01 junio 2012

Uruguay: AMFU estudia traslado del fiscal Ricardo Perciballe



Perciballe recurrirá a la Corte Interamericana si su recurso de revocación es rechazado por el MEC y el TCA


Para hoy a las 18.00 está fijada una asamblea de socios de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU). La convocatoria está vinculada con la resolución del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de trasladar a Ricardo Perciballe de la Fiscalía Penal especializada en Crimen Organizado de 2° turno a la Fiscalía Civil de 1º turno. Luego de esta decisión, Perciballe pidió apoyo para que el tema se tratara en asamblea, pero ante los “cuestionamientos” por parte de algunos colegas, retiró la solicitud. No obstante, 13 fiscales recogieron las firmas necesarias y la asamblea quedó convocada.

“La solicitud no era un pedido de apoyo personal. Tenía que ver con que el plenario discuta el mensaje que se transmite a los asociados con este tipo de decisión que es grosera por donde se la mire. Esto es lo que se tiene que discutir mañana [por hoy]. Mi situación personal se resuelve por otros caminos, lo que hay que discutir es un problema de todos”, señaló el magistrado a la diaria. El presidente de la AMFU, Carlos Negro, explicó a la diaria que si bien la convocatoria se dio en ese contexto no hay orden del día establecido y la comisión directiva no tiene previsto elevar ninguna propuesta.

El lunes la comisión directiva se reunió con Perciballe y el fiscal Juan Gómez, quien pasó a ocupar el puesto vacante tras el traslado. La instancia fue solicitada por este último, quien se sintió agraviado por el recurso de revocación que presentó Perciballe el 23 de mayo contra la resolución del Fiscal de Corte. En dicho escrito, Perciballe alega que en los más de 20 años de servicio tuvo una sola licencia por enfermedad de cuatro días, apunta que actualmente no tiene problemas de salud y adjunta exámenes clínicos. Añade que “contrariamente”, Gómez, “amén de poseer mayor edad” que él, ha tenido “lamentablemente importantes quebrantos de salud”. “No me agrada que ligeramente se me descalifique en función de mi edad y de mi estado de salud. Tengo 56 años y la única licencia por enfermedad la solicité hace dos años y fue de 21 días, desde el 9 de abril al 10 de mayo de 2010. Después de eso tomé dos días por el fallecimiento de mi madre”, detalló Gómez en diálogo con la diaria. El directorio entendió que el planteo de Gómez era de recibo y, en palabras de Negro, aprobó una resolución “de fuerte respaldo por los agravios”.

Perciballe, por su parte, explicó que su recurso pretende defender su situación ante la resolución de Díaz y que la mención del estado de salud de Gómez responde al argumento del jerarca de que su estadía en Crimen Organizado le genera “un desgaste físico y emocional importante”. “Si alguien se quiere agraviar, que se agravie. Nunca dije que [Gómez] no estuviera capacitado”, señaló. Ambos fiscales se volverán a encontrar hoy en la asamblea.

El recurso de revocación está en el Ministerio de Educación y Cultura. El ministro Ricardo Ehrlich derivó el expediente al departamento de Asuntos Constitucionales para que evalúe la existencia de “vicios formales” en el trámite. Fuentes de esa cartera señalaron a la diaria que todo indica que se respaldará la decisión de Díaz. Previos descargos de Perciballe, pasará a consideración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que podrá confirmar la resolución o solicitar la anulación.

Cualquier decisión del TCA es vinculante, pero el proceso -que incluye diligenciamiento de pruebas, alegatos, el estudio del caso por un procurador del Estado y el análisis ministro por ministro- puede demandar años. Para Perciballe, hay un “vicio formal” en su traslado que tiene que ver con que no se le dio vista previa. Desde el TCA se considera que este criterio es discutible de acuerdo a la interpretación que cada ministro le dé a la norma.

El fiscal recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si su recurso no es aceptado y lo hará amparándose en el artículo 11 de la Convención. Éste establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad” y que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas” ni de “ataques ilegales a su honra o reputación”.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

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