ANULAR: Anular una ley implica declarar que esa ley es inexistente.
No se puede anular cualquier ley; se puede anular solamente aquella ley que sea nula por naturaleza. Una ley que viola principios esenciales de los DDHH, nace nula, se mantiene nula y va a ser nula por siempre. Aunque formalmente esté vigente, esa ley es nula. Aquí nos deberíamos remontar al informe o a lo que habíamos hablado en otras oportunidades sobre la norma jus-cogens, o el derecho de gentes, en materia de crímenes de lesa humanidad. Existen disposiciones del Derecho de gentes, del Derecho internacional que está en el vértice del ordenamiento jurídico internacional, estableciendo que es nula toda disposición que impida el castigo a los criminales de delitos de lesa humanidad. Partiendo de esa tesis si existe una norma del derecho Internacional, de jus-cogens, que obliga a castigar a los crímenes de lesa humanidad cualquier ley o cualquier tratado que vaya contra ese principio es nulo. Al anular una ley, se considera que nunca surtió efecto, y no se podrá invocar la cosa juzgada ni el tema de la prescripción porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad.

DEROGAR: Cuando se deroga una ley, la ley ya no existe más para el Futuro, pero mantiene sus efectos para la época en que estuvo vigente.




Vázquez plantea acuerdo político para eliminar Caducidad

El ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, reclamó una "política de Estado" para terminar con la Ley de Caducidad, asegurando que es un "problema de todos".

Propuso establecer una negociación en la que se integren todos quienes estén en contra de la misma.

El ex presidente Tabaré Vázquez participó en el cumpleaños 40 del Comité de Base 18 de Mayo del barrio Colón, en lo que anunció, será una serie de actividades en distintos Comités de todo el país para hablar de las políticas del gobierno nacional y de los departamentales.

En su discurso de casi una hora, Vázquez sentó su posición sobre la Ley de Caducidad y los caminos para derogarla.

Leyó párrafos de dos libros ­"¿Dios existe?" que recoge una polémica entre el entonces cardenal Joseph Ratzinger y Paolo Flores D'Arcais, y "Diálogo Político, derechos humanos en América Latina" de varios autores­ para establecer que los temas de derechos humanos no se pueden zanjar por la votación de las mayorías, y que es un asunto de toda la sociedad.

El ex presidente dijo que no debía demonizar a nadie por el resultado de la votación del pasado jueves, llamó a desdramatizar la situación, y convocó a reflexionar con serenidad. (NE: Nos gustaría que lo dijera mientras mira a los ojos a los familiares que buscan hace más de 30 años.)

Consideró que la Ley de Caducidad es "indigna e injusta, porque no pone a todos los ciudadanos iguales ante la ley, y menos ante la vida", y que la inmensa mayoría de los frenteamplistas y ciudadanos de otros partidos, están de acuerdo en que no debe existir en el sistema jurídico uruguayo.

"Si es lógico y natural que es un problema de todos, del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, del sistema político, de los uruguayos todos, ¿por qué no abrimos una etapa de reflexión, de análisis, nos sentamos alrededor de una mesa quienes estamos en contra de esta Ley, y buscamos entre todos la salida para que esta Ley no esté más presente en el sistema jurídico uruguayo?.

"Tenemos que buscar ese camino, que podrá ser la derogación, quizás si, que habrá que dictar actos administrativos por parte del Poder Ejecutivo, también" y agregó que el Poder Judicial debe seguir actuando".

Agregó que "quizás sea oportuno, prudente, como en su momento se buscó para derogar la Ley, con la comisión contra la Ley de Caducidad, que hoy, quizás sin necesidad de crear una comisión, busquemos un acuerdo político para derogarla".

Vázquez sostuvo que una ley sin consenso político y social está destinada a no ser aplicada, a terminar en un cajón.

En el resto de su discurso, el ex presidente defendió lo actuado en "los seis años de gobierno frenteamplista" reivindicando una continuidad en las políticas. Resaltó la reforma en la salud ­recordó que en Las Láminas en Bella Unión la mortalidad infantil bajó del 52 al 11 por mil­, especialmente el Plan Ceibal, la baja de la desocupación del 17 a menos del 6%, "la mejor política social es el trabajo".

Y finalmente defendió "el excelente trabajo" del gobierno municipal de Montevideo, mencionando las obras de movilidad, la inversión en limpieza, las policlínicas, entre otras políticas sociales.

Fuente: La República



Excelente intervención del diputado Darío Pérez

“Constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias referidas y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales. Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según sus competencias respectivas, procuren el esclarecimiento de los hechos referidos. Sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos y reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación”.

