Los hermanos Anatole y Victoria, hijos de Roger Julien y Victoria Grisonas fueron víctimas de un operativo conjunto de militares uruguayos y argentinos en la provincia de Buenos Aires.

En la madrugada del 26 de setiembre de 1976, tropas apoyadas por un tanque de guerra rodearon una vivienda de la calle Mitre, en el partido de San Martín. Entraron por los fondos abriendo fuego. Roger Julien alcanzó a proteger a sus hijos en la bañera. Anatole, de 4 años, llegó a ver cómo arrastraban a su madre hacia la calle. Cuando dos policías femeninas se hicieron cargo de los niños, Anatole vio a su padre muerto en la vereda y a su madre tirada boca abajo custodiada por un soldado. El cuerpo de Roger nunca apareció. Victoria Grisonas fue trasladada junto con sus hijos a Automotores Orletti, donde los comandos uruguayos la torturaron y la castigaron salvajemente. Otros detenidos confirmaron que Victoria fue sacada de Orletti en el baúl de un Ford Falcon. Victoria continúa desaparecida. Los hermanos Julien fueron abandonados en una plaza de Valparaíso, Chile.

Como un aporte más a la construcción de la memoria colectiva, compartimos con ustedes los audios de este programa especial sobre el caso de Anatole y Victoria, en el que no quedan dudas sobre la aplicación del llamado “Plan Cóndor” en nuestro continente. Nuestro agradecimiento a los compañeros de Radio La Zurda por compartir este valioso material.

Antropólogos forenses reinician hoy las excavaciones en predios militares de Uruguay, con el propósito de encontrar restos de detenidos desaparecidos durante el período de la dictadura (1973-1985).

Las pesquisas tendrán como punto de partida el Batallón 14 de Paracaidistas del departamento de Canelones, a 45 kilómetros de Montevideo.

Este sitio, conocido como Arlington durante el régimen de facto, está considerado como posible cementerio clandestino a la luz de un informe realizado por el ejército y de distintos testimonios sobre posibles enterramientos en el lugar.

Estas excavaciones son a pedido del juez Pedro Salazar, después de paralizadas las pesquisas por falta de acuerdos entre el grupo de expertos de la Universidad de la República (Udelar), dirigido por José López Mazz, y el Poder Ejecutivo.

Recién a fines de 2010 un nuevo convenio habilitó al equipo de la Udelar volver a sus trabajos, acuerdo que comienza a materializarse este miércoles.

El colectivo con Mazz al frente descubrió en 2005 y 2006, respectivamente, los restos de Fernando Miranda y Ubagesner Cháves Sosa, dos militantes del Partido Comunista.

Entre los casos pendientes está el de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, secuestrada en Argentina en 1976 y llevada a Uruguay, donde dio a luz una niña que muchos años después fue recuperada por su abuelo.

Los trabajos están previstos en su fase inicial para un plazo de seis meses, prorrogables en términos de tiempo de estimarse necesario por los expertos de la Udelar.

Datos de organismos de derechos humanos señalan que alrededor de 200 uruguayos aparecen como detenidos desaparecidos, como parte de la llamada Operación Cóndor.

Con esa denominación es llamado el plan de coordinación entre las cúpulas dictatoriales de Suramerica, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, con la CIA de Estados Unidos, en las décadas de los años 1970 y 1980.

El Plan Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de personas, la mayoría integrantes de movimientos de izquierda.

Fuente: PL

“La orden fue que cuando muriera alguno, no apareciera”

El coronel (r) Gilberto Vázquez aseguró que la decisión de desaparecer gente durante la dictadura respondió a “razones económicas” y que la tortura era “útil” y “necesaria”. Un día antes de que la Justicia inicie las citaciones a militares por su participación en torturas, Vázquez dijo a Ultimas Noticias que “no había más remedio” que recurrir a ese método de interrogación y admitió que “con algunos se nos fue la mano”. Con una condena de 25 años que cumple en la cárcel de Domingo Arena, el militar afirmó que los uruguayos que retornaron desde Argentina en el “primer vuelo” no fueron “rescatados” por “cuestiones humanitarias” sino porque “eran fuente de información”. Calificó la muerte de María Claudia García como un “daño colateral” y dijo estar “orgulloso” de haber participado en la dictadura.

-¿Por qué empezó la tortura?

-Era útil. Cambió la cosa porque la realidad era que al principio no se podía prender a nadie. Una vez agarramos a una mujer que tenía una pistola. Cuando llegó al juez le dijo: "Me la pusieron". Nosotros sabíamos a cara de perro de leyes militares pero no de leyes civiles. Al final, los culpables éramos nosotros. Así no podíamos hacer nada. Después se nos escaparon los tupamaros de Punta Carretas y la sensación de derrota fue total. No se podía con aquella gente, no había forma.

-¿Y torturarlos los detuvo?

-Claro. Cuando los empezamos a cascar y los tipos entraron a hablar, ellos nos enseñaron cómo funcionaba el MLN (Movimiento de Liberación Nacional) y dónde estaba cada uno. En un año se vinieron abajo. Pasamos de estar achicados a achicarlos a ellos. Andaban a los saltos. Agarrábamos a uno y el tipo ya llegaba al cuartel pensando: "Acá me van a hacer pelota". Entonces muchos llegaban y decían: "Vamos a hablar bien" y no precisaba mucha tortura.

-Pero igual los torturaban...

-Sí. Se hacía lo que hiciera falta para tener la información porque del otro lado estaba la vida de nuestros soldados y la paz de la República. Se vivía en un estado de inquietud permanente.

-¿Cómo torturaban?

-Nosotros antes de aplicar la tortura entera, nos dábamos unos choques eléctricos. Nos metíamos picana para ver lo que era y no es tanta cosa. Lo que pasa es que era entre nosotros. Uno sabe que no lo van a matar pero cuando es el enemigo, la cosa cambia radicalmente. Uno no va a traicionar las ideas y los compañeros por un dolorcito, pero cuando la cosa viene de que lo van a matar, cambia.

Igual se ha hecho una historia negra de que además se robaba y se violaba y no era así. Nosotros no permitíamos que esas cosas pasaran. Si pasaba, iba preso.

-Pero no solo se denunciaron torturas, también se denunciaron violaciones.

-No. No se permitía ni reírse. Era algo doloroso, triste y lamentable. A uno torturar le pesa en la conciencia toda la vida pero no había más remedio. Terminaron en el psicólogo los torturados y los torturadores porque es llegar al último nivel de violencia. La guerra es brutal.

-¿Torturadores fueron todos? ¿Esto abarcó a todas las Fuerzas Armadas?

-Yo no le voy a decir quiénes, ni cómo, ni dónde pero parece que tienen listas de cientos de tipos (la Justicia). Lo que pasa es que a todos les tocaba algo que tenía que ver. De repente le tocaba estar preparando soldados, o haciendo la comida para los que iban a combatir. Es como hacer un informativo. Uno pone la cara pero atrás hay un montón de gente que colabora. La guerra es obediencia y por las buenas o las malas, el mando se impone. Cada uno hacía su parte.

-¿Por qué desaparecieron gente?

-Fueron casos mínimos. No se mataba a nadie. En Chile los mataban, en Argentina el sistema era hacer desaparecer. Acá está (José) Mujica presidente, el Ñato (Eleuterio Fernández Huidobro) senador, (Eduardo) Bonomi de ministro. Acá fueron veinte. Con algunos se nos fue la mano y otros eran tipos enfermos, que de repente llegaban y sin tocarlos, les daba un infarto. El tema fue que entre miles de tipos, alguno se quedaba. Ese desaparecía.

-¿Por qué no devolvían los cuerpos?

-Al principio se entregaban. Después los altos mandos nos explicaron que el país tenía un drama económico. El petróleo había subido, la carne había bajado a la mitad, lo mismo pasaba con la lana. El problema económico era tremendo y el país se salvaba por el turismo y se necesitaba dar una sensación de tranquilidad para favorecer la inversión. ¿Quién va a invertir en el Congo? Entonces, la orden fue que cuando muriera alguno, no apareciera. Eso vino de arriba. Fue por razones económicas y parecía razonable.

-Usted actuó también en Argentina, ¿ahí que hizo?

-Estuve allá. Yo traje a una muchacha en un avión de línea. Nos vinimos en Pluna sin ningún drama. Era Pilar Nores Montedónico. Acá la tuvimos un tiempito y la largamos.

-¿Y los del primero y el segundo vuelo?

-El segundo vuelo es un invento. Yo nunca supe nada. En el primero los trajimos porque allá los iban a matar. Los salvamos, no por cuestiones humanitarias sino porque para nosotros eran fuente de información importante. Nos servían, pero nos trajo terribles problemas con Argentina porque el sistema de ellos era otro.

-Más allá de lo que les hicieron a los adultos, ¿por qué robaron niños?

-Acá no lo hicimos. Eso fue en Argentina.

-Acá se quedaron con Macarena Gelman, por ejemplo…

-Eso fue una cosa rara. Cuando nosotros teníamos a un argentino, se lo dábamos a ellos porque les podía servir como fuente de información y nos traíamos a los uruguayos pero traerse a una argentina para acá, no tiene la menor lógica.

-¿Y por qué lo hicieron?

-Cosas que pasan en la guerra. Son daños colaterales, como cuando tiramos para matar en un lado y uno se tara o le erra y encaja un bombazo en una escuela. Son cosas que salen del objetivo militar. Nunca pude entender para qué la trajeron.

-¿Dónde está ella? ¿La incluyeron en la Operación Zanahoria?

-Ni idea porque yo no estaba. No lo hubiera permitido porque esas cosas no se hacían. Yo me enteré cuando ya estaba retirado y no tuvo sentido que fuera por la niña porque en el Consejo del Niño hay niños a patadas.

