Ilustración: Areito

La ONU observará el Día Internacional del Migrante exhortando a ampliar la vigencia de una convención de 1990 que protege los derechos de esas poblaciones, mientras una ola de xenofobia se extiende por Europa y Estados Unidos.

El llamado del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, fue dirigido sobre todo a los países occidentales, que albergan a más de 215 millones de inmigrantes y que se han negado a ratificar el tratado que los obligaría a ofrecer seguridad y protección a los trabajadores extranjeros.

"La situación irregular de muchos migrantes no los priva de su humanidad ni de sus derechos", dijo Ban al referirse al día internacional que se conmemorará este sábado 18.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares se firmó en 1990 y entró en vigor en julio de 2003 con la ratificación de 20 países, la mayoría de ellos fuente de trabajadores emigrantes, como Argelia, Egipto, Filipinas, Ghana, Marruecos, México, Sri Lanka y Turquía.

Entre los países occidentales que eluden este tratado se encuentran varios de los mayores receptores de población extranjera, como Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia.

En un documento de 48 páginas divulgado en la sede neoyorquina de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos que en 2011 se dediquen a mejorar las medidas de protección de los inmigrantes, por ejemplo ratificando la Convención.

Muchos gobiernos agravan las cosas con políticas que exacerban la discriminación o que impiden a los inmigrantes siquiera recurrir a las autoridades en busca de ayuda, dijo la investigadora de HRW, Nisha Varia, especializada en derechos de las mujeres.

Las políticas migratorias y la ausencia de protección legal ponen a los inmigrantes en mayor riesgo de abusos como explotación laboral, violencia, trata de personas, malos tratos y torturas cuando son detenidos y asesinatos, dijo Varia. Y esos países ofrecen muy pocos recursos para reclamar justicia, señaló.

La creciente fobia contra los extranjeros es evidente en buena parte de Europa occidental (Alemania, Francia, Italia y Suiza) y también en Estados Unidos.

Ante una pregunta de IPS sobre la caída de las remesas de dinero que los trabajadores envían a sus familias, causada en el último año por la crisis económica mundial, Varia insistió en que "los gobiernos deben proteger los derechos humanos de los migrantes sin importar que sus contribuciones económicas suban o bajen".

Además, combatir infracciones laborales muy comunes, como el no pago de salarios, tiene efectos económicos positivos, añadió.

En tiempos de penurias, la población de un país puede culpar a los extranjeros de quedarse con sus empleos, aun cuando se trate de trabajos que ella misma no esté dispuesta a ejecutar, sostuvo Varia. Por eso "los gobiernos deben hacer frente a los sentimientos xenófobos que conducen a la discriminación y a la violencia".

Según el Banco Mundial, las remesas de dinero enviadas por los trabajadores inmigrantes hacia los países en desarrollo llegaron a 278.000 millones de dólares en 2007 y a 325.000 millones en 2008. Pero en 2009 cayeron a 307.000 millones de dólares.

Los países más afectados fueron Moldavia (este europeo) Kirguistán y Tayikistán (Asia central), donde la caída de ingresos por remesas representó entre ocho y 16 por ciento del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el informe "Situación económica mundial y perspectivas 2011", que se divulgó parcialmente el 1 de este mes y será publicado íntegramente en la primera semana de enero.

En varias naciones centroamericanas y caribeñas, entre ellas Haití, el impacto de la reducción de remesas fue de entre uno y dos puntos del PIB, mientras en países del sudeste europeo osciló entre dos y tres por ciento.

Pero el Banco Mundial adelanta que las cifras finales de 2010, que se computarán al finalizar diciembre, rondarían los 325.000 millones de dólares. Se espera que esa tendencia al alza continúe para llegar en 2012 a 374.000 millones de dólares.

HRW sostiene que muchos países dependen de la mano de obra extranjera para abastecer trabajos mal pagos, peligrosos o informales.

Además, en su informe documenta explotación laboral y obstáculos para indemnizar a inmigrantes en la agricultura, el servicio doméstico y la construcción en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Indonesia, Malasia, Kazajstán, Kuwait, Líbano y Tailandia.

"Los sistemas de apoyo a la inmigración de muchos países otorgan a los empleadores un inmenso control sobre los trabajadores y dejan a éstos presos de situaciones abusivas o imposibilitados de reclamar reparaciones en la justicia", dice el informe.


Foto: Carlos Capote

En Estados Unidos, cientos de miles de personas son detenidas durante meses o inclusive años por violar normas migratorias de carácter civil.

