"Si los países escandinavos han ofrecido en las últimas décadas una imagen de convivencia ciudadana digna de ser imitada, también existen en su seno fuerzas que abogan por instalar un sistema «securatista», en el que el orden policial se imponga sobre la libertad de elección personal en todos los órdenes de la vida."


El atentado de Noruega no es obra de un loco, se alimenta del discurso de la intolerancia a la diversidad

El horror de Noruega nos alcanza a todos. Estamos ante un crimen del odio en su más bárbara expresión terrorista, realizado por un fanático ultraderechista que hace del rechazo a los progresistas, a la democracia que acoge a la inmigración y a la tolerancia que integra la diversidad religiosa, el motivo de su crimen masivo.

No es obra de un loco. Puede que sea un psicópata profundo a partir de su fanatismo y odio, pero actúa cerebralmente para ejecutar su matanza, se alimenta del discurso de la intolerancia a la diversidad, discurso que también proyectan partidos y organizaciones de una nueva extrema derecha que hace de la xenofobia, el racismo, la fobia al islam y la criminalización de la democracia, especialmente de los progresistas, el "chivo expiatorio" de su arianizada visión. El asesino alcanza satisfacción y protagonismo observando el miedo y el horror que provoca en la sociedad que quiere destruir.

Hay precedentes, no es la primera vez. El atentado cometido por el ultraderechista Timothy McVeigh en Oklahoma, tras explotar un camión de explosivos y asesinar a 168 personas, dejó un terrorífico mensaje de sangre: podemos actuar como "lobos solitarios".

Elevado al santuario del yihadismo nazi, McVeigh ha sido emulado por otros asesinos masivos, como muestran los sucesos en centros escolares de Alemania, Finlandia y Norteamérica. Existe una comunidad virtual criminal de alcance transnacional, alimentada por internet y redes sociales, que busca su razón de existir en el discurso del odio y encuentra su logística en el fácil acceso a las armas y explosivos en múltiples escenarios, también en la red.




El "lobo solitario" es un aspirante a genocida y funciona en esa comunidad virtual, visible en Internet, que se alimenta de la biblia ultra: Los Diarios de Turner, escrita por el nazi William Pierci, cuyo consumo mundial ha superado los cinco millones de ejemplares. El relato del horror de esta novela puede ser una realidad que se expanda, sólo necesitan gente que lo asuma con determinación cuya recompensa será la fama por aterrorizar al mundo. Inspirados en este manual del horror, como en otros manuales neonazis tipo Resistencia sin líder, los criminales sin organización pueden causar tragedias de miles de víctimas y por extensión del conjunto de la sociedad. Y como lo saben, lo hacen.

Sin embargo vuelve a sorprender la nula detección del problema por las fuerzas de seguridad. Ancladas en los viejos clichés de las organizaciones terroristas y del antiguo fascismo no acaban de comprender las claves de la nueva ultraderecha y de su intolerancia criminal en un mundo globalizado de interconexión sin límites a través de internet. Sobradamente advertidos por quienes conocemos la tragedia por sus efectos hay pistas que deben llevarles a entender por qué matan de esta manera. Stieg Larsson y su Millenium permiten comprender cómo pueden surgir este tipo de "salvadores" en sociedades avanzadas.

Mientras tanto, al menos se debería limpiar de internet la basura criminal de manuales y webs que incitan el odio, ilegalizar a organizaciones y partidos racistas que lo difunden y no permitir el fácil acceso a las armas en ningún país. Europa no puede mirar a otro lado ante el aumento del racismo y la intolerancia, debe desterrar su banalización, reforzar los códigos penales, mejorar la inteligencia sobre estos grupos y personas, luchar democráticamente en todos los frentes contra el fanatismo cuya capacidad para el horror ha quedo demostrada en Oslo. En España se debe reformar el Código Penal y crear fiscalías contra los delitos de odio, formar y especializar a la Policía, urge sensibilizar, prevenir y legislar contra estos crímenes, mejorar su persecución. Mañana puede ser demasiado tarde.

Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento Contra la Intolerancia

Fuente: Público

Foto Michael Steele

El 8 de diciembre, cinco menores que se encuentran bajo la tutela de la Comunidad fueron agredidos, según relatan, por motivos xenófobos.

“Edema-hematoma en el párpado izquierdo… Contusión en región dorsal izquierda de unos 6-7 centímetros… Herida incisa de unos 4 centímetros en cuero cabelludo… Retirar grapas en 10-15 días…”. Esas frases son parte del informe médico de uno de los dos menores migrantes agredidos el 8 de diciembre en Oviedo.

Otros tres lograron escapar de la paliza que, según su versión, les propinaron tres individuos armados con palos después de perseguirlos. Según explica Ana Taboada, abogada de SOS Racismu, la investigación se ha abierto de oficio debido a los partes médicos. Su organización se ha personado como acusación popular.

En los últimos meses, las agresiones racistas han crecido, junto al incremento de la difusión del discurso xenófobo. El ataque estuvo precedido de la ‘voz de alarma’ dada por Democracia Nacional y la Asociación de Vecinos de San Lázaro sobre el aumento de la delincuencia en el barrio, que la vinculan a la presencia de estos menores.

Unos días antes, la formación ultraderechista realizó una concentración ante el Centro Materno Infantil donde residen los cinco chicos agredidos. La presidenta de la Asociación, María Teresa Martín, hizo suyo el discurso de la ultraderecha en La Nueva España. “A ver si al final vamos a tener que tomarnos la justicia por nuestra mano”, decía Martín en octubre.

La cobertura mediática no ha sido la misma para los actos de colectivos sociales y partidos políticos en apoyo a los menores y en contra de las proclamas racistas. El 15 de diciembre, convocadas por la Ruta contra el Racismo y la Represión, unas 150 personas se congregaron ante el Centro Materno Infantil para condenar las agresiones y la criminalización de los menores migrantes. Sólo un fotógrafo de un medio regional presenció cómo la Policía Nacional impidió que el grupo se desplazase por la acera unos 400 metros.

Tampoco se libra de las críticas el fiscal de Menores, Jorge Fernández Caldevilla, quien pidió cautela ante esta agresión, “pero que no ha salido al paso de las declaraciones que incitaban a la violencia contra ellos”, apunta Eva Martínez, portavoz de la Ruta.

Otra pata del banco, en entredicho, es la Consejería de Bienestar Social. Su gestión de la tutela de los menores deja, en opinión de unos y otros, mucho que desear. En manos de IU desde 2008, no ha frenado la privatización de los centros, y mantiene la presencia de empresas como La Cruz de los Ángeles o Accem, a quienes algunas voces acusan de convertir la tutela de menores en negocio. “¿Por qué cada vez más centros y pisos de acogida están subcontratados, precarizando las condiciones de las educadoras?”, pregunta Eduardo Romero, de la Ruta, que también denuncia la estancia de chavales en primera acogida “durante meses o años, cuando el período máximo por ley es de 45 días”.

Pedro Menéndez

Fuente: Diagonal

Se rasgan las vestiduras, se cubren al estilo bíblico la cabeza con cenizas, (a falta de cenizas, con palabras y tinta impresa, vaciadas de contenido) y claman a los cuatro vientos las barbaridades xenofóbicas del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre los bolivianos, peruanos y paraguayos, a quienes les achacan los males de la ciudad y ser los ocupa de Villa Soldati.

Hay que buscar culpables externos para tapar las culpas propias, es mucho más cómodo. Bien dice el Evangelio: “antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en el tuyo”

Los vecinos del parque Indo-Americano después de largos años de esfuerzo lograron tener sus viviendas. Hoy están enfrentados a los okupa y reclaman que los envíen de vuelta a sus países, discriminando y rechazando a otros pobres, muchos de ellos del interior del país, campesinos e indígenas que fueron expulsados de sus tierras y llegaron a la gran ciudad en búsqueda de mejores condiciones de vida.

En éste conflicto no faltan los delincuentes, que aprovechándose de la necesidad de los pobres por tener una vivienda, les vendieron tierras públicas. No faltaron los punteros políticos que manipulan las necesidades de la gente.

