Foto: Andina/ABI

El presidente de Perú, Alan García, y su par boliviano, Evo Morales, firmaron un acuerdo que permitirá a Bolivia el uso por 99 años del puerto peruano de Ilo. "Usted nos ayuda presidente para que Bolivia tarde o temprano retorne al mar; el retorno al mar es irrenunciable para los bolivianos", enfatizó Morales.

Los presidentes de Bolivia y de Perú suscribieron un Protocolo Complementario y Ampliatorio para relanzar sus relaciones bilaterales dirigidas a su integración, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El protocolo fue firmado a orillas del mar en el sur peruano, donde Bolivia contará con facilidades ampliadas de tránsito, puntos de atraque de sus embarcaciones, una playa turística y deportiva y una zona franca por un período inicial de 99 años, a través de la cual podrá exportar sus productos a ultramar e importar otros artículos sin gravámenes arancelarios. Además, le permitirá a Bolivia contar con un punto de atraque para las naves de la Armada y tener un anexo de su Escuela Naval.

El acuerdo reaviva un convenio suscrito el 24 de enero de 1992 entre los entonces presidentes Jaime Paz Zamora (Bolivia) y Alberto Fujimori (Perú), que no pudo concretarse en proyectos puntuales.

Morales señaló que "en la actualidad las circunstancias son diferentes porque existe la voluntad política y la confianza entre los gobiernos y los pueblos para avanzar hacia una integración en base a programas de cooperación y solidaridad".

Por su parte, Alan García invocó, citado por la red digital Erbol, que "el diálogo bilateral (boliviano-chileno) conduzca a la recuperación de la justicia que es para Bolivia tener una salida (al mar). Es injusto que Bolivia no tenga una salida soberana al océano".

"Como lo dije en 1990, Perú jamás será un obstáculo en el diálogo bilateral que debe conducir a que Bolivia recupere su salida soberana al mar, jamás", agregó García. El mandatario peruano declaró que Bolivia necesita el respaldo de sus vecinos de la región para hacer un "frente común en defensa de un derecho irrenunciable, cual es su salida soberana al mar".

Piñera, en respuesta a ese planteo peruano dijo, citado por la agencia noticiosa italiana ANSA y antes de partir a Francia, que "las relaciones entre Chile y Bolivia, y Chile con Perú, están mirando al futuro, a resolver los problemas".

Por su parte, el presidente Morales agradeció a su par peruano, visiblemene emocionado, y dijo que "aquí sólo falta soberanía marítima. Este protocolo nos da mucha esperanza".

"Usted nos ayuda presidente para que Bolivia tarde o temprano retorne al mar; el retorno al mar es irrenunciable para los bolivianos", enfatizó Morales, lo que arrancó el aplauso de García y de los asistentes.

El mandatario boliviano anunció luego una millonaria inversión en el puerto peruano de Ilo para facilitar y masificar las exportaciones de su país por el Pacífico.

Perú y Bolivia perdieron parte de sus territorios -en el caso boliviano también su acceso soberano al mar- durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), que los enfrentó con Chile.

Fuente: Página 12

Alberto Pizango. El 26 de mayo, el líder de AIDESEP volvía a Perú después de un año de exilio en Nicaragua. Tras ser detenido en el aeropuerto, fue puesto en libertad.

El 5 de junio se cumplía un año del estallido de la revuelta contra las “leyes de la selva”, que logró tumbar cuatro de los polémicos decretos y cuya represión costó la vida a decenas de personas. Los grupos indígenas exigen una investigación sobre la masacre.

Cuando se cumple un año de la matanza de Bagua, en la selva amazónica de Perú, el informe oficial no aclara responsabilidades políticas ni aporta otra versión que no sea la ya difundida desde el Gobierno. El 5 junio de 2009, Bagua amaneció tomada por el Ejército. El presidente Alán García había mandado cientos de efectivos para desalojar a más de un millar de indígenas que bloqueaban las carreteras para protestar contra la serie de decretos que “privatizaban la selva”, según denunciaban las organizaciones indígenas. Durante todo el día la zona fue escenario de una batalla campal, con un saldo, según la versión oficial, de 11 indígenas y 23 policías muertos, 200 heridos y un militar desaparecido. Según la Asociación para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la cifra de nativos asesinados asciende a 40.

Poco después de la masacre, el presidente Alán García acusó en los medios de comunicación a las comunidades que exigían la derogatoria de nueve de los 102 decretos promulgados para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU de obedecer a intereses de Evo Morales y Hugo Chávez. Según el presidente, las comunidades habían sido manipuladas por “dirigencias politizadas” porque, según deja entrever, están sin civilizar. Pero el informe del Gobierno sobre el asalto militar en Bagua no convence a las organizaciones de derechos humanos. Según señalan, con esta política de hechos consumados el Gobierno trata de beneficiar a empresas transnacionales, como la española Repsol, en detrimento de los intereses de los indígenas que deben ser consultados conforme a los tratados internacionales suscritos por Perú, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En paralelo a la investigación oficial, otro informe presentado en minoría por la comisión encargada señala que el ex primer ministro dimitido por la matanza, Yehude Simon, la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, y la de Comercio Exterior, Mercedes Araoz, tendrían responsabilidades por una orden de desalojo que se dio horas antes de la retirada voluntaria acordada entre indígenas y policías en Bagua.

