Durante los días 27, 28 y 29 de mayo, se efectuará en Juárez la audiencia inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, que lleva por título "Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, 2011-2014".

Ciudad Juárez es el epicentro del temblor de horror que sacude México; también lo es de la resistencia ciudadana a la insensata guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Temor y esperanza, amnesia y memoria, parálisis y acción atraviesan y forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de Juaritos.


Mujeres desaparecidas, defensores de derechos humanos asesinados, jóvenes detenidos arbitrariamente por la policía y el Ejército, trabajadores de la maquila despedidos por reclamar condiciones de trabajo humanas son el pan nuestro de cada día en la ciudad. También lo son los reclamos enérgicos de las madres de víctimas, la organización para la defensa de los intereses, la documentación valiente de las tropelías y los abusos de la autoridad.


Ciudad Juárez ejemplifica los males del libre comercio salvaje que azotan a todo el país. El modelo de desarrollo maquilador, depredador de recursos humanos y ambientales, ha florecido allí sin políticas de amortiguamiento social. La destrucción del medio ambiente es proverbial, como lo es la descomposición del tejido social.


Un ejército de niños y jóvenes, muchos de ellos hijos de madres solteras que laboran de obreras de la planta de ensamble, crecen en viviendas sin equipamiento urbano suficiente y sin lugares para recreación, sin más futuro que sobrevivir integrándose a las bandas. Urbe fronteriza, es zona de paso de mano de obra indocumentada y de estupefacientes. La producción maicera del estado y las familias que viven de ella, están cercadas por las importaciones desleales del cereal estadunidense. En una historia de horror sin fin, más de 300 mujeres han sido asesinadas, después de ser secuestradas, torturadas, violadas y mutiladas.


Pero en Juaritos está sembrada también la semilla de la indignación. Los jóvenes se niegan a que el miedo paralice sus vidas. Toman las calles para protestar y para divertirse. Los familiares de las víctimas nombran a sus muertos y exigen justicia. En amplias capas de la sociedad se demanda poner fin a la militarización del país.


El último episodio de esa resistencia se celebrará este 27, 28 y 29 de mayo. Durante esos días se efectuará en Juárez la audiencia inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, que lleva por título Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, 2011-2014. Aunque en la reunión se documentará y analizará lo que sucede en todo el país, los juarenses son los anfitriones del acto.


Asistirán delegados de todo México. Una parte de ellos llegará hasta aquella ciudad como parte de una caravana que partirá de la ciudad de México el 24 de mayo. Durante el trayecto, a bordo de varios camiones, los delegados participarán en debates y reuniones en Atenco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo y Chihuahua, para discutir la problemática que se abordará en Juárez.


En la urbe fronteriza, seis jurados escucharán denuncias de las siete audiencias temáticas que conforman el TPP: 1) guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 2) migración, refugio y desplazamiento forzado; 3) feminicidios y violencia de género; 4) violencia contra los trabajadores; 5) violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y a autonomía, y 7) desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.


Los jurados internacionales que analizarán las denuncias, muchos de ellos destacados juristas, provienen de países como Francia, Brasil, España, Australia y Argentina, y tienen una larga historia en la labor de documentar arbitrariedades de los estados. Es el caso de la francesa Mireille Fanon Mendes France, hija del célebre siquiatra y revolucionario Franz Fanon, que es presidente de la Fondation Frantz Fanon, integrante de la International Association of Democratic Lawyers, y ha sido nombrada miembro del Grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes de Naciones Unidas. Y de Gill Boheringer, que fue decano de la Macquarie Law School de la Macquarie University de Sydney, Australia, director del Center for the Critical and Historical Study of the Common Law, y miembro del comité editorial de la Alternative Law Journal (Australia) y del Editorial Boards of the Australian Journal of Law and Society.


Algunos de los jurados tienen larga trayectoria como defensores de derechos humanos. Por ejemplo, la argentina Nora Cortiñas es titular de la cátedra de poder económico y derechos humanos y doctora honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y de la Universidad de Salta, por su trayectoria en defensa de los derechos económicos y sociales de la población argentina. También el de su paisano, el abogado Alejandro Teitelbaum, representante desde 1985 hasta 2006 ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Asociación Americana de Juristas.


Aunque no estará presente en esta ocasión en Juárez, como jurado del TPP participa también un mexicano excepcional: Luis Villoro. Con mucho uno de los pensadores críticos más brillantes y comprometidos del país, el académico mexicano es filósofo, investigador y catedrático, y ha sido diplomático.


