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Primero se llevaron a los comunistas pero a mí no me importó porque yo no era. En seguida se llevaron a unos obreros pero a mí no me importó porque yo tampoco era. Después detuvieron a los sindicalistas pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Ahora me llevan a mí pero ya es tarde.
Ayer separaron a los comuneros en huelga de hambre y los derivaron a hospitales de distintas ciudades
La huelga de hambre líquida y la pérdida de más de 20 kilos de peso habrían provocado daños irreversibles en la salud de los cuatro mapuches chilenos presos que iniciaron la medida de fuerza hace 85 días. Su reclamo radica en la nulidad del juicio en el que fueron condenados por robo con intimidación y lesiones menores. “La falta de nutrientes debió haberles provocado daño cerebral”, apuntó el médico Juan Carlos Reinao, quien los revisa desde que los mapuches comenzaron con la huelga. Sin embargo, serán realimentados en los centros sanitarios donde permanecen internados. Según Reinao, el sistema de salud estatal interpuso un recurso con tal objetivo ante la Corte de Apelaciones de Chile, que fue aceptado.
“La gravedad es intensa. Padecen desnutrición severa, hidratación al límite y estado general severo. Los más de 20 kilos que cada uno perdió en la huelga les produjeron también disminución del nivel de concentración”, explicó el médico. Su trabajo en el monitoreo de la salud de Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical, José Huenuche y Héctor Llaitul comenzó el primer día de huelga y se debió a la exigencia de las familias de los prisioneros, que consideraron necesario que un profesional ajeno a Gendarmería controle la salud de los mapuches.
Hasta ayer, los cuatro estaban internados en el Hospital Victoria. Ante la emergencia, las autoridades sanitarias decidieron trasladarlos a los centros asistenciales Concepción, Los Angeles y Nuevo Imperial, todos ubicados en el sur del país, un movimiento resistido por los prisioneros y sus familiares. “Teniendo las herramientas para poder controlar su salud en una sola institución, decidieron trasladarlos unilateralmente. El traslado es peligroso, no estaban en condiciones de soportar las tres horas de viaje que separa un hospital de otro”, denunció la vocera de las familias de los mapuches, Natividad Llanquileo.
Las familias supieron del traslado mientras aguardaban el horario de visita. El revuelo originado empujó a efectivos de Gendarmería a dar explicaciones: “La decisión es exclusivamente por prescripción médica”, esbozó el director regional de la fuerza, David Espinoza.
“Los quieren hacer comer a la fuerza”, denunció por su parte lamadre de José Huenuche, Juana Raimón. “A mi hijo lo sacaron muy mal, lo tiraron arriba de la ambulancia”, agregó. Según informó Reinao, el sistema sanitario de Chile presentó un recurso de amparo ante la Cámara de Apelaciones nacional para iniciar la realimentación de los huelguistas pese a su negativa, que la Justicia aceptó. Si bien no habló oficialmente sobre le tema, el gobierno había expresado anteriormente que tomaría todas las medidas posibles para evitar la muerte de los comuneros, incluida su nutrición forzada.
El médico advirtió sobre los posibles efectos negativos que la realimentación acarrearía sin la realización previa de exámenes generales de la salud de los comuneros condenados. “Los manifestantes se niegan a someterse a exámenes médicos por no contar con garantías sobre la certeza de los resultados. Sin esos estudios, la realimentación podría provocar el fallo de órganos y desencadenar un desenlace fatal”, apuntó.
Los comuneros fueron condenados en marzo a hasta 25 años de prisión por intento de homicidio de un fiscal y robo con intimidación. Mientras comenzaron la huelga, sus familiares pidieron formalmente la nulidad ante la Corte Suprema de Chile. El máximo tribunal decidió desestimar el cargo de intento de homicidio, con lo que redujo las penas. Los mapuches consideran que en el proceso judicial se aplicó la ley antiterrorista: “Hubo testigos secretos y personas que testimoniaron bajo tortura”, expresó la vocera.
Los familiares de los líderes mapuche condenados por la justicia chilena iniciaron una huelga de hambre en rechazo a la postura de la Corte Suprema de rehusar la anulación del irregular proceso contra los indígenas.
En comunicado circulado en Santiago dijeron cumplirán la medida en las inmediaciones del Hospital de Victoria, en el sur chileno, donde se encuentran internados los sentenciados en críticas condiciones de salud, debido al ayuno que protagonizan desde hace 85 días en demanda de un juicio justo y sin aplicación de la ley antiterrorista.
Recalcaron los familiares de los sindicados como dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco que la huelga de hambre es la única salida que les deja el Gobierno para exigir justicia.
Los manifestantes instalaron un campamento en las afueras del recinto hospitalario, situado en la región de La Araucanía, hacia donde instaron a representantes de las comunidades nativas a trasladarse para demandar la liberación de los cuatro líderes de la etnia.
El máximo tribunal chileno decidió el viernes pasado rebajar las penas de los comuneros, pero no dio su aval al pedido de anulación del llamado juicio de Cañete, en el Bío Bío chileno, contra Héctor Llaitul, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Hullical.
Al recalificarse el delito de homicidio frustrado por el de lesiones en alusión al supuesto atentado al fiscal Mario Elgueta, en octubre de 2008, las penas quedaron en ocho y 14 años de cárcel, en lugar de la condena de Cañete que contemplaba entre 20 y 25 años en prisión.
Sin embargo, los encausados, las comunidades nativas, los abogados, parlamentarios y partidos de la oposición no aceptaron el veredicto de la Corte porque al validar el juicio legitima el uso de los testigos sin rostro y otras cuestionadas herramientas amparadas por la ley antiterrorista, instrumento aprobado durante la dictadura en Chile.
Para la portavoz mapuche Natividad Llanquileo, la condena es para todo el pueblo mapuche y no será aceptada de ningún modo; por lo que se acudirá a los tribunales internacionales para exigir justicia.
Los cuatro comuneros fueron parte de la huelga de hambre de más de 80 días sostenida por una treintena de indígenas a mediados del 2010, lo que ha influido en el deterioro físico en que se encuentran, alertó el médico que los atiende Juan Carlos Reinao.
Están en una etapa crítica. La etapa de muerte en casos así sobreviene entre los 60 y 90 días, por lo que se puede complicar la situación en cualquier momento, advirtió el especialista.
Los cuatro líderes mapuche en huelga de hambre desde hace 80 días continuarán con esa medida de fuerza, luego que la Corte Suprema desistió de anular el juicio en su contra.
Natividad Llanquileo, vocera de los comuneros, dijo estar "muy decepcionada" del máximo tribunal y responsabilizó al Estado chileno "en caso de que les pase algo" a sus hermanos de etnia, en riesgo de muerte por el prolongado ayuno, el segundo en menos de un año por igual espacio de tiempo.
"El veredicto de la Corte avaló los testigos sin rostro contra nuestros hermanos. Hablé con ellos y están tan molestos como todo nuestro pueblo y van a continuar la huelga de hambre", afirmó la portavoz mapuche.
Denunció Llanquileo que la condena de este día es para todo el pueblo mapuche, por lo que necesariamente se tendrá que acudir a los tribunales internacionales. La Corte, subrayó, amparó la aplicación de la ley antiterrorista y la vulneración de las garantías al debido proceso. Esta situación no la vamos a aceptar por ningún motivo, remarcó.
Por su parte, Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul, sindicado como líder de la Coordinadora Arauco Malleco, señaló que lo de hoy "fija un precedente gravísimo para que se siga aplicando la ley antiterrorista a los luchadores contra este gobierno capitalista y de derecha".
La rebaja de pena no corrige el error de fondo en el encausamiento judicial, opinó Pezoa en relación con la citada figura jurídica, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La Corte desoyó el pedido de anulación del juicio contra los cuatro líderes mapuche y optó únicamente por reemplazar la sentencia.
El nuevo fallo condenó a ocho años de cárcel a José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Hullical y a 14 a Héctor Llaitul, en lugar de las penas de entre 20 y 25 años emitidas por el tribunal de Cañete, región del Bío Bío.
Quedó sin efecto el cargo por presunto homicidio frustrado contra un fiscal chileno en 2008, el que varió por supuesta responsabilidad en lesiones a funcionarios policiales y robo con intimidación.
El veredicto fue impugnado por las comunidades indígenas que reaccionaron de inmediato con protestas en el centro de esta ciudad.
Las manifestantes fueron reprimidos con carros lanzaaguas por la Policía de Carabineros, que detuvo además a una docena de ellos.
Natividad Llanquileo criticó la violencia empleada y dijo que proceder así es el habitual. "Lamentablemente este tipo de gente no está bien formada", aseveró.
Otro de los cuatro presos mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde hace 73 días fue hospitalizado este jueves. José Huenuche es el segundo comunero que es internado en un centro asistencial en lo que va de semana por su delicado estado de salud por inanición voluntaria, medida de fuerza para exigir la anulación de la sentencia que los condenó, junto a otros paisanos, a 20 y 25 años de cárcel.
Huenuche, y Ramón Llanquileo, hospitalizado la víspera, fueron llevados a un nosocomio localizado en la sureña ciudad de Victoria en la región de la Araucanía.
Los dos nativos internados han perdido una considerable cantidad de peso, según indicó un parte médico del hospital de Victoria.
"Dos de ellos, Ramón Llanquileo y José Huenuche, fueron internados por orden de la nutricionista, debido a un estado de desnutrición por perdida de peso y masa corporal, pero no se encuentran graves", especifica.
Los dos hombres serán sometidos a exámenes médicos y en estos momentos se encuentran bajo el reguardo de oficiales de Gendarmería (policía de cárceles).
Llanquileo, de 29 años de edad, quien fue hospitalizado a principios de semana, ha perdido unos 20 kilos desde el comienzo de la huelga mientras que Huenuche, de 34 años, ha disminuido casi 18 kilos.
Los otros dos comuneros que forman parte de la protesta, Héctor Llaitul, de 43 años, y Jonathan Huillical, de 23, han presentado "palidez cutáneo mucosa y pérdida de fuerza muscular", indicaron los galenos.
Agregaron que Llaitul ha bajado 23 kilos y Huillical ha bajado 20.