La toma de tierra en el Club Albariño, vuelve a los enfrentamientos entre vecinos y okupas y se suman otras en diversos partes de la ciudad, como en las vías del ferrocarril en Retiro, con el peligro que lleva la proximidad a las vías.

En ésta maravillosa y sufrida Argentina, de 40 millones de habitantes, según el reciente censo nacional, con un extenso y rico territorio, no tendría que haber problemas de viviendas y debería haber trabajo para una vida digna.

La concentración del poder y recursos de los cuales se están apropiando empresas extranjeras y empresarios inescrupulosos apoyados por el gobierno nacional y los gobernadores, acumulan más y más territorio a costa de los que menos tienen y les quitan lo poco que les queda, como a los pueblos originarios que sufren la discriminación y contra quienes se comete un genocidio silencioso. Toda esa explotación se realiza con total y absoluta impunidad.

Llegan noticias del Chaco, mueren de hambre y desnutrición los indígenas, y apenas son noticia en la agenda oficial.

En Formosa, el caso de la Comunidad Primavera del los Qom, algunos representantes están en Buenos Aires, reclamando sus derechos, no los escuchan, no quieren verlos, los tratan como “no personas”. El gobernador de Formosa explota y discrimina, es responsable de los asesinatos y xenofobia contra los pueblos originarios, lo mismo ocurre en Salta, Jujuy, Tucumán. El gobierno nacional guarda silencio cuando son sus aliados. Es hora que despierte a la realidad que vive el país y tome decisiones concretas.

En Misiones las noticias son trágicas. La muerte por hambre, desnutrición, destrucción de la biodiversidad, no son noticia para los grandes medios, ni para el gobierno. Un neonazi, Biondini, apoya a Macri, el escritor Marcos Aguinis, reclama mano dura para poner fin a los conflictos, no para resolverlos con justicia.

En pocos días los cristianos celebraremos la Navidad; cada uno desde su comprensión y creencia. Es necesario reflexionar, pensar y actuar. Debemos aprender a compartir el pan que alimenta el cuerpo y el espíritu, la necesidad que en cada hogar de la Patria Grande, de nuestra América mestiza, podamos superar y desterrar la xenofobia, la intolerancia, la discriminación.

Debemos derribar los muros que nos dividen, separan y enfrentan. Sabemos que los muros más duros de derribar son los que tenemos en la mente y el corazón. Los problemas que vive el país no se resuelven con más policías, y la llamada “seguridad”. Los desafíos son grandes y es necesaria mucha serenidad y sabiduría para saber por donde caminar.

La presidenta de la Nación, Cristina sabe que la seguridad está en que no se mueran niños de hambre, que se respete el derecho de los pueblos, que los necesitados puedan acceder a una vivienda justa. No esperemos que el gobierno de solución a todos los problemas, es necesaria la solidaridad entre nuestro pueblo, de empresarios, iglesias, organizaciones sociales.

Es cierto que existen desde el gobierno planes de viviendas populares, por ayuda mutua y esfuerzo propio, con la participación de diversos sectores sociales. Es necesario tener presente que el problema es estructural y social, que la demanda va a crecer y si no se toman medidas y políticas públicas, tanto a escala nacional como provinciales y se reclaman a los gobernadores conductas y proyectos coherentes con el bien del pueblo, los conflictos se van a agudizar. Se debe parar la expropiación de tierras y expulsión de los pobladores, se necesitan proyectos coherentes y créditos para su desarrollo.

Muchos en el país y el continente luchamos y compartimos la esperanza en los caminos de liberación. Como decía el Che: “hay que ser duro como el acero, sin perder la ternura” hasta derribar las fronteras que nos impusieron para dividir a los pueblos y lograr recuperar la soberanía.

Aquellos que discriminan, implantan la xenofobia y la discriminación, son esclavos de si mismos y del sistema de dominación; les falta dignidad y grandeza de reconocer al otro y a la otra como un igual y con los mismos derechos en la Patria Grande.

