La foto es gentileza de Manuel Capella

La Casa Zitarrosa que dirige la hermana del cantante, dedicada a la cultura uruguayo-argentina, fue cerrada en la noche del viernes. Hasta tiraron la puerta abajo.

Carlos Rodríguez

La topadora del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, no respeta apellidos ni historias. Los desalojos a granel ordenados por el mandamás del PRO alcanzaron esta vez al centro cultural uruguayo-argentino liderado por Cristina Zitarrosa, hermana de Alfredo Zitarrosa, el cantautor y poeta uruguayo a quien varias generaciones de argentinos –sin entrar en disputas sobre su nacionalidad, como en el caso de Carlos Gardel– idolatran como si hubiera nacido en el Abasto. “Estábamos en el lugar desde 2005, con un contrato precario que se firmó en la época del gobierno de Aníbal Ibarra. Es una zona de casas bajas y departamentos que iban a ser demolidos por el intendente (Osvaldo) Ca-cciatore para construir un puente que nunca se hizo. Ahora nos sacaron de ese lugar”, le explicó a Página/12 Cristina Zitarrosa, con su acento uruguayo, inalterable a pesar de los largos años que tiene en el país, donde nacieron sus dos nietos. “Se ve que al actual gobierno de la ciudad no le gusta mucho el apellido Zitarrosa”, se lamentó Cristina.

El centro cultural fue creado por la Asociación Civil Encuentro Uruguayo-Argentino y es conocido como “La casa Zitarrosa”. Hasta el viernes funcionaba en Constituyentes al 5700, en el barrio de Villa Urquiza. “Fue un allanamiento sin orden previa, tiraron la puerta abajo y tuvimos que sacar todo lo que teníamos.” En Constituyentes, del 5700 al 5900, hay una serie de casas bajas y departamentos que fueron desalojados en los tiempos de Cacciatore y que se fueron llenando de familias, a partir del regreso de la democracia en la Argentina, siempre a través de contratos precarios. Como viene haciendo a la vera de las vías del ferrocarril Sarmiento, con vistas a la construcción del Corredor Verde del Oeste, los desalojos de Macri le vienen dando forma a un espacio “libre” de personas que carecen de vivienda, de comedores donde concurrían a diario niños y ancianos, y de centros culturales populares.

“En esa zona viven más de 70 familias que, igual que nuestro centro cultural, ahora van a ser desalojadas”, pronosticó Cristina Zitarrosa. “Se hacen los desalojos sin saber muy bien por qué, dado que el puente que se iba a construir quedó reducido a una placita.” Cristina Zitarrosa y su esposo tenían su vivienda en el mismo lugar donde funcionaba el centro cultural, dado que “nos habían dicho que nos asentáramos allí, para que el lugar no fuera ocupado por otras personas”. En el mismo sitio vivían otras dos personas que también se han quedado sin vivienda.

Cristina vive ahora, en forma momentánea, en la casa de su yerno, que también es argentino. “En estos momentos, justamente, estamos preparando la publicación de todos los escritos de Alfredo (Zitarrosa), como una forma de reconstruir las historias, la identidad, de tantos uruguayos que se han afincado en la Argentina, que tienen hijos o nietos nacidos acá y que ya seguramente no van a volver a vivir en el Uruguay.”

En ese momento, cuando desde el centro cultural se estaban estrechando los lazos que unen a los uruguayos con el país en el que se han instalado desde hace muchos años, llegó un desalojo que “es todo un despropósito por la actitud asumida por el gobierno porteño, que con el desalojo dejó trunca una negociación para encontrarle un sitio adecuado al centro cultural”, le dijo a este diario Gustavo Lesbegueris, del área de Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Para la semana que comienza se espera la realización de los nuevos desalojos, que suelen comenzar bien temprano, a las cinco de la mañana, bajo la batuta del director general de Administración de Bienes, Javier Ibáñez, que se ocupa personalmente de los operativos. En el centro cultural había computadoras y una pequeña imprenta. En el lugar había un taller de pintura y salón de exposiciones de obras de arte. Además, entre otras muchas actividades, se daban clases de candombe. “Ahora tenemos un lugar que nos brindó el gobierno nacional, en Bartolomé Mitre 2015, un edificio de cuatro pisos donde funcionan el Consulado de Bolivia y varias instituciones sociales”, explicó Zitarrosa.

“Fue un allanamiento sin orden previa, porque sin aviso vinieron funcionarios porteños, cerrajeros, abogados y nos sacaron. Ahora vamos a tener que repartir todas las cosas que teníamos en varios lugares. Este señor (Javier) Ibáñez nunca quiso entrar en razón, y encima le mintió al ministro (de Desarrollo Económico) Francisco Cabrera, diciéndole que nosotros habíamos aceptado un subsidio para irnos, cuando no aceptamos nada”, concluyó Zitarrosa.

Fuente: Página 12

Audio: Christian Libonatti