Los comuneros fueron condenados el pasado marzo a 20 y 25 años de cárcel en un juicio donde se utilizaron testigos sin rostro, lo cual atenta contra los derechos de los procesados, además de que se omitió el dictamen gubernamental de absolver a los indígenas tras llegar a un un acuerdo por finalizar la huelga de hambre de 2010.
Los indígenas fueron juzgados en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (635 kilómetros al sur de Santiago) el pasado febrero, por los delitos “de robo con intimidación y homicidio frustrado y lesiones”.
En el juicio se les halló culpables de atentado a un fiscal chileno en 2008 a partir del cuestionable testimonio de un testigo sin rostro.
Tras conocer el fallo, los mapuche decidieron el pasado 15 de marzo retomar el ayuno que en rechazo a la aplicación de la ley Antiterrorista ya habían protagonizado en 2010 por más de 80 días.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) a finales de marzo consideró las penas de cárcel impuestas contra los cuatro comuneros mapuche como una condena política.
Contra ellos “se aplicó una ley Antiterrorista, cuya propia naturaleza es antidemocrática, en el sentido que se gestó bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), precisamente para castigar a todos los disidentes del sistema”, sostuvo.
Los acusados son miembros de la agrupación Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que lucha por la reivindicación de los derechos ancestrales de los mapuche, la mayor etnia indígena de Chile.
Durante años los indígenas mapuche han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales que demandan como propios frente a la ocupación de éstos por parte de empresas forestales y propietarios particulares.
Para los primeros pobladores de las islas del río Paraná, los guaraníes, el sueño colectivo de las viejas generaciones era alcanzar la llamada tierra sin mal, el aguyje, ese sitio donde la igualdad serviría para fundamentar la felicidad de cada uno y la de todos.
Aguyje quería decir tierra sin mal y plenitud. Cuando la memoria del proyecto se hacía realidad en el presente.
Una presencia activa del pasado que marca el sendero de lo cotidiano.
La tierra era algo más que una posesión material.
Se trataba de una pertenencia social, cultural y espiritual.
No era la tierra del paisaje, si no la construcción histórica y con justicia se debía hacer sobre lo dado por la naturaleza.
Memoria de transformación y siempre beligerante contra cualquier intento de subordinación y resignación.
Algo parecido sentían los mapuches.
La gente de la tierra consideraba que eran parte de ella, nunca poseedores. Sin la tierra no podían ser.
De allí que hace poco, cuando un juez le dio la razón al empresario italiano Bennetton, una mujer mapuche decía que ella y la tierra eran una sola cosa, un solo ser.
Concepto que difícilmente sea comprensible para las cabezas y los intereses hechos a imagen y semejanza del capitalismo.
De allí que la cuestión de la tierra está más allá de la rentabilidad de la misma.
Y esa larga y centenaria resistencia comienza a generar espacios para la esperanza.
Para la Universidad Nacional de San Martín, por ejemplo, en el país existen más de 800 conflictos relacionados con la posesión de la tierra, que involucran a campesinos y comunidades originarias. Los problemas están vinculados con desalojos, inconvenientes en los arrendamientos, la falta de reconocimiento a la posesión veinteañal, entre otras causas. “Los desalojos que se ejecutan contra los pequeños campesinos deberían ser considerados como causas de derechos humanos, sobre todo por la violencia que se ejerce contra nosotros”, señaló Alfredo Riera, presidente de la Asamblea de Pequeños Productores del Chaco Salteño.
De allí que, por ejemplo, comiencen a florecer ciertas esperanzas en el seno del siempre clasista sistema judicial argentino.
En las últimas horas, el máximo tribunal de Justicia de Córdoba falló a favor de una comunidad de campesinos que habían sido condenados como usurpadores del territorio donde siempre vivieron. “Es un fallo histórico porque el máximo tribunal reconoce los derechos campesinos a la tierra y los derechos posesorios de las familias campesinas por sobre los supuestos derechos de un privado que llega a un lugar y pretende barrer con las familias con posesión ancestral y acabar una forma de vida comunitaria”, explicó Ramiro Fresneda, abogado del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), y recordó que en toda la Argentina se repiten los conflictos “y el Poder Judicial, sobre todo del interior, suele negar los derechos a campesinos e indígenas, reconocidos por el derecho interno e internacional”.
A pesar de los saqueos continuos, los desalojos permanentes y los negocios inmobiliarios siempre en crecimiento, el valor de la tierra como elemento vital para el desarrollo de las comunidades comienza a ganar un espacio entre aquellos que siguen peleando por construir un sistema más parecido a las urgencias y grandes ilusiones humanas.
La lucha por la tierra sin mal continúa y comienza a ser protagonizada ya no solamente por los guaraníes.
Ramón Llanquileo, fue trasladado a un centro asistencial
La inanición que desde hace más de 70 días sostienen cuatro mapuche chilenos presos (foto) en reclamo por la anulación del juicio que los condenó a 25 años de cárcel está haciendo estragos en su estado de salud. Uno de ellos, Ramón Llanquileo, fue trasladado a un centro asistencial durante algunas horas. “La Gendarmería dice que lo trasladaron para hacerle chequeos, pero no estamos seguros de que eso sea así. Tememos que haya sufrido una descompensación. No pudimos verlo”, expresó con urgencia Natividad Llanquileo, hermana y vocera de los mapuches en huelga de hambre. La medida busca llamar la atención de la dirigencia política, de la Justicia y de la sociedad chilena en general sobre su situación: “Exigen la nulidad del juicio en el que fueron condenados, un proceso que se basó en la utilización de recursos sólo contemplados por la Ley Antiterrorista chilena, que el propio gobierno de Chile se comprometió a dejar de lado”, continuó la joven. La defensa de los cuatro hombres presentó un pedido de nulidad ante la Corte Suprema que será definido la semana próxima. El Estado, por su parte, aseguró que está atento a la salud de los mapuches.
Los huelguistas bajaron más de 20 kilos y padecen cefaleas, insomnio y mareos. Desde que comenzaron con la medida, cuentan con la asistencia de la enfermería del penal en el que purgan las penas que el tribunal de Cañete les impuso a fines de marzo, que rondan entre los 20 y los 25 años. Pero, además, cuentan con un monitoreo diario de un profesional independiente al sistema penitenciario chileno. “Logramos que la Justicia aceptara que los cuatro huelguistas sean revisados una vez al día por un médico independiente –Juan Carlos Reinao Marilao–. Su último informe advirtió severamente sobre el grave estado de salud de los comuneros y sobre la urgencia de mantenerlos monitoreados las 24 horas, cosa que aún no se cumplió”, añadió Llanquileo.
A finales de la semana pasada, Reinao Marilao alertó sobre pequeñas descompensaciones que Ramón Llanquileo y Héctor Llaitul habían comenzado a experimentar, tras más de dos meses de ingerir sólo líquidos. Ayer, Llanquileo pasó algunas horas en un centro asistencial. “Estuvo en el hospital, pero regresó a la cárcel. Tiene complicaciones cardíacas”, expresó su hermana, que duda de que el traslado del preso haya sido a raíz de una descompensación cardíaca.
En ese sentido, los familiares y amigos de los mapuches en huelga exigieron al Estado que preste atención a la salud de los comuneros: “Pedimos que nos aseguren que, en caso de necesitarlo, sean trasladados a un hospital y no a la enfermería de una cárcel. Marilao advirtió que eso no sirve porque no cumple con las condiciones que requiere el delicado estado de salud de los presos”, añadió la vocera.
Llanquileo se quejó de que desde el Estado no hubo nunca ninguna reacción ante la huelga de hambre. Tras conocerse el traslado temporario del preso a un centro asistencial, el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, dio la cara: “Existe una enorme preocupación por el estado de los reos. Siempre que Gendarmería nos solicitó ayuda, se la brindamos”, analizó.
La crisis, en la que los mapuches acusan al gobierno de no cumplir su palabra, estalló luego de que la autoridad prometiera cambiar la norma que permite los juicios dobles en Chile, pero luego reclamara su cumplimiento ante los tribunales. La Ley Antiterrorista chilena, cuestionada por Naciones Unidas, permite que las personas sean sometidas a juicios dobles en las justicias militar y civil, impide las excarcelaciones durante los juicios y habilita la existencia de testigos secretos.
En huelga de hambre, los comuneros aguardan la respuesta de la Corte Suprema a su pedido formal de nulidad de su jucio, que llegará el 3 de junio próximo. La Corte también podrá ratificar, o no, la absolución que recibieron los presos en el marco del juicio militar que se les siguió por el mismo delito por el que se los condenó. “La Justicia militar no usó testigos secretos. La civil sí”, concluyó Llanquileo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los miembros de la comunidad toba –qom navogoh– de la comunidad La Primavera, en Formosa. Mediante una resolución, firmada el jueves 21 de abril, la CIDH concedió las medidas cautelares que habían sido solicitadas por los y las integrantes del pueblo originario con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. La CIDH también exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Félix Díaz y su familia (su mujer Amanda Asikaj fue tapa de LasI12 antes de que la represión matara a dos tobas qom en febrero del 2010) en condiciones de seguridad.
Las medidas cautelares fueron pedidas luego del desalojo y la represión que sufrió la comunidad los días 23 y 24 de noviembre de 2010. Como resultado de ese brutal operativo dos personas murieron, hubo decenas de heridos de gravedad y se produjeron detenciones de niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos integrantes de La Primavera. Además fueron incendiadas las casas de los comuneros, lo que ocasionó la pérdida de sus objetos personales y sus documentos.
Por otra parte, la Comisión solicitó al Estado argentino que informara “las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”. La causa penal que se abrió luego de la represión (y la muerte de dos tobas qom) tramita ante la Justicia provincial y hasta ahora los únicos imputados son indígenas.
En estos momentos, algunos representantes de la comunidad (como Félix Díaz) que se encuentran realizando un acampe –desde el mes de diciembre del 2010– en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron una huelga de hambre y el martes cortaron la avenida 9 de Julio. Las mujeres y varones de La Primavera exigen el cumplimiento del acuerdo firmado con el Estado nacional, el 30 de diciembre, por el cual el gobierno nacional se comprometió a garantizar la salud y seguridad de los miembros de la comunidad.