Sin derecho a un abogado nombrado por el Estado, casi 60 por ciento de los inmigrantes detenidos comparecen en los tribunales sin defensa legal en ese país.

HRW también sostiene que para los inmigrantes con discapacidades mentales, la falta de un abogado determina que no puedan defender sus derechos. Algunos permanecen detenidos sin justificación durante años.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sostuvo que con demasiada frecuencia las contribuciones que los migrantes hacen a la sociedad son cuestionadas o ignoradas, pues muchos gobiernos adoptan conductas reduccionistas, presentándolos como una carga para economías debilitadas o como un drenaje constante de los servicios sociales que prestan los estados.

Un estudio publicado este año por el University College London reveló que los recién llegados a Gran Bretaña desde Europa oriental pagaron en proporción 37 por ciento más de impuestos que los beneficios que recibieron de los servicios públicos en el período 2008-2009.

Muchos inmigrantes, además, contribuyeron a la prestación de atención sanitaria como personal médico, de enfermería y de limpieza en el Servicio Nacional de Salud de ese país.

En Estados Unidos, los ciudadanos naturales se benefician con unos 37.000 millones de dólares por año aportados a la economía nacional por la actividad de los inmigrantes, según el Consejo de Asesores Económicos de la Presidencia.

Más de uno de cada 10 trabajadores autónomos de Estados Unidos son inmigrantes, según la OIM.

Pero, pese a las pruebas, "pocos asuntos despiertan reacciones más duras que la migración", dijo el director general de la OIM, William Lacy Swing.

"Desde los recintos parlamentarios hasta las calles, pasando por las discusiones a la hora de la cena, hay encendidos debates sobre el impacto de los inmigrantes en la identidad nacional, la seguridad, el empleo, la salud y los servicios sociales, todos elementos que conforman la fábrica de la sociedad", agregó.

Pero muchas de esas discusiones se basan en emociones y mitos, y no en realidades sociales y económicas.

"Las migraciones, ahora y en el futuro, obedecen a tendencias económicas, sociales y demográficas globales que ya no pueden ser ignoradas", agregó Swing.

Una de las razones de su marcado aumento es la caída poblacional en los países industrializados, que llegaría a 25 por ciento para 2050, dijo.

Esto ampliará significativamente la demanda de trabajadores migrantes mientras la fuerza laboral de los países en desarrollo pasará de los 2.400 millones de 2005 a 3.600 millones en 2040.

Thalif Deen

Fuente: IPS

A lo que llaman globalización yo prefiero denominarlo globocolonización, y resulta de los avances tecnológicos de interacción de los medios de comunicación e información, que permiten el desplazamiento, en tiempo real, del capital financiero, con el objetivo de desestabilizar (o descapitalizar) a los gobiernos que se resisten a la hegemonía capitalista neoliberal.

En el bienio 1950-1960, como reacción a la crisis estructural del capitalismo instaurada en la posguerra, la globocolonización se impuso en función de la reestructuración económica de la hegemonía capitalista. Tuvo como característica la sustitución del modo de producción tecnológico mecanizado por la tecnología informatizada.

Tal proceso, facilitado por el período conservador Reagan-Thacher de los años 80, y el fin del socialismo en Europa del Este, permitieron la amplia expansión del capital financiero. El proceso globocolonizador permitió el desmontaje del Estado-nación, la hegemonización del planeta bajo el control de las naciones metropolitanas y la supremacía del mercado sobre el Estado.

La economía pasó a ser tratada como un ámbito distinto de los ámbitos político y social. El gobierno de Lula ratificó esa autonomía del ámbito económico al entregar el Banco Central a un economista afiliado al PSDB, Henrique Meirelles. Se creó una interconexión entre las economías nacionales de los países del G-8 y la de aquellos que, como el Brasil, son considerados en vías de desarrollo. La reciente crisis financiera en los EE.UU. y sus repercusiones internacionales lo comprueban.

Aunque la globocolonización favorezca la libre circulación del capital, restringe la libre circulación de las personas. Se impide, pues, la globalización de la migración. En los siglos pasados la migración representó un factor positivo que expandió el comercio y la economía, permitió el surgimiento de naciones, fortaleció la urbanización, estimuló interambios sociales y culturales. El sistema capitalista soportó la migración Norte-Sur, sobre todo durante los períodos de desempleo después de las guerras (7 millones de europeos llegaron a Argentina en el cambio de los siglos 19 y 20), pero hoy rechaza la migración Sur-Norte y teme la del Este-Oeste.

