En Cádiz, la fiscalía ha dado orden de investigar las denuncias de los familiares. La Comunidad de Madrid está realizando un estudio estadístico de afectados.

El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid está realizando un estudio estadístico sobre los fallecimientos de bebés que se produjeron en la Maternidad de O'Donnell entre 1961 y 1971 con el objetivo de "ponerlo a disposición" de las personas que creen que sus allegados pudieron ser robados y entregados en adopción a otras familias.

Así consta en una carta que la jefa de Área de Coordinación del Centro Archivo Regional, Nieves Sobrino, dirigió el pasado 13 de diciembre a la Plataforma 'Grupo de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados' y que este colectivo ha entregado este martes al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con el que han mantenido un encuentro.

En la misiva, que los afectados quieren hacer llegar al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la responsable del Archivo Regional destaca que el objetivo de este trabajo es hacer llegar los datos a los afectados y "enviarlo a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para que, a la vista de la información que se haya obtenido, estudien y determinen si existe oportunidad y pertinencia para remitirlo a los órganos judiciales que sean competentes en esta cuestión".

300 denuncias

Sobrino también traslada a la portavoz de la plataforma, Mar Soriano, una fotocopia despersonalizada de la hoja completa en la que se recoge el caso de su hermana, que habría fallecido en enero de 1964 en la antigua Maternidad Provincial de Madrid a causa de una otitis.

En su escrito pone de manifiesto las "dificultades" que tiene la realización de este estudio, que se está realizando "de oficio", aunque asegura que "se ven contrarrestadas por la ilusión del personal que lo lleva a cabo". En este sentido, muestra su compromiso por "establecer mecanismos" para que todas las personas que se encuentren en esta situación -300, según las cifras manejadas por la asociación- "puedan acceder a cuanta información sea posible".

Presas hacinadas con sus hijos en la cárcel de Ventas, Madrid
Foto: EFE

Durante la reunión, que los afectados han calificado de "muy cordial", Zaragoza ha recordado que ha pedido al Ministerio de Justicia la creación de una oficina encargada de coordinar las denuncias por el robo de niños durante el franqusimo hasta principios de los años ochenta, así como la adopción de normas reglamentarias precisas que faciliten la investigación de los hechos en la vía administrativa.

El máximo responsable del Ministerio Público en la Audiencia Nacional mantuvo un encuentro el pasado 22 de noviembre con los afectados, a los que manifestó que este asunto "revestía importantes dificultades técnico-jurídicas" para considerar a la Audiencia Nacional competente en este asunto.

Investigación en Cádiz

La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha dado la orden a los agentes de la Policía Judicial para que investiguen las denuncias sobre casos de niños recién nacidos robados en el franquismo.

Tras recibir a las familias denunciantes, Ángeles Ayuso ha informado a Efe de que se ha dado la orden "después de estudiar durante un periodo largo de tiempo si el supuesto delito había prescrito".

Para ello se ha puesto en contacto con otros casos denunciados en Algeciras y Granada "aunque sigue estando muy dudosa la posibilidad de que hayan prescrito".

Fuentes de la Fiscalía explicaron que, desde el pasado verano y especialmente a raíz de que otros casos similares fueran hechos públicos, la fiscalía de Cádiz ha recibido al menos diez denuncias, en su mayoría referidas a bebés que nacieron en el franquismo "en una horquilla de tiempo bastante amplia" en la antigua residencia sanitaria Fernando Zamacola de Cádiz, que desapareció en 1975.

En la mayoría de las denuncias, según las mismas fuentes, los familiares sostienen que, tras los partos, no dejaron a los padres ver a sus hijos y aseguran que nacieron sanos y que luego les comunicaron que habían fallecido.

Otras diez denuncias en el mismo sentido han sido presentadas en la fiscalía de Algeciras, que el pasado junio abrió de oficio diligencias para investigar los hechos, que actualmente están siendo investigados por la policía judicial.