-¿A qué atribuye que hayan terminado presos después de haber pasado veinte años sin que fueran juzgados por estos delitos?

-A una venganza del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que fueron los que tuvieron más desaparecidos en Argentina. Los tipos fueron a la guerra con la mujer y niños chicos. Encima la embarazaban y la metían en el baile, una cosa que a un militar no se le pasa por la cabeza. Mi mujer no sabe nada de nada, y mis hijos menos. Nosotros con los tupa tuvimos contacto hasta que nos metieron presos y siempre quedó claro que ellos no guardan rencor. Los tupa no hicieron denuncias, las denuncias son las del PVP y parte del PCU.

-¿Usted se arrepiente de lo que pasó?

-No, al contrario. Yo estoy orgulloso de haber podido participar en la salvación del país. ¿Se imagina lo que hubiera sido un Uruguay comunista en medio de la guerra fría? ¿Vio lo que pasó en Vietnam? Acá hubiera sido espantoso. Era una cuestión práctica.

-Y de haber torturado y desaparecido gente, ¿tampoco se arrepiente?

-No había más remedio. Lo otro era permitir que me siguieran matando los soldados y por omisión, hubiera sido cómplice. Ni muerto. Yo tengo en mi celda las fotos de los camaradas muertos y viene gente joven del Ejército y no saben quiénes son. En cambio, por los que murieron del otro lado han hecho calles y plazas y son héroes nacionales. Yo no iba a dejar que los siguieran matando aunque me tuviera que embarrar las manos hasta la manija. Me dolía en el alma y me sigue doliendo pero no había otra. Lamentablemente la vida tiene una parte de guerra, violencia y brutalidad. Cuando a uno le toca, tiene que elegir el mal menor. O los reventaba a palos o dejaba que siguieran matando a mis camaradas. Hicimos las cosas lo mejor que pudimos. Algunas cosas lamentables, las tuvimos que hacer. Fue como cuando un cirujano tiene que amputar una pierna porque con la gangrena, la persona se muere. No corta la pierna porque le guste. Había que hacerlo. Nosotros salvamos al país y estamos orgullosos.




Un conflicto evitado con el MLN en 1993

El coronel (r) Gilberto Vázquez dijo a Ultimas Noticias que el contacto de los ex represores con las principales figuras del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) se mantuvo hasta que terminaron presos. Agregó que en el año 1993, ambas partes evitaron un nuevo enfrentamiento al investigar en conjunto el asesinato de Ronald Escarzella, un ex tupamaro asesinado en Rocha el 23 de abril de ese año.

"Cuando pasó eso me llamó el Ñato (Eleuterio Fernández Huidobro) y me dijo: 'La información que tenemos es que es del lado de ustedes'. Yo le contesté que si era del lado nuestro, le rompía los dientes y le pedí que no se metieran porque si nos mataban a uno, la cosa no paraba más. Al final se arregló porque se vio que no venía del lado militar y nos evitamos un segundo enfrentamiento porque esas cosas empiezan y no se sabe cuándo paran".

Aclaró que el intercambio se mantuvo con el MLN pero no con el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), a cuya "venganza" atribuyó los procesamientos de militares. "Son distintos. Los anarquistas son bravísimos", afirmó. A modo de ejemplo, aseguró que "no dejaban entrar profesionales en la organización para que no se aburguesara. Entonces lo llevan a (Sergio) Molaguero, lo atan con alambre y lo lastiman y no tenían un médico para curarlo. Lo curaba Jorge Vázquez (subsecretario del Interior) con alcohol iodado, pero no era que lo quisieran torturar. Era que no tenían médico. Los tupas tenían médicos por todos lados".

Miranda y Chávez Sosa aparecieron porque la “limpieza” no fue “perfecta”

-Ya está preso y no pierde nada si dice la verdad. ¿Dónde están los desaparecidos?

-No están. Vino la Operación Zanahoria. A fines de 1984 se desenterraron los que había, se quemaron y se tiraron las cenizas a un arroyo, creo que en Manga. No hay nada. Lo saben en las Fuerzas Armadas, en el MLN y en el Partido Comunista.

-¿Pero aparecieron los cuerpos de Miranda y Chávez Sosa?

-Porque en la limpieza, alguno quedó. Como todas las cosas, nunca es perfecto. No hay más. Los reclamos son por desaparecidos en Argentina, que tenían otro sistema. Ahí desaparecían.

-¿Quién ordenó la Operación Zanahoria?

-La orden la dio el general Washington Varela, que era el director del Servicio de Información y era el que sabía los detalles. Ahora está muerto. Éramos amigos y en aquel momento me dijo que era una decisión política porque había gente que ya estaba muy cerca y entre los militares algunos querían seguir y volver a la democracia. Había políticos muy próximos a la gente que quería volver a la democracia.

-¿Qué pidieron los políticos, según lo que le dijo Varela?

-Me dijo que la idea era salir con todo limpio y el tema de los desaparecidos era el más complicado. Todavía es difícil, porque es complicado ver a la familia esperando que pueda volver un hijo. Es espantoso pero no hay más que decir. En la Operación Zanahoria se sacó todo lo que estaba enterrado y ya no hay más.

-¿Usted participó personalmente en los desenterramientos?

-No, porque yo estaba en Estados Unidos haciendo un curso, pero no era un secreto. Esas cosas se conversaban entre los camaradas. Yo era teniente coronel en aquella época y me pareció razonable.

“Todo esto ya fue negociado con el gobierno”

-¿No ha pensado en dar alguna información de lo que se reclama para ver si puede mejorar su situación?

-Es que esto ya fue negociado. Para el gobierno esto no es un tema de Justicia. Es un negocio. Al principio nos dijeron: "Si aparece algo de la Gelman (María Claudia García), el fiscal tranca las cosas, desactiva el caso y el presidente (Tabaré Vázquez) hace un discurso para decir que se da vuelta la página y esto se terminó". El tema fue que en el lugar que marcaron no estaba la Gelman y ahí volvió a empezar la cosa.

No sé si estuvo en la Operación Zanahoria porque eso fue todo compartimentado. Nadie conoce los detalles y además pasó hace treinta años. La mayoría están muertos.

-¿Quién les hizo la oferta desde el gobierno? ¿Quién habló con usted?

-El comandante en jefe del Ejército, que al principio fue (Ángel) Bertolotti y después (Carlos) Díaz. Él me dijo: "Lo quieren preso sí o sí. Son ocho años y hay que hacerse cargo del caso Soba". Uno de los camaradas que estaba ahí, dijo: "Yo estuve en miles de operativos, ¿me tengo que hacer cargo de alguien que no se quién es?". Y además ocho años a nuestra edad, es como perpetua.

Así se empezó a generar un espíritu de resistencia, que ahora florece de nuevo porque ahora no se negocia.

-Usted dice que negociaron, pero los metieron presos igual…

-Claro, pero con comodidades y en la Fuerza Aérea, por ejemplo, no fue nadie. Lo que pasa es que cambiaron los que hicieron el negocio. No está (el comandante Enrique) Bonelli y no está Tabaré y la cosa cambió.

Contrario a la Caducidad

El coronel (r) Gilberto Vázquez es contrario a la Ley de Caducidad y asegura que siempre se opuso. "A mí nunca me gustó. No estaba de acuerdo. Siempre dije que si cometí errores, me tenían que juzgar porque a cada error, le corresponde una sanción". Sin embargo, está convencido que aún sin Ley de Caducidad, no debió terminar en la cárcel porque aunque admite las torturas y las desapariciones, no se siente culpable. "Creo que no merezco estar preso. Di lo mejor de mí mismo, hice lo mejor que pude, asumí responsabilidades", argumentó. Por otra parte, señaló que la realidad que viven los militares procesados por violaciones a los derechos humanos constituye "una fantasía, una payasada" porque Domingo Arena "no es una cárcel. Acá estamos como en un geriátrico".

María José Frías

Fuente: Últimas Noticias

Fue secuestrada en Buenos Aires durante una operación conjunta del Plan Cóndor. Luego los militares la trasladaron a su país, Uruguay, en un vuelo clandestino, donde estuvo presa con la hoy primera dama. Un caso testigo.

Fue durante 26 años una madre buscando a su hijo robado por las dictaduras uruguaya y argentina. A su hijo de veinte días se lo quitaron no bien irrumpieron en su casa de Belgrano en julio de 1976. Sara Méndez, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Luego los militares la trasladaron a su país en un vuelo clandestino. Más tarde estuvo presa en el penal de Punta Rieles con Lucía Topolansky, la esposa del hoy presidente José Mujica. En 2002 pudo ver el rostro ya adulto de su hijo Simón. Sara Méndez contó su historia a Página/12 tras declarar en el juicio oral por los crímenes de Orletti. Enumeró a los implicados argentinos que ella pudo reconocer: el ex jefe de la SIDE Otto Paladino, a Aníbal Gordon y Eduardo Ruffo. Del lado uruguayo, Méndez reconoció al teniente coronel Rodríguez Buratti –quien se suicidó hace cuatro años–, al hoy procesado José Nino Gavazzo y al capitán Manuel Cordero.

La noche del 13 de julio quedó grabada en la memoria de Sara Méndez. “Unas quince personas de civil entraron a mi casa rompiendo puertas. Yo estaba con mi bebé y una compañera que militaba en la izquierda como yo. Tomaron posesión de las dos plantas y ahí mismo empezó el interrogatorio y la tortura para que digamos direcciones y nombres de otros uruguayos que estaban viviendo en Buenos Aires. Mi marido, Mauricio Gatti, no iba a llegar esa noche. Nino Gavazzo y Rodríguez Buratti comandaron el operativo.”

