Los coroneles (r) Ernesto Ramas y Carlos Calcagno comparecieron ayer ante la Justicia en dos causas distintas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) y ambos confirmaron su participación en operativos fuera de territorio uruguayo. Sin embargo, en ambos casos los militares afirmaron que dichos operativos tenían un mismo objetivo: recuperar la bandera de los 33 Orientales.

El juez penal de 20º Turno, Alejandro Guido, concurrió ayer al hospital militar para tomarle declaración a Ramas en el marco de la indagatoria por la sustracción y secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien, en 1976, tras el operativo por el cual se procedió a la detención en Argentina y posterior traslado ilegal hacia Uruguay de sus padres, Roger Julien y Victoria Grisonas, hoy desaparecidos.

El militar reconoció ante el magistrado y la fiscal Adriana Costa la existencia de una coordinación entre los distintos organismos del Estado (SID, OCOA y la DNII) en el combate a los opositores al régimen, pero marcó diferencias en el accionar de cada uno. En este sentido, Ramas aseguró ante el magistrado que "el OCOA nunca detuvo a niños o mujeres embarazadas", en un intento de separar su accionar con los operativos del SID, indicaron fuentes judiciales a La República.

El militar admitió haber viajado a la República Argentina "en un par de oportunidades" para participar en misiones especialmente asignadas. Sin embargo, Ramas deslindó las mismas con cualquier accionar represivo y las circunscribió a la búsqueda de la bandera de los 33 Orientales, hurtada tiempo antes por el OPR-33. Incluso, aseveró haber negociado la entrega de la bandera con un integrante del PVP, "pero al final no pudo localizarla", señalaron las fuentes.

El testimonio de Ramas pasaría desapercibido de no ser porque a la misma hora en el Juzgado Penal de Bartolomé Mitre y Buenos Aires, el coronel (r) Carlos Calcagno utilizaba el mismo argumento para legitimar su viaje a Paraguay, donde habría participado en el secuestro y traslado clandestino de dos militantes del PVP en 1977.

Calcagno compareció ante la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Mirtha Guianze para declarar sobre su presunta responsabilidad en el secuestro de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana durante un operativo conjunto de las fuerzas represivas uruguayas, argentinas y paraguayas, en el marco del "Plan Cóndor".

El militar reconoció haber viajado a Paraguay con el objetivo de interrogar a los detenidos, pero con el único objetivo de recuperar la bandera de los 33 Orientales, organización de la cual Inzaurralde y Santana habían sido integrantes. Calcagno, en tanto, deslindó su responsabilidad en el destino final de ambos militantes de izquierda.

"El testimonio de Calcagno fue similar al de la mayoría de los militares en causas por violaciones a los derechos humanos, negación total de los hechos, aun con pruebas contundentes en su contra", indicaron otras fuentes. En este sentido, Calcagno aseguró que los documentos hallados en el "Archivo del Terror" que lo involucran en el operativo contra Inzaurralde y Santana fueron un intento de "embagayarlo", dijeron las fuentes.

Fuente: La República