Un nuevo informe médico-forense desarrollado en el caso de Nibia Sabalsagaray consideró "inconsistente" la versión oficial sobre su muerte. El informe fue ordenado por la sede judicial.

El médico forense Domingo Mederos aseguró ante la Justicia que la versión oficial aportada por los militares en 1974 sobre la causa de la muerte de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray es "inconsistente", porque es "imposible" que el cuerpo de la joven haya sido encontrado en la posición descrita.

Mederos fue "designado", al iniciarse la indagatoria como médico de confianza de la Sede y fue autorizado para acceder al expediente para la confección de un informe sobre la autopsia y el relevamiento fotográfico desarrollado en 1974 por la Justicia Militar en el caso de la muerte de Nibia Sabalsagaray, en las entrañas del Batallón de Trasmisiones Nº 1 (hoy Batallón de Comunicaciones Nº 1). El médico presentó sus conclusiones en forma oral el pasado 13 de febrero de 2006.

Sin embargo, la abundante prueba documental y testimonial recopilada en la causa desde ese momento (tras el arribo de oficios del Ministerio de Defensa Nacional ­MDN­ y los testimonios recabados por la Sede durante la instrucción), implicaron que el juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, solicitara "de oficio" su comparecencia como forma de ampliar el informe pericial desarrollado en 2006, indicaron fuentes judiciales a La República.




En este sentido, Mederos analizó la nueva documentación incorporada, ante lo cual consideró "inconsistente" la versión oficial aportada por los militares actuantes en el procedimiento efectuado al constatarse la muerte de Sabalsagaray, en atención de la altura del "hierro" y la posición en la cual se dice fue encontrada la joven.

El general Miguel Dalmao, actual jefe de la División de Ejército IV, con asiento en Minas, declaró ante la Justicia Militar en 1974 que al asomarse "a la celda número tres, notó que la mencionada se encontraba arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima". El "hierro saliente" se encontraba a 1,80 metros del suelo. Sin embargo, "es materialmente imposible" el hallazgo del cuerpo en la posición descrita porque para eso "la persona debería medir dos metros y medio", expresó el médico ante el juez Vomero, según las fuentes.




Asimismo, el médico reiteró durante la audiencia desarrollada el pasado viernes 23 sus cuestionamientos al protocolo de autopsia elaborado en 1974 y firmado por el jefe del Servicio de Anatomía Patológica de la época José A. Mautone. "Cabe destacar que en el protocolo autópsico no consta el exáamen interno del cuello, el cual podría haber establecido si las lesiones del cuello (surco de ahorcamiento) fue vital o post-mortem", declaró Mederos ante el juez Vomero en 2006. "El deficitario análisis de las lesiones del cuello de Sabalsagaray volvió a ser cuestionado" por el profesional, expresaron las fuentes.

Mederos fue medicolegista adjunto del Departamento de Medicina Legal de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas e integrante del Instituto Técnico Forense (ITF) hasta hace pocos años, y actualmente estaría retirado de la actividad profesional, indicaron las fuentes.

UN CRIMEN AUN IMPUNE




El proceso judicial por la muerte de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray en las entrañas del Batallón de Trasmisiones Nº1 (hoy Batallón de Comunicaciones Nº 1), en 1974, se transformó con el paso de los años en una de las causas más emblemáticas sobre la represión en los años de la dictadura cívico-militar.

El pasado lunes 19 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", para el caso concreto de la indagatoria judicial por la muerte de Sabalsagaray, lo cual implicó la llegada de nuevos recursos contra la norma.

El fallo de la Corte implicó la posibilidad de retomar la indagatoria y la citación de algunos militares cuyo testimonio fue recabado con anterioridad en calidad de "testigos". Las citaciones libradas por el juez Rolando Vomero, a instancias de la fiscal Mirtha Guianze, implicó, en tanto, la primera citación como "indagado" de un general en actividad en una causa por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura: la del general Miguel Dalmao, actual jefe de la División de Ejército IV.

Fuente: La República

Los jueces, presionados por el Supremo, archivan las investigaciones de los crímenes del franquismo.

“Después de lo que está ocurriendo con Baltasar Garzón qué juez en España se va a atrever a abrir una fosa”, dice Manuel Perona, presidente de la Asociación de Cataluña para la Recuperación de la Memoria Histórica. “En España no hay un solo juez ni juzgado competente para investigar estos crímenes”, lamenta Marçal Isern de Temps de la Memoria. “Los jueces están siendo coaccionados por el Supremo”, afirma el abogado Fernando Magán.

