No prosperaría en el Parlamento un proyecto de ley en el que se propone la derogación de la Ley de Caducidad, impulsada por el diputado herrerista por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso.

Esta iniciativa, que la semana entrante ingresará a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la rama baja parlamentaria, establece la derogación de la ley dejando firmes sus antecedentes hacia el pasado. Precisamente esto último es lo que algunos sectores de la izquierda procuran también dejar anulado: sus antecedentes legales.

"La Suprema Corte de Justicia dijo que es inconstitucional al igual que lo dijo oportunamente el Parlamento", recordó a este diario el diputado Cardoso, "así que teniendo en cuenta además que los hechos que determinaron su vigencia ya no existen más, no tiene sentido que la ley siga imperando".

Cardoso reivindicó el contenido de la Ley: "Yo la voté y la defendí, pero entiendo que ya no tiene sentido. Así que, como derogamos parte del IRPF y en su momento el impuesto al gasoil, bien podemos derogar esta norma".

El Poder Legislativo es el único órgano competente por la Constitución para aprobar leyes y para derogarlas. "Eso está a nuestro alcance y si además no se está aplicando en la vía de los hechos, porque la norma ha sido invalidada por convenios internacionales que Uruguay ha firmado a posteriori de su aprobación, lo que corresponde es quitarla a través de la derogación", señaló.

Cardoso dijo: "Es una responsabilidad a la que no se puede rehuir, está al alcance de los legisladores y sería bueno que políticamente salgamos de esta situación derogando la norma y, por lo tanto, quitando del medio una cuestión que solo sirve para el debate político".

No a la derogación

José Luis González, el abogado de la familia Gelman, expresó su oposición a que la Ley de Caducidad sea derogada por la vía parlamentaria. Entiende que ello impediría que se puedan revisar las causas y "el daño sería peor al actual".

"La iniciativa de derogación no la comparto porque la derogación implica dejar todas las actuaciones como están. Trae como consecuencia que lo hecho no se puede volver a revisar; trae como consecuencia que las causas que han pasado en la autoridad de cosas juzgadas queden así. La gran mayoría de las causas fueron ya denunciadas y quedarían, sin la posibilidad de revisarlas", según comentó.

"Una posibilidad sería anular la ley por vía legislativa o algún otro mecanismo jurídico que permita removerla del ordenamiento jurídico, sobre todo porque nosotros tenemos la firme convicción y esperanza de que la Corte Interamericana vaya a aceptar nuestra pretensión y que termine en una condena al Estado uruguayo, indicando que debe remover el obstáculo. Si previamente hay iniciativas en ese sentido, son bienvenidas. Alguna fórmula se va a tener que encontrar a nivel interno para resolver esta situación".

Fuente: La República