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Numerosas organizaciones de Derechos Humanos y juristas de todo el mundo se solidarizaron con Baltasar Garzón en una carta a la Justicia española ante las denuncias contra el magistrado por haber iniciado una investigación de los desaparecidos en la Guerra Civil.

Un total de 59 organizaciones de Derechos Humanos y más de 150 juristas, abogados, jueces, académicos y defensores de los Derechos Humanos de todo el mundo expresaron su "perplejidad" por el proceso contra Garzón en una carta enviada a los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo y al fiscal general del Estado.

En la misiva, recuerdan que el delito de "desaparición forzada", que Garzón investigó brevemente en 2008 (lo que supuso la primera investigación judicial en España de los más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el posterior franquismo) está entre los crímenes que "no pueden prescribir ni ser amnistiados".

El sindicato Manos Limpias, calificado de ultraderechista por los medios, se querelló contra Garzón, alegando que no era competente para efectuar esa investigación, a lo que se suma otra denuncia reciente de la formación ultraderechista Falange Española de las JONS.

La Fiscalía se oponía a esta investigación amparándose en una Ley de Amnistía de 1977 por la cual prescribían los delitos de esa época y el juez renunció a ella y la trasladó a varios juzgados territoriales.

En la carta, enviada a la Justicia tras una visita a España del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, dependiente de Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), se estima que la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en España en 2007 "habilita (a Garzón) para actuar a favor de las víctimas". Esa ley, que pretende rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista (1939-1975), "no contempló las medidas adecuadas ni suficientes a favor de las víctimas", según los firmantes, por lo que "habilita" a Garzón para investigar sobre las desapariciones.

Además estima que el juez "siempre tiene un margen de interpretación en la aplicación de la ley (...) si lo hace a favor de las obligaciones del Estado en Derechos Humanos", según la carta, enviada tras la visita del secretario general de la FIDH, Luis Guillermo Pérez, y el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH-Perú), Francisco Soberón.

Los firmantes, entre ellos la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia Carla del Ponte y la UNESCO, recuerdan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó en 2008 a las autoridades españolas a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y "garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad".

Garzón, de 54 años, es conocido internacionalmente por su defensa de la justicia universal y por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en 1998 y tiene también en su haber importantes casos anticorrupción y contra el terrorismo y el narcotráfico en España.

Fuente: la República.es