Desde que Garzón se inhibiera en noviembre de 2008 a favor de los distintos juzgados territoriales la mayoría de los expedientes (46 de 60) han sido archivados. La falta de un pronunciamiento claro del Tribunal Supremo sobre la cuestión de competencia y el proceso abierto contra el magistrado ha derivado en una disparidad de actuaciones en los procedimientos abiertos. Dos juzgados, el de Granada y el del San Lorenzo de El Escorial mantienen que la competencia para investigar los crímenes de la dictadura la tiene la Audiencia Nacional. Otro, el de Benavente (Zamora) ha sido el único hasta ahora que se ha declarado competente y ha procedido a la exhumación. La mayoría ha aceptado la inhibición y ha dado carpetazo al asunto sin llamar a ningún testigo a declarar. Y es que no hay autoridad judicial en España que quiera hacerse cargo de los miles de cuerpos enterrados en las fosas clandestinas.

150.000 DESAPARECIDOS

Lo que se dirime en el fondo de la llamada ‘causa Garzón’ o ‘causa contra el franquismo’ o ‘causa de la memoria histórica’ no es más que la ‘causa de las fosas’. En España existen más de dos mil fosas clandestinas y decenas de miles de desaparecidos. Sólo en el auto emitido por el juez de la Audiencia Nacional con fecha 16 de octubre de 2008, figura la cifra de 114.266 muertos pero la estimación de los peritos es de alrededor de 150.000 cuerpos enterrados. Las denuncias partieron de los familiares de las víctimas.

El crimen a investigar es de un delito de detención ilegal, de desapariciones forzadas, que se enmarcan en la categoría de crímenes contra la humanidad. Como dice el citado auto en relación a la guerra civil los responsables de la insurrección armada llevaron a cabo un programa de exterminio “acompañado del ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumación”. Esos hechos son precisamente los que determinaron la apertura de la investigación por parte de Garzón del paradero de miles de personas detenidas y aniquiladas por el régimen franquista.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de 2007 la autoridad competente y única eran los jueces y también los ayuntamientos cuando se trataba de cementerios en los que se actuaba por vía administrativa. Hace ya años que en España se está procediendo a la exhumación de fosas pero la novedad aportada por la nueva normativa impulsada por el Gobierno del PSOE es que abre la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan proceder a las exhumaciones a través de un protocolo. Sin embargo, las víctimas del franquismo exigen que se proceda por vía judicial y que se investiguen los crímenes por detención ilegal y desaparición forzada tal y como estableció Garzón.

“Se trata del mismo delito cometido en distintas partes del territorio. No hablamos de asesinatos, hablamos de desapariciones”, resalta la letrada Elena Reviriego, que critica la actuación de la Audiencia Nacional por no haber asumido la ‘causa general’ dando lugar a un sinfín de resoluciones dictadas por los juzgados territoriales.

CATALUÑA (3.338 VÍCTIMAS)

“En Cataluña no se ha hecho ninguna exhumación por orden judicial y los intentos hasta ahora han sido inútiles” afirma Manuel Perona. Se estima que en esta comunidad haya más de 200 fosas y más de 3.000 peticiones de familiares de desaparecidos. Los dos casos derivados por Garzón han caído en saco roto. El juzgado no se ha puesto en contacto con las víctimas. El Govern aprobó una ‘ley de fosas’ para recuperar los cuerpos que obliga a comunicar a los juzgados la orden de exhumación. También disponen de un censo y de un mapa de fosas pero los únicos desenterramientos llevados a cabo se han hecho por vía administrativa. Las víctimas sostienen que la apertura de una fosa es competencia judicial.

MALLORCA (1.486 VÍCTIMAS)

“Las exhumaciones están judicialmente paradas. No hay ningún tribunal competente. Las fosas no se pueden tocar. Los recursos se desestiman. No hay voluntad política. El apoyo de las instituciones es nulo”, explica Marçal Isern. Las dos causas abiertas en las Islas Baleares son por las fosas comunes de Porreres y Calvía. Ambas han sido desestimadas por la Fiscalía. El asunto está en manos de la Audiencia Provincial y las asociaciones de víctimas están dispuestas a llevarlo al Constitucional. Los juzgados se niegan a investigar por un delito de lesa humanidad sino por delitos de asesinato que ya habrían preescrito.