Adolfo Pérez Esquivel

Fuente: Alainet

Foto: AFP

Las expulsiones colectivas del Estado francés de gitanos de origen rumano y búlgaro han indignado a miles de ciudadanos en toda Europa. Ayer salieron a las calles para expresar su rechazo frontal al racismo y la xeno- fobia que perciben tras esas medidas.

La respuesta de la ciudadanía contra la política del Gobierno de Nicolas Sarkozy hacia la minoría étnica mayoritaria en la Unión Europea, la comunidad romaní, no podía esperar más, y ayer varios estados europeos, principalmente el francés, vivieron una jornada de movilización contra el «racismo de Estado» que decenas de miles de ciudadanos europeos ven detrás de las expulsiones masivas de gitanos rumanos y búlgaros. El Ministerio francés de Interior cifró en 77.000 las personas que se movilizaron en todo el Estado, una cifra que los organizadores elevaron a 100.000.

Como no podía ser de otra manera, la manifestación más numerosa tuvo lugar en París, donde se congregaron entre 12.000 y 50.000 personas, según las fuentes. El cortejo parisiense estuvo abierto por un grupo de gitanos cuyo poblado situado en los arrabales de la capital fue destruido por las autoridades el mes pasado, que encabezó simbólicamente la marcha, con una pancarta con el lema «No a la política inhumana de Sarkozy». Entre los congregados, pocos gitanos, puesto que ellos se manifestarán en París el próximo día 15.


Foto: AFP

En el resto del Estado se realizaron unas 130 manifestaciones en las principales ciudades, entre ellas Baiona, donde varios centenares de personas se manifestaron contra el racismo y la xenofobia. Además, se llevaron a cabo concentraciones, algunas ante las embajadas francesa, capitales europeas como Londres, Bruselas, Lisboa, Busapest, Roma, Barcelona o Madrid, entre otras. Las movilizaciones contaron con el apoyo de decenas de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y partidos de izquierda y ecologistas.

«Ante la xenofobia y la política del desprecio: libertad, igualdad, fraternidad», rezaban los carteles que llamaban a manifestarse, aludiendo al lema oficial de la República francesa. En París, personalidades del mundo de la cultura, como la cantante Jane Birkin o la cineasta Agnes Jaoui, acudieron a las inmediaciones del Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional para cantar, acompañadas de un acordeonista, a favor de los inmigrantes «sin papeles».

«Es una canción contra el desamparo, para levantarle el ánimo a la gente. Pienso que se ha convertido a los gitanos y a los inmigrantes en situación irregular en chivos expiatorios a los que se puede expulsar, mientras que a mí, que también soy extranjera, no se me expulsa», afirmó, indignada, Birkin.

Birkin formó parte, junto con el ex resistente contra la Ocupación nazi de Francia (1940-1944) Stephane Hessel, del grupo que se entrevistó posteriormente con asesores del ministro de Inmigración Eric Besson.

«Fue un diálogo de sordos, pero es bueno que haya tenido lugar para mostrarles que gran parte de la población monta en cólera ante esta política nauseabunda», indicó el portavoz de la Red de Educación sin Fronteras (RESF), Richard Moyon, que lucha contra las expulsiones de inmigrantes «sin papeles».

«Desde finales de julio, no dejamos de oír discursos que defienden los fundamentos del programa de Le Pen», estimó el presidente de la Liga de Derechos Humanos, Jean-Pierre Dubois, refiriéndose al líder de la extrema derecha, cuyo programa se basa, a su juicio, en supuestos vínculos entre «inmigración y delincuencia», una vinculación a la que también aludió Sarkozy para endurecer sus políticas de seguridad con las que pretende recuperar el apoyo de la ciudadanía.

«Se ha cruzado la línea roja», dijo Dubois; mientras que la líder de los Verdes aseguraba que «no aceptamos el veneno que el Gobierno de la República está tratando de inocular».