Este párrafo suena radicalísimo por estos días. Parece escrito por resentidos con ojos en la nuca y sed de venganza. Error: todos los partidos políticos y numerosas organizaciones sociales, empresariales y académicas acordaron este texto en febrero de 1985, cuando finalizaba la dictadura, en el peculiar ámbito denominado Concertación Nacional.

Seis meses después, el entonces presidente Julio Sanguinetti rompía la promesa al enviar al Parlamento un proyecto de ley de urgencia para amnistiar a los criminales del régimen. Bastarían dos años para que la mayoría de los legisladores de los partidos Colorado y Nacional hicieran lo mismo y consagraran la impunidad. Un cuarto de siglo más tarde cuesta recordar que la fuerza política que gobierna, el Frente Amplio, también asumió el compromiso. De todos los partidos fue el que más se esforzó por cumplirlo, pero hasta ahora siempre ha aparecido un dique cuando estaba a punto de llegar a la orilla.

Antes de la aprobación de la Ley de Caducidad hubo varios intentos legislativos para facilitar el procesamiento de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura. Juristas de los cuatro partidos representados en el Parlamento consideraron la posibilidad de restringir la acción judicial a los delitos más “graves” y a los oficiales con más responsabilidad en la cadena de mando. Un proyecto del Partido Nacional la habría limitado a las denuncias por homicidio, lesiones gravísimas, violación y desaparición presentadas antes de setiembre de 1986. La lista de acusados se hubiera reducido de casi 200 a unos 40, pues habrían quedado impunes los torturadores que no hubieran causado a su víctima la muerte ni enfermedades incurables, “la pérdida de un sentido”, mutilaciones, “una grave y permanente dificultad de la palabra”, “una deformación permanente en el rostro” o un aborto.

La tortura fue la primera carta que se descartó en las negociaciones para una ley que le hiciera más fácil al Estado cumplir con su obligación de impartir justicia, aunque fuera incompleta. Al final ganó la impunidad absoluta. Desde entonces, permaneció la suposición de que, aun si la Ley de Caducidad quedara sin efecto, convenía resignar las denuncias por tortura para aceitar otras por delitos más “graves”. Hasta que 12 ex presos políticos presentaron una esta semana por lo que padecieron en la base aérea de Boiso Lanza. Lo bien que hicieron. No sólo porque se trata del crimen cometido con más frecuencia en el marco de la dictadura, sino porque fue uno de los pilares que la sostenían.

Buena parte de las desapariciones y asesinatos por los que se encarceló a un puñado de represores son consecuencia de la tortura. En algunos casos porque las víctimas no la resistieron; en otros, porque pretendían “quemar el expediente”: eliminaban al torturado para minimizar la posibilidad de ser juzgados.

¿Por qué torturaban los milicos? Casi todas las explicaciones inscriben esa práctica en la lógica de una “guerra” que no existía. El primero que admitió haberlo ordenado, el hoy fallecido general y ex ministro Hugo Medina, le dijo a Búsqueda en 1991 que procuraban “conseguir información rápido, porque eso era vital” para “salvar la vida de un camarada o de un grupo de camaradas”. Fue “una práctica habitual para obtener información”, escribió en 1996 el hoy prófugo capitán de navío Jorge Tróccoli en su libro La ira del Leviatán.

Minga. No fue por eso. O capaz que sí, pero era la menos importante de las razones. Además de las posibilidades de que los motivara una pulsión a la crueldad, apuntaban a un objetivo fuera de la celda: sembrar el terror en la sociedad para desalentar la disidencia y reafirmar su autoridad ilegítima. También lo hacían para sembrar la desconfianza dentro de las organizaciones a las que combatían, fueran o no armadas. Hasta hoy se celebran homenajes a los que “aguantaron” y rige cierto desprecio contra los que “se quebraron” (o “se vendieron”, incluso). Y torturaban para saber “dónde está la guita” y “dónde están los lingotes”. Hubo método, hubo sistema, hubo crueldad, hubo perversión. Todas las víctimas merecen una reivindicación en la Justicia, y también una sociedad que se siente culpable por hacer molde, paralizada por miedo a un dolor que quería mantener ajeno aunque no lo fuera.