Las movilizaciones consiguieron que el Congreso derogara cuatro de los decretos legislativos que violaban directamente los derechos colectivos de los amazónicos en el uso y la gestión de los recursos naturales en su territorio. Sin embargo, los responsables de AIDESEP, los llamados Apus, sobre quienes cae la autoridad comunitaria, se encuentran entre el exilio y la clandestinidad, sin que se hayan depurado responsabilidades políticas.

Mientras tanto, las comunidades preparan ya una propuesta de ley de amnistía para sus procesados y esperan también la promulgación de la Ley de Consulta, cuyo proyecto aprobó el Congreso en un proceso que tuvo la participación de sus organizaciones.

De vuelta del exilio

El presidente de la AIDESEP, Alberto Pizango, que se exilió en Nicaragua durante 11 meses por la orden de detención que cayó sobre él tras los enfrentamientos de Bagua, ha reconocido que “al aprobarse esta Ley de Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas u originarios, la representación nacional reconocería la legitimidad de nuestra lucha”.

La aprobación de la ley estaba prevista para antes de la XL Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reunió a los jefes de Estado americanos el 8 de junio en Lima. Sobre su retorno a Perú, Pizango señaló que vuelve “porque es necesaria la reconciliación entre peruanos y peruanas, siempre que se nos reconozca como pueblo y se nos reivindique como ciudadanos en condiciones de igualdad”.

Este 5 de junio se celebró una conmemoración de la tragedia de Bagua, con varios actos pacíficos en los que se encontraron el retornado dirigente indígena Pizango con Felipe Bazán Caballero, padre del policía aún desaparecido, a quien le ofreció ayuda en la búsqueda, según informaron medios desde la zona.

“Lamento profundamente la pérdida de cada una de las vidas de mis hermanos, policías y nativos, por lo que aprovecho esta ocasión para expresar a todos los deudos mis más sinceras condolencias, exigiendo una exhaustiva e imparcial investigación de los hechos acontecidos en Bagua”, dijo Pizango

Más muertes en Chala

Poco después de las muertes en la Amazonía norte de Perú, el Gobierno volvió a ‘resolver’ un conflicto social de la peor manera. En Chala, Arequipa, una protesta de los mineros contra otro decreto de urgencia del Presidente dejó seis personas muertas y más de 48 heridas, 29 por el impacto de las balas. Ya en su primer mandato Alan García se caracterizó por la represión de las protestas sociales.

Mar Soler y Johnattan Rupire

Fuente: Diagonal

Fotografía: Catapa

Montevideo, 8 de Junio de 2009
Sr. Alan García Pérez
Presidente de la República del Perú
S. / D.

En el tono que la realidad permite, y considerando el cargo que aún ocupa por voluntad original de una parte del pueblo peruano, me dirijo a ud. para manifestarle mi más enérgico repudio y condena a la masacre que su gobierno perpetró contra los pueblos originarios de la amazonía peruana, alzados en defensa de sus derechos ancestrales, y la preservación del territorio y medio ambiente.

A los dos primeros meses de esta lucha ud. respondió con silencio, y cuando por fin se convenció que no ganaría por cansancio, decidió arremeter con represión, bala y mentira. No nos sorprenden sus actos a quienes aún exigimos justicia por las matanzas en los penales de San Juan de Lurigancho, el Frontón y la cárcel de mujeres de Santa Bárbara (1986), que también lo tienen como principal responsable. Sí quedamos perplejos ante la incomprensible frialdad con que justifica las acciones actuales, echando gasolina al fuego al utilizar el falso argumento de que un puñado de indígenas no puede contradecir lo decidido por millones de peruanos.

Ud. sabe que el Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por la república del Perú, obliga a su gobierno a consultar a los pueblos originarios toda intervención en sus territorios. Trámite que su gobierno ignoró imponiendo 9 decretos legislativos que abren camino a las condicionantes del Tratado de Libre Comercio suscripto entre el Perú y los Estados Unidos.

De pie, sobre la sangre que Ud. mismo derramó, llegó a inferir que detrás de esto ‘puede haber intereses comerciales del extranjero’. Obviamente, son los intereses que Ud. respalda, y por los que está dispuesto a matar. Es Ud., presidente García, quien privilegia los intereses de las transnacionales sobre la vida de los pueblos originarios de la amazonía peruana.

La lucha de estos pueblos está respaldada por los pueblos originarios del Abya Yala, (manifestado explícitamente en la cumbre de pueblos originarios realizada recientemente en Puno,) y por las organizaciones sociales de todo el continente. De modo que, le aseguro, no descansaremos hasta que responda por sus crímenes. Ud. no debe explicaciones sólo al Perú, donde -a juzgar por el acceso a su segunda presidencia- le resultó fácil evadir responsabilidades en el pasado. Ud. es un criminal de lesa humanidad, y será perseguido hasta que responda por sus actos. No debería tomar esto como una amenaza, sino como descripción fiel de la realidad que Ud. mismo acaba de desencadenar.

El pueblo del Perú sabrá cómo resolver institucionalmente la recuperación del cargo que ud. ha mancillado por segunda vez. Es responsabilidad de los peruanos que le otorgaron su confianza, y de los que no lo hicieron, pero por reglas del juego democrático debieron tolerarlo.

Dentro o fuera de Perú, la Justicia le hará reclamo de sus crímenes. Le aseguro que así será y que no olvidaremos ni descansaremos hasta que llegue ese día.

Carlos D. PÉREZ
Coordinador de REDH
Red Solidaria por los Derechos Humanos
www.redh.org