“Esta guerra no es contra los niños” le dijo el Mayor José Nino Gavazzo a la madre de Simón Riquelo cuando éste tenía apenas 20 días de vida.

El robo de bebés y niños con la sustracción de su identidad fue el mayor delito cometido por la dictadura cívico – militar. Cientos de niños, enmarcados en el Plan Cóndor fueron arrancados de los brazos de las detenidas que acababan de dar a luz en salas de parto improvisadas en distintos centros clandestinos de detención. Sus madres fueron asesinadas y ellos criados por familias que no son las suyas, algunos fueron encontrados, tienen poco más de 30 años y ya vivieron, por lo menos, dos vidas.

Nacidos en cautiverio o llevados a centros clandestinos de detención con sus madres, les arrebataron de un solo golpe a sus padres y su identidad. Crecieron pensando ser quienes no eran, llamando mamá o papá, en muchos casos, a los enemigos de sus verdaderos padres.

¿Cómo encontrar una explicación racional a este castigo a lo más vulnerable, a lo más indefenso, a lo inocente?

La experiencia recogida ha arrojado la conclusión de que ellos eran arrancados de sus padres y tomados prisioneros con la finalidad de redoblar el efecto represivo y aterrorizante, como una demostración de cuál era el extremo a que era llevado el terrorismo de Estado. En la convicción de que “todos eran subversivos” los militares y policías manifestaron la intención conciente de borrar todo rastro de núcleos familiares enteros para impedir su supervivencia y reproducción.

Ciertamente, se debe tener en presente que la “guerra” de la que hablaba Gavazzo, a diferencia de las guerras convencionales, tenía la peculiaridad de que en sus principales tramos, no enfrentaba a dos ejércitos, sino a un ejército contra su propio pueblo.

Existen testimonios de madres que fueron secuestradas y dieron a luz en centros clandestinos, las mujeres embarazadas no eran “trasladadas” hasta que no se produjera el parto. Sin embargo, la obtención final del botín de guerra humano no significaba que las detenidas embarazadas quedasen excluidas de las sesiones de tortura. Nada libraba a las prisioneras del tormento.

Los niños secuestrados junto a sus padres eran arrancados en forma violenta, llevando consigo el trauma de ser testigo de la violencia ejercida en el seno familiar, para luego ser entregados a otro medio, adoptados por parejas integrantes o vinculadas a los servicios represivos.

A esos niños, se les privó de sus progenitores, de su historia y de su identidad. Se le amputaron sus raíces.




Un caso emblemático de víctimas del “Plan Cóndor”

El 26 de setiembre de 1976 efectivos combinados del Ejército argentino, la Policía Federal y probablemente también fuerzas uruguayas, rodearon con numerosos vehículos y una tanqueta el domicilio de los uruguayos Mario Roger Julien y Victoria Lucía Grisonas en San Martín, Buenos Aires.

Una gran cantidad de personas fuertemente armadas y de civil entraron a la casa y provocaron un tiroteo. Al parecer Julien murió en el interior de la casa, mientras su esposa, herida, era sacada a rastras.

Un vecino que fue testigo relató que vio llevarse a dos niños pequeños que lloraban desconsoladamente y pedían por su madre, a la par que uno de los captores les decía: “La yegua de tu madre no está más”

Anatole de 4 años y Victoria Julien Grisonas de 14 meses fueron llevados con su madre al centro clandestino “Automotores Orletti”. Permanecieron en ese infierno casi 10 días, escuchando gritos de torturados, radios encendidas a todo volumen, quizá viendo a su madre sufriendo y a su vez, limitados a un pequeño espacio en ese clima de terror.

Los niños fueron trasladados a Montevideo después del 7 de octubre y llevados al local del SID.

El 29 de diciembre de 1976, el diario “El Mercurio” de Chile publicó una foto de dos niños, sentados en un banco de una plaza en Valparaíso. El diario decía: “Estas criaturas fueron misteriosamente abandonadas hace cerca de una semana en la plaza O’Higgins”. Los carabineros que los encontraron los entregaron al Juez de menores y éste los envió a un albergue. Parecían argentinos por el modo de hablar”.

A mediados de 1979, la abuela paterna de los niños, Angélica Cáceres fue invitada por la Comisión de DD.HH de la Arquidiócesis de San Pablo (CLAMOR) a viajar a dicha ciudad.

El Cardenal Evaristo Arns, le comunicó que sus nietos habrían sido encontrados en Chile, gracias a las fotos de los niños uruguayos desaparecidos, que recorrían el mundo.

Los niños habían sido trasladados en avión desde Montevideo a Chile y abandonados en una plaza de Valparaíso. El juzgado de menores dispuso que fueran entregados a un albergue y finalmente un matrimonio los adoptó.

Esos niños, hoy adultos, recuperaron su identidad, permanecen viviendo en Chile con su familia adoptiva pero pasan las vacaciones en Uruguay con su familia biológica.

Todos los niños restituidos lo fueron por acción de los familiares y de las instituciones humanitarias pero no del Estado, quien tiene la obligación y los medios para realizarla.

Esto impuso en madres y abuelas, el esfuerzo de sobreponerse a las angustias emocionales, propias de la pérdida sufrida, y llenarse de valor para afrontar las dificultades de la búsqueda.

La verdad es el único camino posible y pone a padres y abuelos en un trance durísimo: enfrentar a los niños secuestrados con un nuevo dolor, con un nuevo conflicto. El engaño, la mentira impuesta, bronca, rechazo, sentimiento de culpa, doble identidad, dos mundos, dos vidas.

Tendrán que luchar por mantener los dos mundos como algo parcelado, intuyendo desde el comienzo que no se pueden juntar.

NO HAY FINAL, NO HAY OLVIDO, NO PUEDE HABER PERDÓN.

Aporte de Marys Yic