Ante los hechos de pública notoriedad, relativos a la anulación de la Ley de Caducidad, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Uruguay, reunido en forma extraordinaria en el día de la fecha declara:


1)- El Frente Amplio tiene la Verdad y la Justicia incorporadas como seña de identidad y se ha opuesto a la impunidad y a la Ley de Caducidad, su principal garantía jurídica y política, siempre. El Frente Amplio ha asumido la anulación de la Ley de Impunidad como lo que es: un tema eminentemente político. El Frente Amplio se dio los plazos y generó los ámbitos de discusión necesarios, con garantías para todos.

En un proceso de varios meses encabezado por su presidente, compañero Jorge Brovetto, en el que fueron escuchadas todas las posturas, políticas y jurídicas, se llegó a una propuesta única, refrendada por unanimidad en el Plenario Nacional, que tras un gran esfuerzo de negociación y cediendo todos, nos compromete también a todos.

La que es inconstitucional y atenta contra todos los principios republicanos y democráticos es la Ley de Caducidad. El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tres pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia al respecto e incluso los explícitos pronunciamientos del Poder Ejecutivo y del propio Poder Legislativo cuando se los consultó, así lo ratifican.

2)- En el Parlamento nuestros legisladores, mandatados por el Estatuto y por una referencia explícita y unánime del Plenario Nacional, donde están representados todos los sectores y las bases frenteamplistas, aprobaron el proyecto de Ley Interpretativa en el Senado y se disponen a hacerlo en Diputados. Para el PCU, respetando las visiones que se han expresado en estos días, no hay ninguna razón para que el proyecto de Ley no se vote. Respaldamos lo actuado por los compañeros Senadores y por los compañeros Diputados y reafirmamos que debe ser votado en la Cámara de Diputados el 19 de mayo.

3)- Ante la posibilidad de una citación de un nuevo Plenario Nacional del Frente Amplio; el PCU expresa su disposición a discutir y analizar, si es que se plantea, una nueva propuesta, si contiene todos los elementos políticos que están planteados en el Proyecto que fue votado en la Cámara de Senadores y que está a consideración en la Cámara de Diputados. Para ser explícitos si establece la anulación de la Ley de Caducidad.

4)- La anulación de la Ley de Caducidad es un imperativo moral, político e institucional, pero no suficiente para asegurar el objetivo de Verdad y Justicia. El PCU va a proponer al Frente Amplio impulsar la creación de una Comisión de Verdad, que tenga recursos humanos, legales e institucionales para investigar , que se constituya en un respaldo desde el Estado, pero abierta a toda la sociedad y a todos los aportes.

La verdad y la justicia, el fin de la impunidad, son componentes esenciales y condiciones irrenunciables de un proyecto de cambio y por lo tanto de la acumulación hacia él. Nuestro compromiso histórico con esos valores es el mismo que el del Frente Amplio y el de todas y todos sus militantes.

Comité Ejecutivo Nacional del PCU

Foto: ABI

El 7 de diciembre de 2010 pasa a ser un día de referencia global. En el Estado Plurinacional Comunitario de Bolivia se aprueba la Ley de Derechos de la Madre Tierra, mientras en Cancún los intereses políticos y económicos de los países industrializados se imponen en las negociaciones oficiales de la COP16, agravando la crisis climática, y fuera de las negociaciones oficiales, en la calle, miles y miles de personas, campesinos, indígenas y activistas, se manifiestan para salvar el planeta.

Esta ley, fruto de la construcción colectiva y el consenso, ha sido aprobada en grande y en detalle tanto por la cámara de Diputados, como por la de senadores, tan solo faltando la presencia en Bolivia del Presidente Evo Morales para su promulgación.

La ley define a la Madre Tierra como el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. En su versión corta consta de tres capítulos y diez artículos, en los que se consagran los principios de la misma (armonía, bien colectivo, garantía de regeneración, respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra, no mercantilización e interculturalidad).