Ellos, junto al brasileño Eder Ferreira, al español Antoni Pigrau Sol y la argentina Graciela Daleo, escucharán los horrores que cotidianamente se viven en Ciudad Juárez y en el resto del país, que han conducido al Estado mexicano a ser sentado en el banquillo de los acusados de este tribunal ético.


Luis Hernández Navarro


Fuente: La Jornada

Ni una más!!!

Acuñó la frase “Ni una muerta más” para denunciar los feminicidios

La activista social contra los feminicidios y poetisa Susana Chávez, quien acuñó la frase “Ni una muerta más”, fue asesinada y su cuerpo hallado en una calle de la colonia Cuauhtémoc, informaron familiares de la víctima. Con ella, suman 13 los defensores de derechos humanos ultimados en la entidad desde 2009. Por la noche, la CNDH abrió un expediente por el asesinato.

La juarense de 36 años fue localizada con la mano izquierda cercenada y una bolsa de plástico negra en la cabeza la mañana del jueves 6 de enero, y trasladada en calidad de desconocida al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La tarde del lunes, familiares de Susana acudieron al anfiteatro a identificar el cadáver. No obstante, hasta el cierre de esta edición, la FGE no había difundido la identidad de la occisa, aunque sí informó que hay tres detenidos como presuntos responsables del homicidio.


Foto: Gael González/Reuters

Según la CEDH, estos sujetos estrangularon a la activista después de discutir con ella. El crimen causó indignación entre familiares y amigos de Susana Chávez, cuyos restos fueron velados este martes en la casa de su madre y trasladados al panteón Tepeyac.

La progenitora de Susana Chávez comentó que le entregaron el cuerpo a las 18:30 horas del lunes “No estaba identificada, Susy siempre cargaba su credencial y ese día no se llevó ni un papel; dijo que se iba a ver a sus amigas, y no alcanzó a llegar a donde iba”.

Sobre su tumba, sus parientes colocaron un papel con el fragmento de un poema de Susana que dice: “Sangre mía, sangre de alba, sangre de luna partida, sangre del silencio”. Susana Chávez participó en diversas protestas contra la violencia, los feminicidios y en movilizaciones en favor de la promoción de actividades culturales. Las poesías de Susana Chávez pueden ser consultadas en su blog Primera Tormenta. Allí, lo último que escribió fue: “Sentí dolor antes de que se recrudeciera toda la violencia que estamos viviendo los ciudadanos de esta mi natal Juárez. Pero ahora siento vacío, desamparo e impotencia, supongo que como muchos. Pensar en mejorías para mí está en verde, pero la esperanza la tengo aún porque soy mujer de fe. ¡Viva Juárez!”.

Rubén Villalpando

Fuente: La Jornada

Foto: AP

Los encapuchados que asesinaron a 14 jóvenes en una fiesta en Ciudad Juárez, la más violenta de México, irrumpieron al grito de “¡Acaben con ellos!”, informó un sobreviviente. La Fiscalía de Chihuahua –estado al que pertenece Ciudad Juárez– sospecha que buscaban matar a un hombre apodado “Ratón”, quien al parecer resultó herido y está desaparecido.

La matanza se registró hacia la medianoche del viernes, cuando un grupo de pistoleros armados con fusiles de asalto invadió una casa en la que se festejaba un cumpleaños de 15 y abrieron fuego durante unos cinco minutos. Además de los 14 muertos hay 19 heridos, entre ellos dos niños de siete y 11 años. “No hay un móvil determinado para la ejecución de las catorce personas”, dijo Carlos Manuel Salas, fiscal. En el lugar los investigadores “encontraron más de 70 casquillos”.

Medios locales mostraron imágenes de cadáveres en la cochera de la vivienda junto a automóviles. El parte policial dijo la noche del sábado que algunos de los asistentes al evento intentaron huir. Uno de ellos lo hizo saltando por los techos de casas contiguas, pero fue alcanzado por las balas.

La casa está ubicada en una zona residencial a menos de dos kilómetros de donde ocurrió otra masacre en enero pasado, en la que 16 jóvenes murieron a manos de un comando que también irrumpió a balazos en una fiesta.

Escondidos en sus viviendas, los vecinos evadían a los periodistas.

“Váyase, váyase por favor, no me comprometa, no puedo hablar; si lo hago vienen por mí los matones. Eso nos gritaron anoche”, respondió angustiada una vecina al periodista que intentó hablarle. “Uno de los muertos es mi sobrino y no andaba en malos pasos, no sé por qué lo mataron esos malditos”, dijo cortante antes de cerrar la puerta.