Los militares se quedaron con su hijo. “Cuando agarro a Simón en mis brazos me dicen que lo deje, que no lo puedo llevar conmigo. ‘No se preocupe señora’ –lo recuerdo como algo grotesco de quienes ya me habían golpeado e insultado–. Al niño no le va a pasar nada porque no es una guerra contra los niños.”

Sara Méndez militaba en el Partido de la Victoria del Pueblo que se había reorganizado en Argentina. “Se conforma un frente de lucha contra la dictadura acá, desde el exilio. Lo paradójico es que el partido se rearme en el exilio y el régimen argentino le aplica un golpe rotundo.” Ella dice que no usó armas nunca.

A Sara la trasladaron al centro clandestino Automotores Orletti, en donde estuvo –cree– diez días. “El lugar quedaba en el Bajo Flores, donde por delante pasaba el tren y detrás había una escuela. Ese pozo o chupadero, como le dicen acá, era un lugar de tortura y exterminio. En algunos casos si no lo mataban allí, lo sacaban y ya estaba la desaparición forzada como método represivo. Yo fui secuestrada, no me dieron información, no pude ver a mi familia.”

Al otro día de su secuestro su marido Mauricio tuvo indicios de que algo andaba mal. La familia Méndez, alertada por aquél, empieza a buscar a Simón y a ella. Su padre se trasladó a Argentina y junto con gente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados –Acnur– realizaron la búsqueda. Mauricio Gatti murió en 1991.

Sara Méndez recuerda el montaje de su detención en Uruguay. “Fuimos trasladados 24 personas de Buenos Aires a Montevideo. El hermano de mi marido, Gerardo Gatti, quedó en Automotores Orletti. Nos llevaron en lo que hoy se llama el primer vuelo. Estuvimos cuatro meses como desaparecidos en sedes clandestinas. Luego alquilaron una casa en un balneario y habitaciones en hoteles céntricos de Montevideo, hicieron documentos falsos a gente que se parecía físicamente a nosotros y los mandaron a registrarse en esos lugares. Simularon que habíamos entrado al país por nuestros propios medios. Ahí empezó el montaje. Y luego nos ‘van a detener’ como si estuviéramos parando en esos lugares. Fue una falsa detención en octubre de 1976. Nos llevaron a la Justicia militar, con las actas fraguadas y nos procesaron. Hoy sabemos que entre nuestro secuestro y la detención falsa hubo un segundo vuelo con otros uruguayos.”

Luego Sara fue llevada por el mismo Nino Gavazzo al penal de Punta Rieles, en Montevideo, en donde estuvo cuatro años y medio. Allí conoció a quien hoy es primera dama de Uruguay, Lucía Topolansky.

“Eramos compañeras. Estaba también su gemela María Elia. Comíamos juntas, hacíamos actividades de estudio, aprendíamos de la especialidad de la otra. Yo era maestra, Lucía estudiante de arquitectura. María Elia sabía mucho de física. Hacíamos intercambio de conocimiento. Estaba prohibido hacer gimnasia, así que nos turnábamos para poder hacer ejercicio. Las cartas se tenían que leer en voz alta, con lo que sabías todo de la otra. Eran cárceles en donde se ponían en práctica métodos sofisticados: debilitar el ser político. No teníamos ninguna información de lo que pasaba en el mundo, vestíamos uniformes, nos llamaban por un número, era una militarización. Una despersonalización. Las visitas eran escuchadas. Había situaciones de riesgo, estados de alarma, teníamos que hacer cuerpo a tierra.”

En la primera visita que recibió Sara Méndez en la cárcel se enteró de que su familia no había logrado ubicar a Simón.

Sara salió de prisión tras cumplir su condena casi cinco años después. Eso sí, bajo libertad vigilada. Todavía Uruguay estaba bajo el régimen militar –la democracia llegaría en 1985–. “Tuve que dar mi domicilio, no podía salir de Montevideo sin autorización, me hacían visitas. Me contacté con lo que era el germen de Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina. Chicha Mariani guardó los datos de un niño pelirrojito como Simón en un tarrito de lata y lo enterró. Después no lo pudo encontrar.”

Por ese tiempo Sara se iba a ilusionar con que ya había encontrado a su hijo. Estuvo diez años para conseguir que la familia del menor que había sido dejado en el Hospital Norte aceptara hacerle un ADN. Dio negativo. “Tuve que empezar la búsqueda de nuevo.”

A raíz de una investigación que realizaron el periodista Roger Rodríguez y el político Rafael Michelini dieron con un ex policía que era quien adoptó a Simón. “Estoy convencida de que ese señor sabía que era un bebé robado”, afirma Sara y agrega: “Michelini habló con el ex policía y éste le dijo que iba a contarle a Simón sobre su adopción y que lo buscaba su madre”. Simón, con 25 años, se hizo el ADN y se reencontró con su madre.

–¿Cómo fue ese momento?

–Mi vida era la búsqueda. Yo me encontré a un hijo que ya era un adulto. Cuando lo encontré cambió todo para mí. Viajo cada dos meses, o viaja él. El tuvo resistencia a asumir la historia.

El caso del secuestro de Simón está comprendido en la Ley de Caducidad, una norma que impide el juzgamiento de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Hoy el oficialismo uruguayo impulsa un proyecto en el Congreso para interpretar algunos artículos de la norma. “Todavía no se avanzó en nada. El proyecto de ley no lo conoce la ciudadanía”, afirmó Sara. Y destacó el rol del centroizquierda. “Con los gobiernos blanco y colorado toda causa quedaba comprendida en la Ley de Caducidad. Desde que asumió el Frente Amplio comenzaron los procesamientos a los militares.”

Mercedes López San Miguel

Fuente: Página 12

Once militares chilenos y tres uruguayos fueron condenados este viernes en primera instancia por los delitos de asociación ilícita, secuestro y posterior homicidio en Uruguay del químico Eugenio Berríos, ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet.

"Es sin duda un fallo histórico porque de una u otra manera viene a cerrar un capítulo de la transición democrática chilena", dijo a IPS el periodista Jorge Molina Sanhueza, autor del libro "Crimen Imperfecto. Historia del químico DINA Eugenio Berríos y la muerte de Eduardo Frei Montalva", publicado en 2002.

"En el caso Berríos de alguna u otra manera confluye todo el accionar de una época. Es como si nosotros quisiéramos hablar por antonomasia de todo el poder en las sombras de la dictadura militar", señaló.

"Constituye todo eso: robos de identidades, pagos clandestinos, homicidios, encubrimientos, redes de protección", agregó.

Berríos fue un químico que trabajó en la fabricación de armas letales, como el gas sarín, a las órdenes de la hoy desaparecida DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), el primer cuerpo represivo de la dictadura de Pinochet (1973-1990).

El fallo de primera instancia del juez Alejandro Madrid confirmó que Berríos fue secuestrado y asesinado por militares en servicio activo de Chile y de Uruguay, en lo que se considera uno de los últimos episodios del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América en las décadas del 70 y 80, organizado con el aval de Estados Unidos.

Lo particular del asesinato de Berríos es que se perpetró cuando ya Uruguay y Chile habían recuperado la democracia y Pinochet, fallecido en 2006, ostentaba el cargo de comandante en jefe del ejército.

El dictamen de Madrid indica que los militares "se apartaron de las funciones propias de sus cargos, formando una organización paralela a la estructura regular".

Disponiendo de recursos económicos, sostiene el fallo, los uniformados chilenos establecieron "vínculos con militares extranjeros a los que invitan a participar en esta organización delictiva, quienes en algunos casos actúan directamente, y, en otros, colaboran en la perpetración de delitos".

La pena más alta, de 10 años y un día como autor del secuestro con homicidio de Berríos, la recibió el oficial retirado del ejército chileno Arturo Silva Valdés. Por asociación ilícita, en tanto, fue condenado a tres años y un día.

Jaime Torres, Manuel Provis, Raúl Lillo y el general retirado Hernán Ramírez, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE), fueron sentenciados a cinco años y un día por secuestro, y a tres años y un día por asociación ilícita, excepto Lillo quien obtuvo 100 días por este último delito.

También fueron condenados por secuestro Eugenio Covarrubias, Pablo Rodríguez, Marcelo Sandoval y Nelson Román, quienes recibieron tres años y un día de pena. Por asociación ilícita el primero recibió 541 días y los tres restantes 60 días.

Como cómplice de secuestro fue sentenciado a tres años y un día Manuel Pérez, con el beneficio de la libertad vigilada. El ex fiscal militar Fernando Torres Silva recibió una pena de tres años y un día por asociación ilícita.

Los militares uruguayos extraditados en 2006, el coronel retirado Tomás Casella y el teniente coronel Eduardo Radaelli, fueron condenados a cinco años y un día como autores de secuestro, sin beneficios. El primero recibió, además, tres años y un día por asociación ilícita y el segundo 61 días por ese mismo delito.

El juez Madrid condenó a coronel Wellington Sarli, también uruguayo, a tres años y un día por su responsabilidad en el secuestro de Berríos y a 60 días por asociación ilícita, con el beneficio de la libertad vigilada.

Todas las condenas se suman. Sin embargo, ya la defensa de los militares uruguayos dijo que esta sentencia será apelada ante un tribunal de segunda instancia.

Otras cinco personas fueron absueltas por el juez Madrid, quien debió recibir protección policial en julio de 2009 durante las audiencias públicas del caso, tras sufrir extraños llamados telefónicos y que desconocidos vigilaran su casa.