La decisión de la CIDH abre una nueva instancia de diálogo entre los originarios/as, el Estado federal y la provincia de Formosa para encontrar una solución al conflicto. A partir de la intervención de la Comisión todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los y las integrantes de la comunidad y sus representantes.
Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales
“Desarrollo” y Amazonía ya no son más que un oxímoron. A medida que avanzan las políticas desarrollistas y neo extractivistas de los gobiernos de la región, avanza la destrucción de la naturaleza y el etnocidio genocida de los pueblos originarios que la habitan. La encrucijada es más acuciante que nunca: o se detiene la penetración capitalista o desparecerán los pueblos indígenas y los bosques.
O se detiene la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana que alientan de manera decidida el estado brasileño y los demás gobiernos de la región, los bancos multilaterales y las trasnacionales, o la selva y los indios serán imágenes y recuerdos del museo del horror de la violenta conquista de la última frontera interna continental para abrirla al saqueo de sus recursos naturales, el cambio irreversible de su ecosistema y la extinción física de sus culturas.
Brasil se ha convertido en una de las diez mayores economías del mundo y la suya representa más de la mitad de la actividad económica sudamericana. El PIB brasileño corresponde al 55 % del PIB de América del Sur. El nuevo monstruo del capitalismo se ha fijado una meta que coloca a la Amazonía en el centro del escenario mundial, convirtiéndola en el más importante espacio geoestratégico de este aún flamante siglo XXI: abrir la Amazonía a la explotación masiva de sus recursos naturales, completando su dominio territorial y su inexorable marcha hacia el oeste.
El prerrequisito complementario para su cumplimiento era romper el escollo geográfico que las grandes selvas y los grandes ríos representaron históricamente como freno a la penetración del transporte, las máquinas, los mercados y las grandes corporaciones. De allí que la apertura del territorio amazónico y su vinculación física con los puertos de exportación de los dos océanos más importantes de la Tierra, el Atlántico y el Pacífico, y a través de ellos con el resto del mundo globalizado, es el objetivo principal de la llamada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana, más conocida por su sigla IIRSA, que se puso en marcha en agosto del año 2000 en Brasilia. Tan sólo diez años y algunos meses después, la IIRSA está a punto de lograrlo.
Cuando se terminen las obras de construcción del puente Billinghurst sobre el río Madre de Dios, que unirá la ciudad de Puerto Maldonado con el caserío de El Triunfo, ambos en el Departamento de Madre de Dios, en el extremo sudoriental de la República del Perú, y con ello se culmine la construcción del llamado Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, la historia sudamericana cambiará para siempre.
Ante todo, se habrá logrado cumplir el anhelo imperial de dos siglos de unir los dos océanos por el corazón del continente que sigue siendo el que atesora los más vastos recursos de agua, energía, biodiversidad y tierras del planeta [1]. Luego, se concretará lo acordado en secreto cuarenta años atrás entre el entonces presidente norteamericano Richard Nixon y el entonces dictador militar brasileño Emilio Garrastazú Médici, de construir una carretera interoceánica [2]. Finalmente, el más vasto plan de recolonización capitalista de Sudamérica, de asalto a sus recursos naturales al servicio de las trasnacionales y el empresariado podrá exhibir una anhelada y primera gran victoria sobre la geografía, la naturaleza y los pueblos, inaugurando por primera vez en la historia una carretera de más de 5000 kilómetros con puentes que aguantan hasta 60 toneladas de peso y que permitirán el flujo permanente de inversiones y mercancías de un océano a otro, y la consecuente apertura irreversible del espacio amazónico al mercado mundial.
La inauguración del puente Billinghurst y de la bioceánica está prevista entre enero y abril de 2011, antes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Perú, pautadas para el 10 de abril y donde Alan García, el gran impulsor de las obras del IIRSA en su país, se despide de su segunda gestión. Seguramente al acto de inauguración concurrirán la recién electa presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, y el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, que acaba de firmar con García una acta para la construcción de un tramo carretero de 80 kilómetros que vincule de manera directa a Bolivia con la interoceánica, que por cientos de kilómetros corre casi paralela a la frontera boliviana. El tramo Nareuda-Extrema-San Lorenzo, acordado por los presidentes, es también parte de los planes del IIRSA [3].
¿Qué pasará después que se inaugure el puente colgante más largo del Perú, de 722 metros de longitud? Es importante tratar de poner esta obra en contexto histórico para entender la magnitud de los trágicos impactos que acarreará.
Hasta ahora, la navegación de los ríos era la forma más efectiva de penetración a la selva. Cuando se produjo el fenómeno del auge de la extracción del caucho entre los años 1870 y 1914, la primera incorporación forzosa de la Amazonía continental al mercado mundial, los ríos se convirtieron en la vía de ingreso de miles y miles de personas ajenas a la selva que ocasionaron un genocidio entre los pueblos indígenas que hasta hoy sigue siendo ocultado y silenciado.
Las actuales fronteras entre Brasil, Perú y Bolivia en los territorios atravesados ahora por la interoceánica y su zona de influencia nacen de esta invasión violenta que esclavizó a pueblos enteros para obligarlos a trabajar en la recolección del caucho y que condujo a la desaparición física de muchos de ellos. Algunos se refugiaron monte adentro, en las cabeceras de los ríos donde estos ya no eran navegables, y así pudieron evitar el exterminio. Son los que actualmente conocemos como “pueblos indígenas aislados o pueblos indígenas aislados voluntariamente”.
Un siglo después de esta hecatombe étnica, muchos de esos pueblos que eligieron la libertad al aniquilamiento, fueron forzados a través de misiones religiosas, a salir de su aislamiento y se encuentran en la situación llamada de “contacto inicial” con la sociedad nacional hegemónica de sus países, situación de extrema vulnerabilidad para la supervivencia de su modo de vida y de su cultura, amenazados por la lenta desaparición de la misma, tragedia que se conoce como etnocidio.
La apertura de la interoceánica y la inauguración del puente Billinghurst dejaran en el pasado la historia fluvial de la Amazonía: los ríos ya no serán la única manera de penetrar el territorio y menos un escollo para esa penetración. El primer puente sobre un río mayor de la Amazonía Sur es el símbolo perfecto de esa globalización vigente, y de la escala planetaria de las relaciones económicas, políticas y sociales que ha impuesto en el mundo.
Hoy, una interconexión como la que provocará el puente, por más lejanas o abandonadas desde el punto de vista nacional que parezcan las regiones donde éste influirá, es posible para ese nuevo orden mundial, basado en el desarrollo de fuerzas productivas a escala global y donde, por eso mismo, las agresiones y las amenazas se han vuelto planetarias. El puente, insistimos, es el símbolo perfecto de la IIRSA que es el otro nombre de la globalización en Sudamérica.
Cuando esté disponible para su uso, se calcula que un promedio de 1500 camiones de alto tonelaje pasaran por allí por día. Esto no será sino el impacto más visible que tendrá la interconexión bioceánica en la Amazonía. Detrás de los camiones, vendrán más madereros ilegales, más mineros desesperados por el oro, más colonización desordenada, más narcotraficantes y lo que es peor: vendrán las empresas nacionales y trasnacionales mineras, petroleras y agroexportadoras de la mano de los gobiernos para explotar hasta el último rincón de la selva, ahora abierta ya no por los ríos, sino por los caminos de la IIRSA, como lo prueba este primer corredor interoceánico.
De allí que su inauguración no hará otra cosa que acelerar los procesos de genocidio y etnocidio históricos contra los pueblos indígenas, provocando la desaparición definitiva de los últimos pueblos indígenas aislados de la selva amazónica al ser invadidas sus tierras como consecuencia de la nueva dinámica de agresión que traerá aparejada la carretera; a la vez, las comunidades indígenas y nativas ya establecidas, también sufrirán el mismo despojo: se radicalizará la invasión de sus territorios y ellos se verán forzados o a emigrar a las ciudades para protegerse o resistir esta ofensiva terrorífica.
La situación actual de las comunidades indígenas se caracteriza por los conflictos permanentes por la defensa de sus territorios, ¿qué pasará cuando las empresas ya no tengan barreras para poder ingresar a donde lo deseen, allí donde haya un recurso natural a ser explotado? Como decíamos al principio, si no se detiene la penetración capitalista, los pueblos indígenas desaparecerán, desaparecerán sus comunidades, sus modos de vida, sus costumbres, sus tradiciones, y una vez desaparecidos los pueblos que defendían la selva –porque era esencial para su supervivencia y su cultura-, desaparecerá también la selva misma, quemada, deforestada y arrasada para la ocupación definitiva de su espacio para los negocios agrícolas y ganaderos extensivos –como ya sucede en los estados brasileros de Acre y de Rondonia- y la construcción de nuevas ciudades.
Lamentablemente, con el puente Billinghurst, estamos llegando a un punto de no retorno de la trágica historia sudamericana, especialmente de la Amazonía. La condena a estos planes de penetración y de apertura de las selvas, con el vergonzoso costo humano que esto traerá aparejado, debería ser unánime. Sin embargo, hay que decirlo: por más que el impacto, la agresión y la amenaza sean globales, hoy pocos saben, incluso en la propia América del Sur, lo que está pasando en la Amazonía Sur, y mucho menos lo que puede pasar. Habría que parar el genocidio y el etnocidio, habría que parar la devastación, pero estamos lejos de poder hacerlo. El mundo sensible debería pronunciarse y actuar. Y nosotros, desde acá, movilizarnos. Más que nunca.
Notas
[1] Los Estados Unidos de Norteamérica forzaron a Brasil a declarar en 1866 la libre navegación por el Amazonas. Perú abrió sus ríos dos años después. La libre navegación no sólo propició el comercio, sino la biopiratería, como lo probó Henry Wickham robando 70.000 semillas de caucho en 1876. Con el tiempo, esto hundió a la producción cauchera amazónica.