Tras la apertura de la investigación, los agentes de la Policía Judicial tomarán declaraciones a cada uno de los denunciantes; no obstante, Ángeles Ayuso ha querido matizar que todos los casos se tratarán a priori de "manera independiente porque cada caso es distinto".

Fuente: Público

El Consejo Federal de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsará una campaña contra el endurecimiento de las penas para los niños y los adolescentes, y para expresar su “preocupación” por las intenciones de algunos actores políticos de colocar a los adolescentes como los principales responsables de la inseguridad pública.

“Este año hubo una campaña muy fuerte de criminalización de los menores, con el apoyo de los grandes medios, y resolvimos plantear una contraofensiva en el debate público sobre minoridad”, comentó Gastón González, responsable de prensa de la FEUU. Los estudiantes plantearán este tema en el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar).

La FEUU, junto a otras organizaciones sociales como el Comité de los Derechos del Niño y la Asociación Nacional de Ong orientadas al desarrollo, realizaron un pronunciamiento público contra “el endurecimiento de los sistemas penales hacia los niños, las niñas y los adolescentes”, y específicamente, contra la baja de la edad de imputabilidad, el establecimiento de mayores tiempos de pena de prisión y el mantenimiento de los antecedentes penales para los adolescentes.

Allí señalan que las “políticas de mano dura” que se están proponiendo no significan una “respuesta adecuada”, y que no hay datos “de fuentes confiables y serias” que avalen el supuesto auge de conductas delictivas por parte de adolescentes. Sin embargo, según afirman, lo que sí está avalado “por abundantes cifras y fuentes indiscutibles” es que los niños y los adolescentes son “las principales víctimas de la violencia”. “Ni la baja de edad de imputabilidad, ni la preservación de los antecedentes, ni el incremento de las penas mejoran el estado de la seguridad de las personas, no reducen el temor, ni aportan el clima social adecuado; por el contrario, generan mayor exclusión de los adolescentes, construyendo la ilusión de solucionar el problema”, afirman, al tiempo que critican a los actores políticos “que apuestan a presuntas soluciones que sólo producirán más gente presa a edades más tempranas y un aumento de la violencia tal como ocurrió en todos los países en los que se implementaron iguales medidas”.

El actual contexto, según sostienen las organizaciones, coloca en un “puñado de adolescentes” la responsabilidad de los problemas de seguridad, y de esa manera “se abona un terreno fértil para un discurso de mano dura contra lo mejor que se ha logrado en la lucha por los derechos de la niñez y se ha consagrado en diferentes textos normativos”. Concluyen que todos los objetivos que se plantean las medidas legislativas propuestas “pueden ser alcanzados mediante la cabal aplicación de las leyes vigentes” y “el correcto funcionamiento de las instituciones existentes”.

Vinculado a este tema, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, afirmó ayer que el mantenimiento de los antecedentes penales de los menores de edad violaría convenios internacionales suscriptos por Uruguay. Citado como especialista por la comisión especial creada por el Parlamento para analizar la legislación relativa a la seguridad pública, y en especial la cuestión de los niños y adolescentes infractores, Chediak manifestó que una medida de este tipo incumpliría “una fortísima recomendación vinculante de las Naciones Unidos”, que sugiere la reserva de esa información. El magistrado agregó que el mantenimiento de los antecedentes violaría también el Código del Niño, que es “un poco más radical” porque plantea directamente que esa información debe eliminarse.

La propuesta para mantener los antecedentes de los menores surgió del propio gobierno. “No de todos, pero sí de quienes cometieron delitos muy graves y muy repetidos, yo creo que tienen que mantenerse [los antecedentes]”, manifestó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Fuente: La Diaria

Los niños migrantes de América Latina y el Caribe están expuestos a riesgos como abusos, explotación y violación de sus derechos, advirtieron especialistas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

De acuerdo con los expertos Rut Feuk, Nadine Oerrault y Enrique Delamónicar, millones de menores están sufriendo “severas restricciones a sus derechos humanos debido a sus condiciones de migrantes o la de sus padres”.