Foto: AFP

Pero al ordenar el desmantelamiento de los campamentos ilegales de gitanos y nómadas y su deportación a sus países de origen, además de la retirada de la nacionalidad francesa a quienes cometan determinados delitos, ha provocado la ira de la sociedad civil y de la oposición, que acusa a Sakozy de culpar a los gitanos de los males de la sociedad, además de críticas de la ONU, la Comisión Europea y el Vaticano, entre otros.

En Europa, las protestas reunieron a miles de personas. La más numerosa tuvo lugar en Roma. En las pancartas exhibidas en Bruselas, se podría leer: «Romaníes, inmigrantes, ¿quién es el siguiente?»; en Barcelona: «Basta de deportaciones», y en Londres: «Basta, ya basta».

Desde finales alrededor de un millar de gitanos procedentes de Rumanía y Bulgaria han sido deportados a sus países y cientos de campamentos desmantelados en el Estado francés.

El Gobierno francés minimizó la respuesta ciudadana a su política contra la inmigración al afirmar, en un comunicado, que las manifestaciones apenas lograron reunir a «unas decenas de miles de personas». Su ministro de Interior, Brice Hortefeux, aseguró que continuará su «acción determinada para hacer recular toda forma de delincuencia y defender los derechos de las víctimas, sin estigmatizar a ninguna comunidad.

Fuente: Gara

Foto: Efe

La APDHA y ACSUR Las Segovias denuncian que las declaraciones públicas y propuestas políticas en materia de inmigración de los últimos días generan un peligroso caldo de cultivo para el racismo y la xenofobia.

Desde que hace ya dos años comenzaron a aparecer con fuerza los síntomas de la actual situación de crisis social y económica, los colectivos sociales que trabajamos en el ámbito de la inmigración hemos advertido reiteradamente de la necesidad de extremar la responsabilidad a la hora de tratar el fenómeno migratorio desde los foros políticos y mediáticos, ya que estos momentos son especialmente propicios para que surjan indeseables brotes de racismo y xenofobia.

Desgraciadamente, estos llamamientos de la sociedad civil han tenido un escaso eco. Tanto con reformas legislativas tremendamente restrictivas (la conocida como “Directiva Retorno” europea y la reciente reforma de la Ley de Extranjería española, principalmente) como con constantes mensajes vertidos desde los más diversos sectores, se está señalando, directamente o indirectamente, que la presencia de población de origen inmigrante en Europa y España es un factor que agrava las consecuencias de la crisis.

Y en los últimos días, a raíz de la decisión del Ayuntamiento de Vic de intentar no empadronar a sus vecinos/as de origen inmigrante en situación documental irregular, se ha iniciado una espiral de declaraciones públicas y propuestas políticas que son muy alarmantes por sus posibles efectos de fomento del rechazo social hacia nuestros/as conciudadanos/as de origen inmigrante. Señalamos brevemente aquéllas que nos parecen de mayor gravedad y nuestras valoraciones al respecto:

- La iniciativa del Ayto. de Vic, afortunadamente paralizada, ha puesto de manifiesto que los obstáculos para acceder al padrón municipal no son exclusivos de este municipio. Se ha hecho público que ayuntamientos como los de Torrejón (Madrid) o Salt (Gerona) también se niegan a empadronar a personas extranjeras en situación documental irregular. Y en otros pueblos y ciudades españolas, sin existir instrucciones formales en este sentido, proliferan las trabas burocráticas para dificultar el acceso al padrón. Y ello tiene un doble efecto perverso: por una parte condena a la inexistencia jurídica y a la imposibilidad de poder aspirar a regularizar su situación a miles de personas, y por otra le veta el acceso a derechos fundamentales básicos como la sanidad y la educación, derechos que la legislación vigente obliga a reconocer a toda persona que se encuentre en nuestro país, sea cual sea su situación administrativa, y el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente como especialmente vinculados a la dignidad humana.

- Diversos responsables del Partido Popular reclaman una nueva reforma de la LOEX que restrinja aún más (si cabe) los derechos fundamentales de las personas extranjeras en España. Si desde los colectivos sociales nos opusimos con firmeza a la reforma recién entrada en vigor, por considerar que las restricción de derechos es inversamente proporcional a una verdadera integración de todo/as en una sociedad democrática avanzada, cualquier propuesta que pretenda ahondar en ese camino encontrará nuestro frontal rechazo.

