Durante los días 27, 28 y 29 de mayo, se efectuará en Juárez la audiencia inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, que lleva por título "Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, 2011-2014".

Ciudad Juárez es el epicentro del temblor de horror que sacude México; también lo es de la resistencia ciudadana a la insensata guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Temor y esperanza, amnesia y memoria, parálisis y acción atraviesan y forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de Juaritos.


Mujeres desaparecidas, defensores de derechos humanos asesinados, jóvenes detenidos arbitrariamente por la policía y el Ejército, trabajadores de la maquila despedidos por reclamar condiciones de trabajo humanas son el pan nuestro de cada día en la ciudad. También lo son los reclamos enérgicos de las madres de víctimas, la organización para la defensa de los intereses, la documentación valiente de las tropelías y los abusos de la autoridad.


Ciudad Juárez ejemplifica los males del libre comercio salvaje que azotan a todo el país. El modelo de desarrollo maquilador, depredador de recursos humanos y ambientales, ha florecido allí sin políticas de amortiguamiento social. La destrucción del medio ambiente es proverbial, como lo es la descomposición del tejido social.


Un ejército de niños y jóvenes, muchos de ellos hijos de madres solteras que laboran de obreras de la planta de ensamble, crecen en viviendas sin equipamiento urbano suficiente y sin lugares para recreación, sin más futuro que sobrevivir integrándose a las bandas. Urbe fronteriza, es zona de paso de mano de obra indocumentada y de estupefacientes. La producción maicera del estado y las familias que viven de ella, están cercadas por las importaciones desleales del cereal estadunidense. En una historia de horror sin fin, más de 300 mujeres han sido asesinadas, después de ser secuestradas, torturadas, violadas y mutiladas.


Pero en Juaritos está sembrada también la semilla de la indignación. Los jóvenes se niegan a que el miedo paralice sus vidas. Toman las calles para protestar y para divertirse. Los familiares de las víctimas nombran a sus muertos y exigen justicia. En amplias capas de la sociedad se demanda poner fin a la militarización del país.


El último episodio de esa resistencia se celebrará este 27, 28 y 29 de mayo. Durante esos días se efectuará en Juárez la audiencia inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), sección México, que lleva por título Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos, 2011-2014. Aunque en la reunión se documentará y analizará lo que sucede en todo el país, los juarenses son los anfitriones del acto.


Asistirán delegados de todo México. Una parte de ellos llegará hasta aquella ciudad como parte de una caravana que partirá de la ciudad de México el 24 de mayo. Durante el trayecto, a bordo de varios camiones, los delegados participarán en debates y reuniones en Atenco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo y Chihuahua, para discutir la problemática que se abordará en Juárez.


En la urbe fronteriza, seis jurados escucharán denuncias de las siete audiencias temáticas que conforman el TPP: 1) guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 2) migración, refugio y desplazamiento forzado; 3) feminicidios y violencia de género; 4) violencia contra los trabajadores; 5) violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y a autonomía, y 7) desinformación, censura y violencia contra los comunicadores.


Los jurados internacionales que analizarán las denuncias, muchos de ellos destacados juristas, provienen de países como Francia, Brasil, España, Australia y Argentina, y tienen una larga historia en la labor de documentar arbitrariedades de los estados. Es el caso de la francesa Mireille Fanon Mendes France, hija del célebre siquiatra y revolucionario Franz Fanon, que es presidente de la Fondation Frantz Fanon, integrante de la International Association of Democratic Lawyers, y ha sido nombrada miembro del Grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendientes de Naciones Unidas. Y de Gill Boheringer, que fue decano de la Macquarie Law School de la Macquarie University de Sydney, Australia, director del Center for the Critical and Historical Study of the Common Law, y miembro del comité editorial de la Alternative Law Journal (Australia) y del Editorial Boards of the Australian Journal of Law and Society.


Algunos de los jurados tienen larga trayectoria como defensores de derechos humanos. Por ejemplo, la argentina Nora Cortiñas es titular de la cátedra de poder económico y derechos humanos y doctora honoris causa por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y de la Universidad de Salta, por su trayectoria en defensa de los derechos económicos y sociales de la población argentina. También el de su paisano, el abogado Alejandro Teitelbaum, representante desde 1985 hasta 2006 ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Asociación Americana de Juristas.


Aunque no estará presente en esta ocasión en Juárez, como jurado del TPP participa también un mexicano excepcional: Luis Villoro. Con mucho uno de los pensadores críticos más brillantes y comprometidos del país, el académico mexicano es filósofo, investigador y catedrático, y ha sido diplomático.


Ellos, junto al brasileño Eder Ferreira, al español Antoni Pigrau Sol y la argentina Graciela Daleo, escucharán los horrores que cotidianamente se viven en Ciudad Juárez y en el resto del país, que han conducido al Estado mexicano a ser sentado en el banquillo de los acusados de este tribunal ético.


Luis Hernández Navarro


Fuente: La Jornada

En respuesta a la convocatoria nacional e internacional en contra del crimen de Marisela y el feminicidio en México, en San Cristóbal de las Casas también se realizó un acto de repulsa y condena al creciente número de asesinatos de mujeres que se suceden en el país y que se mantienen en la más absoluta impunidad. Desde Chihuahua hasta Chiapas.

Chiapas se considera uno de los estados donde más mujeres son asesinadas, aunque a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres les resulta imposible manejar datos actualizados, dado que la Procuraduría de Justicia no los da.

En el acto celebrado en la plaza de la resistencia de San Cristóbal, que consistió en un altar en memoria de las mujeres asesinadas, como las compañeras Marisela Escobedo y Susana Chávez, se sucedieron canciones, actuaciones malabares y palabras dadas.