El reporte, divulgado por la oficina en Santiago de la Unicef, indicó que la magnitud del problema se refleja en que cerca de seis millones de latinoamericanos han migrado dentro de la región y alrededor de 25 millones lo han hecho a Estados Unidos o Europa.

De acuerdo con cálculos de los especialistas de la Unicef, uno de cada cinco migrantes es un niño o adolescente, que puede estar expuesto a abusos, aunque su desplazamiento a otros lugares también trae algunos beneficios.

Los expertos afirmaron que las políticas migratorias restrictivas, así como la xenofobia, la discriminación y el tráfico de personas, “son algunos de los riesgos” a los que están expuestos los niños y niñas que dejan sus países de origen.

Los autores explicaron que la migración afecta a los niños de diferentes maneras durante su ciclo de vida, ya sea al migrar solos o junto a sus padres, así como si son abandonados por uno o sus dos progenitores.

Fuente: La Jornada

“Esta guerra no es contra los niños” le dijo el Mayor José Nino Gavazzo a la madre de Simón Riquelo cuando éste tenía apenas 20 días de vida.

El robo de bebés y niños con la sustracción de su identidad fue el mayor delito cometido por la dictadura cívico – militar. Cientos de niños, enmarcados en el Plan Cóndor fueron arrancados de los brazos de las detenidas que acababan de dar a luz en salas de parto improvisadas en distintos centros clandestinos de detención. Sus madres fueron asesinadas y ellos criados por familias que no son las suyas, algunos fueron encontrados, tienen poco más de 30 años y ya vivieron, por lo menos, dos vidas.

Nacidos en cautiverio o llevados a centros clandestinos de detención con sus madres, les arrebataron de un solo golpe a sus padres y su identidad. Crecieron pensando ser quienes no eran, llamando mamá o papá, en muchos casos, a los enemigos de sus verdaderos padres.

¿Cómo encontrar una explicación racional a este castigo a lo más vulnerable, a lo más indefenso, a lo inocente?

La experiencia recogida ha arrojado la conclusión de que ellos eran arrancados de sus padres y tomados prisioneros con la finalidad de redoblar el efecto represivo y aterrorizante, como una demostración de cuál era el extremo a que era llevado el terrorismo de Estado. En la convicción de que “todos eran subversivos” los militares y policías manifestaron la intención conciente de borrar todo rastro de núcleos familiares enteros para impedir su supervivencia y reproducción.

Ciertamente, se debe tener en presente que la “guerra” de la que hablaba Gavazzo, a diferencia de las guerras convencionales, tenía la peculiaridad de que en sus principales tramos, no enfrentaba a dos ejércitos, sino a un ejército contra su propio pueblo.

Existen testimonios de madres que fueron secuestradas y dieron a luz en centros clandestinos, las mujeres embarazadas no eran “trasladadas” hasta que no se produjera el parto. Sin embargo, la obtención final del botín de guerra humano no significaba que las detenidas embarazadas quedasen excluidas de las sesiones de tortura. Nada libraba a las prisioneras del tormento.

Los niños secuestrados junto a sus padres eran arrancados en forma violenta, llevando consigo el trauma de ser testigo de la violencia ejercida en el seno familiar, para luego ser entregados a otro medio, adoptados por parejas integrantes o vinculadas a los servicios represivos.

A esos niños, se les privó de sus progenitores, de su historia y de su identidad. Se le amputaron sus raíces.




Un caso emblemático de víctimas del “Plan Cóndor”

El 26 de setiembre de 1976 efectivos combinados del Ejército argentino, la Policía Federal y probablemente también fuerzas uruguayas, rodearon con numerosos vehículos y una tanqueta el domicilio de los uruguayos Mario Roger Julien y Victoria Lucía Grisonas en San Martín, Buenos Aires.

