Caricatura: Gathara

Kagame. Meteme preso. Agarrame si podés. Desde su apellido, desde sus acciones, y desde su minúsculo y devastado país de Africa central, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, desafía al mundo y se sale con la suya. Procesado por genocidio en dos países europeos, acusado de matar a dos presidentes de un solo tiro de misil, su última ocurrencia pone al desnudo la debilidad y la parcialidad del sistema de justicia internacional que juzga los crímenes de lesa humanidad. Resulta que hace tres semanas Kagame decidió meter preso a un abogado estadounidense que trabaja en la corte de La Haya, que juzga el genocidio ruandés. Claro, no fue Kagame en persona quien lo metió preso sino un juez, pero, para que no queden dudas de dónde vino la orden, fueron el canciller y el secretario de prensa de Kagame los encargados de comunicar la noticia a la prensa internacional.

Si resulta llamativo que un presunto genocida de un pequeño país africano se dé el lujo de meter preso un funcionario de un poderoso organismo internacional, más llamativa aún es la razón esgrimida para llevar adelante semejante detención. Peter Erlinder, el abogado en cuestión, profesor de derecho del prestigioso William and Mary College de Minnesota, presidente de la asociación de abogados defensores del Tribunal Internacional para los Crímenes de Ruanda (TPIR), fue detenido en Kigali el 28 de mayo por... negacionista.

Sí, los voceros de Kagame informaron que Erlinder fue arrestado porque supuestamente violó una ley de ese país que impide cuestionar la existencia del genocidio en Ruanda de 1994. Ese año fueron masacrados más de 800.000 ruandeses, en su mayoría de la etnia tutsi. En Ruanda, el cargo de negación de genocidio conlleva un mínimo de diez años de prisión.

“Ha habido mucho teatro con este caso, pero las leyes sobre ideología genocida no son políticas o simbólicas, y los revisionistas e ideólogos que trafiquen nociones negacionistas serán procesados”, explicó la canciller de Ruanda, Louise Mushikiwabo, citada por el International Justice Tribune. O sea, Kagame metió preso a un abogado que se dedica a defender a personas acusadas de crímenes graves, por poner en duda lo que dicen de sus defendidos.

Y lo que es peor, el abogado no dice que las masacres nunca ocurrieron. En sus artículos académicos, disponibles en Internet, Erlinder dice que las matanzas ocurrieron, pero agrega que las empezó Kagame al bajar con un misil tierra-aire el avión en que viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi, desatando una guerra civil. Y dice que no es justo que sus clientes, los genocidas hutu, estén presos, mientras que los genocidas tutsi encabezados por Kagame siguen libres e impunes por ser aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña. Es cierto, Erlinder pone en cuestión la calificación de “genocidio” que usó el tribunal de La Haya. Pero en la sentencia ese mismo tribunal absolvió a sus defendidos de “conspiración” y “planificación de genocidio”. La corte consideró que no hubo un plan sistemático, sino una matanza que se desató a partir del doble magnicidio. Si no hubo planificación, no hubo genocidio, argumenta el abogado defensor, sin apartarse demasiado de la jurisprudencia vigente.

Y lo que es peor, ni Estados Unidos ni la corte de La Haya protestaron por la detención de Erlinder. Importantes organizaciones internacionales de abogados salieron en defensa del reconocido profesor universitario alertando sobre el peligroso precedente para el libre ejercicio de la profesión. En cambio Washington y La Haya optaron por la famosa “diplomacia silenciosa” que se suele dispensar a los regímenes amigos. El jueves pasado el abogado de 62 años fue finalmente liberado bajo fianza y autorizado a volver a su país después de cuatro internaciones hospitalarias por picos de presión y un intento de suicidio. “Fue liberado bajo fianza por razones de salud mental y psíquica”, explicó un vocero del gobierno de Ruanda al Star Tribune de Minneapolis. El vocero aclaró que el proceso sigue y que el abogado será llamado a juicio porque los cargos que pesan en su contra son muy graves.


Peter Erlinder

Y lo que es peor, la detención de Erlinger tiene un claro componente político que la corte internacional y el Departamento de Estado fingieron ignorar. “Seguimos el caso de cerca y protegeremos los derechos del abogado defensor si esos derechos son amenazados”, dijo Roland Amoussouga, vocero del TPIR. “El gobierno nos aseguró que la detención no tiene relación con el tribunal.” Pero Erlinger está convencido de que tiene todo que ver con su trabajo en el tribunal internacional. Sabía que lo podían meter preso no bien pisara Ruanda. Hace dos años escribió: “Pero yo tengo que admitir mi propio conflicto de interés porque, bajo las leyes de Ruanda, yo también soy un criminal `negacionista’ por escribir este ensayo y el presidente Kagame en persona me ha denunciado como ‘perpetuador del genocidio’ por mi trabajo en el TPIR”.