En su comunicado Brigada Feminista por la Autonomía expresó:

“¡Ni una más! Pasá la voz y organicémonos para exigir justicia y acabar con la impunidad. Sí es posible luchar contra la violencia en tu barrio, colonia, comunidad y en toda la ciudad.”

Fuente: AmecoPress

Ni una más!!!

Acuñó la frase “Ni una muerta más” para denunciar los feminicidios

La activista social contra los feminicidios y poetisa Susana Chávez, quien acuñó la frase “Ni una muerta más”, fue asesinada y su cuerpo hallado en una calle de la colonia Cuauhtémoc, informaron familiares de la víctima. Con ella, suman 13 los defensores de derechos humanos ultimados en la entidad desde 2009. Por la noche, la CNDH abrió un expediente por el asesinato.

La juarense de 36 años fue localizada con la mano izquierda cercenada y una bolsa de plástico negra en la cabeza la mañana del jueves 6 de enero, y trasladada en calidad de desconocida al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La tarde del lunes, familiares de Susana acudieron al anfiteatro a identificar el cadáver. No obstante, hasta el cierre de esta edición, la FGE no había difundido la identidad de la occisa, aunque sí informó que hay tres detenidos como presuntos responsables del homicidio.


Foto: Gael González/Reuters

Según la CEDH, estos sujetos estrangularon a la activista después de discutir con ella. El crimen causó indignación entre familiares y amigos de Susana Chávez, cuyos restos fueron velados este martes en la casa de su madre y trasladados al panteón Tepeyac.

La progenitora de Susana Chávez comentó que le entregaron el cuerpo a las 18:30 horas del lunes “No estaba identificada, Susy siempre cargaba su credencial y ese día no se llevó ni un papel; dijo que se iba a ver a sus amigas, y no alcanzó a llegar a donde iba”.

Sobre su tumba, sus parientes colocaron un papel con el fragmento de un poema de Susana que dice: “Sangre mía, sangre de alba, sangre de luna partida, sangre del silencio”. Susana Chávez participó en diversas protestas contra la violencia, los feminicidios y en movilizaciones en favor de la promoción de actividades culturales. Las poesías de Susana Chávez pueden ser consultadas en su blog Primera Tormenta. Allí, lo último que escribió fue: “Sentí dolor antes de que se recrudeciera toda la violencia que estamos viviendo los ciudadanos de esta mi natal Juárez. Pero ahora siento vacío, desamparo e impotencia, supongo que como muchos. Pensar en mejorías para mí está en verde, pero la esperanza la tengo aún porque soy mujer de fe. ¡Viva Juárez!”.

Rubén Villalpando

Fuente: La Jornada

Parecen historias de horror: disparos en la cara, tórax, estómago y cráneo; cabezas envueltas en bolsas negras con mensajes amenazadores; cuerpos con 17 puñaladas en la espalda y hasta cadáveres con piedras dentro de la boca.

Así culminó el 2010, con un rastro de sangre, dolor e impunidad para las guatemaltecas. Fueron 680: ese es el recuento de las que murieron en manos de criminales, algunas por sus propias parejas o por sicarios y pandilleros, y al menos 90 por ciento del total acribilladas a tiros.

Siete de los nueve cadáveres que aparecieron desmembrados a lo largo de los 365 días de 2010 eran de mujeres, muchas de ellas adolescentes que fueron cortadas literalmente en pedazos y dejadas en distintas partes, como si se tratara de un rompecabezas que, hasta el último día, las autoridades no terminan de armar.

Pero también las armas blancas y las asfixias por estrangulamiento socavaron la vida de las guatemaltecas. Las víctimas de estas dos formas violentas fueron encontradas semi desnudas y con señales de violencia sexual, principalmente en sus viviendas o entre los cañaverales.

En el año que culminó, el panorama para ellas no ha sido alentador, a pesar de las 28 condenas por feminicidios logradas por el Ministerio Público. Mujeres y niñas, desde los seis a los 60 años de edad, fueron asesinadas a razón de dos por día.

En las jornadas más violentas, el número alcanzó hasta cuatro guatemaltecas asesinadas en una nación en la cual habitan 14 millones de personas, 52 por ciento conformado por mujeres.

A Norma Cruz, de la Fundación Sobrevivientes, le preocupa que, habiendo una ley contra el feminicidio y otras formas violentas contra la mujer, sigan las muertes de forma violenta. En su opinión, las extorsiones provocan muchos de los asesinatos.

Desde que los pandilleros comenzaron a chantajear a las mujeres y sus familias, el número de crímenes por arma de fuego contra ellas se ha elevado.

Los pandilleros dirigen a sus miembros desde prisión para que cobren un monto de dinero por permitir a las mujeres tener un negocio; sin embargo, cuando alguna no paga, la asesinan para enviar un mensaje de advertencia a las demás.

De igual manera, las muertes ocurren por sicariato. Investigaciones del Ministerio Público señalan que ex maridos, ex compañeros e incluso novios pagan una suma de 150 dólares por asesinar a una mujer.

Carmen Cáceres, de la alianza para la Acción Previniendo los Feminicidios en Guatemala, expresó que existe el sentimiento de frustración, indignación y dolor frente a la impotencia e indiferencia ante la muerte violenta de tantas mujeres, lo que indica que las autoridades encargadas de impartir justicia en el país no hacen nada.

El diagnóstico "Formas y causas de muertes de mujeres en Guatemala", elaborado por la Comisión Presidencial contra el Feminicidio de la Presidencia de la República, destaca que en 10 lugares del país las extorsiones, las separaciones, asaltos y violencia intrafamiliar siegan la vida de ellas.

Aunque no se especifica profesión de las víctimas, la gran mayoría son mujeres pobres, madres de hasta cuatro hijos, comerciantes, amas de casa o estudiantes.

La violencia intrafamiliar es también otra de las formas de muerte de las mujeres, pero todavía existe un subregistro de crímenes por esta causa, debido a que las investigaciones de feminicidios son deficientes.