Asimismo se la declara sujeto colectivo de interés público, y dota a todas las bolivianas y bolivianos de los derechos establecidos en la ley, al formar parte de la comunidad de seres vivos que componen la Madre Tierra, de forma compatible con sus derechos individuales y colectivos.

La ley define tanto los Derechos de la Madre Tierra (a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y al derecho a vivir libre de contaminación) como los deberes del Estado Plurinacional, especialmente en lo que respeta al desarrollo de políticas públicas en defensa de la Madre Tierra, así como formas de producción y patrones de consumo equilibrados y bajo la perspectiva del Vivir Bien, además de demandar el reconocimiento de la deuda ambiental a través de financiamiento y transferencia de tecnologías limpias, y promover la paz y la eliminación de las armas nucleares. Y no solo se le encomiendan deberes al Estado sino a las personas, que deben defender y respetar los Derechos de la Madre Tierra, así como asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con la Pachamama.

Finalmente se crea Defensoría de la Madre Tierra, cuya misión es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra establecidos en la ley.

Katu Arkonada

Fuente: Rebelión

‎El proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad, que aún debe ser ratificado por el Senado, fue aprobado favorablemente con 50 votos de los 80 diputados que asistieron a la sesión.

La ley pasa ahora a la Cámara de Senadores, en la cual se necesitan la totalidad de los votos de los senadores oficialistas para que sea aprobada. Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y Jorge Saravia (espacio 609) anunciaron su voto en contra. Eleuterio Fernández Huidobro que se ha manifestado contrario a la ley, decidirá su posición en reunión con la Corriente de Acción y Pensamiento (CAP-L).

Cabe recordar que el artículo 23º de los estatutos vigentes del Frente Amplio establece:

“a) OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES.- Las decisiones de los órganos del Frente Amplio adoptadas dentro de sus competencias y con sujección a los requisitos formales establecidos en el presente Estatuto y los reglamentos respectivos, serán obligatorias dentro de la respectiva jurisdicción, para todos los sectores y adherentes del Frente Amplio”

En el artículo 21º se establece:

“a) La libertad de acción será autorizada previa solicitud fundamentada por un miembro del Plenario Nacional por acuerdo de 4/5 de sus componentes.
b) La libertad de acción podrá ser concedida siempre que no violente los principios del Frente Amplio y provoque consecuencias contradictorias en la puesta en práctica de las decisiones de la mayoría.”

Y el artículo 22º agrega:

“Cuando un sector se considere afectado política o filosóficamente, ante una resolución de los organismos de dirección nacional, podrá solicitar la opción de no participar en los actos previstos. manteniendo total abstención en acciones que se relacionen con dicha resolución. Será competencia exclusiva del Plenario Nacional, que tomará resolución por mayoría calificada (4/5)”

La mesa política del Frente Amplio resolvió que el voto a favor de la Ley por parte de los legisladores del sector es obligatoria. Si no se acata esta decisión, los mecanismos previstos en los Estatutos del Frente Amplio para estos casos establecen:

“a) El control disciplinario y estatutario de los frenteamplistas competerá al Plenario Nacional, actuando conforme a lo establecido en el Acuerdo Político.
b) El mismo actuará en este terreno a propuesta de un Tribunal de Conducta Política, que será designado por el Plenario Nacional por mayoría calificada.
c) El Tribunal actuando de oficio o ante solicitud de una Coordinadora, Departamental o grupo político estudiará las posibles violaciones del estatuto, desarreglos en la conducta política o ética, violaciones a lo establecido en el apartado V del Acuerdo Político o a las normas de conducta definidas para los frenteamplistas que ocupen cargos políticos de confianza o de gobierno según se establece en las normas vigentes. Elevará al Plenario Nacional sus conclusiones debiendo este adoptar decisiones, por 9/10 de sus miembros.”

"Solo pido una cosa: los que sobrevívais a ésta época no olvideis. Reunid con paciencia testimonios sobre los que han caido por sí y por vosotros. Un día, el hoy pertenecerá al pasado, y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia. Quisiera que todo el mundo supiese que no ha habido héroes anónimos. Eran personas con su nombre, su rostro, sus anhelos y sus esperanzas..." - Julius Fucik

Argentina aprueba en una ajustada votación la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en dar reconocimiento a este derecho entre el colectivo homosexual.