En 1991, un año después de la recuperación de la democracia en Chile, el científico Berríos fue sacado clandestinamente del país hacia Argentina y luego retenido en Uruguay, donde estuvo custodiado por militares de ese país y chilenos. El objetivo de la operación de inteligencia militar fue evitar que Berríos declarara en el juicio por el caso de Orlando Letelier, el ex canciller del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973) asesinado en un atentado con explosivos en 1976 en Washington.

La última vez que se vio con vida a Berríos fue el 15 de noviembre de 1992, cuando acudió a una comisaría del balneario de Parque del Plata, cercano a Montevideo, a denunciar que había sido secuestrado. De ahí fue retirado por Casella y Radaelli.

El cadáver de Berríos, con impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en 1995 en la playa El Pinar, vecina de Parque del Plata.

El homicidio de Berríos también está relacionado con la muerte del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien falleció en 1982 por una extraña septicemia después de una operación rutinaria, caso que también es investigado por el juez Madrid.

El fallo tendrá impacto en el caso Frei "en la medida en que las Cortes (de Apelaciones y Suprema, en segunda y última instancia) confirmen el accionar del juez" Madrid, indicó Molina Sanhueza, quien hoy trabaja en el diario electrónico El Mostrador.

"Gracias a Berríos, el ministro Madrid descubrió el Laboratorio de Guerra Bacteriológico (del ejército), donde se preparaban los venenos que se supone fueron a parar a Frei, se encontró la autopsia de Frei, se pudo conocer el caso de los miristas (integrantes del izquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR) envenenados en la cárcel pública en 1981", recordó.

"Es algo positivo que se haya condenado a los procesados, toda vez que es la única forma de reparar el mal causado no solamente a los familiares, a quienes represento, sino que también a la sociedad chilena", dijo por su parte a la radio Cooperativa el abogado de los parientes de Berríos, Thomas Ehrenfeld.

Pese al tiempo que ha pasado, saludamos el fallo porque indica que la justicia chilena no está aplicando la prescripción en casos de violaciones a los derechos humanos, comentó a IPS Leonardo Aravena, abogado de la no gubernamental organización humanitaria Amnistía Internacional, capítulo chileno.

Los condenados también fueron sentenciados a pagar millonarias indemnizaciones a los querellantes.

Daniela Estrada

Fuente: IPS

Sara Méndez y Mónica Soliño Platera fueron secuestradas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo. Narraron la muerte de Carlos Santucho y mencionaron a la nuera del poeta Juan Gelman.

Sara Méndez tenía un nombre falso. La secuestraron el 13 de julio de 1976 en la calle Juana Azurduy, del barrio de Belgrano, en un operativo en el que le sacaron a su hijo. Recuperó a Simón en 2002, después de la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sara, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti, durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Volvió a Uruguay en un vuelo clandestino organizado por los militares. En la audiencia de ayer, durante el juicio oral por los crímenes de Orletti, habló de su convicción de la existencia de un segundo vuelo de “compañeros uruguayos” que no sobrevivieron y desaparecieron en ese país. También advirtió sobre la posibilidad de que existan, dijo, “muchos más niños” hijos de ex detenidos argentinos en su país “como acá –agregó– muchos más uruguayos”.

Sara reconoció entre sus secuestradores a los argentinos que actuaron en Orletti, el jefe de la Side, Otto Paladino, y el paramilitar Aníbal Gordon, ambos fallecidos. También a Eduardo Ruffo, uno de los represores acusados en el juicio en el que empezaron a declarar los sobrevivientes uruguayos. Además de Sara, declaró Mónica Soliño Platera, otra uruguaya, militante de la Resistencia Obrera Estudiantil, perseguida en su país y que se instaló en diciembre de 1974 en Buenos Aires, donde trabajó en un comercio tipo bazar de la calle Florida. A Mónica la secuestró el 7 de julio de 1976 un grupo de tareas de tres personas que golpeó la puerta del departamento de una prima.

Ambas hablaron de la presencia y del asesinato de Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, en Orletti. También de Manuela Santucho, la hermana, y de Cristina Navajas de Santucho, la esposa de Carlos. “Esta persona –dijo Mónica–, Carlos Santucho, estaba muy horriblemente mal, empezó a desvariar, gritaba, decía cosas incoherentes. En un momento le dijeron a la hermana que lo tranquilizara, pero ellos lo agarraron, lo ahogaron en un tacho de agua que estaba ahí, y la verdad es que cuando estaba muerto, lo tiraron en una camioneta y no sé qué pasó después con él.” A Carlos, agregó, “le preguntaban por el hermano, incluso después de que lo mataron dijeron: ‘Este no tiene nada que ver, es un contador, siempre trabajó de lo mismo’”. Y Mónica explicó: “Yo tuve toda la sensación de que lo habían llevado para preguntar por el hermano, era una persona mayor”.

A ella le preguntaron si recordaba olores especiales. Dijo que no. Sara, en cambio, habló de esos olores. Tenía los ojos vendados, explicó, pero sentía olor a pus; que era un olor conocido, dijo, y que salía del cuerpo infectado de Santucho. Estaba muy deteriorado por la tortura, era “una llaga viva” que se “arrastraba por el piso delirando”. Los militares, agregó, aseguraron que lo iban a llevar al hospital de Campo de Mayo, pero de pronto hubo movimientos raros, “como que algo iba a pasar”. “Cuando algo malo estaba por suceder encendían dentro del garaje todos los motores de los vehículos. Lo introdujeron en un tambor de agua con la cabeza para abajo y cuando murió dijeron ‘ya está mejor’. Presenciamos el asesinato de una persona que estaba en muy mal estado.”

Mónica había llegado a Orletti a bordo de un camión. Entró por una puerta lateral, donde había una escalera de madera. “A partir de ahí –dijo– siempre estuve vendada, a partir de ahí no pude ver casi nada.” Los interrogatorios se los hacían los militares uruguayos, entre los que mencionó a Manuel Cordero. “Teníamos que estar sentados, con las manos esposadas, nos daban de comer muy esporádicamente, y si nos daban algo eran sobras que a veces hasta venían con puchos.” Alguna vez, cuando pidieron comida, los militares se les quejaron porque, como había aumentado la población del centro clandestino, ya no tenían ni las sobras para darles.

–Pero eso no era un ámbito como una cárcel, era una locura –dijo Mónica en un momento.

–¿Por qué? –preguntó el fiscal.

–Miles de veces se escuchaban gritos, fiestas... No fiestas, comilonas.

Mónica y Sara viajaron a Uruguay en lo que se conoce como el primer vuelo clandestino, un vuelo organizado por los represores para simular luego una detención en el país oriental. Salieron desde lo que les pareció un aeropuerto militar, explicó Mónica, los trasladaron primero al edificio de Inteligencia de Defensa (SID), en el bulevar Artigas, y luego pasaron quince días en una casa, divididos en dos grupos. En la casa, donde eran sometidos a interrogatorios, supo que había una parturienta y luego explicó que escuchaba el sonido de un bebé. Cuando le preguntaron de quién se trataba, Mónica dijo que creía que era la nuera del poeta de Juan Gelman. Sara lo confirmó: sabían que eran unos argentinos, explicó, que cuando habían pasado en la SID un médico asistió a una persona con síntomas de parto, que la llevaron al Hospital Militar y que con el tiempo, dijo, “supimos” que era María Claudia Irureta Goyena de Gelman.

Sara habló además de un segundo vuelo: “Tenemos la convicción –dijo– de que muchos de estos compañeros fueron llevados a Uruguay en un segundo vuelo y que desaparecieron en Uruguay y no en Argentina: que existió un secuestro masivo de uruguayos”.

Alejandra Dandan

Fuente: Página 12

El juez federal Daniel Rafecas procesó, con prisión preventiva, al ex agente de inteligencia Miguel Angel Furci, quien actuaba en el centro clandestino de detención conocido como "Automtores Orletti". Le imputó alrededor de siete decenas de secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura militar. El enjuiciamiento se da en el marco del juicio contra otros seis represores que comenzó ayer.

La medida alcanzó al ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci a quien el magistrado responsabilizó por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 67 víctimas -en su mayoría uruguayos- que permanecieron cautivas en ese centro de detención, base de la SIDE y del Plan Cóndor, como se conoció a los operativos conjuntos de dictaduras latinoamericanas para eliminar a opositores políticos.

El procesamiento de Furci se dictó horas antes del inicio del juicio oral y público contra otros seis represores que actuaron en Automotores Orletti que comenzará hoy y llevará adelante el Tribunal Oral en lo Federal Uno en el que están imputados, entre otros, Raúl Guglielminetti.

Rafecas tomó la medida en la "megacusa" en la que investiga violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que fue reabierta, al igual que la "causa ESMA", tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Furci adquirió notoriedad raíz de comprobarse la apropiación de la niña Mariana Zaffaroni Islas, de un año y medio, hija de los ciudadanos uruguayos María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, ambos detenidos en "Orletti" y actualmente desaparecidos; hecho por el cual el represor ya fue condenado.

La detención de Furci, indicaron los informantes, se suma a otros seis detenidos por "Orletti" respecto de quienes el juez dispuso la elevación a juicio de la causa, radicada actualmente ante el mismo Tribunal Oral que hoy comenzará a juzgar a Guglielminetti, quien actuaba bajo el apodo "Guastavino"; junto a Eduardo Alfredo Ruffo, alias "Capitán" o "Zapato", entre otros.

"En la causa focalizada en los sucesos que tuvieron lugar en ´Orletti´, el juez Rafecas desde el año 2006 se encuentra a la espera de la extradición solicitada a la República Oriental del Uruguay de militares uruguayos que prestaron servicios en ese centro" señalaron las fuentes.