Alejandro Rodríguez, secretario de políticas criminales del Ministerio Público, señala que existe una corta visión de género al momento de investigar un asesinato de mujeres, los fiscales no buscan antecedentes de violencia de la víctima, ni tampoco ven en el cónyuge el principal sospechoso.

De hecho, el Organismo Judicial informo sobre 48.000 denuncias recibidas por violencia intrafamiliar hasta octubre de 2010 y, entre los denunciados, quienes ocupan el primer lugar son el ex conviviente, un miembro de la familia y el cónyuge.

Fuente: AmecoPress

Emilia fue secuestrada el 7 de diciembre,
cuando se dirigía a Todos Santos Cuchumatán
y un día después se encontró su cadáver
Foto: AFP

Sectores sociales, especialmente asociaciones de mujeres de Huehuetenango, participaron en una marcha para demandar justicia por la muerte de la antropóloga Emilia Margarita Quan, investigadora del Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (Cedfog).

Emilia se dedicaba actualmente a un estudio sobre las poblaciones indígenas y etnias Mayas huehuetecas. Al momento de ser secuestrada se dirigía en un vehículo de la institución al municipio de Todos Santos, donde entregaría material a una biblioteca, cuando fue secuestrada por hombres fuertemente armados. Su cadáver fue localizado en los límites de Todos Santos y San Juan Ixcoy, un día después.

En el marco de la actividad, que tuvo lugar este jueves, en la que se unieron distintos sectores de la población, se exigió a las autoridades gubernamentales, específicamente a la Fiscalía del Ministerio Público (MP) el esclarecimiento del secuestro y posterior asesinato de la socióloga, ocurrido la semana anterior en una carretera hacia el norte del departamento.

Álvaro Gómez, de Cedfog, dijo que es una petición concreta y que el crimen no puede quedar únicamente como un dato estadístico más, por el contrario, debe sentar un precedente para demostrar que en el país hay institucionalidad; el clamor de justicia es de toda la población por los constantes hechos criminales y de violencia.

Según Gómez, la misma población debe aportar en la reducción de la criminalidad, debido a la debilidad física y material de los sistemas gubernamentales; en estos espacios es donde la sociedad debe accionar.

Las entidades académicas y de derechos humanos del país, así como el Sistema de Naciones Unidas, condenaron enérgicamente la muerte de Quan, secuestrada el 7 de diciembre pasado, cuando se dirigía en un vehículo de la institución a Todos Santos Cuchumatán, un día después su cadáver fue encontrado en los límites de ese municipio.

Quan era investigadora del Cefog, una organización de Acción Ciudadana, denunció irregularidades en la construcción del Centro de Atención Integral para Mujeres de Huehuetenango (Caimujer), fue becaria de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

José Luis Gómez

Fuente: AmecoPress

Foto: Mujeres de Negro

La audiencia pública “Femicidios y violencia doméstica en Uruguay” tendrá lugar el jueves en Washington, a instancias de 23 organizaciones civiles vinculadas al tema. Las delegadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantaron a la diaria los puntos más importantes de la exposición. “Es un tema de derechos humanos en el que el Estado hace la vista gorda”, resumió Nita Samuniski, integrante de Mujer Ahora.

La CIDH es la antesala de la Corte IDH. Durante el año hay al menos tres períodos de sesiones de audiencias en las que las organizaciones no gubernamentales de los estados parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos denuncian diferentes situaciones. En la instancia también participan representantes de gobierno. En este caso, por Uruguay encabezará la comitiva la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Beatriz Ramírez.

Tras la audiencia, la CIDH emitirá una serie de recomendaciones al Estado. Hacia eso apuntan las representantes de la sociedad civil, pero también a llamar la atención sobre la gravedad de las situaciones de violencia doméstica (VD). “El objetivo es visibilizar este flagelo, tanto de las víctimas mortales como de las sobrevivientes. Es visto como algo casi ‘normal’. Y muchas de las que fueron asesinadas son mujeres que acudieron a la Justicia en busca de protección. Los tribunales internacionales son el lugar que tenemos para poder reclamar nuestros derechos”, explicó Flor Meza (Cotidiano Mujer), delegada junto con Samuniski y Marina Morelli (Caminos).

En la prensa, acota Samuniski, se logró visibilizar “el titular” después de 20 años de trabajo, no así las cuestiones de fondo de esta problemática. “La prensa anuncia y no pasa nada”, añadió Meza al tiempo de recordar que a través de los medios de comunicación se relevaron desde enero hasta la fecha 28 asesinatos de mujeres a manos de su pareja o ex pareja. “Es un número elevado, pero no es una excepción. Marca una constante que viene sosteniéndose de la década del 90, lo cual marca un nivel de omisión del Estado que se va pautando anualmente”, destacaron.

Durante 2008 y 2009, hubo más denuncias por VD que por rapiñas; fue el delito más denunciado luego de los hurtos, según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Eso significó un promedio de 35 denuncias por día y una cada 40 minutos. Entre noviembre de 2008 y octubre de 2009, hubo 23 mujeres asesinadas por este delito. “En España son 40 millones de habitantes y llevan 50 mujeres muertas. Nosotros tenemos más de la mitad de esa cifra con poco más de tres millones”, comparó Samuniski.

Pero no son sólo las cifras, advierten. “Las que no mueren son miles. Entre ellas están las que denuncian y las que no porque están amenazadas, tienen miedo, no están informadas o no confían en los discursos del sistema y en que no haya consecuencias protectoras. ¿Qué pasa con las que sí lo hacen? ¿Quién las está recibiendo, cómo se están canalizando sus demandas?”, cuestionaron.

