El coronel Manuel Cordero inició una contraofensiva mediática en Brasil, al aprobarse su extradición a Argentina. Intenta aparecer como una víctima política que sufre serios problemas de salud. Miente sobre los cargos que se le imputan y sobre la posibilidad de apelar el fallo.

Roger Rodriguez

El torturador uruguayo Manuel Cordero inició ayer una nueva estrategia para demorar su extradición a Argentina y declaró a Zero Hora que debe someterse a una intervención cardíaca antes de su traslado y que sólo pueden juzgarlo por el secuestro de Simón Riquelo a quien dijo no conocer, como a su madre Sara Méndez.

El militar uruguayo reaccionó con una meditada contraofensiva ante el pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal brasileño que otorgó esta semana su extradición a la Argentina por once desapariciones y el secuestro de un niño, y ahora alega que antes de su traslado debe ser operado del corazón porque puede sufrir un "colapso" en el viaje.

Cordero fue entrevistado por el periódico Zero Hora de Porto Alegre, a quien declaró que aún no está dicha la última palabra en torno a su enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad y sostuvo que tiene todavía mecanismos de defensa para apelar el pronunciamiento del máximo órgano judicial brasileño.

En la entrevista concedida a la periodista Priscila Montandon, Cordero afirmó que su proceso de extradición tuvo una "gran carga política": "La ley de Amnistía de Brasil funcionaba muy bien para ambos lados, pero pienso que eso está relacionado a temas que desconozco sobre la amnistía a los militares", dijo con aparente inocencia.

¿Sara... qué Sara?

Cordero dijo que no es "futurólogo", pero intentó mostrarse confiado de superar un eventual juicio en Argentina donde, según él, sólo puede ser juzgado por el secuestro y desaparición de Simón Riquelo, uno de los once delitos por los que se pidió la extradición, ya que ­opinó­ los otros crímenes de desaparición habrían prescripto.

"El delito se refiere a la desaparición de un niño argentino en 1976, que reapareció en 2002. Por lo tanto, no es desaparecido. Fue una denuncia de la madre de él, pero yo no conozco ni al niño ni a la madre de él. Ya había sido juzgado en 1994 por este delito y el caso fue archivado", mintió Cordero a Zero Hora.

Sara Méndez fue secuestrada en Buenos Aires el 13 de julio de 1976 y de sus manos fue robado su hijo Simón Riquelo, con sólo 22 días de nacido. Sara fue torturada por Cordero en el "pozo" Automotores Orletti, trasladada ilegalmente a Montevideo, recluida en otros dos "pozos" y condenada a 5 años de cárcel por la Justicia militar.

Desde su liberación, Sara Méndez se constituyó en un símbolo de la búsqueda de los niños desaparecidos y en 2002, veintiséis años después, logró encontrar a su hijo Simón que había sido entregado a la familia de un policía argentino. En 1994 una causa contra Cordero fue amparada en Uruguay por la Ley de Caducidad.

Piel de Cordero

El torturador uruguayo alegó también que tiene que someterse a otra cirugía en el Instituto Cardiológico de Porto Alegre. "En prisión no tenía condiciones de un pos operatorio. Sufrí varias infecciones cuando estaba preso y perdí todos los dientes, tomaba una medicación muy fuerte y llegué a pesar 60 kilogramos", dijo.

"Me concedieron la posibilidad de tratarme. Vine a mi casa (en Santana do Livramento) en enero para recuperarme, colocarme las prótesis e intentar hacerme la cirugía cardiovascular (...) si no me opero, voy a morir. En estas condiciones no puedo viajar al exterior. Corro el riesgo de sufrir un colapso", se victimizó.

Cordero huyó de Uruguay en 2004 y fue detenido en Brasil en 2007 para un proceso de extradición que se definió esta semana. Desde principios de año disfrutaba de una prisión domiciliaria, por razones humanitarias, debido a su estado de salud, hasta que fue filmado fumando y corriendo en la puerta de su domicilio en Santana do Livramento.

El coronel Manuel Cordero, alias 303, cometió delitos de secuestro, tortura, violación, asesinato, privación de identidad y desapariciones en el marco del Plan Cóndor. Como mando de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) actuó en el pozo "Automotores Orletti" de Buenos Aires, del que desaparecieron 30 uruguayos.

SIN APELACION

El coronel Manuel Cordero no tiene ningún recurso legal con el que apelar la extradición aprobada por el Supremo Tribunal Federal (STF) que sólo podría ser cuestionado si existiera algún error técnico jurídico, explicaron a LA REPUBLICA fuentes jurídicas de Brasil. El trámite de Extradición Nº 974 finalizó con la aceptación de la requisitoria de la Justicia argentina y la negativa a la solicitud uruguaya, por 6 votos contra 2, y sólo resta ahora que el fallo sea redactado y hecho público en los próximos días por parte del ministro Ricardo Lewandowski, el primero en votar por la extradición.

Según establece la Constitución de Brasil, la extradición de Cordero deberá ser firmada por el presidente Luiz Inácio "Lula" Da Silva, pero en toda la historia jurídica brasileña nunca un presidente se opuso a un pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal y el mandatario suscribirá la orden para entregar al reo Cordero a la Policía argentina. Por su parte, el activista brasileño por los derechos humanos, Jair Krischke, señaló a LA REPUBLICA sus dudas sobre la mentada insuficiencia cardíaca que ha esgrimido Cordero desde que llegó a Brasil. "¿Si le dieron la prisión domiciliaria para que se operara, por qué no lo hizo en los últimos ocho meses?", se preguntó Krischke.

Asimismo, la afirmación de Cordero sobre que debe operarse en el Instituto de Cardiología de Porto Alegre tampoco sería cierta, ya que por su condición de extranjero no tiene el beneficio de la atención gratuita en el hospital especializado y debería abonar personalmente la presunta operación por un costo de miles de dólares.

Las fuentes jurídicas consultadas indicaron que el propio Supremo Tribunal Federal deberá someter a Cordero a un examen médico para establecer las condiciones físicas en que será entregado, en un plazo de 30 días, a las autoridades argentinas para que sea finalmente enjuiciado por la Justicia federal de ese país.

Fuente: La República