del juez.

TERCERA DECLARACIÓN DE GARZÓN.

Por otra parte, Garzón acudirá mañana al Tribunal Supremo para declarar ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro como imputado en un delito de prevaricación y otro contra las garantías de la intimidad, por intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama "Gürtel" con sus abogados en prisión.

Se tratará de la tercera ocasión en la que Garzón comparece ante el alto tribunal en los últimos meses, tras haber declarado ya los pasados 9 de septiembre y 15 de abril en relación con las otras dos querellas que se tramitan contra él, la primera por prevaricar al investigar las desapariciones del franquismo y la segunda por un presunto cohecho y prevaricación en relación con los cobros que obtuvo por dirigir unos cursos en la Universidad de Nueva York.

El pasado 16 de abril el Supremo confirmó la admisión a trámite de esta tercera querella contra el juez de la Audiencia Nacional, presentada como acusador particular por el ex fiscal de este órgano y abogado de uno de los imputados del ’caso Gürtel’ Ignacio Peláez.

Peláez presentó la querella abogado del empresario imputado en la "Gürtel" José Luis Ulibarri, y después se adhirieron a ella los abogados José Antonio Choclán, en nombre de Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en representación de Pablo Crespo, todos ellos como acusaciones particulares.La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló después todas las escuchas autorizadas por el juez Garzón , al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental al derecho a la defensa.

PUNTOS DE LA QUERELLA

Peláez destacaba en su querella determinadas actuaciones de Garzón, a su juicio irregulares durante la investigación del ’caso Gürtel’, del que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió el pasado 5 marzo en favor del Supremo (en el caso de dos aforados nacionales) y los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.

El abogado comenzaba denunciando que se incumplieron las normas de reparto de la Audiencia Nacional, pues las diligencias fiscales que originaron el ’caso Gürtel’ fueron remitidas directamente a Garzón alegando su conexión con otra investigación preexistente (el denominado ’caso BBVA’) a pesar de lo cual el juez no abrió pieza separada sino unas diligencias independientes.

Además, Garzón habría tardado cinco días -entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2008- en notificar a dos de los imputados cuyas conversaciones fueron intervenidas -Francisco Correa y Antonio Crespo-, que debían nombrar a otro letrado, al haber sido también imputado José Antonio López Rubal, que era el abogado que hasta entonces tenían nombrado. Igualmente, según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa e inhibido en favor de los tribunales superiores.

Fuente: La República.es