Te lo vengo diciendo

El Estado uruguayo ya recibió observaciones de organismos internacionales por este tema. En 2008, del comité de expertas de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -conocida como Belém do Pará- y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). En 2009, el llamado de atención provino del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En estos informes, según las activistas, se está señalando “en forma clara” cómo el Estado tiene que avanzar en políticas públicas de prevención.

Entre las recomendaciones siempre se destacan la falta de garantías en el cumplimiento de las medidas cautelares, la falta de refugios donde alojar a las mujeres en situación de VD y la capacitación sostenida de los operadores, especialmente los jurídicos. “Hay una violencia psicológica que los magistrados no identifican como tal. Y éste es un punto súper urgente. No podemos pensar ni en un porcentaje mínimo de rehabilitación para varones porque ni siquiera existen servicios. No podemos darnos ese lujo, son vidas humanas las que están en juego”, expresó Meza.

“No hay ninguna idea de reparación de daños en las familias que han sufrido VD más que los que sostenemos con trabajo voluntario las ONG, sin apoyo estatal alguno. O cuando un hombre rompe una puerta a patadas y entra igual, ¿quién arregla esa puerta? Nadie. Es un clima de tortura intramuros”, graficó Samuniski. “Queremos hacer que el Estado se siente con nosotras y diga qué cosas puede hacer. Tiene la obligación de hacerlo”, puntualizó Meza.

Consultada por la diaria, la directora de Inmujeres se excusó de hacer declaraciones porque está terminado el informe oficial que presentará el jueves, aunque adelantó que apuntarán a sistematizar los avances legales en la materia. “Hay progresos normativos y también progresos discursivos -reconoció Samuniski-, lo que no hay son contenidos acordes porque eso requiere cambios culturales, no sólo cambios administrativos. Hay que hacer determinadas cosas pero buscando el marco de una política con un objetivo: lograr determinados cambios en el funcionamiento de la sociedad. En esa etapa estamos muy lentos”.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

Ante el elevado número de feminicidios ocurridos en Honduras, ocho organizaciones y redes de mujeres han formado la "Tribuna de Mujeres Contra los Feminicidios". Bajo esta plataforma impulsan la Campaña Nacional contra los Feminicidios, que trata de impulsar el cambio necesario para terminar con la impunidad de los agresores.

"Dicen que él la mató porque ella ya le había dicho que no quería andar con él. Él la maltrataba, pero ella no nos decía nada a nosotros. Hubo testigos que vieron cuando la mató, pero la policía no lo ha detenido... ella era una hija excelente", comenta Gladys Castro, madre de Yinia Leonor Martínez, quien fue asesinada por su ex-pareja a inicios de este año.

Además de su madre, a la víctima le sobreviven dos hijos; uno de 10 años y otro de 4. Yinia era originaria de Tegucigalpa y formaba parte del Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" (Las Chonas), organización que se pronunció contra la violencia doméstica que vivimos millones de mujeres en el mundo.

"Yinia Leonor fue asesinada por el hecho de ser mujer, es un caso representativo de la criminalidad feminicida que sucede a diario en Honduras y todo ocurre sin que las autoridades hagan algo al respecto; durante el año pasado, unas 425 mujeres fueron asesinadas y sólo el tres por ciento de los casos se encuentran correctamente investigados", comenta Gladys Lanza, coordinadora de "Visitación Padilla".

De acuerdo con la Fiscalía de la Mujer, cada año se registran unas 16.000 denuncias de violencia contra las mujeres, cifra que debería ser una señal de alerta de la alta incidencia de esta problemática, aún más si se toma en cuenta que en la mayoría de los casos la violencia no se denuncia por falta de conocimiento sobre sus derechos y las leyes, falta de instancias en las comunidades rurales, barreras tangibles para las mujeres asociados a la pobreza y marginación, entre otras.

La cifra de mujeres asesinadas en Honduras, durante la presente década, asciende a más de 1.300 feminicidios en los últimos 6 años, de los cuales sólo 54 han sido juzgadas. Dalila Aguilar, socia de la Coordinadora de Mujeres Campesinas de la Paz (COMUCAP), manifestó que ellas "son asesinadas por el hecho de ser mujeres, por el sentido de cómo nos ve el hombre a nosotras, por la cultura machista y patriarcal".

Según el informe preliminar “Feminicidios en Honduras”, desarrollado por Oxfam Internacional, la población más afectada en el caso de Honduras son mujeres jóvenes, de entre 16 y 30 años de edad. A pesar de que el Gobierno no se refiera a ello,

Honduras ocupa el segundo lugar en Centroamérica, después de Guatemala, en asesinatos de mujeres, informó la Coordinadora de Estrategias de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) de México, Carolina Velázquez, quien sostuvo que la media internacional de muertes violentas de mujeres al año es de 19 por cada millón, y los feminicidios en Honduras sobrepasan el doble de este promedio.

Un ejemplo de que el gobierno no hace nada para frenar esta ola de violencia contra las mujeres es que en el Plan de Nación (2010-2022), aprobado en enero por el Congreso Nacional, el término de "feminicidios" no aparece en ningún párrafo.

El fenómeno de la violencia contra las mujeres y los feminicidios están totalmente invisibilizados en este documento de casi 200 páginas, a tal grado que ni se mencionan. La realidad es innegable y, por más que lo desee el Gobierno, es imposible de invisibilizar: cada día las cifras de violencia contra las mujeres ascienden y se comete más de un feminicidio al día en contra de las mujeres hondureñas.

Por ello y ante el aumento de este fenómeno, el manejo sensacionalista de los medios de prensa y la ausencia de respuesta del Estado para investigar adecuadamente los casos de muerte violenta de mujeres y juzgar a los culpables, ocho organizaciones y redes de mujeres con un extenso trabajo frente a la violencia contra las mujeres formaron la "Tribuna de Mujeres Contra los Feminicidios" e impulsaron la "Campaña Nacional Contra los Feminicidios".