En esa oportunidad el magistrado solicitó la extradición de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Ramas Pereira, Ricardo Medina Blanco, José Arab Fernández, Gilberto Vázquez Bisio, Luis Maurente Mata y Ernesto Soca Prado quienes revistaban en el Servicio de Información de Defensa uruguayo y en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Fuente: La República

Empezó ayer el juicio a cinco represores acusados por delitos de lesa humanidad en Automotores Orletti

El general retirado Eduardo Cabanillas, el coronel retirado Rubén Visuara y los ex agentes de la SIDE Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz están acusados de imposición de tormentos y homicidios en 65 casos.

Rubén Visuara llegó a la Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py con una bufanda que le cubría la cara, como si de esa forma pudiese evitar los flashes que lo retrataban sentado en el banquillo de los acusados. Visuara es uno de los cinco represores que comenzaron a ser juzgados ayer por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, el destino de los detenidos-desaparecidos del Plan Cóndor. Junto a él estaban su antecesor como titular de la División de Operaciones Tácticas de la SIDE, Eduardo Cabanillas; y los agentes civiles Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo y Honorio Martínez Ruiz. Todos ellos están acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado contra 65 víctimas de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Se leyó el requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Federico Delgado, en el que sostiene que Orletti no estaba conducido por “una horda desbocada”, sino que se trató de un “enclave del terror” donde todo estaba “calculado y planificado”. Rodolfo Yanzón, abogado querellante, en diálogo con Página/12, dijo tener “buenas expectativas” de que los imputados reciban “penas ejemplares” y aseguró que “para antes de fin de año” debería haber un veredicto.

En Orletti, ubicado en el barrio de Floresta, estuvieron detenidos, entre otros, Marcelo Gelman, hijo del escritor Juan Gelman; Carlos Santucho, hermano del dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Mario Santucho, y los actores Luis Brandoni y Marta Bianchi. En su requerimiento, el fiscal Delgado aseveró que se trataba de un “enclave del terror” que no era conducido por “una horda desbocada”, sino “algo calculado y planificado que convertía a todos en condenados a muerte, donde reinaba la cultura de la crueldad, la corrupción degradante de poder sin límites”. Al igual que el juez federal Daniel Rafecas en su momento, cuando condujo la investigación del caso, Delgado comparó este centro clandestino con los campos de concentración del nazismo.

Los cinco imputados llegaron a la sala del subsuelo de Comodoro Py poco después de las diez de la mañana, el horario anunciado para el comienzo del juicio, que se retrasó cerca de una hora. Con dos cuartos intermedios, la lectura del requerimiento se estiró hasta bien entrada la tarde. Además del coronel retirado Visuara y el general retirado Cabanillas y los agentes civiles de inteligencia Guglielminetti, Ruffo y Martínez Ruiz, había un sexto imputado en la causa, el vicecomodoro Néstor Guillamondegui, pero “fue declarado inhábil para afrontar el juicio”, tal como determinaron los peritos oficiales. De todas formas, la Justicia decidió que se le realicen “exámenes periódicos” para determinar cuándo será capaz de ser juzgado.

La bufanda no fue el único recurso que intentó Visuara para evitar los flashes molestos. Antes de la lectura del dictamen de Delgado, su defensor pidió permiso al tribunal para que el represor no esté presente en aquellas audiencias en las que no sea imprescindible. Los otros cuatro acusados adhirieron a la solicitud, que el presidente del Tribunal Oral Federal 1, Jorge Gettas, aceptó estudiar y resolver “oportunamente”. De todas formas, les recordó que es obligatorio que los acusados estén presentes en las lecturas del requerimiento, la acusación, las indagatorias, alegatos y el veredicto, por lo que el juicio continuó sin más interrupciones y con los cinco represores escuchando un repaso por su labor en Automotores Orletti, a medida que se desplegaba el requerimiento del fiscal. El TOF 1, integrado por los jueces Gettas, Adrián Grunberg y Oscar Almirante, prevé escuchar más de cien testimonios no sólo de sobrevivientes argentinos, sino también provenientes de países limítrofes, ya que por ese centro clandestino pasaron los detenidos en el marco del Plan Cóndor, de coordinación de fuerzas represivas de toda la región.

“Tenemos buenas expectativas. Es un tribunal serio, con jueces capacitados para llevar adelante un juicio de estas características –confió Rodolfo Yanzón–. Contamos con un fiscal que también es una garantía. Los cinco sometidos a este juicio van a recibir altas condenas.” De todas formas, Yanzón aclaró que “tenemos un juicio por 65 víctimas cuando sabemos que por Orletti pasaron cientos, y con cinco imputados cuando los criminales fueron muchos más”. Hecha esta salvedad, se manifestó “muy optimista” y asegura que “antes de fin de año” debería conocerse el veredicto.

El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, que estuvo presente en el comienzo del juicio –aunque se retiró pronto–, consideró que el inicio de este proceso, junto al que investiga la Masacre de Margarita Belén (ver aparte), representan “otro paso gigantesco en la búsqueda de la Verdad y la Justicia” que volvió a tomar impulso con “la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”. El funcionario hizo un repaso sobre la situación de los casos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y recordó que “mil doscientos militares ya fueron imputados, más de un centenar ya fueron juzgados y condenados y quinientos centros clandestinos de detención fueron reconocidos, en tanto ahora se avanza también en el juzgamiento de cómplices civiles” de la represión. “La reapertura de los juicios a los genocidas de la última dictadura volvió a convertir a la Argentina en un modelo mundial en materia de derechos humanos”, concluyó.

Nicolás Lantos

Fuente: Página 12

Los coroneles (r) Ernesto Ramas y Carlos Calcagno comparecieron ayer ante la Justicia en dos causas distintas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) y ambos confirmaron su participación en operativos fuera de territorio uruguayo. Sin embargo, en ambos casos los militares afirmaron que dichos operativos tenían un mismo objetivo: recuperar la bandera de los 33 Orientales.

El juez penal de 20º Turno, Alejandro Guido, concurrió ayer al hospital militar para tomarle declaración a Ramas en el marco de la indagatoria por la sustracción y secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien, en 1976, tras el operativo por el cual se procedió a la detención en Argentina y posterior traslado ilegal hacia Uruguay de sus padres, Roger Julien y Victoria Grisonas, hoy desaparecidos.

El militar reconoció ante el magistrado y la fiscal Adriana Costa la existencia de una coordinación entre los distintos organismos del Estado (SID, OCOA y la DNII) en el combate a los opositores al régimen, pero marcó diferencias en el accionar de cada uno. En este sentido, Ramas aseguró ante el magistrado que "el OCOA nunca detuvo a niños o mujeres embarazadas", en un intento de separar su accionar con los operativos del SID, indicaron fuentes judiciales a La República.

El militar admitió haber viajado a la República Argentina "en un par de oportunidades" para participar en misiones especialmente asignadas. Sin embargo, Ramas deslindó las mismas con cualquier accionar represivo y las circunscribió a la búsqueda de la bandera de los 33 Orientales, hurtada tiempo antes por el OPR-33. Incluso, aseveró haber negociado la entrega de la bandera con un integrante del PVP, "pero al final no pudo localizarla", señalaron las fuentes.

El testimonio de Ramas pasaría desapercibido de no ser porque a la misma hora en el Juzgado Penal de Bartolomé Mitre y Buenos Aires, el coronel (r) Carlos Calcagno utilizaba el mismo argumento para legitimar su viaje a Paraguay, donde habría participado en el secuestro y traslado clandestino de dos militantes del PVP en 1977.

Calcagno compareció ante la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Mirtha Guianze para declarar sobre su presunta responsabilidad en el secuestro de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana durante un operativo conjunto de las fuerzas represivas uruguayas, argentinas y paraguayas, en el marco del "Plan Cóndor".

El militar reconoció haber viajado a Paraguay con el objetivo de interrogar a los detenidos, pero con el único objetivo de recuperar la bandera de los 33 Orientales, organización de la cual Inzaurralde y Santana habían sido integrantes. Calcagno, en tanto, deslindó su responsabilidad en el destino final de ambos militantes de izquierda.

"El testimonio de Calcagno fue similar al de la mayoría de los militares en causas por violaciones a los derechos humanos, negación total de los hechos, aun con pruebas contundentes en su contra", indicaron otras fuentes. En este sentido, Calcagno aseguró que los documentos hallados en el "Archivo del Terror" que lo involucran en el operativo contra Inzaurralde y Santana fueron un intento de "embagayarlo", dijeron las fuentes.

Fuente: La República

Foto: Leo La Valle/Efe

El momento le llegó pero se mantuvo en sus trece. No dijo nada que pudiera comprometerlo. Es más, sólo se dedicó a escuchar la larga lista de cargos que deberá enfrentar en Argentina por crímenes de lesa humanidad. Hoy de madrugada fue trasladado a un centro asistencial dependiente de las Fuerzas Armadas, donde fue enviado por cualquier eventualidad.

Fue sobre las 8.30 de ayer que el otrora hombre fuerte del Plan Cóndor aterrizó en Aeroparque, en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que todos los días a esa hora llega desde Corrientes. Y a media mañana ya había registrado ingreso a la Secretaría del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, que subroga el juez Norberto Oyarbide. Pero no dijo nada, se limitó a escuchar el requerimiento de la Justicia Federal Argentina que pesa sobre su persona por crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de la coordinación represiva del cono sur.

Respecto a su estado de salud, que lo ayudó a eludir en reiteradas ocasiones su extradición desde Brasil, fuentes de la secretaría del juzgado que entiende en las causas donde es imputado Cordero manifestaron a la agencia Télam que “está lúcido pero se lo ve como un hombre muy mayor y el juez decidió hospitalizarlo hasta que los exámenes cardiológicos ordenados permitan saber su verdadera condición de salud y determinar mejor dónde permanecerá detenido”. A pesar de su hermetismo, el sindicado como uno de los principales nexos entre las dictaduras del Río de la Plata, a cargo de buena parte de los operativos que realizaban los grupos de tarea uruguayos en Argentina, estuvo en los tribunales hasta las primeras horas de la tarde.