[2] Ver Roberto Ochoa: Nixon y la Interoceánica. La República, Lima, 21 de agosto de 2009
[3] Ver Declaración de Ilo, firmada el 19 de octubre de 2010, entre Alan García Pérez y Evo Morales Ayma. Allí se expresa “La decisión de iniciar en el curso del primer semestre del año 2011las gestiones necesarias para el financiamiento y construcción del asfaltado de los 80 kilómetros de la carretera Nareuda – Extrema -San Lorenzo, lo que permitirá vincular a los Departamentos de Pando y Beni en Bolivia con la Región de Madre de Dios y el puerto de Ilo en el Océano Pacífico, constituyéndose en un nuevo eje de interconexión con la carretera interoceánica del Sur”. Ver: Declaración de Ilo
Pablo Cingolani Historiador, periodista, explorador. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1963. Reside en La Paz, Bolivia, desde 1987.
Pilagás. Un modelo de lo que dejó la llamada colonización para los pueblos originarios. Cuando quisieron defender lo suyo de los invasores, la solución occidental y cristiana: balazos, muerte, persecución. El bosque, la selva como último recurso, como último refugio. Pero el presente y el futuro les anuncia: hasta allí los van a perseguir, hasta de allí los van a expulsar con la palabra progreso. Irán a engrosar, como otros originarios, las villas miseria de las grandes ciudades del progreso.
Todavía quedan entre ellos algunos ancianos que recuerdan la matanza sufrida en 1947 a manos de la Gendarmería Nacional. Rincón Bomba. En Formosa. A tiro limpio, los salvajes, los bárbaros, expresión de Julio Argentino Roca que quedó para siempre.
Es que había que dejar libres las tierras para los inversores. Ahí está el futuro: las inversiones, no el cuidado de la naturaleza. Después de los tiros asesinos de la Gendarmería Nacional en 1947, llegó el progreso a manos llenas. Llenas para quienes obtuvieron las ganancias.
La crueldad como principio. Total, son salvajes. Esos “salvajes” recordaron con lágrimas, hace pocos días, la masacre, el asesinato impune de niños, mujeres, hombres por portación de rostro. “Que la verdad llegue a la luz”, dijo con voz humilde Bartolo Fernández, el presidente de la Federación del Pueblo Pilagá, en el acto recordatorio del brutal crimen masivo, en Las Lomitas. La selva quedó sembrada de cadáveres, más de cuatrocientos. Nunca nadie pidió disculpas por un crimen de extrema crueldad. El juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, con su valentía de siempre y su búsqueda de la verdad, lo dijo claramente: “Si alguien pretende eliminar un pueblo, una cultura, comete genocidio. Lo que hicieron los nazis con los judíos, se ajusta a la definición de un genocidio. Lo que hicieron los turcos con los armenios, también. Y lo que hizo el Estado argentino con los pueblos originarios, otro tanto, fue un genocidio” (Reportaje contenido en el libro Argentina Originaria: Genocidios, Saqueos y Resistencias, de Darío Aranda, que acaba de publicarse).
Amnesty International ha comenzado el estudio de la situación de los pilagás sobrevivientes a la masacre de 1947. Acaba de publicar su investigación acerca de lo ocurrido en 1997 –medio siglo después de la masacre de Rincón Bomba– en el asentamiento pilagá de El Descanso, en Formosa, de donde se los trató de expulsar con otros métodos, ya no el de las balas. Ese año la vida cambió para esos hijos de la tierra porque se construyó un canal –como obra pública– destinado a derivar las aguas del bañado cercano como parte de una serie de canales que se extienden a localidades y campos próximos. Fueron construidos en las tierras de la comunidad pilagá y en las zonas adyacentes. Para lo cual ni se informó a la comunidad ni se pidió su opinión sobre tal proyecto. Se hizo y ya está. Esto les trajo grandes problemas, perdieron en su mayoría la fuente de trabajo y de la propia alimentación, y su cementerio, escuela y viviendas se encuentran bajo las aguas.
En el acto pilagá del aniversario de la masacre, la cineasta Valeria Mapelman mostró su film Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio, una denuncia clara, directa, con testimonios de los sucesos de la época y las consecuencias que tuvo para ese pueblo la masacre llevada a cabo con una brutalidad sin precedentes. Es decir, como siempre, en la historia terminan por salir a la luz los hechos degradantes que se trató de ocultar.
Es hora pues de que la Gendarmería Nacional haga un estudio histórico sobre tal cobarde ataque, que traiga los nombres y los responsables de quiénes fueron los autores y los que dieron tales órdenes y finalmente pida disculpas públicas a las víctimas. También, que se conozca el nombre de los políticos responsables. Si esto no se hace avanzaremos muy poco en busca de una verdadera democracia.
Lo dice el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, en el reportaje citado: “Tratar a los puebles originarios como si no existieran, hacer de cuenta que son invisibles, constituye una de las formas de la discriminación. En la medida que se niega su existencia, los indígenas reclaman derechos que no les dan y no se los dan porque aquí el sentido de la invisibilidad es no existen. Ese gesto niega a los pueblos indígenas la propia existencia, ya no sólo los derechos, sino mucho más, una negativa más radical. Cuando se dice: ‘En la Argentina no tenemos el problema indígena’, se habla como si los indígenas resultaran un problema. Cuando se dice: ‘En la Argentina no hay indígenas’, se niega la existencia misma de todo un pueblo”.
Una frase que lo dice todo. Negar, mirar siempre hacia adelante, como recomiendan ciertos políticos cuyo pasado los acusa de haber sido aduladores de cuanta dictadura se instaló en este país, traicionado tantas veces después de aquel sublime grito de Mayo de 1810.
Pero no nos quedemos en lo de ayer. Veamos nuestro hoy. Lo que acaba de ocurrir con la muerte del joven Mariano Ferreyra es otro episodio que nos debe llenar de vergüenza a los argentinos. Que después de la terrible experiencia de los crímenes cometidos por la última dictadura militar se sigan repitiendo hechos así de matonismo no tiene explicación. El cobarde asesinato tiene profundas raíces de un sindicalismo corrompido que sigue permaneciendo vivo pese a todas las enseñanzas de la historia.
Ya nos había dado una lección bien didáctica el mejor de todos, Rodolfo Walsh, con su Quién mató a Rosendo. Si viviera ya estaría afilando el lápiz para anotar en un papel doblado –como lo hacía él– nombres y otros datos. A él no se le escapaba nada. Pero vemos que los responsables no han aprendido nada de las experiencias. Para terminar con las “mafias” sindicales no hay nada mejor que establecer por ley que ningún directivo sindical puede ejercer su mandato por más de cuatro años. Y luego volver a su trabajo, para no perder contacto con el clima que tiene que conocer desde la base. Lo sé por experiencia propia. Fui secretario del Sindicato de Prensa desde 1959 a 1963 y ese mismo año renuncié y volví a las redacciones. Porque no es honesto dirigir un gremio sin haber tenido periódicamente el contacto con la base, el contacto diario. Además se ayuda así a que muchos otros vivan esa experiencia y no da lugar al personalismo de los que con el tiempo se van creyendo imprescindibles. El regreso del dirigente a la base significa además una ayuda a esa base por la experiencia que trae ese ex dirigente. El reemplazo de los dirigentes tendrá que convertirse en una costumbre que habla de la dignidad y de la vocación por servir desde la base a los trabajadores.
Porque de otra manera se comienzan a formar las mafias en torno del dirigente eterno para permanecer siempre en el poder. Con las mafias llegan los grupos armados Lo que acaba de ocurrir con el joven Ferreyra es justo eso, el miedo de los mafiosos a que se ponga en duda una política con los ferrocarriles que viene del tiempo nefasto de Carlos Menem.
Ojalá que el nombre de este joven asesinado en forma tan cobarde nos sirva de guía para iniciar una reforma fundamental de la organización sindical argentina. Volver a los orígenes de nuestro movimiento obrero, aquel heroísmo de haber fundado, a pesar de la dureza de los gobernantes de esa época, las primeras sociedades de oficios varios, como se llamaron al principio. Y como decíamos, la única que podía tomar resoluciones era la asamblea, no había dirigentes, sólo un secretario de actas para dejar sentadas las resoluciones. Si bien las épocas han cambiado, no permitir jamás que el cargo sindical se constituya en una profesión, donde el dirigente sindical es el mandamás por excelencia acompañado por un coro armado que lo aplaude. Que el nombre de Ferreyra sirva para eso, para iniciar un período de regreso a las bases, del dominio democrático de la asamblea y, como decíamos, esto es fundamental, la limitación del mandato de todos los que posean cargos sindicales. ¡Volver a las bases! Tiene que ser el lema de todas las fuerzas democráticas que respaldan las luchas por los derechos legítimos de los trabajadores.
La masacre de los pilagás, la muerte del joven Ferreyra. Dos ejemplos para aprender a forjar un camino hacia una verdadera democracia.
En este mediático Relato de 33 mineros que estuvieron 69 días sepultados a más de 600 metros de profundidad, que fueron proclamados héroes de la patria, que serán besados por las reinas de la belleza y hechos ricos por la publicidad, y luego aborrecidos por el Gobierno y olvidados para siempre, pocos medios han resaltado lo que es a todas luces evidente: los ministros, técnicos, autoridades y empresarios que van y vienen de Copiapó (y ayer asistían al gran circo del rescate) son todos de pura raza blanca (si es que eso existe), mientras que los rostros de los atrapados en la mina muestran todos claros rasgos indígenas o mestizos.
Igual que en las vecinas Salinas Grandes de Jujuy (al norte de Argentina) se encuentra uno a indígenas atacameños, arrancando la sal a pico y pala a más de 4.000 metros de altura, soportando vientos helados y el cegador brillo blanco del entorno; para sorpresa del que llega desde Buenos Aires y observó en la capital federal una de las poblaciones con menor diversidad étnica de todas las megalópolis del globo.
Es un sarcasmo histórico que fuera un 12 de octubre el día en el que el presidente Piñera y todo su equipo de tecnócratas racialmente puros se pusieran la medalla de extraer de la madre tierra a los que su clase catira sigue explotando como hace 518 años. Igual que los blancos continúan esquilmando sus tierras ancestrales, obligándolos a extraer el cobre, el oro o la plata en condiciones laborales de semiesclavitud. Iniquidad que persiste en toda Hispanoamérica… salvo en Bolivia desde 2005, gracias a Evo.