Pero igual viajó a Ruanda. Fue para ejercer la defensa legal de una líder hutu llamada Ingabire Umuhoza. Esta señora había regresado a Ruanda en enero después de 16 años de exilio para competir por la presidencia con Kagame en las elecciones del próximo 7 de agosto. Al día siguiente de volver a Ruanda la señora visitó un memorial del genocidio y después preguntó por qué el memorial sólo se ocupaba de las masacres hutu y no decía nada de las masacres de los tutsi. Según informes de Naciones Unidas y de organismos de derechos humanos, durante el genocidio, los hutu mataron a cerca de 800.000 tutsi, mientras los tutsi masacraron entre 25.000 y 100.000 hutus.

Al día siguiente de las declaraciones de la señora en la puerta del memorial, Kagame la puso bajo arresto domiciliario por negacionismo y por “mantener relaciones con grupos terroristas”. Erlinger viajó a Ruanda para defenderla de esos cargos. Conocía los riesgos. Kagame tiene una larga historia de suprimir a la oposición política. Cuando tomó el poder en 1994, Kagame puso de presidente a un hutu aliado a la guerrilla tutsi con el viejo verso de la “unidad nacional”, y ocupó el cargo de vicepresidente, aunque todos sabían que el poder real lo tenía él. En el 2000 el presidente hutu, Pasteur se llama, renunció y se alejó del gobierno para formar su propio partido. Kagame asumió la presidencia, declaró terrorista al partido opositor, hizo meter preso a Pasteur, y en 2003 fue reelegido con el 95 por ciento de los votos. Pasteur fue condenado a 15 años de cárcel. En el 2007 Kagame lo indultó. Pasteurizado, el ex presidente hutu no volvió a molestar.

Si Kagame hace ídem con la democracia y con el derecho internacional es porque Washington lo protege. Está procesado en Francia y España por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de terrorismo, entre otros. El juez francés lo acusa por la voladura del avión presidencial. El juez español los acusa a él y a 39 líderes del Frente Patriótico Ruandés de la muerte de más de tres millones de personas, incluyendo nueve españoles. Entre los acusados hay diplomáticos de la embajada de Ruanda en Washington. La Justicia alemana ya detuvo a seis funcionarios de Kagame en tránsito por ese país honrando la orden de captura internacional del juez español. Por la misma razón, Suecia y Holanda cortaron toda ayuda financiera a Ruanda.

En cambio, la fiscalía del TPIR hasta el día de hoy no ha abierto ningún procedimiento contra ningún miembro del Frente Patriótico Ruandés. En su libro Señora Fiscal: Confrontando los Peores Crímenes de la Humanidad y la Cultura de Impunidad, la ex fiscal del TPIR y actual embajadora de Suiza en la Argentina, Carla del Ponte, dijo que fue desplazada del tribunal por presiones de Estados Unidos porque había anunciado su decisión de procesar a Kagame. Según cuenta Del Ponte en su libro, la fiscalía había juntado evidencias para procesar a Kagame como responsable de haber “disparado” el genocidio al haber ordenado la voladura del avión presidencial. También había inspeccionado decenas de escenas de masacres, y juntado pruebas de miles de crímenes por los cuales Kagame y sus jefes militares debían ser procesados. Del Ponte cuenta que en mayo del 2003 fue citada en Washington por Pierre Prosper, embajador plenipotenciario para Crímenes de Guerra del gobierno de Bush. Prosper le dijo que la removería de su cargo si llevaba adelante su anuncio público de procesar a Kagame y a miembros de su gobierno y sus fuerzas armadas. “Cuando yo me negué y le dije que trabajaba para las Naciones Unidas y no para Estados Unidos, Prosper contestó que mi carrera estaba terminada. En octubre me desplazaron de la fiscalía”, escribió.

Será una obviedad pero hay que decirla: Estados Unidos y Gran Bretaña están con Kagame. La Casa Blanca tendrá un presidente negro, pero su política exterior para Africa central no parece haber cambiado demasiado desde los tiempos de Lumumba y el Che Guevara. Según informes de Naciones Unidas, Kagame invadió el Congo tres veces en los últimos diez años para apropiarse de sus minerales y sigue ocupando territorio de ese país y sigue saqueando sus riquezas. Y esos mismos informes denuncian que para lograr su objetivo Kagame habría asesinado a cientos de miles de congoleses. Y no hay que ser demasiado creativo para imaginarse dónde terminan los minerales que Kagame se lleva del Congo.

“El saqueo continuará mientras Kagame de Ruanda y Museveni de Uganda sientan ganas de extraer de las minas del Congo los diamantes ensangrentados, el estaño ensangrentado y el coltan (mineral usado para fabricar celulares) ensangrentado, que han convertido a sus respectivas capitales en centros de comercio internacional de riquezas minerales que sus países no poseen”, escribió Erlinger, el abogado estadounidense que Kagame metió preso.

Así como Kagame se lleva los diamantes del Congo, los que están con Kagame vacían de legitimidad las cortes de La Haya, y por extensión el sistema de derecho penal internacional. Por eso es tan peligroso dejar pasar las acciones de un genocida. Kagame una vez, Kagame otra vez, y muy pronto uno deja de creer en la Justicia.

Santiago O’Donnell
sodonnell@pagina12.com.ar

Fuente: Página 12