Cordero ingresó a territorio argentino el lunes por la ciudad fronteriza de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, siendo sometido a un chequeo médico para determinar si estaba en condiciones de ser trasladado. Tras el visto bueno de las autoridades sanitarias, Cordero fue examinado nuevamente y remitido a los juzgados, sitos en la calle Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Respecto del lugar donde sería alojado al culminar su comparecencia, varios establecimientos de detención fueron barajados: el penal de Marcos Paz (que cuenta con un pabellón para encausados y procesados por delitos de lesa humanidad, con unidad sanitaria de alta complejidad), como así también la cárcel VIP para represores, ubicada en Campo de Mayo, dependencia del Ejército Argentino. Pero allí tampoco iría Cordero, dado que las 39 plazas disponibles están todas ocupadas, una de ellas por el ex dictador Jorge Rafael Videla. Finalmente, fuentes judiciales confirmaron a la diaria que Cordero estaría alojado en la alcaldía de los tribunales de Comodoro Py hasta entrada la madrugada de hoy, para luego ser trasladado al Hospital Militar Central, en el barrio de Palermo, a fin de examinarlo con detenimiento y diagnosticar de forma precisa su estado de salud.

Siempre según fuentes judiciales, trascendió que Cordero estaría necesitando que se le practique un cateterismo a fin de estabilizar su salud. El propio Oyarbide había enviado una carta a las autoridades judiciales de Brasil para responsabilizarse por la salud del detenido, asegurando que, además de brindarle todas las garantías del debido proceso, se le otorgará atención sanitaria. Su mal estado de salud, fue el argumento que hasta último momento utilizaron el represor y su abogado defensor para demorar su extradición.

De esta forma, el ex represor uruguayo ingresa al imponente escenario judicial que se presenta en la Argentina por estos días, ya que las megacausas “ESMA” y “Plan Cóndor” se activarán tras el receso impuesto por la feria judicial. Ambas podrían ser llevadas a juicio oral este mismo año. La comisión de Derechos Humanos de Uruguayos en Argentina recorrió ayer los despachos judiciales por los que Cordero se habituará a transitar, al menos en las próximas semanas, a los efectos de acceder a información de primera mano sobre el trámite de la causa y para reclamar que su detención se cumpla bajo estrictas medidas de seguridad.

Maximiliano Perel
desde Buenos Aires, Argentina

Fuente: La Diaria

La Justicia dispuso la extradición hacia Argentina de cinco militares y un policía por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. El fallo se inserta dentro de la causa "Automotores Orletti", la cual se indaga en ese país. La defensa apelará la resolución.

El juez Penal de 5º Turno, Daniel Tapie, concedió el pasado miércoles la extradición de los militares José Nino Gavazzo, Jorge "Pajarito" Silveira, José Arab, Gilberto Vázquez y Ernesto Ramas, y del jerarca policial Ricardo "Conejo" Medina hacia la República Argentina para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el advenimiento del "Plan Cóndor".

La resolución del magistrado no ingresa en valoración sobre "el fondo" del litigio, por cuanto el mismo no corresponde en los procesos extraditorios, aunque deja constancia sobre su rechazo a la consideración de la Ley de Caducidad como "una ley de aministía", tal cual pregonaron las defensas de los militares.

La requisitoria del juez en lo Criminal y Correccional Nº 3, Daniel Rafecas, se enmarca en la investigación "de las privaciones ilegales de la libertad, la aplicación de tormentos de sesenta y cinco personas" que luego de ser ilegalmente detenidas fueron alojadas en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti". Asimismo, la solicitud de extradición comprende "como objeto procesal" los homicidios de Ricardo Alberto Gaya, Gustavo Gaya, Ana María del Carmen Pérez, Marcelo Ariel Gelman Schubaroff y Dardo Albeano Zelarrayán, todos considerados de "lesa humanidad" por el magistrado requiriente. En este sentido, el juez Rafecas consideró que "Automotores Orletti" funcionó como un centro clandestino de detención subordinado al Ejército argentino, en el cual se actuó "en forma conjunta" con oficiales uruguayos pertenecientes al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y al Servicio de Inteligencia de Defensa (SID). El magistrado estimó que "no corresponde" en el marco de un proceso de Extradición ­proceso jurisdiccional y no judicial­ ingresar "al tratamiento o valoración de la prueba que motivare la iniciación de un proceso penal en el estado requirente", lo cual "excedería y violentaría" la naturaleza jurídica de los procesos extraditorios. Para Tapie, la ley de Caducidad, "desde que establece excepciones y aún la posibilidad de investigar en las condiciones y por los conductos en ella establecidos, no es ni absoluta ni irrestricta, ni incondicional o ilimitada; y por tanto no olvida, no borra ni vuelve hacia el pasado destruyendo hasta la primera huella del mal", expresa la sentencia. En cuanto a la prescripción, entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985 "nuestro país vivió un régimen de excepción (...) consolidando una dictadura cívico-militar", período en el cual "no rigió" el Estado de Derecho, "suspendieron las garantías individuales, no imperaban ni el derecho ni la ley", entre otras cosas. "La realidad no era diferente en Argentina", dice el fallo. Además, la requisitoria del juez Rafecas fue concebida bajo el imperativo de la normativa internacional, por lo cual, más allá de "planteos doctrinarios o jurisprudenciales (...) existe un dato extraído de la realidad que no puede soslayarse y es el interés claramente decidido y contundente que demuestra la comunidad internacional en no tolerar el no castigo o la impunidad de los agentes de crímenes contra la humanidad". En su requisitoria internacional, el juez Daniel Rafecas realiza una descripción pormenorizada de los crímenes atribuidos a los militares y policías uruguayos, así como del contexto general de la época.

En este sentido, dice el magistrado: "al instaurarse el gobierno de facto entre los años 1976 y 1983, se impuso un plan sistemático de represión ilegal, que, motivado por una ideología afín a la sostenida por el gobierno nacionalsocialista de Alemania de las décadas del 30 y 40 del siglo XX, implementó una mecánica de funcionamiento en el cual ­con el objeto de lograr la supuesta reorganización de la nación­ se utilizaron medios como la detención de personas que generalmente eran trasladadas a centros de detención clandestinos creados específicamente para ello; los interrogatorios mediante tortura de los apresados a los efectos de obtener información que pudiera servir a la convalidación y 'agilización' del régimen, la aplicación de torturas, y la práctica usual de la eliminación de personas".

Fuente: La República

Foto: Hortensia V.

Histórico fallo

El juez se pronunció en la megacausa denominada "Plan Cóndor"

La Justicia condenó ayer a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría a ocho militares con activa participación en la represión dictatorial, por el homicidio de 28 personas. Veinticuatro años después de reinstaurada la democracia se concreta la primera condena.

Mauricio Pérez

El juez penal de 19º Turno, Luis Charles, dispuso ayer la condena de ocho militares y policías vinculados con la represión de la dictadura cívico-militar, como autores responsables de veintiocho (28) delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real.

El magistrado condenó a los ocho represores a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría por el secuestro y traslado clandestino al Uruguay del militante del PVP Adalberto Soba Fernández y otros 27 uruguayos, víctimas de la coordinación represiva denominada "Plan Cóndor", en la conocida megacausa "Segundo Vuelo" de Automotores Orletti.

La sentencia emitida ayer por el juez Charles dispone la condena por primera vez en la historia de militares y policías vinculados con el régimen dictatorial uruguayo. El histórico fallo se concreta 24 años después de reinstaurada la democracia en Uruguay, y 35 años después del golpe de Estado encabezado por Juan María Bordaberry, en junio de 1973.

En este sentido, Charles dispuso la condena de los militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge "Pajarito" Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez a una pena de 25 años de penitenciaría; al tiempo que para el coronel (r) Luis Maurente y los ex jerarcas policiales Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima la pena dispuesta es de 20 años.

La sentencia del magistrado responde al homicidio "en el marco del terrorismo de Estado" de los militantes de izquierda Adalberto Soba Fernández, Alberto Mechoso Méndez, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Juan Pablo Recagno, Washington Queiró, Walner Bentancour Garín, Carlos Rodríguez, Julio Rodríguez Rodríguez, Rubén Prieto, Juan Pablo Errandonea, Raúl Tejera, Mario Cruz Bonfiglio, Armando Bernando Arnone, Washington Cram, Cecilia Trías, Segundo Chejenian, Graciela Da Silveira, Victoria Grisonas, Roger Julien, Maria Emilia Islas, Jorge Zaffaroni, Josefina Keim, Juan Miguel Morales, Ary Cabrera, León Duarte y Gerardo Gatti.

El fallo reconstruye el secuestro en Buenos Aires de las 28 víctimas por las cuales se condena a los militares, en especial por los casos de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, y sus pasajes por distintos centros ilegales de detención en Argentina y Uruguay.

Plan Cóndor

La sentencia del juez Luis Charles recuerda que los hechos denunciados, el secuestro y traslado ilegítimo al Uruguay de 28 personas, se encuadran dentro del "período dictatorial cívico-militar, comprendido entre los años 1973-1985 y responden a la coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de hecho que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay", en el denominado "Plan Cóndor".

El objetivo central del "Cóndor" era "el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región".