Ocultos tras el despliegue triunfalista que prepara el Gobierno chileno, los mapuches, aymarás, rapa nui, quechuas, atacameños, picunches y tantos otros pueblos incaicos sometidos por los conquistadores permanecerán desposeídos y sojuzgados. Pase lo que pase en Copiapó hoy y mañana, ellos seguirán sepultados bajo la opresión blanca.
Este lunes 11 y martes 12 de octubre se realiza un congreso que servirá "como un espacio más de lucha frente al imperio, al capitalismo y a la globalización neoliberal que desea imponer el Gobierno estadounidense".
Representantes de diversas comunidades indígenas de América Latina se reunirán durante dos días en la población llanera Elorza, del estado Apure (Venezuela), para reafirmar su posición antiimperialista.
El IV Congreso Gran Nación del Abya Yala de Pueblos Indígenas Antiimperialistas se realizará este lunes 11 y martes 12 de octubre con la participación de 14 países y más de 400 indígenas de nuestro país.
Este evento integracionista de pueblos originarios suramericanos surge de la necesidad de rendir honor a "Abya-Ayala" (América Latina en idioma indígena) y de conquistar más espacios de encuentro para el debate.
Refiere el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi) venezolano que el congreso es “utilizado como un espacio más de lucha frente al imperio, al capitalismo y a la globalización neoliberal que desea imponer el Gobierno estadounidense.”
Dentro de los principios del Minpi este espacio multicultural “no sustituye ningún esfuerzo sino complementa todas las luchas históricas, locales y regionales de nuestros pueblos, con la finalidad de avanzar hacia la construcción de la patria grande”.
Durante las tres ediciones que se realizaron de este congreso han participado diversos países, entre los que se encuentra: Argentina, Honduras Guatemala, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, además de las delegaciones de los diferentes comunidades indígenas que habitan en Venezuela.
La ministra de pueblos indígenas, Nicia Maldonado, dijo que se eligió Elorza como sede del congreso porque la región llanera se convirtió en la capital indoamericana de los pueblos originarios donde han demostrado libremente sus expresiones culturales y étnicas.
“Hace diez años las comunidades indígenas estaban destinadas a la muerte, pero ahora son tomadas en cuenta como seres humanos en capacidad de brindar aportes en los ámbitos económico, social e intelectual para el desarrollo del país”, finalizó.
Unos 30 estudiantes de educación media fueron detenidos este jueves en Santiago, cuando desplegaron un lienzo frente a los tribunales de Justicia de la capital chilena, en apoyo a los presos políticos mapuches de la localidad de Angol que continúan en huelga de hambre.
Los apresados pertenecientes a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), acompañados de un grupo de estudiantes universitarios, iniciaron la manifestación después de respaldar y dialogar con dos voceros de los familiares de los comuneros indígenas, quienes visitaron los tribunales para dialogar con el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica.
Julio Sarmiento, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, manifestó que continuarán con las movilizaciones debido a que la solución entregada por el Gobierno no resuelve los problemas de fondo del conflicto del Estado chileno contra el pueblo mapuche.
El dirigente estudiantil señaló que la solidaridad con los mapuche continuará y se quejó que desde que 24 mapuche en huelga de hambre cesaron la huelga, los medios de comunicación dieron por finalizado el problema y se volvió a instalar el cerco informativo, reseñó El Ciudadano.cl.
Otros dirigentes universitarios manifestaron también su respaldo a históricas demandas de los pueblos originarios de Chile, como la desmilitarización de la Araucanía y la restitución de sus tierras ancestrales.
Las organizaciones estudiantiles expresaron asimismo su preocupación por el estado de salud de los presos políticos mapuches que mantienen el ayuno desde el pasado 12 de julio, en reclamo de procesos judiciales justos y en rechazo a la aplicación en sus causas de la mencionada norma legislativa.
En ese sentido llamaron a una mesa de negociación efectiva que ponga sobre el tapete los temas centrales que dieron origen a la acción de protesta de los encarcelados mapuches.
Mientras, el comunero Felipe Huenchullán, quien sufrió un preinfato hace dos días y continúa hospitalizado, dijo sentirse muy débil.
“No sé cuánto más voy a resistir”, declaró Huenchullán, citado por Radio Universidad de Chile.
A veces las sociedades muestran rostros crueles y cínicos que nos hacen sospechar que el ser humano, en general, es acomodaticio y falso. Aunque nunca generalizaremos –por las muestras de coraje civil de tantos héroes del pueblo–, sin embargo nos hace sentirnos a veces inseguros y pesimistas. Por ejemplo, el cinismo de las autoridades chilenas con la huelga de hambre que sostienen los treinta y dos mapuches podría calificarse de despreciable, sin caer en el prejuicio ni en lo injusto. El caso ya es notorio, lo conoce todo el mundo, esos presos están en huelga de hambre ya desde hace 75 días y, para colmo, en las últimas jornadas ya ni siquiera toman líquidos. Siete de ellos han sido internados en el hospital de Concepción. Se ha levantado un clamor que trasciende los Andes y ha llegado a todas las latitudes.
Están detenidos desde los tiempos de la presidenta Bachelet, y ésta se defiende diciendo que están condenados por la ley antiterrorista y que ella pidió la anulación de esta ley pero su pedido fue rechazado por el Congreso nacional. Causa pena que la heredera de Salvador Allende haya permitido que se aplicara la ley antiterrorista aprobada por el dictador Pinochet. Y que ahora siga rigiendo bajo el nuevo mandatario Piñera, un heredero de la derecha que apoyó al criminal militar. Realidades latinoamericanas. Es lamentable que representantes elegidos por el pueblo sigan obedeciendo dictados de los que asaltaron el poder y cometieron delitos de lesa humanidad contra el pueblo.
Es la misma cobardía que demostraron aquellos gobiernos de nuestro país que aceptaron regirse por la ley de medios de comunicación de la dictadura militar de la desaparición de personas, ley que finalmente fue derogada después de más de un cuarto de siglo que siguió imperando en esta nueva democracia.
Estos héroes mapuches que llevan a cabo la huelga de hambre son tratados así porque defienden su tierra contra los avances de un capitalismo que destruye la naturaleza. La reacción de ellos fue legítima: oponerse para defender el medioambiente que siempre los ha rodeado. Se los acusó de terroristas y están siendo juzgados por tribunales militares porque así lo ordena la ley de Pinochet. Además fueron detenidos en forma oprobiosa por los mismos militares. Está todo descrito en las crónicas. Pero nada. Por eso empezaron con la única arma no violenta que puede comprometer a los injustos del poder: ofrecer la propia vida como protesta. La huelga de hambre. Con sus imprevisibles consecuencias.
Me han conmovido los llamados de esos verdaderos mártires. Por ejemplo, leamos este escrito de ellos: “Nuestra propuesta para ustedes amigos, amigas, sectores sociales verdaderamente progresistas, hermanos libertarios, obreros y estudiantes, pueblo antisistémico y contestatario, hombres sinceros y hermosas mujeres conscientes: sumarse a nuestra lucha en un bloque amplio de participación, buscar en la lucha misma el fortalecimiento de sus propias propuestas que les identifiquen, utilizar este tiempo de protesta para encontrar a los amigos de los que nos priva el consumismo y el individualismo egoísta; invitar al compromiso social para desenmascarar a estos tiranos que se disfrazan de humildad y que por todos los medios intentan convencernos de que es necesaria su tiranía, socavar las entrañas de este sistema para construir con nuestras propias manos el futuro que merecemos... La lección de esto es que al contrario de los gobiernos que desprecian la vida y su propia historia, nosotros nos hacemos cargo de ella y amamos tanto la vida que la exponemos en esta privación voluntaria de alimentos... Amamos con ternura a nuestros hijos que extrañamos, también a todos los niños mapuches porque con nuestro dolor y sacrificio proclamamos la esperanza de su futuro... Hermanos mapuches, ámense, reprodúzcanse, tengan muchos hijos, recuperen, luchen y continúen amándose. Hermanos winkas pobres y solidarios, únanse, fortalezcan sus luchas, golpeen desde todos lados al poder que los oprime, reclamen lo que les pertenece y por supuesto ámense mucho y sean germen de generaciones de solidaridad”.
¡Qué lenguaje! Poesía y coraje. Y el gobierno elegido los hace juzgar por militares. Los militares que sirvieron y obedecieron a Pinochet. ¿A dónde quedó el paisaje, a dónde la mano abierta, a dónde el diálogo? ¿A dónde la verdadera democracia? Para ser pesimistas acerca del futuro del ser humano bastarían todas estas pruebas, pero nacen las palabras de estos hombres: “Hermanos... pobres y solidarios, únanse... ámense mucho y sean germen de generaciones de solidaridad” nos dicen ellos, los presos. No, es increíble, el ser humano no se rinde a pesar de la desaparición, del fusilamiento en canchas de fútbol, de la codicia del poder, de los uniformes para matar la vida. Por eso nos gusta la solidaridad con ellos que se ha desatado en tierra argentina.
Opresión - Arturo Huichalaf Muñoz
Pero eso sí, el gobierno de Piñera exige de la Argentina que le entregue al luchador de la resistencia Galvarino Apablaza Guerra, que fue secuestrado en aquellos años y torturado bárbaramente por la dictadura militar chilena. Lo exigen los mismos jueces que actuaron durante la dictadura de Pinochet y que siguen en su oficio en la actual “democracia”. La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos de Chile ha protestado enérgicamente por la pretensión de Piñera y sus jueces y destaca que esa actitud no es más que la continuación de una política de terrorismo de Estado. Es hasta increíble: la democracia chilena juzga a los mapuches con jueces militares y a la vez exige la entrega de un luchador antipinochetista a la Argentina. Me hace acordar con mucho dolor, cuando Alfonsín pactó con los carapintadas en aquella Semana Santa cuando desde el balcón de la Rosada dijo: “La casa está en orden, felices Pascuas” y accedió al “punto final” y a la “obediencia debida” mientras que después, en el caso de La Tablada, contra la izquierda, ordenó la represión al general Arrillaga, un brutal asesino de la dictadura, autor de La Noche de las Corbatas, en Mar del Plata, que hizo desaparecer en una noche a todos los abogados de derechos humanos de esa ciudad. Ese asesino, hoy juzgado por sus crímenes, fusiló, torturó e hizo desaparecer, en plena democracia, a varios de los invasores de ese cuartel. Claro, en ese caso eran izquierdistas.