Marcelo Jelen

Fuente: La Diaria

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Compañeros: rogamos difusión de la carta que sigue, a presentarse muy pronto, solicitándose que aquellas organizaciones y personas que estén de acuerdo con esta reclamación, nos hagan llegar su apoyo -especificando país de origen, nombre, apellido y de ser posible documento de identidad, a través del e-mail: coordinaciondevecinos@gmail.com
Muchísimas Gracias


CARTA ABIERTA AL PARLAMENTO DE URUGUAY EXIGIENDO LA ANULACIÓN DE LA LEY 15.848


Un conjunto de vecinas y vecinos que somos parte del larguísimo millón de ciudadanos que ha expresa-do de manera sistemática y creciente, y por diversos medios, el rechazo indeclinable a la Ley 15.848 “de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, nos presentamos ante el cuerpo legislativo nacional para demandar que éste asuma, sin más dilatorias, la responsabilidad funcional que le compete ante el caso extremo de impedimento impuesto al Poder Judicial, desde hace más de 20 años, de actuar ante gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado uruguayo, al amparo de esta “ley” que sabiamente nuestro pueblo ha bautizado como “LEY DE IMPUNIDAD” y que viola los convenios internacionales suscritos por Uruguay sobre el juicio y castigo a estos delitos a escala mundial.

Nos presentamos para exigir del Parlamento, LA ANULACIÓN YA DE LA LEY 15.848, sin posteriores “indultos” ni “excepcionalidades” que supongan eximir a los criminales del juicio y castigo merecidos.

El último pronunciamiento público del 25 de Octubre de 2009 en el sentido de anular la “ley”, deja en evidencia que -más allá de formalidades, procedimientos electorales cuestionables y la falta de difusión pública de fundamentos para la nulidad- en 20 años no han sido depuestos ni el anhelo ni el clamor populares de Verdad y Justicia, ni tampoco el categórico rechazo a que sea el mismo Estado violador de los Derechos Humanos el que pretenda –a través del Poder Ejecutivo- disponer quiénes, cuándo y cómo deben ser juzgados y castigados por la única institución que se supone debe hacer cumplir la premisa de que “todos somos iguales ante la ley”, sin excepciones ni favoritismos.

Un solo hecho habla por sí mismo de cómo debe proceder la Justicia cuando no es sometida a la presión de otros poderes o cuando otros poderes pretenden autoatribuirse las potestades de aquella: el principal responsable político de violar la Constitución de la República en 1973 y co-responsable ideológico de aberrantes crímenes de lesa humanidad, un ex presidente y dictador, ha sido condenado –aunque más no sea tardíamente- por funcionarios del Poder Judicial que no cedieron ni al amedrentamiento ni a la presión de otros funcionarios públicos, partidos políticos o instituciones oficiales.

Juan María Bordaberry, procesado y condenado por golpista y por asesino, es la medida de cúanto se ha impedido en 20 años desconociéndose la independencia y las atribuciones del Poder Judicial, y cuánto nos hubiésemos ahorrado en riesgos de seguridad ciudadana y nuevas amenazas golpistas, de haberse hecho caso al clamor y la voluntad populares de Verdad y Justicia, dejándose actuar debidamente al Poder Judicial dentro de los marcos y las reglas de juego instituídos por el mismo Estado que hoy las desconoce.

La realidad rompe los ojos y no caben ya las medias tintas:

O el Poder Legislativo, atendiendo a la sensibilidad ciudadana y respetuoso de las normas de justicia de carácter nacional e internacional, ANULA YA MISMO LA LEY DE IMPUNIDAD sin dejarse influir por presiones en busca de “indultos” o “perdón”, o nuestro pueblo no tendrá más remedio que concluir que la salvaguarda de los Derechos Humanos, para defenderse por sí y ante sí, quedaría necesariamente y exclusivamente, bajo su única responsabilidad.

Esta sería la conclusión lógica ante la pasividad del Parlamento y esta misma pasividad evidenciaría la existencia de “pactos” o “conjuras” que pretenden garantizar de por vida salvoconductos de impunidad “selectiva”, tan graves y delicados respecto al pasado, como lo serían también respecto al presente y el futuro.

A diario se revelan crudamente las incontables formas de la impunidad (la de la discriminación y criminalización de la pobreza; la de la omnipotencia y los vejámenes patronales; la de los represores que provocan situaciones trágicas en nombre de “la ley y el orden”; la de agentes que existirían para garantizar la seguridad ciudadana y sin embargo son responsables de horrendos crímenes, robos y secuestros; hasta la impunidad de medidas político-económicas de cuyos perjuicios sociales nadie se hace cargo, siendo un muy buen ejemplo de ello la “deuda externa”), pero no esperamos el “imposible” de que este Parlamento las elimine, sino simplemente que no consagre las formas extremas de la impunidad, consagrando “leyes” que habilitan el terrorismo de Estado y la protección de quienes lo practican.