A pesar de la multitudinaria manifestación ciudadana que ayer abarrotó las calles de Buenos Aires para declarar su rechazo a la norma, argentinos y argentinas homosexuales tendrán a partir de ahora el derecho de contraer matrimonio con su pareja. Esta norma, pionera en los países de Latinoamérica, ha sido recibida con enorme satisfacción por la comunidad LGTB del subcontinente, con la esperanza de que se produzca el efecto dominó. Uruguay y Chile avanzan ya en la consecución de una norma de similares características.

Con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, el Senado ha puesto fin al debate público. Argentina se sitúa como el décimo país del mundo en aceptar el matrimonio homosexual, una lista exclusiva ampliada hace apenas un mes por Portugal y por Islandia, la más reciente, el pasado 12 de junio.

También comparten la norma Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Sudáfrica (único representante africano), Canadá y por supuesto, España, donde ya se han celebrado cerca de 18.000 enlaces gays. Otros, como Reino Unido y Francia, reconocen las uniones entre personas del mismo sexo y los derechos derivados, pero no la denominación de matrimonio.

Asimismo, las parejas homosexuales pueden casarse en seis Estados de los Estados Unidos: Massachussets, Connecticut, Iowa, Vermont, Maine y New Hampshire.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), como cabía esperar, ha celebrado la noticia. Gabriel Aranda, coordinador del Área Internacional de la FELGTB, ha destacado que “a fuerza de ejemplos como España o Argentina se irán superando prejuicios, estereotipos, y se irá avanzando en derechos. Tendemos la mano a todos los países para que superen la impuesta y falsa moralidad y se suban al carro de la igualdad”.

Elena Duque

Fuente: AmecoPress

"Este proyecto de ley amenaza una de las tradiciones más antiguas de la medicina: los médicos deben proteger a sus pacientes sin importar nacionalidad o raza", dijo un médico de Arizona en una carta publicada el miércoles en el New England Journal of Medicine.

Washington. La polémica nueva ley de Arizona contra la inmigración ilegal podría poner a los médicos en aprietos, dijo un médico de Arizona en una carta publicada el miércoles en el New England Journal of Medicine.

El médico Lucas Restrepo del Instituto Neurológico Barrow en Phoenix dijo que debido a que la ley dice que cualquiera que "albergue" a un inmigrante ilegal puede ser multado, podría afectar al personal médico.

"Este proyecto de ley amenaza una de las tradiciones más antiguas de la medicina: los médicos deben proteger a sus pacientes sin importar nacionalidad o raza. Esta legislación, si no es impugnada, forzará a los proveedores de cuidado médico a elegir entre la dignidad de su profesión y la indignidad de violar la ley", declaró Restrepo.

"El nuevo proyecto de ley de inmigración del estado de Arizona promulgado el 23 de abril obstruirá gravemente, sino socavará, la práctica de la medicina en el estado de Arizona", escribió Restrepo.

"Una interpretación es que los proveedores de cuidado médico en Arizona deberán pedir un pasaporte antes de ver a algunos pacientes", declaró.

La legislación, aprobada por republicanos en la legislatura del estado de Arizona, se convierte en ley el 29 de julio, pero puede ser impugnada.

La ley busca sacar a los inmigrantes ilegales del estado fronterizo, un gran corredor para inmigrantes y traficantes de drogas que atraviesan desde México.

Los opositores dicen que la ley es inconstitucional y llevará a la discriminación étnica de los hispanos, que representan cerca de un tercio de la población de Arizona. Se cree que cerca de 11 millones de personas viven en Estados Unidos ilegalmente.

Fuente: La Jornada

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Hoy la Comisión Nacional por la Nulidad de la ley de Caducidad, lanza la campaña para lograr que en octubre triunfe la profunda necesidad de Verdad y Justicia que tiene el pueblo uruguayo.