Unas 6500 personas han sido asesinadas en los últimos tres años en Ciudad Juárez, donde los carteles de Juárez y Sinaloa luchan desde 2009 por las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos y el mercado local.

La fiscalía estatal había entregado para la tarde de ayer 12 de los 14 cadáveres a sus familiares, quienes también reciben ayuda psicológica, dijo el fiscal Salas en conferencia de prensa, y añadió que el reporte sobre la identidad de las víctimas aún no está completo.

La violencia ligada al narcotráfico ha dejado más de 7000 muertos en México en lo que va de 2010, según un balance de la Procuraduría Federal, lo que lo convierte en el año más violento desde que en diciembre de 2006 el gobierno lanzó una ofensiva contra los carteles con el despliegue de 50 mil militares.

Fuente: Página 12

El asesinato de un menor por disparos de la guardia fronteriza de Estados Unidos, en la norteña Ciudad Juárez, mantiene conmocionada hoy a la población mexicana, ante el incremento de las agresiones del vecino del norte.

Anoche el presidente Felipe Calderón refrendó, en comunicado oficial, la más enérgica condena por la muerte del adolescente, ocurrida el pasado 7 de junio en las proximidades del Puente Internacional Paso del Norte, en el estado de Chihuahua, cuando un oficial de la Patrulla Fronteriza disparó contra un grupo de adolescentes.

El pronunciamiento de la Presidencia tuvo lugar horas después de la crítica emitida aquí por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al conocer este reprobable hecho, el Ejecutivo federal instruyó a la cancillería que solicitara al gobierno de Estados Unidos la investigación "a fondo lo sucedido y castigar a los responsables".

También Calderón ratificó que el gobierno "utilizará todos los recursos a su alcance para proteger los derechos de los migrantes mexicanos".

Reiteró igualmente el rechazo "al uso de la fuerza desproporcionada por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos en la frontera con México".

Sergio Adrián Hernández, de 14 años de edad, caminaba para encontrarse con su hermano en el Puente Negro y pedirle dinero para la escuela, pero fue baleado por un agente fronterizo, que supuestamente repelía una agresión a pedradas.

El padre de la víctima, Jesús Hernández, dijo a una emisora de radio local que "había muchos chavos (adolescentes) y los guardias empezaron a tirar balazos y le pegaron dos en la cabeza".

Con este deceso, suman 17 los mexicanos muertos o lesionados en lo que va de año debido al uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades migratorias estadounidenses, la cual va en aumento, señaló la SRE.

En Ciudad Juárez y en general en el norteño estado de Chihuahua, la población achaca la muerte del adolescente a una "conducta xenofóbica y racista" en Estados Unidos como lo evidencia la reciente promulgación de la ley anti-inmigrantes de Arizona.

El homicidio del niño no es un caso aislado, sino un patrón de violencia en la frontera, señaló Laura del Alizal, experta en política exterior de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, en esta capital.

María Julia Mayoral

Fuente: PL

México, DF.- Amnistía Internacional (AI) solicitó una acción urgente a la Secretaría de Gobernación, para que garantice la seguridad de la activista Cipriana Jurado Herrera, quien a su consideración se encuentra en peligro de muerte por trabajar en casos de violencia militar en conjunto con Josefina Reyes Salazar, quien fue asesinada el fin de semana pasado en Ciudad Juárez.

En un comunicado, AI indicó que, a partir del asesinato de Josefina Reyes, “la situación de vulnerabilidad de mujeres y hombres defensores de derechos humanos” aumentó, “en particular el de la activista juarense Cipriana Jurado quien ha trabajado en colaboración con dicha asociación Internacional en casos de abusos cometidos por militares.

En entrevista con Cimacnoticias, la activista de 45 años, informó que AI solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que intervengan en su protección así como en la de otras y otros defensores de derechos humanos.

Jurado Herrera, quien hoy trabaja en el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, dijo que a partir del crimen contra Josefina Reyes, “se han encendido los focos rojos” por lo que las y los defensores “estamos más preocupados por la situación que se está viviendo en la ciudad”

Cipriana, quien lleva más de 15 años trabajando en la defensa de los derechos humanos, narró que desde la llegada de los militares la situación empeoró para las personas que, como ella se opusieron a la participación del ejército en la seguridad pública e incluso ha recibido hostigamiento y amenazas por parte de los integrantes de esas fuerzas.

La también ex trabajadora de la maquila, comentó que en abril de 2008 fue detenida por una denuncia “supuestamente” realizada desde 2005 por parte de Caminos y Puentes Federales por unas protestas que se hicieron contra el feminicidio y los casamigrantes.