Particularidades de nuestras democracias latinoamericanas. Para los derechistas uniformados, la complacencia; para la izquierda, todo el peso “de la ley”.
Creemos que en el caso de los huelguistas de hambre mapuches del sur chileno, defensores de su tierra y su naturaleza, debemos expresar, como latinoamericanos todo nuestro apoyo y nuestra protesta, para marcar nuestro futuro sin fronteras y por el respeto a nuestra naturaleza pensando en las próximas generaciones. Y que, ante todo, debemos proteger a quienes ofrecieron su vida en su lucha contra las dictaduras. Concesiones en ese sentido nos haría sentir que entramos en el mundo del cinismo.
Y en esta semana vivimos un acto en el que quedó en evidencia una vez más que en la Historia triunfa finalmente la ética. En la propia Legislatura de Buenos Aires se llevó un acto –iniciado por la diputada María José Lubertino– por el cual se apoyó mi proyecto de reemplazar el monumento al genocida Julio Argentino Roca por un monumento a la mujer de los pueblos originarios. Proyecto que el escultor Andrés Zerneri ya se ha tomado la responsabilidad de llevar a cabo. El proyecto se basa en que esa mujer sufrió lo indecible cuando se llevó a cabo el genocidio roquista titulado “Campaña del desierto”, sus hombres fueron enviados prisioneros a diversos lugares del país como esclavos, se les quitó a sus niños y ellas mismas fueron repartidas como sirvientas en Buenos Aires. Además, esa mujer fue la madre del criollo que, como soldado, integró los ejércitos que nos liberaron del yugo español. El proyecto fue presentado hace varios años y rechazado por el macrismo con el único argumento de que “en historia hay que mirar hacia delante”, argumento que barre todo principio ético en la historia.
La reunión –que contó con la dulce música coya– fue plena de pruebas históricas por parte de los oradores y se leyeron increíbles documentos racistas del general llamado, nada menos, que Julio Argentino Roca. El proyecto cada vez tiene más adhesiones de gente de la cultura y del ambiente artístico y, lo que más importa, de docentes.
En ese sentido se ha producido un hecho que habla de la superficialidad de algunos representantes de la ciudad. El director de escuela Enrique Samar, conocido por su lucha contra todo racismo y por la verdad histórica, propuso que la Plaza de los Virreyes de esta capital pase a tener el nombre del máximo héroe de los pueblos originarios que se llama nada menos que Túpac Amaru. Los documentos de este revolucionario que se adelantó a los hombres de Mayo en varias décadas y que quería la eliminación de la esclavitud con que los españoles sometían a las poblaciones originarias, y la libertad definitiva de estas tierras, sufrió la muerte más cruel ejecutado por los representantes del “rey católico de España” y saludada por los obispos católicos de Lima y Buenos Aires. Que haya todavía una “Plaza de los Virreyes” en Buenos Aires marca la falta de conocimiento histórico y espíritu libertario de nuestras autoridades municipales, ya que esos virreyes llevaron a cabo la esclavitud de las poblaciones originarias y la represión de todo intento de independencia de los sometidos. Pues bien, ante la iniciativa del docente Samar la mayoría de la comisión de cultura votó a favor de la propuesta mientras los representantes de Macri, los del PRO, votaron en contra con este argumento: “Que la historia nos demuestra que los virreyes fueron protagonistas trascendentales en la construcción cultural, política y económica del virreinato del Río de la Plata –antecedente histórico e institucional de nuestro país–, por lo que no resulta inconveniente que una plaza de la ciudad lleve el nombre de Plaza de los Virreyes”. Esto, justo en el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Increíble, porque además ese nombre fue dado a esa plaza por la dictadura militar de la desaparición de personas. Si se enteraran Belgrano, Moreno, Castelli, con sus maravillosos documentos de liberación del yugo del colonialismo español, no vacilarían de calificar como se debe a estos cuatro “representantes del pueblo”: Patricio Distéfano, Carmen Polledo, Avelino Tamargo, Marta Varela y Oscar Moscariello. Con ese criterio a las próximas plazas habría que ponerles el nombre de “Martínez de Hoz”, “Sociedad Rural” o por qué no “Invasiones Inglesas”. El cinismo a veces nos ofrece formas rioplatenses autóctonas. Por eso, no olvidar.
El ex magistrado Juan Guzmán Tapia, quien procesó en Chile al dictador Augusto Pinochet, afirmó en una entrevista con EFE que las leyes penales que se están aplicando a los activistas mapuches son propias de un régimen fascista.
"Son leyes que se heredan del sistema fascista que imperó durante la dictadura" de Pinochet (1973-1990), afirmó el ex magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien agregó que la huelga de hambre que mantienen 34 comuneros mapuches en cárceles del sur de Chile desde hace 72 días "es un sacrificio, una forma de inmolarse por un bien social importante".
"Ellos están luchando con los medios que tienen para beneficiar a su pueblo", declaró Guzmán, quien en 2008 participó en la defensa del dirigente mapuche Héctor Llaitul, que tras permanecer 16 meses en prisión preventiva fue absuelto de los delitos terroristas que se le imputaban.
Como Llaitul, decenas de comuneros han sido procesados los últimos años en Chile en el marco del conflicto que comunidades indígenas mantienen con latifundistas y empresas forestales en la región de la Araucanía por la devolución de lo que consideran sus tierras ancestrales. "Chile todavía está en un proceso de retorno a la democracia incompleto, en la medida en que continúen leyes como la Constitución que se dictó durante el gobierno de Pinochet, a la que falta reformar en aspectos fundamentales", aseveró.
Guzmán recordó que "la ley de conductas terroristas fue promulgada durante la dictadura", y que "la utilización errónea de la justicia militar también comenzó en esa época". "Con estas dos leyes se le facilitó mucho el camino a la represión, teniendo fuera de circulación a las personas que supuestamente eran enemigas del país o gente revoltosa", explicó.
El pasado 12 de julio, 32 comuneros en prisión preventiva en las cárceles de Angol, Concepción, Lebu, Temuco y Valdivia iniciaron un ayuno para exigir a las autoridades que no les apliquen la ley antiterrorista ni se les someta a un doble juicio (civil y militar). Días después, el presidente Sebastián Piñera firmó dos proyectos de ley para modificar estas normas, pero los comuneros mantienen la huelga porque consideran que se sigue limitando su derecho a defenderse y a tener un juicio justo.
Según el ex juez Guzmán, esas leyes deberían haber sido reformadas tras el restablecimiento de la democracia, en 1990, "pero lamentablemente sólo ahora se está hablando de ello, a raíz de la movilización que ha habido por parte de los mapuches", afirmó. "Desde luego, la ley de justicia militar no es aplicable" a los casos de los comuneros mapuches en huelga de hambre, mientras que "la ley de conductas terroristas tiene procedimientos terriblemente engorrosos y difíciles", e imposibilita el otorgamiento de la libertad bajo fianza para quienes están a la espera de un juicio, sostuvo Guzmán.
"Además -agregó-, se está creando una discriminación terrible, porque los mismos hechos que en la Región Metropolitana (de Santiago) son considerados como incendios, daños o estragos, en la Araucanía (la región donde habita la mayoría de los 600.000 mapuches chilenos), son castigados como hechos terroristas". Respecto a los cambios legales impulsados por el Ejecutivo y que ahora se debaten en el Parlamento, Guzmán dijo que "hay que modificar drásticamente estas leyes, y no solamente retocarlas un poquitito".
"Tienen que hacerse enmiendas muy importantes en la tipificación de los delitos, el procedimiento y la pena", recalcó Guzmán, quien añadió que a veces "un espíritu casi justiciero por parte de los fiscales" propicia montajes y falsas acusaciones de "testigos encubiertos" de los que luego los imputados no pueden querellarse por falso testimonio. Por otro lado, Guzmán criticó la "politización" de la Justicia española por actuar contra el magistrado Baltasar Garzón, que se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, en un caso en el que es acusado de prevaricación.
"Me parece muy mal que se preste la Justicia a fines políticos, como se está haciendo lamentablemente en un país tan importante como es España, que a Dios gracias pudo salir de un sistema totalitario tan espantoso como el que implicó la muerte de tantas personas", declaró Guzmán a Efe en alusión al franquismo. A juicio de Guzmán, que hoy está retirado de la judicatura y se dedica a la asesoría jurídica, "la Justicia española y el juez (Luciano) Varela están considerando como prevaricación una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977".
"Es un error, eso no es prevaricación", opinó el ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago. El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, confirmó el pasado 7 de septiembre que Garzón sea procesado por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975). El juez Varela había dictado con anterioridad un auto de apertura de juicio oral por prevaricación contra Garzón, quien logró fama internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.
"Nosotros, los jueces chilenos, interpretamos la Ley de Amnistía de 1978 (promulgada en plena dictadura militar para favorecer a los represores) y estimamos que no era aplicable a los crímenes de secuestro o desaparición forzada porque el delito se está perpetrando hasta que la persona aparece", explicó Guzmán a Efe. "Esa interpretación y la superioridad de los tratados internacionales sobre violaciones a los derechos humanos por encima de las leyes (de un país) son las que aplica correctamente Garzón", afirmó.
La huelga de hambre iniciada el 12 de julio por 32 presos políticos mapuche en cinco cárceles del sur de Chile había superado (al cierre de esta edición) los 60 días. Fue convocada para reclamar una verdadera justicia y, a la vez, evidenciar la política racista de las brutales violaciones de derechos humanos que se han extendido contra sus movilizaciones.
Como la protesta ha afectado gravemente a la salud de varios de sus protagonistas, éstos han sido trasladados a hospitales. Pero, por ahora, la huelga de hambre, a la que semanas después de su inicio se sumaron dos menores de edad también recluidos, no ha recibido por parte del Gobierno de Chile la respuesta que los mapuche reclaman. Mientras los días pasan, las manifestaciones de agrupaciones nacionales e internacionales son el modo de presión al que los mapuche invitan a sumarse.
La persecución en contra del pueblo mapuche es histórica. Los conquistadores españoles nunca lograron traspasar el límite natural del río Bio Bio, que marca el inicio de Wallmapu, la nación mapuche. Chile logró, a punta de extrema violencia y políticas de asimilación cultural, reducirla hasta el punto de que hoy los comuneros señalan que ésta podría ser su última lucha.