Por fuerza del semicolonialismo el proceso migratorio tiende a crecer. Según la ONU en 1965 los migrantes internacionales fueron 75 millones; 84 millones en 1975; 105 millones en 1985; y 150 millones en el 2000.

Los avances tecnológicos de las últimas décadas permitieron a los trabajadores de los países ricos ejercer actividades menos exhaustivas, hubo mejoras en las condiciones de trabajo y conquista de más derechos laborales. Sin embargo la clase trabajadora de los países pobres, que extrae y manufactura la materia prima para los países ricos, se volvió mucho más explotada. Lo cual provocó un aumento de la migración.

Si hoy hay más de cuatro millones de brasileños en busca de trabajo en el exterior es por falta de esperanza en el mercado interno. Y no hay muro, ley o policía que reduzca el flujo migratorio mientras no se rompa la dependencia del mundo en relación al G-8. Y que éste se prepare para cuando la muralla china sea traspasada por hordas de migrantes...

Frei Betto

Traducción: J.L.Burguet

Fuente: ALAI

Ben Heine

Matteo Dean

¿Qué significa hoy, en el mundo de la crisis económica globalizada, ser migrante? Significa ser el blanco, el objetivo, el sujeto sobre el cual tratar de descargar las consecuencias más apremiantes de la crisis económica, es decir los despidos masivos, la falta de empleos, la reducción salarial. Significa ser las primeras víctimas de la tentativa de descargar encima de los migrantes, justamente en el momento en el que el mundo celebra la elección del hijo de un migrante a la presidencia de Estados Unidos, el precio de una economía global inestable, de mercados financieros que supieron y pudieron eludir las reglas escritas por sus propios jugadores, de un estado del bienestar –en donde aún queda– incapaz de ofrecer respuestas a millones de precarios, permanentemente en la búsqueda de un rédito entre trabajo a destajo, despedidas y erosión de las garantías adquiridas en el pasado. De tal manera que la competición se traslada hacia abajo: los migrantes nos convertimos en los adversarios en la búsqueda de un trabajo y en algunos casos sujetos de peligro público. Claro está: no es la primera vez ni la última será que la individuación del enemigo, del peligro, se ubique en la figura de los migrantes. Sin duda la política y la información han jugado y siguen proponiéndolo un papel fundamental en este sentido. Sin embargo el verdadero nudo a resolver es que alimentar y volver a proponer este juego encuentra, en la crisis, aún mayor terreno en el que establecerse. Y entonces hoy, a la par con el establecerse de nuevas herramientas represivas y descriptivas del “peligro extranjero”, sobre todo en los países más ricos, se presenta una nueva apremiante problemática. Si bien es cierto que miles son los migrantes que tendrán que volver a su tierra de origen, tal como lo demuestra la reciente realidad que finalmente cumple con lo que por meses los gobiernos negaron, también es muy acertado afirmar que muchos migrantes –¿la mayoría?– no se irán a ningún lado. Quiérase porque decidan aguantar las vacas magras y no volver a arriesgar su aún precaria permanencia en el país receptor, quiérase porque muchos son los migrantes que ya están insertados cultural, económica, social e inclusive políticamente en la sociedad de acogida.

Miremos pues a la Unión Europea, en la que toda legislación migratoria siempre se ha centrado en interpretar a los flujos migratorios como a oleadas de mano de obra barata. Con la crisis actual, miles son los migrantes que están siendo despedidos y alejados de sus puestos de trabajo. ¿Qué hacer en estos casos? Algunos gobiernos se han planteado la expulsión inmediata de los miles de trabajadores nuevos desempleados. Protestan entonces los industriales europeos porque mañana –habrá un fin a esta crisis, esperan– cómo se podrá volver a contratar a esos miles de trabajadores ya calificados y preparados. No fuera suficiente, y más importante aún, lo mencionado arriba: habrá quienes no querrán irse. Por años criticamos a la perversión legal que amarra el permiso de legal estancia al contrato laboral. Así han sobrevivido millones de migrantes durante años, estableciendo sus redes sociales, enviando sus hijos a las escuelas del país receptor, en fin, construyendo vidas y sueños en el territorio de acogida. ¿Querrán moverse estas personas? Creemos que no. Y si así habrá de ser, nos encontraremos con millones de nuevos desempleados, sujetos a expulsión y que –esperamos nosotros– tendrán que oponer resistencia. Juntos a éstos, los otros, los que llegarán.