“Casualmente nunca me notificaron la denuncia”, y en 2007 a la llegada de los militares, reabrieron el caso. En 2008 la detuvieron elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), sin identificación, sin orden de aprensión y en un vehículo sin placas.

Subrayó que ella lleva algunos casos contra integrantes de las fuerzas armadas que ya están siendo investigados por ministerios públicos militares. Uno de ellos es el caso del homicidio de Saúl Becerra Reyes, quien fue detenido en octubre de 2008 y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga, detenidos en su casa en noviembre del mismo año y de quienes, hasta el momento, no se tiene noticia.

Cipriana dijo que el problema de la frontera del país es que las personas están siendo detenidas y el ejército se mete a las casas por “supuestas llamadas anónimas”.

Indicó que recibió amenazas por su trabajo en la denuncia pública del feminicidio, sin embargo desde que trabaja en casos de violencia militar ha vivido hostigamiento, mismo que se intensificó a partir de que comenzó a denunciar la muerte de Saúl Becerra.

Explicó que Becerra Reyes, fue detenido en un operativo del centro de la ciudad junto con otras cinco personas y a partir de la petición de su esposa, se hicieron protestas en apoyo a los detenidos quienes, a excepción de Saúl, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y para marzo de 2009 su cuerpo fue encontrado en una brecha camino a Ascensión, Chihuahua.

Su caso fue retomado por AI en su informe de violaciones a derechos humanos por parte del ejército mientras que el de los hermanos Guzmán Zúñiga, fue documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como desaparición forzada por parte de militares. Cipriana está coadyuvando con las familias de las víctimas.

Indicó que ya se notificó a la CNDH para que intervenga en el esclarecimiento del asesinato de Josefina Reyes, quien, aclaró, no tenía un puesto de barbacoa como se ha informado en los medios sino, que era clienta del lugar.

Sostuvo que ayer durante una rueda de prensa en ciudad Juárez se habló sobre el clima de violencia que ahí se vive, a causa de la política militarizada que no ha funcionado, pues “en lugar de traer la paz, trajo más violaciones a los derechos humanos”.

En ese sentido, AI subrayó que la actual administración en su intento por frenar a los cárteles de la droga con el despliegue de “miles de policías federales y más de 50 mil militares en las zonas más afectadas como Ciudad Juárez”, no ha reflejado una reducción de la violencia.

Fuente: Cimac

Foto: Diagonal

El feminicido es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es símbolo de la impunidad. En 1993 comenzaron a registrarse los primeros hallazgos de cadáveres femeninos con marcas de violencia extrema, localizados en basureros y lotes baldíos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Por eso comenzamos a hablar de feminicidio. A la fecha, se habla de más de 500 asesinadas y 1000 desaparecidas. La ola de asesinatos no sólo no ha sido detenida sino que se ha extendido a otros estados de México.

Mariana Berlanga*

Dado el carácter cada vez más apremiante del problema, el pasado 3 y 4 de agosto, se llevó a cabo en la Ciudad de México la Primera Reunión de Trabajo de Especialistas en la Dimensión Política, Jurídica y Cultural de la Violencia Sexual en la Frontera Ciudad Juárez, Chihuahua./El Paso, Texas. Patricia Ravelo Blancas y Héctor Domínguez, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, con el apoyo de otras instituciones mexicanas y estadounidenses, convocaron a cerca de 60 especialistas, entre las que se encontraban académicas/os, estudiantes, activistas de los derechos humanos y familiares de víctimas del feminicidio.

“La violencia feminicida es constitutiva de nuestra civilización”, expresó Ana María Martínez de la Escalera al inicio de la reunión, cuestión que fue permanente punto de debate. También sostuvo que mientras no se examine ese carácter constitutivo, no se podrá argumentar el estado de excepción que representa –según algunos– el caso de Ciudad Juárez. Cecilia Balli (de la Universidad de Texas en Austin) explicó el problema específico de Ciudad Juárez con lo que ella denominó una masculinidad emergente: “El hombre retiene y reafirma su masculinidad por medio de la intimidación, del terror y la violencia”.

Dada la reciente militarización de esta ciudad, Patricia Ravelo y Héctor Domínguez dijeron que Juárez es un estado de excepción, “en donde el goce es para los hombres de armas”. El Estado apareció como una figura problemática, pues es la estructura sobre la que están basadas nuestras sociedades, pero por otra parte, es una figura que “no podemos obviar”, expresó Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, quien acuñó el término de feminicidio. En ese mismo sentido, las/os integrantes del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer nos recordaron que hay tres casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que resolver.