“La reivindicación de la existencia de otra nación en el interior del Estado es una realidad compleja, a la cual Chile ha respondido con la más dura represión”, sentencia Alberto Espinoza, abogado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y activo defensor de los derechos humanos. Espinoza denuncia “las dos vías institucionales con las que se persiguen los actos reivindicativos de este pueblo: aplicación de la ley antiterrorista y la justicia militar”. Actualmente, según organizaciones de apoyo, hay 58 presos políticos mapuche vinculados a reivindicaciones ancestrales.
Creada para castigar y eliminar la insurrección que se enfrentaba al Chile autoritario, la ley antiterrorista fue promulgada en 1984. La Concertación, lejos de derogarla, se valió de este arma legal para desmantelar sin piedad la subversión cuando ésta se producía en contra de los intereses económicos desarrollados en las ancestrales tierras mapuches. Con el apoyo de los sucesivos gobiernos chilenos, Wallmapu ha sido invadida y ocupada desde la ‘Pacificación de la Araucanía’ y explotada por importantes grupos económicos de Chile y transnacionales.
La legislación antiterrorista
“En el contexto de la lucha por existir –explica Espinoza–, la aplicación de la ley antiterrorista permite al Estado chileno imponer penas mucho más altas, la detención de personas, sin formalizar una acusación durante diez días, los registros de la investigación que son prácticamente secreto de sumario de los fiscales, la presentación de testigos sin rostro y una serie de restricciones al debido proceso”.
La comisión de prisión política de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM) detalla cómo la facultad que otorga la ley antiterrorista de dar credibilidad a los testigos sin rostro habría sido utilizada por fiscales para inculpar a comuneros mapuche a cambio de dinero. Estos testigos pagados son parte de las acusaciones que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena se aprestaría a investigar.
En Chile se ha formado el Frente Amplio por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche, compuesto por destacadas personalidades ligadas al arte, agrupaciones estudiantiles, parlamentarios y organizaciones de trabajadores y ciudadanía. Todos los miércoles se realizan marchas por la capital y distintas movilizaciones a lo largo del país.
El apoyo internacional es de suma importancia. En Bélgica, la embajada chilena ha sido tomada en dos ocasiones como medida de presión. También en México, Argentina, Canadá y algunos países europeos se han dado muestras de solidaridad.
Mientras caminaban por la calle, dirigiéndose hacia el hospital de Concepción, fueron detenidos hace algunas horas Mercedes Coña, Víctor Queipul y Erik Millán, familiares y voceros de los presos políticos mapuche que permanecen en huelga de hambre desde el 12 de julio en Valdivia, Angol y Temuco.
Ellos se dirigían a reunirse con los voceros de Concepción y Lebu para tomar una determinación conjunta frente a las conversaciones con los presidentes de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda y del Senado, Jorge Pizarro. Los parlamentarios están por la apertura de un diálogo inmediato con los mapuche y el gobierno. Al mismo tiempo, al interior del hospital fue detenida Gladys Huenuman, vocera de los presos políticos mapuche en huelga en la cárcel de Lebu.
María Tralcal, vocera de Temuco que permanece en esa ciudad y habló con esta periodista la noche del sábado 11, señaló que ven estas detenciones como una maniobra del ejecutivo orientada a impedir que se busque una salida a la angustiosa situación actual. “Los hermanos llevaban un mensaje importante, nosotros somos una coordinación y teníamos que resolver en conjunto, y esta detención nos deja incomunicados porque al mismo tiempo, los cinco hermanos en huelga en Concepción fueron trasladados al hospital y los familiares no pueden comunicarse con ellos.” María Tralcal agregó que todos los procedimientos de traslado de presos se están realizando a espaldas de los familiares y denunció que se les intenta obligar a alimentarse por vía intravenosa, lo que es una forma de tortura puesto que ellos han expresado ya su voluntad de rechazar esa alternativa y debe respetarse su opción.
El gobierno ha enviado un proyecto al Parlamento que a juicio de los familiares de los presos políticos mapuche, y también de abogados de derechos humanos, sólo empeora las cosas y no es la solución para que concluya la huelga de hambre pues no da respuesta a la principal demanda: que no se les juzgue por ley antiterrorista
María Tralcal denunció que ella también está siendo objeto de seguimiento. Permanece junto a la doctora Berna Castro. La vocera aclaró que las detenciones de los voceros nada tienen que ver con las otras detenciones que se produjeron por incidentes al interior del hospital de Concepción, los cuales tuvieron lugar porque a los familiares se les negó contacto con los huelguistas de hambre trasladados a ese recinto en forma subrepticia por gendarmería.
Los restantes detenidos al interior del hospital son once personas, entre familiares, comuneros y voceros. Ernesto Llaitul (14 años) hijo de Héctor Llaitul es uno de los familiares detenidos.
Bueno, el motivo de esta carta es para recordarles que aún seguimos aquí, que nada ha cambiado desde el día de mi detención. Seguimos viviendo día a día la injusticia y los montajes hacia nuestro pueblo de parte de este Gobierno Racista, que hace 9 meses arrebató mi libertad.
9 meses han pasado ya, sin estar junto a mi familia;
9 meses de espera, de rabia y de dolor;
Por que hoy veo como mis hermanos arriesgan su vida en huelga de hambre.
Da mucha pena y rabia saber que hay que llegar hasta este punto, para que ahí, afuera, nos escuchen.
Pero a pesar de todo aún sigo firme, se mantiene la esperanza, aunque estos días se hagan eternos. Sé que pronto estaré con mi familia y veré un nuevo amanecer, por que no soy un Terrorista, como me acusa este gobierno traicionero y asesino, o ¿ya se olvidaron de Catrileo, Lemún y Collío?, porque yo no me olvido, porque nunca se hizo justicia por nuestros hermanos.
Entonces, como quieren que creamos en ellos, si siempre nos han mentido, igual como mienten sus testigos protegidos a través de montajes hacia nosotros, y nos encarcelan no por ser terroristas, sino por ser MAPUCHE.
Quiero agradecerle a esas personas que han estado apoyándome desde el día 1 hasta el día de hoy: muchas gracias. También a mi familia, que aunque el tiempo pase y las lágrimas siguen ahí, siempre los llevo en mi corazón. Pronto estaremos juntos.
Y les doy todo mi apoyo y mis saludos a mis peñis que hoy están en huelga de hambre en las distintas cárceles del país, en Temuco, Concepción, Angol, Lebu, Valdivia y aquí en la cárcel de menores de Chol- Chol.
Otra vez tengo que repetir algo que siempre sostengo con aire de triunfo: “puede tardar mucho, pero finalmente en la Historia triunfa la Etica”. Acaba de ocurrir algo que tal vez para muchos es un “hecho menor”. Pero que tiene una honda significación emocional. Acaban de ser devueltos al pueblo Aché, pueblo originario del Paraguay, los restos mortales de Damiana.
El acto de la entrega se llevó a cabo en el Museo Antropológico de La Plata, por iniciativa del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social en la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en la Argentina. ¿Pero quién era Damiana?
Los datos sobre ella fueron posibles de obtener debido al trabajo de la antropóloga Patricia Arenas. El 25 de septiembre de 1896, los científicos norteamericanos Ten Kate y Charles de la Hitte viajan al Paraguay a estudiar a un pueblo originario de esa región conocido con el nombre de Guayaquí. Ese mismo día, unos colonos blancos de la zona de Sandoa (Paraguay oriental) realizan una expedición porque les ha sido robado un caballo e inmediatamente acusan a un grupo cercano de guayaquíes. El colono y tres de sus hijos marcharon con armas de fuego y descubrieron a un grupo de guayaquíes que estaba almorzando y, sin dar preaviso, los balearon. Cayeron tres muertos, entre ellos una mujer. Los demás huyeron espantados. En el lugar había quedado una niña guayaquí que tenía un año “más o menos”, a la que se llevan los asesinos. Cuando llegan a esos parajes, los investigadores norteamericanos se posesionan de la niña. Según ellos, que empiezan a estudiarla, ésta solía pronunciar las palabras “caibú, aputiné, apallú” de las cuales no se conoce ningún significado guaraní. Se supuso que la palabra Caibú, nombre propio guaraní usado en tiempos pasados, sería como esa niña llamaba a su madre. Por esas ironías sarcásticas de la historia, la niña aché es bautizada Damiana, con el nombre del santo del día de la matanza de su familia: San Damián. Dos años después, la indiecita fue llevada a la provincia de Buenos Aires donde fue entregada a la madre del doctor Alejandro Korn, director del hospicio Melchor Romero. Esa señora la utilizó de sirvienta y luego se la entregó a su hijo, quien la hizo ingresar al establecimiento que dirigía para luego entregarla a una casa de corrección. En 1907, cuando Damiana tenía 14 años, el investigador alemán Lehmann-Nietzsche la fotografía desnuda, foto que luego será mostrada durante años en el Museo de La Plata. Luego, ese científico escribirá: “En el mes de mayo de 1907, gracias a la galantería del doctor Korn pude tomar la fotografía y hacer las observaciones antropológicas e hice bien en apurarme. Dos meses después murió la desdichada de una tisis galopante cuyos principios no se manifestaban todavía cuando hice mis estudios”. Y agrega: “Bien se cumplía el pronóstico del doctor Ten Kate”. Justamente ese norteamericano en 1897 diagnostica: “Esta niña porta un aire enfermo y triste. El aspecto general, las manchas simétricas sobre los incisivos superiores, junto al vientre prominente, indicarían una diatosis escrupulosa”.
La cabeza de Damiana fue enviada al investigador Johann Virchow, de Berlín, para el estudio de su musculatura facial y del cerebro. Sobre esto escribe Lehmann-Nietzsche, en 1908: “Su cráneo ha sido abierto en mi ausencia y el corte del serrucho llegó demasiado bajo. Aunque, por este motivo la preparación de la musculatura de la órbita ya no será posible, lo que quería hacer el profesor Virchow. El cerebro se ha conservado de una manera admirable. La cabeza ya fue presentada a la Sociedad Antropológica de Berlín”.
