Ilustración: Iván Lira

Instituciones hondureñas que debían velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos actúan en complicidad con el régimen de facto para reprimir al pueblo, denunciaron este viernes veedores extranjeros a través del Informe Final de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.

En el documento sostuvieron que “algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto”.
Con este accionar hacen “caso omiso de sus funciones constitucionales y legales”, señalaron los veedores.

Otro de los puntos que se indicaron en el Informe es “la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas en su contra”, debido a la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los hondureños.

Evidencias de esta realidad fueron halladas en la falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías, aseveró el documento presentado.

Para los especialistas internacionales, el golpe colocó a varias comunidades de Honduras “en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos”, además de constatar “serias limitaciones a la libertad de expresión y hostigamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto”.

En el Informe también se precisó que una parte de los medios masivos comunicación del país tienen “una actitud irrespetuosa hacia la pluralidad de ideas”, y en ocasiones se han hecho eco de “posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto”.
Estas empresas favorables a los golpistas emplean elementos de propaganda anticomunista propios de la Guerra Fría, al poner énfasis en ligar las movilizaciones sociales al terrorismo internacional o al crimen organizado, al igual que a varios de los miembros del gobierno legítimo del presidente Manuel Zelaya, expresó el documento.

Durante sus entrevistas con diferentes autoridades del Estado, la misión corroboró que se podría estar cometiendo el crimen de persecución política, de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).

Para los especialistas en Honduras existe “una conflictividad social no resuelta”, donde “una elite económica, aliada con el ejército”, actúa “en desmedro de la mayoría de la población”, negándole el disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales, o criminalizándola cuando los reclaman.
Fuente: ABN