Una gran cantidad de personas fuertemente armadas y de civil entraron a la casa y provocaron un tiroteo. Al parecer Julien murió en el interior de la casa, mientras su esposa, herida, era sacada a rastras.

Un vecino que fue testigo relató que vio llevarse a dos niños pequeños que lloraban desconsoladamente y pedían por su madre, a la par que uno de los captores les decía: “La yegua de tu madre no está más”

Anatole de 4 años y Victoria Julien Grisonas de 14 meses fueron llevados con su madre al centro clandestino “Automotores Orletti”. Permanecieron en ese infierno casi 10 días, escuchando gritos de torturados, radios encendidas a todo volumen, quizá viendo a su madre sufriendo y a su vez, limitados a un pequeño espacio en ese clima de terror.

Los niños fueron trasladados a Montevideo después del 7 de octubre y llevados al local del SID.

El 29 de diciembre de 1976, el diario “El Mercurio” de Chile publicó una foto de dos niños, sentados en un banco de una plaza en Valparaíso. El diario decía: “Estas criaturas fueron misteriosamente abandonadas hace cerca de una semana en la plaza O’Higgins”. Los carabineros que los encontraron los entregaron al Juez de menores y éste los envió a un albergue. Parecían argentinos por el modo de hablar”.

A mediados de 1979, la abuela paterna de los niños, Angélica Cáceres fue invitada por la Comisión de DD.HH de la Arquidiócesis de San Pablo (CLAMOR) a viajar a dicha ciudad.

El Cardenal Evaristo Arns, le comunicó que sus nietos habrían sido encontrados en Chile, gracias a las fotos de los niños uruguayos desaparecidos, que recorrían el mundo.

Los niños habían sido trasladados en avión desde Montevideo a Chile y abandonados en una plaza de Valparaíso. El juzgado de menores dispuso que fueran entregados a un albergue y finalmente un matrimonio los adoptó.

Esos niños, hoy adultos, recuperaron su identidad, permanecen viviendo en Chile con su familia adoptiva pero pasan las vacaciones en Uruguay con su familia biológica.

Todos los niños restituidos lo fueron por acción de los familiares y de las instituciones humanitarias pero no del Estado, quien tiene la obligación y los medios para realizarla.

Esto impuso en madres y abuelas, el esfuerzo de sobreponerse a las angustias emocionales, propias de la pérdida sufrida, y llenarse de valor para afrontar las dificultades de la búsqueda.

La verdad es el único camino posible y pone a padres y abuelos en un trance durísimo: enfrentar a los niños secuestrados con un nuevo dolor, con un nuevo conflicto. El engaño, la mentira impuesta, bronca, rechazo, sentimiento de culpa, doble identidad, dos mundos, dos vidas.

Tendrán que luchar por mantener los dos mundos como algo parcelado, intuyendo desde el comienzo que no se pueden juntar.

NO HAY FINAL, NO HAY OLVIDO, NO PUEDE HABER PERDÓN.

Aporte de Marys Yic

El intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, declaró ayer Visitantes y Ciudadanos Ilustres de la ciudad a 11 jóvenes argentinos y uruguayos que estuvieron desaparecidos en tiempos de las dictaduras militares en sus países.

"Cada combate por un nombre es el combate por todos los nombres", dijo Ehrlich a los jóvenes, quienes recobraron sus identidades y fueron devueltos a sus familias gracias a las Abuelas de la Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos de ambas naciones.

Entre los distinguidos con la condición de Ciudadano Ilustre estuvo la nieta del escritor argentino Juan Gelman, cuya madre, María Claudia García, fue secuestrada en 1976 en Buenos Aires y traída clandestinamente a Uruguay, donde desapareció tras dar a luz en un hospital militar.

