Estados Unidos, muy preocupado en convertir en patriotas a reclusos comunes cubanos mediante una campaña mediática mundial, resulta un evidente desconocedor de los derechos humanos de los presos políticos que están en sus cárceles.

Millones de palabras se han escrito o pronunciado en muy corto tiempo en los medios de difusión controlados por Washington para apoyar esa arremetida contra Cuba en la cual participan los sectores más conservadores latinoamericanos y europeos.

Ha resultado muy difícil a los organizadores de tal campaña convencer del carácter patriótico de elementos que se desgajan de una sociedad basada en la justicia social para alinearse por interés económico con quienes quieren destruirla.

Pero, además, es demasiado conocido el tratamiento recibido por verdaderos sancionados políticos en Estados Unidos encarcelados por causas relacionadas con la lucha contra la desigualdad, la explotación, el terrorismo o la opresión.

Casos emblemáticos son, por ejemplo, los de los estadounidenses Mumia Abu-Jamal y Leonard Peltier, el primero con una pena de muerte aún no ejecutada, pero que ha permanecido sobre su cabeza durante 27 años en una celda de aislamiento y el segundo condenado a dos cadenas perpetuas por la falsa acusación de dar muerte a dos agentes del FBI.

Abu-Jamal, periodista y ex militante del movimiento Panteras Negras, denuncia continuamente casi "al pie de la horca" las infrahumanas condiciones carcelarias que vive y Peltier, con graves y dolorosos problemas de salud, también las sufre y no conoce de la clemencia.

Y que decir de las noticias difundidas sobre la llegada a Georgia y a Suiza de un grupo de cinco hombres, quienes fueron secuestrados y durante ocho años, sufrieron tortura y prisión en la cárcel de Guantánamo, liberados ahora sin acusación ni juicio por ser inocentes.

En esa repudiada instalación aún quedan otras 183 personas, a las cuales no se ha podido probar delito alguno y vieron correr una década de sus vidas aislados del resto del mundo y sin derecho legal alguno por decisión expresa del gobierno norteamericano.

Igual se encuentra el grupo de una decena de independentistas puertorriqueños condenados hasta 105 años de privación de libertad, con denuncias de visitas restringidas de sus familias, incomunicación entre ellos y negativas hasta de asistir al funeral de un familiar.




Presos políticos son, sin lugar a dudas, los cinco antiterroristas cubanos que recibieron desproporcionadas penas de cárcel por infiltrar a los grupos violentos de origen cubano enclavados en la Florida, precisamente para evitar acciones terroristas contra su país.

Antonio Guerrero, René González, Fernando González, Ramón Labañino y Gerardo Hernández sufren no sólo esas injustas sanciones, sino la crueldad de impedir durante 11 años a un hombre la visita de su esposa y a otro durante varios años siquiera ver a su hija.

La historia de estos hombres en las prisiones estadounidenses pasa por reclusiones solitarias durante largos períodos de tiempo, colocación en alejados centros penitenciarios de distintos estados y juicios preñados de ilegalidad con limitaciones a su defensa.

De nada valieron las peticiones de 10 Premios Nóbel y centenares de personalidades políticas y culturales, organizaciones de derechos humanos, congresos y gobiernos de diversos países y hasta fallos de agencias de la ONU que declararon arbitrarias su detención y juicio.

En este caso pesaron más en las administraciones estadounidenses los sentimientos de rencor hacia una Cuba independiente que los reclamos provenientes de todo el mundo por la liberación de los CINCO.

Este ramillete de ejemplos pone en crisis todo intento de un acusador sin moral de presentar a la nación caribeña como violadora de derechos humanos que respeta escrupulosamente.

Javier Rodriguez Roque

Fuente:PL