Caricatura: Allan McDonald

La violenta y brutal represión del pasado 12 de agosto contra los manifestantes, además de dejar un preocupante saldo de golpeados, torturados y heridos, desembocó en la detención de centenares de personas, 24 de las cuales fueron remitidas a los juzgados y se están enfrentando a una audiencia inicial que podría concluirse con una injusta condena.

La audiencia comenzó el pasado 18 de agosto en la Corte Suprema de Justicia, cuyas instalaciones fueron sitiadas por centenares de manifestantes que, una vez más, salieron a la calle para demostrar su rechazo al golpe de Estado y para pedir la libertad de sus compañeras y compañeros que están detenidos o que tienen medidas sustitutivas.

Según Marco Antonio Gómez, miembro del equipo auxiliar de los abogados defensores, “Estamos apoyando a los 24 encausados, once de los cuales con medidas sustitutivas y 13 detenidos en la Penitenciaría Nacional. Se presentó una recusación contra un miembro del Ministerio Público y luego un recurso de nulidad con base en la violación de la Constitución.

En esta audiencia –continuó Gómez– se va a definir si se procede o no con la recusación de la Fiscal y después va a comenzar una serie de inspecciones para demostrar que hubo violación a los derechos fundamentales de los encausados por parte de integrantes de la Policía y fiscales del Ministerio Público, durante y después de su detención.

Pese a todas estas adversidades, las personas acusadas están unidas de forma granítica. La moral es alta porque saben que hay miles de personas que están pendientes de su situación y piden su liberación”, concluyó el abogado Marco Antonio Gómez.

Según el abogado Víctor Fernández, titular del grupo de abogados defensores, existe la esperanza de que el juicio vaya por buen camino, ya que se ha logrado evidenciar “la represión formal ejercida desde el Estado a través de los órganos policiales y del Ministerio Público. Queda claro el abuso y el irrespeto a los derechos de defensa, a la integridad física, lectura de derechos de los imputados, los vejámenes, lesiones a los que fueron sometidos”, se lee en una nota difundida por medios afines al Frente Nacional Contra el Golpe de Estado.

Golpes y detenciones ilegales

“Todas las acusaciones son mentiras y estamos frente a una gran injusticia y lo vamos a probar –dijo Alba Leticia Ochoa, coordinadora para Centroamérica de Green Forest Development Foundation (GDF-CA), al salir de la Corte Suprema de Justicia todavía con señas en la cara de la violenta golpiza de la que fue víctima.

Alba Leticia se encontraba en el Parque Central, a pocos metros del Congreso donde se desató la represión, e intervino en defensa de un joven de 17 años cuando vio a varios policías golpearlo salvajemente.

“Bajé de mi oficina a la una de la tarde del pasado 18 de agosto y miré que la Policía le estaba pegando en la cabeza a un joven con un tubo de hierro. Le grité que no lo siguieran golpeando y ese fue mi delito”, recuerda Ochoa.

Acto seguido la detuvieron y la llevaron a las instalaciones del Batallón Cobra, donde fue repetidamente golpeada y sólo gracias a la presencia de sus familiares y de las organizaciones de los derechos humanos fue liberada, aunque con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención.

Las barbaries del régimen opresor

Para el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, esta maniobra de enjuiciar a los manifestantes es una nueva expresión de las barbaries del régimen de facto.

“Es importante denunciar que no se trata solamente de las 24 personas en Tegucigalpa, sino de muchas más que van a ser procesadas en diferentes partes del país –dijo Bertha Cáceres, directiva del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) a Sirel–.

Las están acusando de una gran cantidad de delitos, y como Frente Nacional Contra el Golpe de Estado rechazamos esta medida y condenamos de manera enérgica ese proceso, declarando a nuestros compañeros y compañeras presos y perseguidos políticos.

No es posible que además de haber sido golpeados y torturados por los cuerpos especiales de la Policía, fueran llevados a centros ilegales de detención, y es increíble la total ausencia del Ministerio Público y de la Fiscalía de Derechos Humanos, que una vez más están demostrando su complicidad con el golpe de Estado”, concluyó Cáceres.

Al momento de redactar esta nota la audiencia en la Corte Suprema de Justicia no ha terminado y nuevamente una larga caravana de centenares de vehículos y motos está paralizando la circulación de la capital, protestando contra el gobierno de facto.

Giorgio Trucchi

Fuente: Rel-UITA