"La Campaña pretende contribuir a la disminución del índice de violencia contra las mujeres y los feminicidios en Honduras, queremos dejar en evidencia la impunidad que prevalece y la urgente necesidad de que el Estado imparta justicia ante los culpables de estos crímenes", comenta Dulce Ulloa, representante de la Organización Intibucana de Mujeres "Las Hormigas", entidad integrante de la Campaña.

Fuente: AmecoPress

Es una de las diputadas al Congreso de la República con más experiencia en el tema de género. Gestora y promotora de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Otilia Lux de Cotì es una mujer maya que ha ocupado el puesto de vicepresidenta de la Comisión de la Mujer en dos ocasiones, representante permanente de Guatemala en el Consejo Ejecutivo de la Unesco y ex ministra de Cultura.

Lux de Cotì dice luchar duro en este país donde nació y donde las cifras de violencia contra la mujer se escriben en números rojos; tanto así que, en un período de nueve años, los índices ascendieron de 322 asesinatos reportados anualmente, a 720 muertes por arma de fuego, estrangulamientos y cuerpos cercenados cada año.

Mientras, la violencia intrafamiliar golpea no solo el cuerpo, sino la mente de al menos 54.000 mujeres que se atrevieron a denunciar el año pasado, en el organismo judicial, ese delito.

Su visión de la situación de la mujer en Guatemala es que la violencia está enraizada, lo que la lleva a afirmar que no existen etnias ni edades cuando se trata de agredir por machismo a una mujer.

Considera que el Estado debe invertir más para terminar con este flagelo y asegura que la violencia contra la mujer indígena se da, aunque no en tan alta escala como en la mestiza.

-¿Quien sufre más violencia en Guatemala, la mujer indígena o la mujer mestiza?

-En términos generales, todas las mujeres. Pero puede haber diferenciaciones porque, en este país, la mujer mestiza sufre violencia categorizada en lo económico, político y social; sin embargo, las indígenas tienen un ingrediente más: la opresión ideológica, por un lado, y la opresión desde la perspectiva racial. Hay agresión eminentemente expresada por el racismo; hemos encontrado violencia en mujeres recolectoras de café y en la zafra, por parte de quien las contrata: muchas veces las golpean. Pero la agresión más profunda se da cuando están en calidad de trabajadoras domésticas, pues se les esclaviza.

-¿A qué le atribuye que la violencia contra la mujer indígena no se visibilice como se hace con la mestiza?

-Porque cuando se atiende a una mujer violentada, no se hace una disgregación de etnia, no existen los mecanismos para hacerlo.

-¿Ocurren los femicidios dentro de las comunidades indígenas?

-Se dan, aunque quizás no en el mismo número que con las mestizas; sin embargo, si nos vamos al pasado, no hay que olvidar que durante la guerra quien sufrió más fue la mujer maya porque hubo violaciones sexuales, asesinatos, torturas.

-¿Qué significa para usted legislar y luchar por los derechos de la mujer en un país donde, desde hace nueve años, el número de asesinatos anuales contra mujeres ha crecido de 400 a 700 por período?

-Nos preocupa grandemente. Para mí, el femicidio que ocurre en el país no es más que la muerte violenta que se le provoca a las guatemaltecas, ese odio que está enquistado en la sociedad machista. Es una actitud como de querer acabar con las mujeres.

-¿Es realmente para la mujer guatemalteca motivo de celebración el día internacional de la mujer?

-Claro que no, es más bien una oportunidad de alzar nuestra voz para que se implemente la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. No podemos pasar un 8 de marzo si no alzamos la voz contra el Estado para que se comprometa a parar la violencia contra las mujeres.

Alba Trejo
SEMLac

Fuente: rel-UITA

El Salvador es uno de los países con más altos índices de violencia, que afecta de manera particular a las mujeres: al menos una mujer es asesinada por día, en un país que no llega a 6 millones de habitantes.


Desde 1999 hasta el 2008, 2830 mujeres fueron víctimas de feminicidios en El Salvador. El asesinado de mujeres por razones de género ha ido creciendo desde entonces y actualmente llega a producirse uno o más casos por día. Estos son algunos de los datos que se desprenden de la investigación 'El feminicidio en El Salvador: una forma extrema de violencia y discriminación hacia las mujeres', elaborada por Las Mélidas, una organización feminista salvadoreña, que trabaja desde hace 17 años por este y otros temas que tienen a las mujeres por protagonistas. Silvia Mathus, una de sus fundadoras, habló con Artemisa Noticias de este fenómeno.

El Salvador es considerado uno de los países con más altos índices de violencia, superando incluso a Colombia. Según datos de la Policía Nacional, durante el 2008 fueron asesinadas 3175 personas. Se producen más de 11 asesinatos por día, además de violencia sexual, robos, discriminación, entre otros. Pero la violencia afecta de manera particular a las mujeres por el machismo y las faltas de políticas para frenar la violencia intrafamiliar, sexual y los feminicidios, dice el informe.

En 2006 el Instituto de Medicina legal registró 437 feminicidios, unas 36 mujeres asesinadas por mes; en 2007, 347; y en 2008, 348 mujeres fueron asesinadas por cuestiones relacionadas con su género. Desde 1999 hasta el 2008, 2830 mujeres fueron víctimas de feminicidios.

La mayoría de estos crímenes no han sido juzgados, y la policía y los medios suelen atribuirlos a peleas entre pandillas o 'maras', llegando incluso a señalar que pocas de las mujeres asesinadas son inocentes.

Los feminicidios son el desenlace más extremo de una violencia de género generalizada. En el 2003 se registraron 2974 denuncias de violencia contra mujeres ante la Policía Nacional Civil (PNC) y 4616 en el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU), cifras que han ido aumentando con los años. En el 2007, solo de enero a agosto, la PNC recibió 3720 denuncias.