Circula una nueva consigna en la Unión Europea: bloquear las nuevas llegadas. Suspender el ingreso legal, los flujos legales y establecidos anualmente por cada país. Detenerlos, suspenderlos, pues no se necesita de nuevas manos migrantes para los trabajos sucios. Y bien, que lo hagan. Si con esto creen resolver el problema... como si hasta ahora el camino migrante hubiera dependido de las leyes europeas. La migración es un fenómeno que va más allá de cualquier ley –más si ésta es con enfoque represivo– que trate de regularla. Y esta crisis que hoy y durante el próximo futuro nos agobia no frenará ciertamente el deseo migrante de una mejor vida. Quizás será justamente el contrario.

¿Qué sucederá entonces? Difícil preverlo. Si es cierto que la crisis en los países del norte se está socialmente –y no sólo– descargando sobre la espalda migrante, lo posible serían una serie de medidas de resistencia que pongan finalmente al descubierto la misma realidad migrante no como una masa de trabajadores privados de identidad y de derechos, sino como un conjunto de sueños, deseos, vidas, proyectos que difícilmente se dejarán borrar del mapa. Es por esto que quizás hoy resulte urgente retomar la consigna que se mencionaba en una anterior entrega a este espacio (La Jornada, 15 de noviembre de 2008): no seremos nosotros quienes pagaremos la crisis. Y no sólo eso. La aparente derrota del neoliberalismo y la real crisis económica pueden estar abriendo espacios en los cuales los señores debilitados del poder globalizado se encuentren necesitados con volver a escribir las reglas del juego. De ser así, por parte migrante –y en general por parte de todos los que abajo estamos– debería ser urgente abrir los espacios para una redefinición colectiva y horizontal de las normas que cambien de signo las actuales leyes represivas.

Fuente: La Jornada

Ben Hayes


Desde Bolivia a Bangladesh, la nueva directiva del retorno de la UE –que permite encarcelar a los inmigrantes ‘ilegales’ hasta 18 meses antes de su expulsión– se ha topado con una condena unánime. Pero la directiva representa sólo una pieza más del mecanismo de la ‘Europa fortaleza’ para controlar a todos los inmigrantes.

‘Europa ha dejado de ser la cuna de los derechos humanos’, recriminaba el típico comunicado de prensa. La UE ‘ha legalizado la barbarie’, denunciaba el presidente venezolano Hugo Chávez mientras los dirigentes de la región andina amenazaban con bloquear las negociaciones comerciales con la UE a raíz de la cuestión.

La cuestión era la nueva directiva del retorno, que se votó a mediados de junio de 2008 en el Parlamento Europeo para allanar el terreno hacia su adopción formal en otoño. El paquete de medidas pretende armonizar los diversos aspectos de las políticas y prácticas de los Estados miembro de la UE en materia de expulsión de inmigrantes ‘ilegales’. Entre las normas de procedimiento que impondrá la directiva está un período máximo de detención de hasta 18 meses para las personas deportadas y la prohibición de volver a entrar en la UE durante 5 años para aquellas expulsadas. El acuerdo fue recibido por la condena unánime de la comunidad de los derechos humanos y otros muchos sectores.

Aunque las críticas están plenamente justificadas, la directiva del retorno surge precisamente de la nada. De hecho, el borrador de la directiva lleva sobre la mesa desde septiembre de 2005 y constituye un componente clave de la política común de la UE sobre inmigración y asilo, que se ha estado desarrollando desde 1999. En este sentido, la directiva es simplemente la última herramienta –y hay muchas– dirigida hacia el registro, la vigilancia y el control sistemático de todos los inmigrantes y refugiados en la Unión.

La expulsión legalizada

La Comisión Europea justificó la propuesta original de 2005 con la excusa de que era necesario establecer unas ‘normas mínimas’ de expulsión para mejorar las prácticas en los Estados miembro donde a las personas deportadas se les negaban derechos básicos de procedimiento o donde se las mantenía en malas condiciones. Sin embargo, al proponer un período máximo de detención de seis meses, la Comisión amenazó con exacerbar la situación en aquellos países donde estos períodos eran más cortos, como Francia (32 días), España (40 días) e Italia (60 días). En el Reino Unido y en Irlanda –que, junto con Dinamarca, no han secundado la directiva– no hay un período máximo establecido, por lo que Londres sigue teniendo toda la libertad de detener de forma indefinida a personas que están esperando la deportación alegando motivos de seguridad.

La propuesta de la Comisión también disponía que las órdenes de expulsión fueran obligatorias para todos los residentes ilegales, si bien es cierto que daba prioridad al retorno ‘voluntario’ y no al ‘forzoso’ (‘voluntario’ sería un concepto algo vago, a menudo ofrecido por los Estados como única alternativa a la detención y el retorno forzoso). Pero al menos incluía algunas garantías importantes para los ciudadanos de terceros países sujetos a un expediente de expulsión que habrían permitido, en ciertos casos, evitar la deportación por motivos de derechos humanos.