Lo único que estamos exigiendo –en síntesis-, enérgica y responsablemente, es que se deje actuar libremente al Poder Judicial en cuanto a los cientos y cientos de casos de individuos que siguen siendo un peligro social y cuya situación de amparo y protección, representa de hecho un aliciente para la acción de nuevos y más feroces enemigos del pueblo, con uniforme o sin él, en “democracia” o en “dictadura”. No hacerlo, es declarar irresponsablemente la impunidad como atributo “legal” de los poderosos y privilegiados hasta en las situaciones más aberrantes y anti humanas.

Lo que sencillamente exigimos de senadores y diputados elegidos para “representarnos”, es que no sean cómplices de hecho de la impunidad extrema:

QUE YA MISMO NOS “REPRESENTEN” AL MENOS CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON SU DEBER DE ANULAR YA LA LEY 15.848, PONIENDO FRENO A CUALQUIER MANIOBRA QUE SIGNIFIQUE PERDONAR, INDULTAR O PRIVILEGIAR A LOS ASESINOS DEL PUEBLO, Y QUE PRESERVE A NUESTRO PAÍS DE EVENTUALES SANCIONES DEVENIDAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL URUGUAY.

A la espera de que los legisladores respondan ya mismo con hechos a la presente demanda y manteniéndonos atentos a la conducta parlamentaria sobre el particular,

Firma: Coordinación de Vecinos por la Anulación de la Ley de Impunidad, abril de 2010.

RESISTIR LA IMPUNIDAD BARRIO A BARRIO – DÍA A DÍA
Suscriben:


Enviado por: Coordinacion de vecinos

Por Gastón Grisoni (*)
24.3.2010

El constitucionalista Dr. Korzeniak ha señalado públicamente que el Parlamento no puede anular la ley de caducidad debido a que la misma fue ratificada por el cuerpo electoral. Con todo respeto, está profundamente equivocado.

En el referéndum del año 89 el cuerpo electoral se pronunció en contra de derogar la ley 15 848 pero no se expidió acerca de su validez jurídica.

En el plebiscito celebrado el año pasado, el cuerpo electoral no se pronunció acerca de la conveniencia o no de proceder a su anulación. No hubo dos opciones para que el mismo se expidiera. Simplemente no alcanzaron las voluntades necesarias para que ello ocurriera. Lo cual es sustancialmente distinto.

Estas dos circunstancias no transforman a dicha norma legal en una super ley. No hay ninguna disposición constitucional que así lo establezca y él debería saberlo muy bien.

De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el único órgano del Estado uruguayo facultado para determinar la constitucionalidad de la ley 15 848 o ley de Impunidad es la Suprema Corte de Justicia.

Mediante la sentencia 365 de 19 de octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia ya dictaminó que la ley 15 848 para el caso Nibia Sabalsagaray es inconstitucional. En consecuencia, el órgano legislativo debería proceder al respecto.

Es más, el propio dictamen del único órgano facultado para determinar la legitimidad de las leyes, en la misma sentencia, señala expresamente que las dos consultas al cuerpo electoral mencionadas por el Dr. Korzeniak carecen de relevancia jurídica.

La vigencia de la ley de impunidad es incompatible y contradictoria con un auténtico Estado de derecho. Violenta principios básicos y esenciales de una auténtica democracia política en el marco del respeto a las normas de derechos humanos. Fue concebida bajo la presión de los militares como una amnistía no encubierta para delitos que suponen una afrenta al conjunto de la humanidad y que son imprescriptibles e inamnistiables para la comunidad internacional.

La batalla por el cumplimiento de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y la reparación integral por ella establecida pasa inexorablemente por anular la ley de caducidad para afirmar la democracia y desterrar la aún presente impunidad en la sociedad uruguaya.

Democratizar la democracia debería ser una causa común sin fronteras partidarias. Aunque no lo glorifique como antaño, la derecha sigue justificando el pasado reciente y sus personeros parlamentarios, difícilmente, por compromisos contraídos, vayan a votar la anulación que corresponde.

Para los gobernantes en el ejercicio del mandato popular más que dar herramientas para que los jueces puedan conceder la prisión domiciliaria a los convictos por crímenes de lesa humanidad, debería ser una saludable preocupación republicana el dotarlos de herramientas para que puedan juzgarlos a todos con las garantías del debido proceso que ellos no concedieron a sus víctimas. Sin exclusiones.