El problema es grave y Las Mélidas decidió con esta investigación hacer un aporte para buscar soluciones. Las Mélidas es una organización fundada por mujeres que vienen de la izquierda 'vimos que ya puestas en los acuerdos de paz no habíamos conseguido mucho y decidimos hacer una organización para luchar por nuestros derechos como mujer. Porque nunca se nos mencionó en los acuerdos, no se nos visibilizó y no había ningún beneficio para nosotras' cuenta Silvia Ethel Matus, socióloga e investigadora de la organización, que también promueve a mujeres a cargos públicos desde 1994, así como también mujeres en el liderazgo a nivel de comunidades. Ella misma fue candidata hace algunos años, y es poeta desde siempre, pero el tema ahora son los feminicidios.

-¿Qué encontraron con la investigación?

Antes esto estaba invisibilizado aunque ha habido feminicidios desde la colonia, desde la Conquista. En la misma guerra (conflicto armado entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de 1981-1992) también hubo actos de violencia contra las mujeres, llegando incluso al feminicidio, que quedaron impunes. Pero a partir de 1999 se registran ya desagregados por sexo los asesinatos de mujeres y de hombres. Los asesinatos de mujeres tienen razones de género. Lo que encontramos en la investigación es que de los 12 casos analizados siempre tienen causales en relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres. En las formas de mutilaciones también…por infidelidades, por problemas de pareja, por demostrar el control y el poder de los hombres sobre las mujeres de distintas maneras incluido el feminicidio.

-¿Qué características especificas tiene el feminicidio en El Salvador?

Una es que cuantitativamente es un fenómeno masivo o sea no es un fenómeno aislado y es sistemático. Más o menos se da 1 por día. Hace unos meses aparecieron 5 mujeres asesinadas en 1 día.

-¿El Estado está haciendo algo, hay alguna política específica?

No hay ninguna. Y los levantamientos de la información no tienen ningún análisis de género aunque las causales sean cuestiones que tienen que ver con las relaciones entre géneros.

-¿Cuál es el perfil de las víctimas?

Fijate que una cuestión bien curiosa y bien grave, que los homicidios de hombres tienen todo su currículo en el levantamiento del expediente, sin embargo las mujeres no. Aparecen anónimas. No tienes procedencia, grado vincular… nada pero fundamentalmente son de sectores populares.

La mayoría tiene entre 15 y 39 años; sus cuerpos fueron encontrados en primer lugar en la vía pública y en segundo lugar en sus casas; luego de ser asesinados principalmente con armas de fuego.

-¿Qué esperan lograr con este informe?

Que se cambien los procedimientos, los protocolos de atención, que haya una visión de justicia de género dentro del levantamiento de los datos, que se expliciten que eran mujeres, que tenían una vida, una familia, una extracción social, que hayan mas coordinación entre instancias también como la Policía Nacional Civil, la fiscalia... para que haya justicia para los familiares.

-¿Qué pasa con los culpables, suelen quedar libres?

En general quedan libres. De 12 casos solo 5 tuvieron un juicio, donde se declararon culpables. O sea que es poco. Hay mucha impunidad y por eso también queríamos incidir en las instancias locales. Nosotras analizábamos otro fenómeno por ejemplo, el tema de la masculinidad hegemónica que creemos que también desde las estructuras como la Procuraduría de Derechos Humanos, tiene que empezar a hacerse un trabajo con los hombres y con niños para que no reproduzcan la violencia que han aprendido en la familia, en los medios de comunicación, en la escuela.

Sonia Santoro

Fuente: Artemisa Noticias

Foto: Diagonal

El feminicido es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es símbolo de la impunidad. En 1993 comenzaron a registrarse los primeros hallazgos de cadáveres femeninos con marcas de violencia extrema, localizados en basureros y lotes baldíos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Por eso comenzamos a hablar de feminicidio. A la fecha, se habla de más de 500 asesinadas y 1000 desaparecidas. La ola de asesinatos no sólo no ha sido detenida sino que se ha extendido a otros estados de México.

Mariana Berlanga*

Dado el carácter cada vez más apremiante del problema, el pasado 3 y 4 de agosto, se llevó a cabo en la Ciudad de México la Primera Reunión de Trabajo de Especialistas en la Dimensión Política, Jurídica y Cultural de la Violencia Sexual en la Frontera Ciudad Juárez, Chihuahua./El Paso, Texas. Patricia Ravelo Blancas y Héctor Domínguez, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, con el apoyo de otras instituciones mexicanas y estadounidenses, convocaron a cerca de 60 especialistas, entre las que se encontraban académicas/os, estudiantes, activistas de los derechos humanos y familiares de víctimas del feminicidio.

“La violencia feminicida es constitutiva de nuestra civilización”, expresó Ana María Martínez de la Escalera al inicio de la reunión, cuestión que fue permanente punto de debate. También sostuvo que mientras no se examine ese carácter constitutivo, no se podrá argumentar el estado de excepción que representa –según algunos– el caso de Ciudad Juárez. Cecilia Balli (de la Universidad de Texas en Austin) explicó el problema específico de Ciudad Juárez con lo que ella denominó una masculinidad emergente: “El hombre retiene y reafirma su masculinidad por medio de la intimidación, del terror y la violencia”.

Dada la reciente militarización de esta ciudad, Patricia Ravelo y Héctor Domínguez dijeron que Juárez es un estado de excepción, “en donde el goce es para los hombres de armas”. El Estado apareció como una figura problemática, pues es la estructura sobre la que están basadas nuestras sociedades, pero por otra parte, es una figura que “no podemos obviar”, expresó Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, quien acuñó el término de feminicidio. En ese mismo sentido, las/os integrantes del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer nos recordaron que hay tres casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que resolver.