Ileana Rodríguez (integrante de The Ohio State University) aseguró que “el incesto y el feminicidio son parte de una cultura que tiene un horizonte de violencias”. Según Rita Laura Segato (de la Universidad de Brasilia), para descifrar lo que ocurre en la Frontera Norte de México hay que entender “la relación entre el perpetrador y sus pares y el mandato violento propio de la masculinidad y sus transposiciones en otras cofradías o hermandades”.

La acción, por tanto, debe realizarse desde todos los frentes: el jurídico, el institucional, pero también desde la movilización ciudadana y el trabajo colaborativo, fue una de las conclusiones de la reunión. Sin olvidar que las madres de Juárez fueron las primeras en denunciar y visibilizar el feminicidio. De ahí que ellas, las madres, son las máximas especialistas en el tema.

* Periodista y feminista. Investiga los feminicidios en Guatemala y México.

Fuente: Página 12

Ana Requena Aguilar

El próximo 27 de abril comenzará en Santiago de Chile la vista oral del primer caso por feminicidio que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El abogado español Emilio Ginés forma parte junto a otros tres letrados (dos de ellos mexicanos) del equipo jurídico que defenderá a las víctimas del llamado caso del Campo Algodonero, que sucedió en Ciudad Juárez (México) en 2001. Ginés formó parte de una misión internacional que visitó la ciudad en 2008. Las madres de las mujeres asesinadas le pidieron ayuda ante la dificultad de encontrar abogados mexicanos.

Entre el 6 y el 7 de noviembre de 2001, ocho cuerpos de mujeres fueron encontrados en un solar llamado Campo Algodonero, justo enfrente del sindicato de maquiladoras. Sólo tres cuerpos fueron correctamente identificados y por tanto sólo tres madres pudieron presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remitió el caso a la Corte para que fuera juzgado.

"No se trata de asesinatos puntuales, son feminicidios, que no ocurren sólo en Ciudad Juárez o México y que constituyen verdaderos crímenes contra la humanidad, por eso, esta primera sentencia sobre feminicidio de la Corte va a ser paradigmática y va a influir en toda América Latina e incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", explica Ginés. En la vista oral el equipo jurídico solicitará la responsabilidad del estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y exigirá una respuesta judicial adecuada, conocer la identidad de los responsables, imponerles las penas correspondientes y la reparación de las víctimas.

La decisión de la Corte obligará al Gobierno mexicano a tomar medidas: "La respuesta estatal a la violencia contra las mujeres es muy limitada, erradicar el feminicidio es necesario para que la democracia para las mujeres no sea sólo una simulación".

Impunidad

El abogado español asegura que la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia que aprobó el Parlamento mexicano en 2008 apenas se aplica.

Emilio Ginés subraya la desprotección de las mujeres antes estos crímenes: "Las víctimas elegidas son pobres, de familias sin recursos, y además sufren violencia por parte de las instituciones". La mayoría de estos crímenes quedan impunes. Funcionarios corruptos, negligencias en la recolección de pruebas, amenazas a familiares y abogados e incluso asesinatos hacen muy complicado que los juicios prosperen.

A través de un equipo especial, el Consejo General de la Abogacía español quiere continuar con la labor de asesoramiento y apoyo a los abogados latinoamericanos en casos de violación de los Derechos Humanos.

Más de 1.000 mujeres asesinadas en año y medio

5.600 personas ejecutadas
En 2008, 5.600 personas fueron asesinadas en México por el crimen organizado. Prácticamente un tercio de los crímenes se produjeron en el Estado de Chihuahua, frontera con EEUU. Ciudad Juárez, que pertenece a este Estado y limita con El Paso (Texas), fue considerada la ciudad más violenta de México. Fue en 1993 cuando empezaron a documentarse los asesinatos de mujeres en esta ciudad.

500 mujeres asesinadas
Desde 1993, 500 mujeres han sido asesinadas sólo en Ciudad Juárez, la ciudad de México donde se concentran más maquilas (fábricas) y que recibe cientos de inmigrantes llegados de todo el país en busca de trabajo, la mayoría mujeres. Muchos de los asesinatos y raptos de mujeres se producen en el trayecto entre la maquila y el lugar de residencia.

1.100 muertas en México
En los últimos 19 meses, 1.100 mujeres han sido asesinadas en todo México. El Parlamento mexicano aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para intentar acabar con esta lacra.

Fuente: Público