Alberto Pizango. El 26 de mayo, el líder de AIDESEP volvía a Perú después de un año de exilio en Nicaragua. Tras ser detenido en el aeropuerto, fue puesto en libertad.

El 5 de junio se cumplía un año del estallido de la revuelta contra las “leyes de la selva”, que logró tumbar cuatro de los polémicos decretos y cuya represión costó la vida a decenas de personas. Los grupos indígenas exigen una investigación sobre la masacre.

Cuando se cumple un año de la matanza de Bagua, en la selva amazónica de Perú, el informe oficial no aclara responsabilidades políticas ni aporta otra versión que no sea la ya difundida desde el Gobierno. El 5 junio de 2009, Bagua amaneció tomada por el Ejército. El presidente Alán García había mandado cientos de efectivos para desalojar a más de un millar de indígenas que bloqueaban las carreteras para protestar contra la serie de decretos que “privatizaban la selva”, según denunciaban las organizaciones indígenas. Durante todo el día la zona fue escenario de una batalla campal, con un saldo, según la versión oficial, de 11 indígenas y 23 policías muertos, 200 heridos y un militar desaparecido. Según la Asociación para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la cifra de nativos asesinados asciende a 40.

Poco después de la masacre, el presidente Alán García acusó en los medios de comunicación a las comunidades que exigían la derogatoria de nueve de los 102 decretos promulgados para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU de obedecer a intereses de Evo Morales y Hugo Chávez. Según el presidente, las comunidades habían sido manipuladas por “dirigencias politizadas” porque, según deja entrever, están sin civilizar. Pero el informe del Gobierno sobre el asalto militar en Bagua no convence a las organizaciones de derechos humanos. Según señalan, con esta política de hechos consumados el Gobierno trata de beneficiar a empresas transnacionales, como la española Repsol, en detrimento de los intereses de los indígenas que deben ser consultados conforme a los tratados internacionales suscritos por Perú, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En paralelo a la investigación oficial, otro informe presentado en minoría por la comisión encargada señala que el ex primer ministro dimitido por la matanza, Yehude Simon, la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, y la de Comercio Exterior, Mercedes Araoz, tendrían responsabilidades por una orden de desalojo que se dio horas antes de la retirada voluntaria acordada entre indígenas y policías en Bagua.

Las movilizaciones consiguieron que el Congreso derogara cuatro de los decretos legislativos que violaban directamente los derechos colectivos de los amazónicos en el uso y la gestión de los recursos naturales en su territorio. Sin embargo, los responsables de AIDESEP, los llamados Apus, sobre quienes cae la autoridad comunitaria, se encuentran entre el exilio y la clandestinidad, sin que se hayan depurado responsabilidades políticas.

Mientras tanto, las comunidades preparan ya una propuesta de ley de amnistía para sus procesados y esperan también la promulgación de la Ley de Consulta, cuyo proyecto aprobó el Congreso en un proceso que tuvo la participación de sus organizaciones.

De vuelta del exilio

El presidente de la AIDESEP, Alberto Pizango, que se exilió en Nicaragua durante 11 meses por la orden de detención que cayó sobre él tras los enfrentamientos de Bagua, ha reconocido que “al aprobarse esta Ley de Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas u originarios, la representación nacional reconocería la legitimidad de nuestra lucha”.

La aprobación de la ley estaba prevista para antes de la XL Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reunió a los jefes de Estado americanos el 8 de junio en Lima. Sobre su retorno a Perú, Pizango señaló que vuelve “porque es necesaria la reconciliación entre peruanos y peruanas, siempre que se nos reconozca como pueblo y se nos reivindique como ciudadanos en condiciones de igualdad”.

Este 5 de junio se celebró una conmemoración de la tragedia de Bagua, con varios actos pacíficos en los que se encontraron el retornado dirigente indígena Pizango con Felipe Bazán Caballero, padre del policía aún desaparecido, a quien le ofreció ayuda en la búsqueda, según informaron medios desde la zona.

“Lamento profundamente la pérdida de cada una de las vidas de mis hermanos, policías y nativos, por lo que aprovecho esta ocasión para expresar a todos los deudos mis más sinceras condolencias, exigiendo una exhaustiva e imparcial investigación de los hechos acontecidos en Bagua”, dijo Pizango

Más muertes en Chala

Poco después de las muertes en la Amazonía norte de Perú, el Gobierno volvió a ‘resolver’ un conflicto social de la peor manera. En Chala, Arequipa, una protesta de los mineros contra otro decreto de urgencia del Presidente dejó seis personas muertas y más de 48 heridas, 29 por el impacto de las balas. Ya en su primer mandato Alan García se caracterizó por la represión de las protestas sociales.

Mar Soler y Johnattan Rupire

Fuente: Diagonal