La niña, Macarena Gelman, fue entregada a un policía uruguayo y solo recuperó su verdadera identidad cuando en el 2000 fue localizada por su abuelo Juan, Premio Cervantes 2007.

También recibieron la citada distinción los uruguayos Carlos D'Elía, Amaral García, Victoria Julién, Victoria Moyano y Mariana Zaffaroni.

La de Visitantes Ilustres se impuso a los argentinos Laura Acosta, Juan Cabandié, Matías Reggiardo, Victoria Torres y Paula Logares.

El grupo formó parte del centenar de niños que en ambos países vivieron historias similares como víctimas indirectas, pero sufridas de la Operación Cóndor, coordinada por las dictaduras del Cono Sur para deshacerse de sus opositores.

Ehrlich recordó palabras de Gabriela Mistral cuando refiriéndose a las dos figuras que aparecen en el escudo de su Chile natal escribió: "La predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho daño. Costará sobreponer una cosa a la otra, pero eso se irá logrando poco a poco."

El intendente de Montevideo afirmó que, en efecto, "nuestros países van reconociendo su historia, su trágica y oscura historia reciente, abriendo caminos a la verdad y la memoria, descubriendo los senderos de la justicia, desandando el camino del cóndor".

Fuente: PL
Fotos: IMM

El robo de niños fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades. 70 años después no se saben todos los datos. Los tiene la Iglesia en sus archivos y ninguna ley le obliga a abrirlos.

María José Esteso Poves

“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”. Éste es el testimonio de Emilia Girón, que dio a luz en el hospital de la cárcel de Salamanca en 1941. Su delito, ser hermana de un guerrillero. Este caso y otros están recogidos en el auto de Garzón tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En el auto se dice que los niños perdidos son víctimas del Franquismo y que había un plan de desapariciones para eliminar oponentes. La Fiscalía declaró a Garzón no competente.

El caso de Emilia Girón no es único, se calculan más de 30.000 los niños robados a familias “no afectas”. 70 años después poco se sabe de aquel episodio aberrante de la dictadura. Irredentas (2002) de Ricard Vinyes recompone el puzzle. Vinyes basó parte de su investigación en testimonios de presas recogidos por Tomasa Cuevas, también presa.

Después de la guerra, la represión fue brutal. Miles de personas fueron encarceladas e incluso se habilitaron conventos como prisiones. A ellas fueron a parar muchas mujeres.

La cárcel de Ventas, concebida como un edificio moderno por Victoria Kent, se convirtió en un lugar infame. Tomasa Cuevas lo describe como un gigantesco almacén de mujeres. Antonia García dice: “Sólo recuerdo la locura de mi primer día en la sala de prisión: un sitio para 500 personas albergaba a 11.000. Las mujeres se tiraban al suelo a la vez, no había más sitio”.

Las presas vivían hacinadas con sus hijos y, pronto, la masificación supuso un problema, no humanitario, sino económico y administrativo. Mirta Núñez Balart, historiadora, calcula que en 1939 había 280.000 presos. Hoy con el doble de población son unos 60.000.

Las embarazadas con pena de muerte eran fusiladas nada más dar a luz, como relata Carlos Fonseca en Trece rosas rojas. Trinidad Gallego, matrona, fue encarcelada y ayudó a parir a sus compañeras de prisión. A sus 95 años recuerda para DIAGONAL que “allí los niños los disfrutaba la Topete [la directora María Topete]. Las madres estaban separadas de sus hijos, si devolvían, ellas no podían cuidarlos. Sarna, piojos, sin apenas comida ni agua. Morían muchos. Con tres años se los llevaban, si tenían familia, pero entonces todos estaban en la cárcel e iban a parar a los hospicios o no se sabe”.