Aquí comienza la segunda etapa que es decisiva para lograr la anulación de la llamada ley de Impunidad.

Hoy no te quedes en tu casa; acercate al Paraninfo de la Universidad a las 19 hs, manifestando tu compromiso con el trabajo que tenemos por delante.

Juntos podemos lograr que en Octubre, la mayoría del pueblo uruguayo Vote SI



Brujita

Por primera vez, el Estado reconocerá que cometió crímenes de lesa humanidad. Lo establecerá en una ley que llegará al Parlamento en marzo. Además, resarcirá a quienes padecieron cárcel, exilio, persecución ideológica y a los familiares de los detenidos desaparecidos.


Ricardo Portela


Por primera vez, desde hace 23 años, desde el retorno a la democracia y en una ley que ingresará al parlamento a principios del próximo mes de marzo, el Estado se hará, y por escrito, "único responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad" y de haber propiciado el "terrorismo de Estado" en el período de tiempo que duró la dictadura en nuestro país: desde el 9 de febrero de 1973 y hasta el 28 de febrero de 1985.

También pedirá "perdón" por las violaciones cometidas a los Derechos Humanos e institucionalizará el 11 de abril como el "día nacional de la memoria" fecha en la que se tiene conocimiento como el primer exterminio masivo en el Uruguay proveniente del Estado, cuando el general Fructuoso Rivera llevó a cabo la masacre de indígenas en Salsipuedes tras haberlos convocado con el aparente y luego falso pretexto de buscar la pacificación nacional.

Es una ley que contendrá además reparación asistencial y económica hacia un universo de uruguayos que, hasta el momento, no habían sido tenidos en cuenta en las leyes que ya fueron sancionadas y que contienen, en su espíritu, resarcimientos de índole previsional a aquellos detenidos políticos durante la dictadura cívico militar como la ley Nº 18.033 o aquella otra anterior que establecía el retorno a sus antiguos puestos de trabajo en el área pública con todos los beneficios jubilatorios a los que habían sido destituidos por militancia política.

El Estado buscará, con esta nueva ley de reparación integral, resarcir económica y asistencialmente, con programas de cobertura sanitaria y social, a aquellos uruguayos que fueron encarcelados, perseguidos, los que debieron vivir en forma clandestina debido a su actividad política o social, a los exiliados y a los familiares de los detenidos desaparecidos. Particularmente, estos últimos no han sido contemplados en ninguna de las leyes que se promulgaron en los años posteriores a la dictadura militar y hasta la fecha.

Según registros oficiales en poder del gobierno, son cientos los uruguayos que padecen secuelas físicas y psicológicas de los años en que padecieron persecución ideológica, cárcel o exilio. Muchos de estos casos patológicos han sido y son atendidos por organizaciones humanitarias pero, con la ley que el Poder Ejecutivo remitirá en marzo próximo, se busca agrupar a través del Sistema Nacional de Salud, la cobertura profesional médica de estos uruguayos.

El espíritu de la ley no difiere demasiado de las ya sancionadas, por lo que, para ser acogidos en la norma, deberá haber registros oficiales de haber estado detenido, de haberse visto obligado y por razones políticas o gremiales a ausentarse del país o de convivir clandestinamente a causa de la persecución ideológica. En el caso de los familiares de los desaparecidos, los requisitos no serán tan puntillosos como en los anteriores por razones obvias.

El proyecto de reparación integral tiene cinco puntos claros y específicos: primero el "perdón" del Estado por el terrorismo y las violaciones a los Derechos Humanos desarrollados entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero del año 1985 que se traduce en el reconocimiento explícito de haber cometido crímenes o delitos de lesa humanidad contra la población, segundo las garantías de no repetir la experiencia de quiebre constitucional, tercero la restitución de los derechos fundamentales y básicos de la ciudadanía, cuarto, la "dignificación" de las personas afectadas y quinto, la reparación económica y asistencial a ese universo de uruguayos no contemplados hasta el momento.

Fuente: La República

El Presidente NO puede vetar