El Parlamento, legalmente, puede cumplir con su obligación de anular la ley 15 848. Puede y, además, política y moralmente debe hacerlo. Por la salud de la democracia.

(*) Son opiniones de carácter personal y, obviamente, reflejan pura y exclusivamente mis puntos de vista sin comprometer, por ello, al colectivo que integro.

No prosperaría en el Parlamento un proyecto de ley en el que se propone la derogación de la Ley de Caducidad, impulsada por el diputado herrerista por el departamento de Rocha, José Carlos Cardoso.

Esta iniciativa, que la semana entrante ingresará a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la rama baja parlamentaria, establece la derogación de la ley dejando firmes sus antecedentes hacia el pasado. Precisamente esto último es lo que algunos sectores de la izquierda procuran también dejar anulado: sus antecedentes legales.

"La Suprema Corte de Justicia dijo que es inconstitucional al igual que lo dijo oportunamente el Parlamento", recordó a este diario el diputado Cardoso, "así que teniendo en cuenta además que los hechos que determinaron su vigencia ya no existen más, no tiene sentido que la ley siga imperando".

Cardoso reivindicó el contenido de la Ley: "Yo la voté y la defendí, pero entiendo que ya no tiene sentido. Así que, como derogamos parte del IRPF y en su momento el impuesto al gasoil, bien podemos derogar esta norma".

El Poder Legislativo es el único órgano competente por la Constitución para aprobar leyes y para derogarlas. "Eso está a nuestro alcance y si además no se está aplicando en la vía de los hechos, porque la norma ha sido invalidada por convenios internacionales que Uruguay ha firmado a posteriori de su aprobación, lo que corresponde es quitarla a través de la derogación", señaló.

Cardoso dijo: "Es una responsabilidad a la que no se puede rehuir, está al alcance de los legisladores y sería bueno que políticamente salgamos de esta situación derogando la norma y, por lo tanto, quitando del medio una cuestión que solo sirve para el debate político".

No a la derogación

José Luis González, el abogado de la familia Gelman, expresó su oposición a que la Ley de Caducidad sea derogada por la vía parlamentaria. Entiende que ello impediría que se puedan revisar las causas y "el daño sería peor al actual".

"La iniciativa de derogación no la comparto porque la derogación implica dejar todas las actuaciones como están. Trae como consecuencia que lo hecho no se puede volver a revisar; trae como consecuencia que las causas que han pasado en la autoridad de cosas juzgadas queden así. La gran mayoría de las causas fueron ya denunciadas y quedarían, sin la posibilidad de revisarlas", según comentó.

"Una posibilidad sería anular la ley por vía legislativa o algún otro mecanismo jurídico que permita removerla del ordenamiento jurídico, sobre todo porque nosotros tenemos la firme convicción y esperanza de que la Corte Interamericana vaya a aceptar nuestra pretensión y que termine en una condena al Estado uruguayo, indicando que debe remover el obstáculo. Si previamente hay iniciativas en ese sentido, son bienvenidas. Alguna fórmula se va a tener que encontrar a nivel interno para resolver esta situación".

Fuente: La República

Hoy viernes 2 de octubre a las 16:30 horas, la Fiscal Dra. Mirtha Guianze fundamentará ante la Suprema Corte de Justicia y en audiencia pública la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.

Convocamos a toda la ciudadanía a concentrarse en silencio y con banderas uruguayas frente a la Suprema Corte de Justicia en la Plaza Libertad para acompañar el desarrollo de la audencia.

Invitamos a los medios de prensa radiales a transmitir la fundamentación en vivo para todo el país.



Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad

Un mar de brazos partirá mañana a las 16.30 hs. desde la sede de la Federación Ancap para acompañar las firmas, que a las 5 en punto de la tarde serán entregadas en el Palacio Legislativo.

El traslado de las cajas que contienen la voluntad de habilitar un plebiscito para ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD, no podrá tener mejor garantía que el pueblo acompañando.

Culmina aquí la etapa de las lapiceras y festejaremos la meta alcanzada. A su vez, se abre una nueva etapa de trabajo para lograr que por fin l@s uruguay@s podamos plasmar una reforma constitucional que establezca que QUEDA NULA LA LEY DE CADUCIDAD DE LA PRETENCION PUNITIVA DEL ESTADO.

Sin duda, mañana será un día muy importante para nuestra MEMORIA histórica, un paso fundamental para alcanzar la VERDAD que falta y para saldar definitivamente esta etapa con JUSTICIA.

Brujita