No hace mucho, el grupo Guías, durante el inventario de las colecciones del Museo Antropológico de La Plata, encontró en las vitrinas de la sala de Antropología Biológica un pequeño cajón sin número con el esqueleto de Damiana dentro de una bolsa y envuelto en tela, con una inscripción en papel: “Esqueleto (sin cráneo) de una india guayaquí, Damiana, fallecida en el Melchor Romero en 1907. La cabeza con el cerebro fue remitida al profesor Virchow, Berlín”.
Todavía no acaba esta historia, que muestra cómo se actuó en el trato con los pueblos originarios siguiendo la línea establecida por Julio Argentino Roca. En marzo de 2007, una organización indígena paraguaya reclamó a la Argentina “la restitución de todos los restos mortales pertenecientes a miembros de la etnia Aché que yacen desde hace más de un siglo en las colecciones del Museo de La Plata”. También exigieron la “devolución de todas las piezas aché de las colecciones etnográficas de dicho museo que fueron obtenidas en forma ilegal o violenta como así los objetos provenientes del saqueo de un campamento aché”.
Desde el jueves último, los restos de Damiana descansan en su tierra guaraní. En el acto en que se entregaron los huesos que habían quedado de ella a los representantes del pueblo Aché hablaron los antropólogos Fernando Miguel Pepe, Miguel Añón Suárez y Patricio Harrison, la historiadora Diana Lentor y el profesor Marcelo Valko, de la cátedra de Antropología de la Universidad de Madres. Todos dieron detalles históricos de lo que fueron los principios de ese Museo del Perito Moreno en el cual los representantes de los pueblos originales fueron exhibidos al público como fieras de zoológico, entre ellos los caciques Inacayal, Foyel y Sayhueque, sus mujeres y sus hijos. Ya los restos del cacique Inacayal descansan en sus tierras chubutenses, en Tecka, luego de ser exhibidos al público durante décadas. Clemente Onelli ha descripto la última noche del cacique Inacayal en el museo, con las siguientes palabras: “Un día, cuando el sol poniente teñía de púrpura el horizonte apareció Inacayal sostenido por dos indios allá arriba, en la escalera monumental del museo. Se arrancó su ropa, la del invasor de su patria, desnudó su torso dorado como metal corintio, hizo un ademán al sol y otro larguísimo hacia el sur; habló palabras desconocidas y, en el crepúsculo, la sombra agobiada de ese viejo señor de la tierra se desvaneció como la rápida evocación de un mundo. Esa misma noche, Inacayal moría”.
En el libro del grupo Guías, que se llamará El racismo argentino y será publicado por la editorial Madres de Plaza de Mayo, se describe paso a paso la prisión “científica” que sufrieron tantos representantes de los pueblos originarios y los escritos altamente racistas del famoso Perito Moreno y de los denominados “científicos” de la época que igualaban a los indios con los judíos, en cuanto a sus rasgos fisonómicos. En el mismo libro se cita la frase que Inacayal dijo más de una vez: “Yo jefe, hijo de esta tierra, blancos ladrones, mataron a mis hijos, mataron a mis hermanos, robaron mis caballos y la tierra que me vio nacer. Yo, prisionero”.
El diario La Nación del 20 de septiembre de 1883 publicaba: “A fines del corriente mes podrá verse el esqueleto del cacique Orkeke, preparado convenientemente. Después de haber sido descarnado en el Hospital Militar se colocaron los diversos fragmentos del cuerpo en un gran tacho de agua y cal, para hacer desaparecer las pequeñas cantidades de carne que habían quedado adheridas a los huesos. Terminada que sea la disección del cuerpo del cacique, se procederá a armar el esqueleto...”
La absoluta falta de respeto al muerto. Para esos “científicos” esos seres humanos sólo servían para mostrarlos, aun muertos, como espectáculo.
Pero, paso a paso, se va sabiendo la verdad de nuestra historia. El porqué la historia de la crueldad argentina que va a terminar, en su punto culminante, con la dictadura militar de la desaparición de personas y el robo de niños.
Pero del pasado pasemos al presente. Los obreros de las minas de Río Turbio piden reivindicación. Recordaron el jueves en un emocionante acto a los catorce mineros muertos en la catástrofe de hace seis años. En él se pidió “juicio y castigo para todos los responsables políticos y operativos que permitieron de una u otra forma que se produjera esta tragedia minera”. No se olvida así a los mártires del trabajo diario, a los que ponen el rostro ante el peligro al que se ven sometidos en esas tareas. Un acto para tener en cuenta.
Todos, esfuerzos en busca de una sociedad que se conduzca con los principios de la Etica. Por eso, no olvidar las injusticias del pasado y del presente. No olvidar a Damiana, la indiecita.
Alberto Pizango. El 26 de mayo, el líder de AIDESEP volvía a Perú después de un año de exilio en Nicaragua. Tras ser detenido en el aeropuerto, fue puesto en libertad.
El 5 de junio se cumplía un año del estallido de la revuelta contra las “leyes de la selva”, que logró tumbar cuatro de los polémicos decretos y cuya represión costó la vida a decenas de personas. Los grupos indígenas exigen una investigación sobre la masacre.
Cuando se cumple un año de la matanza de Bagua, en la selva amazónica de Perú, el informe oficial no aclara responsabilidades políticas ni aporta otra versión que no sea la ya difundida desde el Gobierno. El 5 junio de 2009, Bagua amaneció tomada por el Ejército. El presidente Alán García había mandado cientos de efectivos para desalojar a más de un millar de indígenas que bloqueaban las carreteras para protestar contra la serie de decretos que “privatizaban la selva”, según denunciaban las organizaciones indígenas. Durante todo el día la zona fue escenario de una batalla campal, con un saldo, según la versión oficial, de 11 indígenas y 23 policías muertos, 200 heridos y un militar desaparecido. Según la Asociación para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la cifra de nativos asesinados asciende a 40.
Poco después de la masacre, el presidente Alán García acusó en los medios de comunicación a las comunidades que exigían la derogatoria de nueve de los 102 decretos promulgados para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU de obedecer a intereses de Evo Morales y Hugo Chávez. Según el presidente, las comunidades habían sido manipuladas por “dirigencias politizadas” porque, según deja entrever, están sin civilizar. Pero el informe del Gobierno sobre el asalto militar en Bagua no convence a las organizaciones de derechos humanos. Según señalan, con esta política de hechos consumados el Gobierno trata de beneficiar a empresas transnacionales, como la española Repsol, en detrimento de los intereses de los indígenas que deben ser consultados conforme a los tratados internacionales suscritos por Perú, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En paralelo a la investigación oficial, otro informe presentado en minoría por la comisión encargada señala que el ex primer ministro dimitido por la matanza, Yehude Simon, la ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, y la de Comercio Exterior, Mercedes Araoz, tendrían responsabilidades por una orden de desalojo que se dio horas antes de la retirada voluntaria acordada entre indígenas y policías en Bagua.
Las movilizaciones consiguieron que el Congreso derogara cuatro de los decretos legislativos que violaban directamente los derechos colectivos de los amazónicos en el uso y la gestión de los recursos naturales en su territorio. Sin embargo, los responsables de AIDESEP, los llamados Apus, sobre quienes cae la autoridad comunitaria, se encuentran entre el exilio y la clandestinidad, sin que se hayan depurado responsabilidades políticas.
Mientras tanto, las comunidades preparan ya una propuesta de ley de amnistía para sus procesados y esperan también la promulgación de la Ley de Consulta, cuyo proyecto aprobó el Congreso en un proceso que tuvo la participación de sus organizaciones.
De vuelta del exilio
El presidente de la AIDESEP, Alberto Pizango, que se exilió en Nicaragua durante 11 meses por la orden de detención que cayó sobre él tras los enfrentamientos de Bagua, ha reconocido que “al aprobarse esta Ley de Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas u originarios, la representación nacional reconocería la legitimidad de nuestra lucha”.
La aprobación de la ley estaba prevista para antes de la XL Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reunió a los jefes de Estado americanos el 8 de junio en Lima. Sobre su retorno a Perú, Pizango señaló que vuelve “porque es necesaria la reconciliación entre peruanos y peruanas, siempre que se nos reconozca como pueblo y se nos reivindique como ciudadanos en condiciones de igualdad”.
Este 5 de junio se celebró una conmemoración de la tragedia de Bagua, con varios actos pacíficos en los que se encontraron el retornado dirigente indígena Pizango con Felipe Bazán Caballero, padre del policía aún desaparecido, a quien le ofreció ayuda en la búsqueda, según informaron medios desde la zona.
“Lamento profundamente la pérdida de cada una de las vidas de mis hermanos, policías y nativos, por lo que aprovecho esta ocasión para expresar a todos los deudos mis más sinceras condolencias, exigiendo una exhaustiva e imparcial investigación de los hechos acontecidos en Bagua”, dijo Pizango
Más muertes en Chala
Poco después de las muertes en la Amazonía norte de Perú, el Gobierno volvió a ‘resolver’ un conflicto social de la peor manera. En Chala, Arequipa, una protesta de los mineros contra otro decreto de urgencia del Presidente dejó seis personas muertas y más de 48 heridas, 29 por el impacto de las balas. Ya en su primer mandato Alan García se caracterizó por la represión de las protestas sociales.
Otra vez tengo que repetir algo que siempre sostengo con aire de triunfo: “puede tardar mucho, pero finalmente en la Historia triunfa la Etica”. Acaba de ocurrir algo que tal vez para muchos es un “hecho menor”. Pero que tiene una honda significación emocional. Acaban de ser devueltos al pueblo Aché, pueblo originario del Paraguay, los restos mortales de Damiana.
La cabeza de Damiana fue enviada al investigador Johann Virchow, de Berlín, para el estudio de su musculatura facial y del cerebro. Sobre esto escribe Lehmann-Nietzsche, en 1908: “Su cráneo ha sido abierto en mi ausencia y el corte del serrucho llegó demasiado bajo. Aunque, por este motivo la preparación de la musculatura de la órbita ya no será posible, lo que quería hacer el profesor Virchow. El cerebro se ha conservado de una manera admirable. La cabeza ya fue presentada a la Sociedad Antropológica de Berlín”.