Sin embargo, algunos Estados miembro consideraron que estas garantías eran demasiado generosas, y para cuando el grupo de trabajo de la UE en materia de expulsión puso punto y final al texto en 2006, estas salvaguardias se habían diluido considerablemente. Las cosas se pusieron mucho más feas cuando Alemania asumió la presidencia de la Unión en 2007 y reelaboró de forma sustancial el borrador del texto, reduciendo aún más las ‘normas mínimas’ que se suponía que se debían introducir con la directiva.

En un intento por alcanzar un acuerdo con el Parlamento Europeo, las presidencias que le siguieron –la eslovena y la portuguesa– adoptaron un enfoque más conciliador. Pero aunque éstas mejoraron el texto, el Consejo de la UE –los Gobiernos de los Estados miembro– ya se había avanzado y había propuesto un período de detención administrativa de hasta 18 meses, la posibilidad de detener y expulsar a menores no acompañados, la expulsión de personas a países de tránsito –en lugar de a sus países de origen– y la prohibición de volver a entrar en territorio europeo durante cinco años. Muchos de los principios que protegían los derechos humanos y las garantías de procedimiento propuestos por la Comisión desaparecieron.

Ante la creciente y contundente oposición de las organizaciones de derechos humanos y de la comisión de libertades públicas del Parlamento Europeo, el Consejo recurrió entonces a la táctica habitual: la coacción. Así, le hizo saber al ponente del Parlamento Europeo y a los dirigentes de los diversos grupos políticos que, si no se adoptaba el texto ‘de compromiso’ del Consejo, no habría ningún tipo de acuerdo o se daría la alta probabilidad de que la presidencia entrante de Francia, que ya había propuesto un paquete de medidas más draconiano contra la inmigración ‘ilegal’, presionara para reducir aún más las normas mínimas. Para su vergüenza, el Parlamento no sólo aceptó este supuesto, sino que adoptó la medida en lo que se denomina una ‘primera lectura’, después de una serie de discusiones a puerta cerrada con la presidencia del Consejo.

El procedimiento de primera lectura se introdujo para cubrir las medidas legislativas que no suscitaran polémica o que fueran muy técnicas y sujetas a ‘co-decisión’ –entre el Parlamento y el Consejo–, pero dos tercios de toda la legislación europea se aprueba ahora de este modo, incluidas las 13 medidas sobre inmigración y asilo adoptadas desde 2004. Con esto se eliminan por completo las etapas finales del proceso legislativo de la UE, pues se descartan segundas y terceras lecturas, y se limita el control ciudadano.

La directiva del retorno se aprobó el 18 de junio, con 367 diputados a favor y 206 en contra. Una ‘declaración’ posterior de los Estados miembro, sin valor jurídico, señalaba que no daría motivos a los Estados con reglas más favorables a limitar sus estándares, siguiendo el nuevo ‘principio de igualdad de condiciones’ de la UE. Pero apenas unos días después, Italia ya había triplicado el período que las personas expulsadas pueden estar detenidas, de 60 a 180 días.

Europa: una máquina de deportaciones

Aunque la directiva ha provocado mucha oposición, no se ha mostrado tanta inquietud por el hecho de que la política comunitaria en su conjunto ofrece ahora la posibilidad de practicar la criminalización sistemática de todos los inmigrantes irregulares (incluida la gran mayoría de refugiados). Dentro de ese proceso, la expulsión es simplemente la pena final de un régimen que cada vez está más orientado a la localización y la detención.

A fines de los años noventa, todos los Estados miembro comenzaron a tomar huellas dactilares a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes ‘ilegales’; todos los registros están almacenados en la base de datos Eurodac, que comenzó a funcionar como servicio en línea en 2000. La toma de huellas dactilares es una medida que ahora se está extendiendo a todos los solicitantes de visados, cuyos datos quedarán archivados en un nuevo sistema de información de la UE –incluso en caso de que se denieguen dichos visados–, y todos los titulares de un pasaporte de la Unión.

Los documentos de identidad ‘biométricos’ y los escáneres de huellas dactilares, que ahora se están propagando por toda Europa, se complementarán también con un nuevo sistema comunitario de ‘entradas y salidas’ concebido para interceptar a personas ‘ilegales’ o que hayan sobrepasado la fecha en que les caducaba el visado, y con el nuevo sistema de información de Schengen ‘de segunda generación’, que se utilizará para hacer efectivas órdenes de deportación contra aquellos que se han fugado y prohibiciones de entrada contra aquellos que hayan sido deportados.