Ileana Rodríguez (integrante de The Ohio State University) aseguró que “el incesto y el feminicidio son parte de una cultura que tiene un horizonte de violencias”. Según Rita Laura Segato (de la Universidad de Brasilia), para descifrar lo que ocurre en la Frontera Norte de México hay que entender “la relación entre el perpetrador y sus pares y el mandato violento propio de la masculinidad y sus transposiciones en otras cofradías o hermandades”.

La acción, por tanto, debe realizarse desde todos los frentes: el jurídico, el institucional, pero también desde la movilización ciudadana y el trabajo colaborativo, fue una de las conclusiones de la reunión. Sin olvidar que las madres de Juárez fueron las primeras en denunciar y visibilizar el feminicidio. De ahí que ellas, las madres, son las máximas especialistas en el tema.

* Periodista y feminista. Investiga los feminicidios en Guatemala y México.

Fuente: Página 12

Ana Requena Aguilar

El próximo 27 de abril comenzará en Santiago de Chile la vista oral del primer caso por feminicidio que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El abogado español Emilio Ginés forma parte junto a otros tres letrados (dos de ellos mexicanos) del equipo jurídico que defenderá a las víctimas del llamado caso del Campo Algodonero, que sucedió en Ciudad Juárez (México) en 2001. Ginés formó parte de una misión internacional que visitó la ciudad en 2008. Las madres de las mujeres asesinadas le pidieron ayuda ante la dificultad de encontrar abogados mexicanos.

Entre el 6 y el 7 de noviembre de 2001, ocho cuerpos de mujeres fueron encontrados en un solar llamado Campo Algodonero, justo enfrente del sindicato de maquiladoras. Sólo tres cuerpos fueron correctamente identificados y por tanto sólo tres madres pudieron presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remitió el caso a la Corte para que fuera juzgado.

"No se trata de asesinatos puntuales, son feminicidios, que no ocurren sólo en Ciudad Juárez o México y que constituyen verdaderos crímenes contra la humanidad, por eso, esta primera sentencia sobre feminicidio de la Corte va a ser paradigmática y va a influir en toda América Latina e incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", explica Ginés. En la vista oral el equipo jurídico solicitará la responsabilidad del estado mexicano por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y exigirá una respuesta judicial adecuada, conocer la identidad de los responsables, imponerles las penas correspondientes y la reparación de las víctimas.

La decisión de la Corte obligará al Gobierno mexicano a tomar medidas: "La respuesta estatal a la violencia contra las mujeres es muy limitada, erradicar el feminicidio es necesario para que la democracia para las mujeres no sea sólo una simulación".

Impunidad

El abogado español asegura que la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia que aprobó el Parlamento mexicano en 2008 apenas se aplica.

Emilio Ginés subraya la desprotección de las mujeres antes estos crímenes: "Las víctimas elegidas son pobres, de familias sin recursos, y además sufren violencia por parte de las instituciones". La mayoría de estos crímenes quedan impunes. Funcionarios corruptos, negligencias en la recolección de pruebas, amenazas a familiares y abogados e incluso asesinatos hacen muy complicado que los juicios prosperen.

A través de un equipo especial, el Consejo General de la Abogacía español quiere continuar con la labor de asesoramiento y apoyo a los abogados latinoamericanos en casos de violación de los Derechos Humanos.

Más de 1.000 mujeres asesinadas en año y medio

5.600 personas ejecutadas
En 2008, 5.600 personas fueron asesinadas en México por el crimen organizado. Prácticamente un tercio de los crímenes se produjeron en el Estado de Chihuahua, frontera con EEUU. Ciudad Juárez, que pertenece a este Estado y limita con El Paso (Texas), fue considerada la ciudad más violenta de México. Fue en 1993 cuando empezaron a documentarse los asesinatos de mujeres en esta ciudad.

500 mujeres asesinadas
Desde 1993, 500 mujeres han sido asesinadas sólo en Ciudad Juárez, la ciudad de México donde se concentran más maquilas (fábricas) y que recibe cientos de inmigrantes llegados de todo el país en busca de trabajo, la mayoría mujeres. Muchos de los asesinatos y raptos de mujeres se producen en el trayecto entre la maquila y el lugar de residencia.

1.100 muertas en México
En los últimos 19 meses, 1.100 mujeres han sido asesinadas en todo México. El Parlamento mexicano aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para intentar acabar con esta lacra.

Fuente: Público

Guatemala es el segundo país del mundo –le sigue a la Federación Rusa– donde más mujeres mueren por ser mujeres. Y la tasa de mortalidad sigue en ascenso. Cuáles son los esfuerzos del movimiento de derechos humanos por justicia, los obstáculos para investigar y visibilizar estos crímenes y los pros y los contras de una nueva ley que denuncia el caso con todas las letras: feminicidio.


María Mansilla


“Yo pensé: ‘Ahora que gané este premio, puede ser que me lo publiquen’”, cuenta Walter Astrada, el fotógrafo que estuvo detrás de las fotos que ilustran esta nota. Astrada es argentino, se radicó en Centroamérica para trabajar para la agencia AP (Asociated Press). Cuando se enteró que Guatemala tiene un triste record en lo que a asesinatos de mujeres respecta, viajó por cuenta propia a documentarlo. Astrada imaginaba que quizás por falta de buen material periodístico los medios no denuncian que la cantidad de guatemaltecas muertas se triplicó en los últimos años, que las principales víctimas son chicas jóvenes y cada vez más adolescentes y que la impunidad en ese país descansa en el 99%. Su trabajo se dirigía de algún modo a cubrir esa falta. Sin embargo nadie se mostró muy interesado por este documento. “Nadie me dio una razón lógica de por qué no publicar –dice Astrada sobre lo que le pasó con el material de su serie “Violencia contra mujeres”–. Los editores a los que contacté argumentan que las imágenes son muy fuertes. Y sí, hay imágenes fuertes, pero hay otras que no son tan fuertes. Lo fuerte es lo que está ocurriendo.”