En este sentido, "los encausados configuraron un grupo que operó al margen del control jurisdiccional de cualquier tipo, dentro y fuera del territorio de la República, sin sujetarse a manuales de procedimiento ni regla alguna, en operaciones coordinadas tendientes al mismo fin, ya que en forma organizada y con carácter estable, se concertaron para emprender un accionamiento común de carácter ilícito", expresa el fallo del juez Charles, al cual accedió LA REPUBLICA.

Los represores encausados "actuaron dentro del contexto de coordinación operacional" de los gobiernos de la región. Pese a pertenecer "a diferentes dependencias del Ministerio de Defensa Nacional", como el Servicio de Información de Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de las Operaciones Antisubversivas (OCOA), "los unía el desprecio por la vida de aquellos que consideraban sus enemigos y entonces como manos ejecutoras del terrorismo de Estado, vulneraron no sólo manuales de procedimientos, lo que poco importaría, sino fundamentalmente derechos inherentes a la persona humana, utilizando para ello métodos degradantes", señala.

La demostración tácita del accionar ilícito del grupo de represores uruguayos en Argentina se desprende de las palabras del propio coronel (r) Gilberto Vázquez ante la propia Sede. La actividad de los uruguayos en el centro clandestino de detención y torturas "Automotores Orletti" "estaba asociada a la de Aníbal Gordon, quien lideraba la conexión argentina, sin ni siquiera integrar los cuadros militares o policiales de dicho país", señala Charles de palabras del represor. "De ahí (Automotores Orletti) no sobrevivía nadie", dijo Vázquez al magistrado.

"En suma, los encausados constituyeron un grupo que actuó en un teatro de operaciones que no reconocía fronteras ni nacionalidades de las víctimas, con plenos poderes, pues no sólo no se sujetaban a reglas del derecho positivo, sino tampoco morales o éticas, por lo que son ahora responsabilizados", refiere la sentencia.

Crímenes aberrantes

Los ocho represores condenados por la Justicia actuaban "siempre dentro de la más absoluta clandestinidad, valiéndose de la superioridad de la fuerza y sin ningún apego al orden jurídico". "Los encausados vestían de particular en las operaciones cumplidas, no lucían ningún signo distintivo de la dependencia militar a la que pertenecían, no se identificaban y utilizaban vehículos no oficiales para los traslados", dice el fallo del magistrado.

La metodología de detención y secuestro respondía al uso de agresividad psico-física, también registrada en los interrogatorios, al encapuchamiento de las víctimas para no ser reconocidos y la no utilización de sus nombres, "sino claves" durante los operativos, agrega el juez.

"Las detenciones se cumplían en centros clandestinos como OT 18 (Automotores Orletti), las personas se hallaban aisladas sin ningún contacto con el exterior, sometidas a las más aberrantes formas de degradación en su condición de personas humanas", expresa.

Pruebas contundentes

"Ninguno de los enjuiciados actuó en el marco de sus atribuciones funcionales estrictas" y "tampoco consta en ninguna parte que hayan recibido una orden de sus superiores jerárquicos para privar de libertad, torturar, trasladar y dar muerte a los detenidos", señala el magistrado.

Sin embargo, y pese a que los militares "traspasaron hasta límites inconcebibles el 'riesgo permitido', resultando sus ensayos defensivos de pretender responsabilizar exclusivamente a otros, específicamente los militares argentinos, carente de veracidad conforme los importantes elementos que los incriminan, teniendo en cuenta especialmente que viajaban regularmente a Buenos Aires".

"El propósito de dividir las declaraciones" de distintos testigos en distintas instancias de expedientes sustanciados en Uruguay y Argentina realizado por las respectivas defensas de los encausados, "de atribuirles intenciones de realizar comparaciones e incluso de descalificarlas por corresponder a personas que integraban grupos armados y que habrían tenido mucho tiempo para prepararlas, colide con el muy sólido material probatorio reunido", expresa Charles.

"Los testimonios vertidos en autos, por denunciantes y testigos, han sido contundentes ya que en ningún momento resultaron dubitativos, sino claramente aseverativos; minuciosos en cuanto a los detalles relativos a la forma de comisión de los hechos y armónicos con los demás elementos de convicción existentes", dice la sentencia. La prueba contra los ocho represores es "contundente".

El proceso judicial liderado por el juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze contó con el testimonio de 107 personas como testigos e indagados, 19 careos entre los hoy condenados y militares partícipes del régimen dictatorial con víctimas de la represión, además de innumerables pruebas documentales, como el informe de la Fuerza Aérea (8 de agosto de 2005), en el cual "se reconoció la existencia de dos vuelos clandestinos con detenidos uruguayos trasladados desde Buenos Aires a nuestro país con fechas 24 de julio y 5 de octubre de 1976".

Hechos agravantes

La responsabilidad de los militares se vio agravada por dos motivos: "haberse cometido los hechos de autos con graves sevicias; y después de haberse cometido otros delitos para asegurar el resultado o para ocultar el delito, para suprimir los indicios o la prueba, para procurarse la impunidad o procurársela a alguno de los delincuentes".

La primera de las agravantes referenciadas, "se configura claramente pues las víctimas fueron detenidas en forma clandestina y sometidas a distintas formas de degradación en su condición de persona humana, así como a diversas torturas", señala Charles.

La segunda agravante es aleatoria de la primera. "Las muertes producidas respondieron, entre otros, a los propósitos de ocultar las privaciones ilegítimas de libertad y los apremios psico-físicos practicados a las víctimas, llegándose al extremo que décadas después de finalizada la dictadura cívico-militar no se han localizado aún los restos de las mismas, salvo dos excepciones", en referencia a los ex militantes del PCU, Fernando Miranda y Ubagesner Chaves Sosa.

Gilberto Vázquez le dijo al juez Charles poco antes de ser notificado "si no me da 25 (años) me enojo", y al ser consultado por la prensa sobre su sentir al recibir una pena de ese calibre respondió: "Es poco".

Fuente: La República

João "Jango" Goulart

Frederick W. Latrash, ex jefe de la CIA en Uruguay en 1976 y actual asesor del candidato presidencial en Estados Unidos y senador del Partido Republicano John McCain, fue vinculado con el asesinato del ex presidente de Brasil João Goulart.

La gravísima denuncia fue formulada por un hijo del ex mandatario, João Vicente Goulart, quien aseguró que Latrash participó en la conspiración para matar a su padre durante su exilio y fue quien trasladó el veneno que acabó con su vida.

La existencia de un complot contra Goulart fue confiada en 2002 al periodista de La República, Roger Rodríguez, por el ex agente de inteligencia uruguayo Mario Barreiro Neira (alias Teniente Tamuz), quien ratificó su testimonio ante la Comisión Parlamentaria Investigadora de la Asamblea Legislativa de Porto Alegre y frente a la Secretaría Especial de Derechos Humanos del gobierno de Lula.

La República además confirmó que el asesinato de "Jango" se planificó en Montevideo a mediados de 1976, durante una reunión a la cual asistieron el general Luis Queirolo, otro coronel uruguayo, el represor del DOPS brasileño Sergio Paranhos Fleury y el agente de la CIA Frederich W. Latrash. Mario Barreiro afirmó que a Goulart se le hizo un cambio de pastillas en un medicamento para provocarle el infarto que lo mató. El cambio se hizo en frascos que alteraron en sus estancias de Maldonado (Uruguay) y Mercedes (Corrientes) como en el Hotel Liberty de Buenos Aires, donde también se alojara Goulart.

Según dijo a la agencia Ansa João Vicente Goulart ­hijo del ex presidente­ Latrash, un asesor y compañero de armas del senador John McCain "participó de la conspiración para matar al ex presidente João Goulart durante su exilio".

Latrash era "jefe de la oficina de CIA en Uruguay en 1976, donde se acordó eliminar a mi padre", y "fue miembro del gabinete del senador John McCain", el candidato presidencial republicano, precisó Goulart, quien es la voz cantante de la familia del mandatario depuesto por un golpe de Estado en 1964.

El 6 de diciembre de 1976, un mes después de la reunión secreta entre el jefe de la CIA y agentes brasileños en Uruguay, João Goulart fallecía tras sufrir un paro cardíaco en una estancia de la provincia de Corrientes, noreste argentino, frontera con Brasil. La presunción de la familia Goulart y de una comisión investigadora de la Legislatura de Rio Grande do Sul es que no fue una muerte natural sino un envenenamiento urdido en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de los regímenes militares sudamericanos en los 70.

Su padre ingirió supuestamente una sustancia letal a base de "cloruro de potasio o de sodio, que hace subir la presión arterial hasta producir un derrame", y pasadas 48 horas del deceso es imposible hallar rastros de ella en el cadáver.

El colaborador de John McCain, Frederick Latrash, fue quien llevó a Montevideo el compuesto que agentes secretos colocaron en un pastillero del ex gobernante "Jango" Goulart.

El plan para eliminar a Goulart "en un primer momento se denominó Operación Escorpión y en él se involucraron Uruguay, Brasil y Estados Unidos", aseguró João Vicente Goulart. Con todo, planteó, los elementos que relacionan al ex jefe de la Oficina de la CIA en Montevido, Latrash, con el supuesto crimen de diciembre de 1976, no son los únicos que involucran a ese agente con el Plan Cóndor y la desestabilización de gobiernos latinoamericanos.

¿QUIEN ES LATRASH?