En los ‘40 se abrió una prisión para madres lactantes en Madrid. Las presas pensaron que las condiciones mejorarían. Mercedes Núñez, presa política, dice en Mujeres caídas de Mirta Núñez: “Ninguna madre podía cuidar de su hijo. Los niños vivían separados en un patio aparte y ellas trabajaban en talleres más de diez horas diarias”. En Santurrán (País Vasco) las monjas mandaron salir a las presas al patio. Cuando volvieron, sus hijos habían desaparecido. Ya no existían, no habían sido inscritos en el registro de entrada.

Teorías de inspiración nazi

El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 que da la patria potestad al Estado. El general y médico Vallejo Nájera, formado en Alemania e ideólogo del régimen, afirmaba que era necesario “extirpar el gen marxista” y recomendaba el traslado de los niños a hospicios para “la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración”. Para ello, aplicó descargas eléctricas a los presos y otros experimentos.

La Iglesia regía todos los órdenes de la vida, los internados moldeaban a los niños, mientras el régimen los presentaba como “sacados de la miseria material y moral”. Victoriano Ceruelo, de 65 años, estuvo en Zamora: “Desde los cinco años, todos los días nos levantaban a las 5h. de la mañana para ir a misa. Los domingos venían familias y las monjas nos ponían en fila. Y decían ‘me gusta ése’, y se lo llevaban. Un día me tocó a mí, pero él le daba mala vida a mi madre y ella se suicidó”. Hasta hace poco iba cada año a preguntarle a la superiora quiénes eran sus padres. Ella le decía: “No tienes derecho a remover”.

El 4 de diciembre de 1941 una ley autorizó cambiar los apellidos “si no se pudiera averiguar el Registro Civil en que figuren inscritos los nacimientos de los niños que los rojos obligaron a salir de España y que sean repatriados [23.000 volvieron]. Igual inscripción se hará a los niños cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante el Glorioso Movimiento Nacional”.

Fernando Magán, abogado de la ARMH, señala que “eso es la transposición de un decreto nazi a España. Lo que subyace es el exterminio de una clase social, los rojos. La eliminación de las ideas por la vía del exterminio de las personas. Hubo un momento –continúa Magán– en el que se instruyó a la policía judicial para abrir los archivos parroquiales. Pero la sala de lo penal, la misma que condenó a Scilingo, cerró sumario”.

También el orden moral impuesto repudiaba a las mujeres si su unión no era bendecida. En el programa de Paco Lobatón (TVE) ¿Quién sabe dónde? afloraron miles de casos. Sensibilizado, Lobatón fundó Derecho a Saber (ANDAS), junto a varias afectadas. A partir de ahí, el programa fue incómodo.

El caso de María Fe Fernández (Pamplona) se resolvió en la tele. La suya fue madre soltera: “Si se quedaban embarazadas iban a parar al convento hasta que daban a luz, luego a la maternidad, allí el capellán hacía las gestiones. Las engañaban y los hijos iban para militares, ricos o familias humildes (a cargo de curas)”. Dice que hay casos en Argentina, Italia, Alemania o Austria.

Avanzada la dictadura el secuestro de bebés continúa. Ahora, Mar Soriano busca a su hermana. Su madre falleció hace unos días. “Mi hermana nació en 1964 en la Maternidad de O’Donnell (Madrid), parecía sana, pero la metieron en la incubadora y un día le dijeron a mis padres que había muerto y que ya la habían enterrado. Ellos estaban aturdidos, eran gente humilde y no sabían qué hacer. Les dieron la partida de defunción y decía que un general mandó enterrarla. A mí me contaron que mi hermana murió. Por mi trabajo doy conferencias en el extranjero para personas sordas. Y en 1997, en Austria, se me acercó alguien que me dijo que conocía a mi familia en Klangerfür, que si el padre era alemán, su hija era igual a mí, mi misma cara, pelo... Dije que no. Hace unos meses empecé a atar cabos”. También desconocía el caso de una madre que ha localizado en Austria a su bebé robado en Madrid. La Iglesia tiene los archivos, pero ninguna ley obliga a abrirlos.

Fuente: Diagonal