Las ‘sanciones a los transportistas’, las multas a las personas que den empleo a ‘ilegales’ y las redadas contra comunidades de inmigrantes complementan estas iniciativas sobre el terreno. En consecuencia, todos los inmigrantes que carecen de la autorización legal para quedarse –a pesar de que no existen estadísticas creíbles, la UE afirma que hay unos ocho millones de ‘ilegales’ presentes en su territorio– se ven cada vez más empujados hacia la ‘clandestinidad’, donde son vulnerables a una mayor coacción y explotación. La nueva presidencia francesa de la Unión se mostró muy crítica con las recientes ‘amnistías’ garantizadas por España e Italia para regularizar a personas en esta situación, y ahora está intentando prohibir próximas concesiones de la misma magnitud.

La directiva del retorno es sencillamente la última medida de una larga serie de políticas de expulsión europeas adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en 1999, que incluiría, entre las más polémicas, una decisión de 2004 sobre vuelos conjuntos de expulsión. Las ‘expulsiones colectivas’ están de hecho prohibidas en virtud de un protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en teoría, se volvieron a proscribir en la Carta de Derechos Fundamentales de 2000, pero la UE ignoró completamente estas reglas. El comisario Vittorino, responsable de Justicia e Interior en el momento en que se aprobaron estas medidas, instó más bien a los Estados miembro a ‘concienciar a sus ciudadanos de que los vuelos conjuntos [de expulsión] no tienen nada que ver con la expulsión colectiva’.

La expulsión viaja en avión

El primer vuelo que se organizó bajo los auspicios de la UE tuvo lugar en julio de 2005, cuando un vuelo chárter recogió a 60 afganos del Reino Unido y Francia y los deportó a Kabul. Dos meses después, España, Francia e Italia organizaron un vuelo conjunto para expulsar de la UE a 125 rumanos –personas que 15 meses más tarde se convertirían en ciudadanos comunitarios, cuando Rumanía se incorporó a la Unión–, con lo que se plantaron las primeras semillas de la actual ofensiva contra los rom en Italia.

Frontex, la joven policía de fronteras de la UE, tiene también un creciente mandato de interceptar a personas que residen ilegalmente en los Estados miembro y efectuar expulsiones en su nombre, incluidas las colectivas. Se trata de un mandato que este cuerpo policial se toma muy en serio, ya que recientemente ha solicitado, para este fin, su propia flota de aviones.

Finalmente, después de mucho tiempo de utilizar el dinero del Fondo Europeo para los Refugiados –que estaba pensado, en principio, para la ‘integración’ de los refugiados– para financiar sus políticas de expulsión, los Estados miembro pueden ahora pasar directamente las facturas a un nuevo ‘Fondo Europeo para el Retorno’, un programa de 629 millones de euros que funcionará hasta 2013, de los que 47 millones están asignados específicamente a operaciones de Frontex.

Todo esto llega en un momento en que la UE profesa ‘depender’ de la mano de obra inmigrante para mantener los actuales niveles de vida de Europa, y en pleno debate de propuestas sobre un nuevo sistema de ‘tarjeta azul’ para facilitar los procedimientos de entrada de las personas que se necesitan para cubrir determinados sectores en que escasea la mano de obra. Si el tráfico de seres humanos es un delito, la Unión Europea está empezando a parecer su principal responsable.

Ben Hayes es investigador de Statewatch y del Transnational Institute.

Traducción de Beatriz Martínez Ruiz

Fuente: Rebelión

Hoy, cuando conmemoramos los sesenta años de la Nakba palestina, los 20 años del inicio de las muertes en el Estrecho de Gibraltar, los 35 años del golpe militar contra el gobierno democrático de Salvador Allende; cuando esa misma legitimidad está gravemente amenazada en Bolivia y convoca nuestra conciencia y solidaridad, y cuando celebramos los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros, mujeres y hombres que somos parte de más de dos mil movimientos y organizaciones sociales de noventa países del planeta, nos reunimos en Rivas Vaciamadrid (España), del 11 al 14 de septiembre de 2008, bajo el lema: 'NUESTRAS VOCES, NUESTROS DERECHOS, POR UN MUNDO SIN MUROS'

Nuestras Voces

Somos personas y organizaciones de migrantes, desplazados/as y refugiados/as; víctimas del tráfico de seres humanos y la trata; somos también movimientos y organizaciones sociales trabajando junto a ellos; somos sujetos individuales y colectivos que, preocupados por el hecho migratorio comprendido en su integralidad, nos hemos ocupado de desarrollar acciones comprometidas con la transformación radical de las condiciones en las que los seres humanos se han visto obligados a migrar, desplazarse o refugiarse .