La realidad que esas imágenes delatan y el compromiso de su toma le permitieron ser nominado recientemente a los premios Nuevo Periodismo Iberoamericano, de la fundación de García Márquez. El año pasado ganó el prestigioso World Press Photo y las seleccionaron para ser proyectadas en el Festival Internacional de Fotoperiodismo de Perpignan, Francia. Hasta ahora le revista Wild publicó algunas y una agencia le consiguió espacio en un medio noruego.

En Guatemala, acordó no difundirlas sin autorización por seguridad de sobrevivientes y familiares de las víctimas. Porque allí, la mayoría de las víctimas encuentra al verdugo dentro de sus casas y en sus barrios. Claro que las comparaciones son antipáticas y todas las vidas valen por igual, pero esta puede ser la diferencia, según analistas internacionales, entre la invisibilidad de ésta en relación con la matanza de la ciudad fronteriza mexicana Ciudad Juárez, donde los que asesinan pertenecen a mafias con una mística casi “cinematográfica”. Paradójicamente, esa misma palabra, “cinematográfica”, es la que esgimen los editores de revistas con papel de lujo cuando se disponen a contar historias de pobreza y miseria. En Ciudad Juárez en los últimos 10 años asesinaron a unas 500 mujeres. La misma cantidad muere por año en Guatemala, un país chiquito, que tiene 13 millones de habitantes, un poco menos que la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano juntos.

Guatemala es la capital de un mapa mucho más grande que dibuja el genocidio de mujeres en América Latina. Luego de 36 años de guerra civil, el país cayó en el desmadre. La tasa de impunidad es obscena; el sistema público cuenta con 20.000 policías y existen más de 100.000 agentes de seguridad privada; por supuesto, el debate sobre la seguridad de las y los ciudadanos dominó las propuestas de las elecciones presidenciales de noviembre pasado. Es el único país del mundo donde se ha formado un organismo como el Cicig, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de cooperación entre la comunidad extranjera y el Estado local. Lo que está en ruinas en el paraíso maya es su sistema de justicia: los responsables del conflicto armado interno que provocó la muerte de 200.000 personas, 50.000 desapariciones y 1 millón de desplazados no sólo nunca fueron juzgados sino que muchos ocupan cargos en instituciones estatales. La firma de la paz, en 1996, trajo algo de oxígeno pero no erradicó una vieja práctica legitimada por la dictadura: la violencia contra las mujeres -que durante la guerra civil estaba sistematizada hacia las de comunidades indígenas y las detenidas políticas, principalmente-.

LLOVIERON FLORES

Quizá de tanto enterrar a sus pares bajo coronas de margaritas, cuando en abril se aprobó una la nueva ley contra la violencia de género las integrantes del movimiento de mujeres de Guatemala arrojaron pétalos al cielo. Llovieron flores al escuchar el okay a la legislación que por fin contempla estos crímenes, por primera vez, como feminicidios, como “el asesinato de una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”, y establece penas que se pagan con hasta 50 años de cárcel. Tipifica delitos como violencia económica y violencia psicológica. Exige la apertura de fiscalías especiales y hogares para contener a las víctimas. Incluso hay un castigo para los que se resisten a que sus mujeres usen métodos anticonceptivos. Hasta entonces, para la vieja norma el estupro no se podía juzgar a menos que la niña demostrase no haber provocado el encuentro sexual, sólo se podían hacer denuncias por violencia física si las marcas en el cuerpo duraban más de diez días y pasajes por el estilo.

“Las ONG en Guatemala han reaccionado de manera mezclada. Nuestra reflexión interna aún no ha terminado –cuenta a Las12 Sebastián Elgueta, investigador del Equipo Centroamérica de Amnistía Internacional, autor del informe Ni protección ni justicia: homicidio de mujeres–. La ley tiene aspectos positivos, y es que pone el término violencia de género y le eleva el perfil, incluye apoyo integral para sobrevivientes, asistencia legal para víctimas y el compromiso de proveer financiamiento para estas iniciativas. Pero en términos del procedimiento penal, la ley anterior era bastante comprensible para asegurar la persecución de los responsables de asesinar mujeres. Nosotros identificamos que casi nadie era llevado delante de la Justicia no por falta de un marco legal adecuado, sino por una falta de iniciativa por parte de policías pero más que todo de fiscales, que son quienes investigan estos crímenes, y también por una actitud de discriminación hacia las instituciones estatales que tienen que ver. La ley es una señal positiva pero no es la rectificación de esas limitaciones institucionales.”

ANDATE QUE TE AVISAMOS

Las muertes de mujeres aumentan en Guatemala mientras las sentencias judiciales disminuyen. Además de morir por un disparo o herida de arma blanca, cada vez es mayor la cantidad de asesinadas por estrangulamiento, “uno de los indicadores de extrema violencia, cuyo fin no sólo es causar la muerte sino hacer sufrir a la persona antes de morir”, alerta el informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de ese país. Detalla: “La mayoría de los crímenes ocurren entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, cuando el hombre suele estar en la casa”. La PDH, a través de su Defensoría de la Mujer, quiso explicar y entender todo esto. Por eso se dispuso a investigar los expedientes acumulados por la Policía Civil Nacional en un período de tres años (2003 y 2005) para estudiar los casos y evaluar su seguimiento. El documento resultante transcribe y acota anotaciones de la Policía Nacional Civil: “1612 casos son consecuencia del consumo de alcohol, en 155 son celos y en 26, drogas. No deja de sorprender que en 259 ocasiones se mencione que el crimen fue cometido en ‘estado normal’”. La principal hipótesis de la PDH subraya como causa más frecuente de los homicidios la discriminación por género.