Habrá referendo sobre Ley de Caducidad

Alberto Salazar Gutierrez

Miembros de la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad aseguraron hoy haber sobrepasado el mínimo de firmas requerido para solicitar una consulta popular sobre la normativa.

“Superamos el mínimo de firmas señalado por la Constitución, pero no cederemos hasta tener 300 mil a fin de asegurarnos un margen ante eventuales impugnaciones”, dijo Carlos Coitiño, uno de los promotores de la campaña.

Para que el Poder Legislativo habilite un referendo sobre la normativa, que amnistió a militares y policías violadores de los derechos humanos en tiempos de la dictadura (1973-1985), la entidad debe certificar más de 250 mil adhesiones (el 10 por ciento del padrón electoral) antes del próximo 25 de abril.

El pasado fin de semana, las organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos que integran la Coordinadora desarrollaron una ofensiva en los 19 departamentos del país y acopiaron otras ocho mil 608 firmas, lo que elevaría el total a 255 mil 283.

Coitiño aclaró empero que el cómputo final deberá realizarse hoy, máxime porque faltan por recibir muchas boletas aún en manos de activistas de Montevideo y del interior del país.

Al final del proceso, las firmas deberán ser entregadas a la Asamblea General, máximo órgano de Poder Legislativo en el país, de donde serán derivadas a la Corte Electoral para que sean cotejadas con la rúbrica de los adherentes en sus respectivas credenciales cívicas.

Caso que el ente certifique el mínimo señalado por la Constitución, los uruguayos decidirán sobre la anulación de la también llamada Ley de Impunidad junto con las elecciones nacionales del 25 de octubre.

La normativa fue aprobada por el Parlamento en 1986 con los votos en contra del entonces opositor Frente Amplio, y ratificada mediante referendo tres años después, en ambos casos bajo presión de las estructuras militares que gobernaron el país.

Paralelamente a la campaña de la Coordinadora, la Suprema Corte de Justicia estudia un recurso de anticonstitucionalidad de la ley presentado por la fiscal Mirtha Guianze en el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en 1974 mientras estaba confinada en una dependencia castrense.

Fuente: PL