Nosotras, las personas migrantes, desplazadas y refugiadas y nuestras organizaciones, nos constituimos en un nuevo sujeto político y en una fuerza social mundial que se consolida en este III Foro Social Mundial de las Migraciones. Por todo lo anterior y con legítimo derecho, levantamos nuestras voces para decir:

No al creciente deterioro de las condiciones de vida que impacta a la mayoría de las personas del planeta, en el norte como en el sur global y que impacta de manera especial a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas de los diferentes continentes, y muy especialmente las de los pueblos palestino, saharaui, colombiano, sudanés e iraquí y a las políticas cómplices de Estados Unidos, Europa y España en particular.

No a las migraciones forzadas de los pueblos indígenas como resultado de la expropiación de sus tierras y de los megaproyectos agroindustriales, que traen como consecuencia el desarraigo y la destrucción de sus culturas.

No a las diferentes manifestaciones de racismo en contra de las personas y comunidades migrantes en todos los continentes y particularmente, en contra de las personas de Africa Negra y la comunidad latina en los Estados Unidos

No a la reproducción y el fortalecimiento de un sistema patriarcal que, en el contexto de la feminización de las migraciones, profundiza aun más la asimetría de género ya existentes, y se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y al cuidado de otros, en condiciones de esclavitud.

No a los proyectos que estigmatizan, segmentan y excluyen a las personas migrantes y sus familias y deterioran el tejido social comunitario y organizativo. Rechazamos la pretensión de transformar las remesas en sustituto de políticas estatales de desarrollo en los países de origen y en refuerzo al circuito financiero del capital, ampliando aún más las históricas asimetrías sociales, políticas, económicas y culturales.

No al discurso mediático convencional que desde los estereotipos, refuerza la criminalización y la victimización de las personas migrantes como discurso hegemónico; a la xenofobia, la discriminación y el racismo que se propaga desde ellos y que acrecienta esas conductas y prácticas en las sociedades y países de tránsito y destino de personas migrantes.

No a la globalización capitalista, neoliberal, concentradora y excluyente, depredadora del ser humano y de la naturaleza y que en su conjunto representa la causa fundamental de las migraciones contemporáneas.

Nuestros Derechos

Somos sujetos que nos hacemos cargo de procesos; analizamos e interpretamos la compleja realidad del hecho migratorio, desde el lugar del ser humano, su dignidad y la integralidad de nuestros derechos humanos; imaginamos y ponemos en marcha iniciativas múltiples y diversas y apostamos por nuestro protagonismo histórico, por la construcción de otra realidad:

En las condiciones actuales del capitalismo mundial, las personas migrantes somos una muestra evidente de las desigualdades económicas y sociales entre los países y dentro de los países. Situación que se profundiza por la sincronía de una crisis mundial, multidimensional: económica, ambiental, alimentaria y energética.

La construcción de muros geográficos, políticos, legales y culturales, como la directiva europea de “la vergüenza”, y otras leyes públicas y disposiciones oficiales similares, son una estrategia criminalizante que, en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional, elimina todos los derechos humanos. Para ello se recurre, además, a la externalización de fronteras, la internalización mental a través de la persecución, el hostigamiento y las deportaciones; las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana

Insistimos en que los acuerdos laborales bilaterales y regionales inspirados en el modelo filipino de programas temporales de trabajadores huésped que, al impedir el arraigo, anula cualquier posibilidad de reivindicar sus derechos, propiciando la sobreexplotación y deshumanización de las personas trabajadoras, cumplan plenamente con las obligaciones establecidas en los convenios 97 y 143 de la OIT; sin lo cual se profundiza el deterioro integral del Trabajo Humano, con pérdida de su valor salarial, social y jurídico, convirtiendo a las personas migrantes en mercancías.

Afirmamos la necesidad de defender, reivindicar, extender, frente al trabajo forzado, esclavo y precario, el trabajo digno para una vida digna, que integre libertad, igualdad de trato y contraprestaciones negociadas adecuadas para todas las personas trabajadoras.

Valoramos las iniciativas de economía solidaria que fortalecen el tejido asociativo y contribuyen a procesos de economía social y desarrollo integral de las personas. Rechazamos su utilización como instrumento para negar el derecho a migrar.