- El Presidente de la Generalitat de Cataluña, el Sr. José Montilla (PSC/PSOE), ha afirmado que ni su gobierno ni su partido iban a caer en el peligro del “buenismo” al tratar las cuestiones migratorias. Recordamos al presidente Montilla que reivindicar la plena vigencia de los Derechos Humanos para todas las personas independientemente de su origen y el reconocimiento de la condición de ciudadanos/as de nuestras vecinos/as extranjeros/as no supone un cándido ejercicio caritativo de ilusos fuera de la realidad; simplemente es una exigencia derivada del respeto a la dignidad humana, de la letra y el espíritu de instrumentos internacionales vigentes y ratificados por España y de la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia.

- Convergencia i Unió retoma su propuesta de “carnet por puntos” para inmigrantes y reivindica la autoría del lema “en Cataluña no cabemos todos”, utilizado vehemente en estos días por la Sra. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del Partido Popular en Cataluña. Respecto a la primera propuesta, reiteramos que los derechos de los/as inmigrantes deben estar exclusivamente vinculados a su condición de personas y ciudadanos/as, sin requisitos “extra” respecto al resto de sectores sociales. Y en lo concerniente al “en Cataluña no cabemos todos”, ejemplifica a la perfección el tipo de declaraciones que pueden fomentar el racismo y la xenofobia.

- Por último, no ha faltado el recurrente discurso de vincular inmigración y delincuencia. El Sr. Josep González, presidente de la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) argumentó ante los medios de comunicación: “Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas y de gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido”. Efectivamente, deberíamos preguntarnos qué patrones éticos guían a nuestra sociedad, que no reacciona ante declaraciones de este perfil, cuando no las aprueba y aplaude. Y en esta línea, Mariano Rajoy, presidente nacional del Partido Popular, ha abogado por la expulsión de personas inmigrantes que comentan delitos penados con más de 6 meses de prisión.

Ante estas circunstancias, la sociedad civil más que nunca debe exigir por enésima vez responsabilidad a todas las instancias políticas, mediáticas y sociales a la hora de tratar el fenómeno migratorio. Nuestros vecinos/as migrantes ni son causa ni agravan las consecuencias de la crisis social y económica, sino que son un colectivo que sufre con especial rigor las mismas (por los sectores económicos en los que mayoritariamente trabajan, por no poseer las mismas redes de protección familiares y sociales que las personas autóctonas, por la “espada de Damocles” constante de la situación documental…). El culpabilizar en todo o en parte, directa o indirectamente, a la inmigración de la crisis genera riesgos de xenofobia y fractura social, que pueden a su vez crear graves problemas de convivencia. Estamos todavía a tiempo de evitarlo; en caso contrario, una vez prendida la mecha las consecuencias son imprevisibles.

26 de enero de 2010

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
ACSUR Las Segovias

Fuente: APDHA

El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego en el distrito de Sharpeville (Sudáfrica) y mató a 69 personas que manifestaban pacíficamente contra las “leyes sobre los pases” del apartheid. Seis años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó ese día, el 21 de marzo, como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (resolución 2142 (XXI)). La Asamblea instó a la comunidad internacional no sólo a conmemorar esa tragedia, sino también a colaborar para luchar contra el racismo y la discriminación racial donde quiera que se encuentre.

49 años después de estos hechos, y 43 después de la proclama de la Asamblea General de la ONU, se siguen levantando muros cada vez más altos y se crean campos de concentración para mantener alejados a los que algunos mal llaman "ilegales"; se persigue y se mata, por el terrible pecado de haber nacido con otro color de piel o por pertenecer a otra etnia; se castiga a quienes tienden su mano solidaria para ayudar a esos seres humanos que hoy reciben el mote de "sin papeles". Hoy urge que la comunidad internacional tome medidas concretas para parar tanto odio y tanto sin sentido en escalada. Hoy tenemos que gritar bien alto, para que no quede ni una piedra en este planeta que no nos escuche.




Brujita