Frederick W. Latrash, es uno de los agentes de mayor actividad en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana. Estuvo destacado en los Marines entre 1942 y 1946. Ingresó al Servicio de Inteligencia Naval en 1948. En 1954 fue destinado a Guatemala y participó en el golpe de Estado contra Castillo Armas. Realizó trabajos de desestabilización en Amman, El Cairo, Caracas y Panamá. Entre 1967 y 1971 estuvo en Akkra, República de Ghana, para ayudar a derrocar al presidente Kwame Nkrumah. En mayo de 1971 fue asignado a Chile donde también actuó en el golpe de Estado contra Salvador Allende. En 1976 era jefe de la estación de la CIA en Montevideo y protagonizó un incidente con el coronel José Fons y el mayor José Nino Gavazzo del SID uruguayo, cuando ambos se quejaron de la enmienda propuesta por el congresista demócrata Edward Koch para suspender la ayuda militar a la dictadura de Uruguay por sus violaciones a los derechos humanos. Habría surgido entonces un plan para asesinar a Koch que el propio Gavazzo iba a realizar. El antecedente determinó que Estados Unidos no aceptara a Gavazzo como agregado militar.

Actualmente viviría en Florida (Estados Unidos), cobijado por algún programa de protección a testigos.

Fuente: La República

La Justicia ratificó, en segunda instancia, la extradición de seis represores uruguayos a la República Argentina, con vistas a ser juzgados por los crímenes del "Plan Cóndor". El Tribunal, sin embargo, no privó a la Justicia argentina de imputar "asociación para delinquir".


El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno ratificó la extradición de los militares José Arab, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Jorge Silveira y José Nino Gavazzo y del ex jerarca policial Ricardo Medina a Argentina, con vistas a ser juzgados por los crímenes ocurridos durante la concertación represiva de la "Operación Cóndor".

Los ministros del Tribunal José Balcaldi, Alfredo Gómez Tedeschi y William Corujo confirmaron, de forma unánime, la sentencia en primera instancia del juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, concediendo la extradición de los seis represores, "con una salvedad que lleva ínsita su parcial revocación".

En este sentido, el Tribunal hizo suyo el agravio emitido por la fiscal Ana María Tellechea y concedió la extradición de los seis represores con la posibilidad de que sean juzgados en Argentina por el delito de "asociación para delinquir", lo cual había sido rechazado en primera instancia.

Los ministros entendieron "que todo aquello que sea motivo de debate sobre el fondo de la cuestión litigiosa" no puede resolverse de forma anticipada "en el proceso de extradición", por lo cual a la Justicia uruguaya no le compete ingresar en "el fondo del asunto".

La responsabilidad de la Justicia uruguaya ante un pedido de extradición es examinar si el Estado requiriente tiene jurisdicción, si la demanda es conforme al tratado de extradición entre ambos países y si la misma se acompaña de los documentos exigidos, estimó el ministro William Corujo en su fallo.

"Los tribunales argentinos, en tanto exhortantes, son los competentes para sustanciar y resolver el juicio penal, debiendo los nacionales intervenir al solo efecto de concederlas o denegarlas. No se valora el fondo del asunto sino la verificación de la regularidad", señaló Corujo.

El ministro Gómez Tedeschi expresa una "idéntica" opinión en este punto. "El juez requerido debe analizar el pedido desde el punto de vista formal, sin ingresar al análisis del mérito de la causa", dice la sentencia.

La Sala entendió que "se cumplen en autos las formalidades exigidas por el Tratado de Extradición suscrito entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina", vigente desde el 12 de octubre de 2000, ya que "el Tribunal requiriente tiene jurisdicción para enteder en la causa por los delitos que se le imputan a los requeridos".

Además, los ministros del Tribunal rechazaron el agravio de los militares para evitar la extradición ante la existencia de "presumarios" en Uruguay, por los cuales se investiga el destino final de personas desaparecidas durante la última dictadura.

"Una cosa es que se investigue determinado hecho de apariencia delictiva (en el caso, la desaparición de determinadas personas ocurrida en Argentina en el marco del Plan Cóndor), y otra muy diversa, que una o varias personas estén siendo juzgadas por ello", señala la sentencia.

"La única situación donde efectivamente le asiste razón a los agraviados es en el caso de la desaparición de Adalberto Soba, donde los ahora requeridos están siendo sometidos a proceso criminal". Los seis requeridos ya fueron procesados por "privación de libertad" en el caso de Adalberto Soba, "con lo cual el asunto está laudado", indica la sentencia.

Por esta razón, el Tribunal falló que "la entrega de los reclamados se hará efectiva una vez extinguidas sus responsabilidades penales" en Uruguay y se otorga "un plazo de sesenta días" para que el Estado requiriente exprese "si acepta las condiciones en que se admite la entrega de los requeridos", culmina la sentencia. Los militares tienen la potestad de recurrir el fallo en "casación", ante la Suprema Corte de Justicia.

CASO MARIA CLAUDIA

El pedido de extradición contra los seis represores uruguayos fue librado por el juez federal Guillermo Montenegro, con vistas a juzgarlos por la coordinación represiva entre las dictaduras de América del Sur (Plan Cóndor) y el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman. Las defensas de los militares apelaron la decisión utilizando el argumento de que la causa a juzgar estaba comprendida por la Ley de Caducidad, lo cual fue rechazado en primera y segunda instancia. La deteminación sobre si un hecho ingresa o no "en la caducidad establecida por la ley" es privativa del Poder Ejecutivo, "y si este franqueó el pedido (...) obra, sin hesitación, un pronunciamiento expreso de dicho Poder acerca de tal cuestión". La Sala no puede agregar "nada" en este tema, ya que "carece de potestades para analizar la licitud o no de determinada ley, cuestión que solamente y, dentro del limitado ámbito de la constitucionalidad, le es atribuida a la SCJ", dice la sentencia.

Fuente: La República

Matar a todos

Las venas abiertas de la impunidad

La coordinación represiva que operaba en nuestra región y aun fuera de ella en el marco del Plan Cóndor, fue una de las herramientas de exterminio más devastadoras de las dictaduras del Cono Sur, responsables de la muerte de numerosos opositores políticos refugiados en países de la región.

Hugo Acevedo

Dos de las víctimas más célebres de esa mafia multinacional uniformada fueron los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, brutalmente asesinados en Buenos Aires, en uno de los peores magnicidios que registra la memoria colectiva.

Obviamente, esa maquinaria infernal fue responsable de miles de crímenes y desapariciones, muchos de los cuales permanecen impunes, al ser amparados sus autores por leyes que maniataron a la Justicia.

En abril de 1995, a diez años de la reapertura democrática, fue hallado, en el balneario El Pinar, el cadáver de un ciudadano chileno. El cuerpo presentaba dos balazos en la cabeza.

El asesinado era Eugenio Berríos, un químico trasandino que integró la Dirección de Inteligencia del Ejército de su país, durante la salvaje dictadura encabezada por Augusto Pinochet, quien derrocó al gobierno constitucional del socialista Salvador Allende, en 1973.

El científico, que desarrolló una segunda versión del letal gas sarín, destinada a aniquilar a opositores políticos, fue sacado clandestinamente de Chile en 1991 por integrantes de la inteligencia militar de su país y trasladado a Uruguay.

En nuestro país, donde presuntamente debía refugiarse para eludir las requisitorias de la Justicia trasandina, intentó escapar a sus guardaespaldas captores en el balneario Parque del Plata.

En una operación conjunta de Inteligencia que corroboró que las fuerzas represivas del denominado Plan Cóndor estaban intactas en la región, el cautivo fue secuestrado y asesinado, entre enero y marzo de 1993, fecha que coincide con la visita de Augusto Pinochet a Montevideo, durante la presidencia del nacionalista Luis Alberto Lacalle.

Como se sabe, tres militares uruguayos permanecen presos en Chile, luego que el actual gobierno de Tabaré Vázquez accedió al pedido de extradición de la Justicia trasandina, que había sido reiteradamente negado por las administraciones anteriores.

En "Matar a todos" el cineasta uruguayo Esteban Schroeder ensaya una minuciosa adaptación de "99% muerto", la novela del periodista y escritor Pablo Vierci, con el propósito de arrojar luz sobre el oscuro episodio.

El eje narrativo de este proyecto cinematográfico conjunto entre Uruguay, Chile y Argentina, no gira en torno al personaje del siniestro químico, privilegiando, en cambio, la investigación de su desaparición y posterior asesinato.

Aunque posee un formato de thriller, este es un filme eminentemente político, que explora los diversos entretelones del caso y las connotaciones emergentes de la impunidad con que operaban los servicios secretos, en plena democracia.

No es casual que el personaje central sea la asistente de un magistrado interpretada por Roxana Blanco, hija de un general retirado que, en el pasado, fue una figura clave de la represión.

El relato pone particular énfasis en la conflictiva relación entre la mujer, que estuvo presa y fue torturada durante el gobierno autoritario, el padre y hasta un hermano militar, que está visiblemente implicado en la conspiración.

La incorporación de otros personajes, como el periodista chileno que aporta abundante información a la pesquisa, un ex novio de la protagonista y hasta el indiferente magistrado, coadyuvan también a conformar el complejo rompecabezas de la intriga.

La narración transcurre sin mayores caídas de tensión, un indudable mérito de Shroeder, quien elabora un producto de esmerada calidad cinematográfica, que jamás cede a la tentación de los convencionalismos habituales en el género.

Aunque soslaya todo propósito discursivo, "Matar a todos" es un filme potente, frontal y removedor, que denuncia las devastadoras consecuencias de la coordinación represiva y la por entonces extrema fragilidad de las democracias de la región.

Son realmente muy convincentes las interpretaciones de Roxana Blanco, Walter Reino, César Troncoso y Jorge Bolani, al frente de un reparto multinacional realmente competente, que hasta incluye una breve participación del actor argentino Darío Grandinetti, entre otros.

Aunque no alcanza la intensidad dramática ni la dimensión documental de la novela, "Matar a todos" confirma la plausible evolución del cine nacional, que comienza a ingresar en un tiempo de maduración y mayor compromiso con los temas más urticantes de nuestro pasado reciente.

Fuente: La República