Promovemos la ciudadanía universal y ratificamos el derecho de las personas a la libre movilidad como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por un mundo sin muros

Un mundo sin muros es una condición esencial para construir otro mundo posible; el cumplimiento pleno de los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una exigencia y nos compromete a continuar en nuestra lucha por los derechos de todas las personas migrantes.

Por ello exigimos:

la firma, ratificación y puesta en práctica de la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias por parte de los Estados que no lo han hecho. Saludamos a los Estados que la han ratificado y demandamos adecuen su marco normativo nacional a las exigencias de la Convención. Saludamos el compromiso por parte de los gobiernos municipales iniciado por el gobierno de Rivas Vaciamadrid de trabajar en la campaña a favor de la ratificación.

el establecimiento de un mandato o procedimiento especial dentro del sistema de la ONU para suplir los vacíos en los instrumentos existentes de protección de las personas migrantes, CMW (Comité de Trabajadores Migratorios), relator especial, ACNUR y el representante especial para las personas desplazadas internas.

la derogación de la directiva de retorno de la UE, así como de todos los instrumentos legales que permiten la detención de migrantes en el mundo; el desmantelamiento del Frontex y de todos los dispositivos policiales y militares que securitizan las políticas migratorias y la fiscalización por parte de organizaciones sociales de los centros de internamiento, hasta su cierre definitivo.

que las fronteras del mundo dejen de ser espacios de impunidad en los que las personas migrantes son objeto de todo tipo de violaciones, crímenes y obligados a asumir riesgos que ponen en peligro su vida. Demandamos que los países de origen, tránsito y destino, asuman su responsabilidad para revertir esta situación.

la regularización de todas las personas migrantes sin papeles en todo el mundo.

el reconocimiento de otras formas de persecución y la ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas, garantizando que las solicitudes y los procedimientos cumplan con todo lo que prevé la ley y centren los derechos humanos de estos colectivos. Igualmente, demandamos el cumplimiento de las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.

la denuncia de todos aquellos convenios de expulsión, generalmente impuestos a los Estados de origen o tránsito, que a menudo conllevan graves violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes.

la anulación de los acuerdos y claúsulas de re-admisión y el cese de toda negociación de acuerdos de este tipo entre la Unión Europea y los países terceros y entre los países terceros.

la promoción de las personas y comunidades migrantes para que se organicen, se rebelen, denuncien toda forma de dominación y explotación y hagan valer sus derechos, fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo.

el cumplimiento de la legislación internacional que garantiza la protección adecuada de los niños y niñas que son parte importante de los flujos migratorios internacionales.

la incorporación en nuestras luchas de la reivindicación de una justicia medio ambiental y el reconocimiento y protección jurídica de los refugiados que provoca el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, urgiendo un nuevo orden mundial que promueva la dignidad humana de todas las personas, en sintonía con las potencialidades de nuestro planeta tierra.

la aplicación de políticas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades profundizando mecanismos de inclusión que no dependan de la situación administrativa de las personas migrantes; de políticas que integren, en los servicios públicos, la diversidad cultural de las personas migrantes en los servicios públicos; de políticas a largo plazo para la integración de los jóvenes y para el avance en la equiparación de derechos para los colectivos migrantes de LGTB y sus familias.

el derecho al voto en el ámbito municipal y la participación activa en la definición de los planes locales de desarrollo y el respeto a la autonomía de las organizaciones y movimientos sociales, de tal manera que el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas migrantes sea efectivo.

la participación política del migrante para incidir, tanto en la política interna como en la política externa, de un país de llegada, a favor de su país de origen, visibilizando los beneficios que las personas migrantes traen, constituyéndose en sujetos activos.

la continuación del proceso de redacción colectiva de la Carta de los Migrantes así como la de todos aquellos procesos e iniciativas que signifiquen el fortalecimiento de la defensa de los derechos de las personas migrantes.

la multiplicación y fortalecimiento de medios de comunicación democráticos, incluyentes que, desde las voces de las personas y comunidades migrantes, reflejen adecuadamente la complejidad de la migración.

Queremos recuperar la dimensión del sujeto humano, de la dignidad humana evitando que la lógica mercantil afecte nuestra relación como movimientos sociales. Asumir que nuestra identidad como migrantes, refugiados y desplazados no niega nuestras otras múltiples identidades y luchas.

Migrar no es un delito, delito son las causas que originan las migración. Levantemos nuestras voces, defendamos nuestros derechos, luchemos juntos por construir un mundo sin muros.

En Rivas Vaciamadrid, a 13 de septiembre de 2008