ANDALUCÍA (42.131 VÍCTIMAS)

“La responsabilidad es del Estado. Los jueces tienen que actuar. Algunos no han entrado ni a pronunciarse, no contestan. Hay un abanico de actuaciones, cada uno interpreta la ley como mejor le parece”. Lo dice Manuel Velasco, presidente de la Asociación “Guerra-Exilio y Memoria Histórica de Andalucía, región en la que hay más de 600 fosas localizadas. El Gobierno de la Comunidad está elaborando el mapa de fosas de las ocho provincias andaluzas que luego se integrarán en el mapa estatal del Ministerio de Justicia. El juzgado de Granada, donde se encuentra la causa de Federico García Lorca, rechazó la inhibición de Garzón y está pendiente del pronunciamiento del Supremo sobre la cuestión de competencia. No obstante sí se procedió a la exhumación de la fosa de Alfacar (donde al final no se encontraron los restos del poeta) por vía administrativa.

VALENCIA (29.034 VÍCTIMAS)

“Buscar a los desaparecidos es una obligación del Estado. Entendemos que se debe proceder por orden judicial en la exhumación de fosas”, afirma Empar Salvador del Fòrum per la Memòria del País Valencià. En el cementerio de Valencia hay seis fosas comunes. Garzón ordenó la exhumación de tres de ellas. La causa es archivada en aplicación de la ley de Memoria Histórica y de la Ley de Amnistía. El asunto llega a la Audiencia Provincial, también la causa de Orihuela en Alicante y después al Constitucional que no admite a trámite el recurso de amparo de los familiares de las víctimas.

MADRID (3.424 VÍCTIMAS)

“En Madrid se paralizaron las exhumaciones cuando se tocó el Valle de los Caídos”, asegura Fernando Magán. La causa va camino del Tribunal Constitucional después de que la Audiencia Provincial rechazara el pasado mes de diciembre los dos recursos de apelación presentados por familiares de dos de las víctimas negando que se tratara de crímenes contra la humanidad. Uno de ellos es resultado de la denuncia por un bebé supuestamente “robado” en la maternidad de O’Donnell. La Audiencia anula la causa llega a argumentar que “la desaparición del bebé no puede estar inmersa en los supuestos de la llamada Memoria Histórica al ocurrir en 1964 y por tanto fuera del lapsus temporal de lo que se consideró propio de la represión realizada durante la guerra civil y los años siguientes”.

VARIOS AVISOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

En este sentido hay que recordar que el periodo de estudio que estipuló Garzón va desde del 17 de julio de 1936 a diciembre de 1951, pero la represión continuó hasta el final de la dictadura y de hecho el juez no cierra la posibilidad de que se puedan investigar delitos posteriores a la década de los 50. En la querella por genocidio presentada en Argentina por familiares de las víctimas la causa se amplía hasta 1977.

En Extremadura (9.486 víctimas), los cuatro juzgados que recibieron el encargo de Garzón han archivado las causas. La exhumación de fosas se ha paralizado en el último año. Igual sucede en Galicia (7.000 víctimas), donde los familiares amenazan con llegar al Constitucional. En Burgos (Castilla y León, 14.660 víctimas), la causa está en la Audiencia Provincial.

En el último año distintos organismos internacionales han instado a España a “continuar e incrementar sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos” (Comité contra la Tortura). También han mostrado su preocupación por “los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas” (Comité de Derechos Humanos).

Fuente: La República de España

A 38 años de sus fusilamientos por las fuerzas represivas del estado, estos crímenes siguen impunes.

Por ellos y por todas las víctimas del terrorismo de estado, seguimos reclamando Verdad y Justicia.


Luis Alberto Mendiola, Elman Fernández,
Raúl Gancio, Ricardo González,
Justo Sena, Ruben López,
José Abreu, Héctor Cervelli
Presentes!!!

San Javier es una colonia formada en 1913 por inmigrantes rusos que en época de los zares se afincaron en Río Negro. Se caracteriza por ser un pequeño pueblo ubicado en la costa del Río Uruguay, donde sus vecinos coinciden en la tranquilidad y la rutina con que transcurren sus días, donde es un pasatiempo pescar en el muelle o tirar sus redes al agua.

Vladimir Roslik era el médico del pueblo, tenía 42 años, era casado y padre de un niño de apenas 5 meses.

En 1980 había sido detenido, torturado y procesado por la justicia militar, enviándolo al Penal de Libertad donde estuvo 1 año. En la madrugada del 15 de abril de 1984, San Javier despertó en medio de un gran operativo militar ordenado por la Brigada de Infantería Nº 3 de Salto, se hace una redada y lo detienen nuevamente junto a otros 10 pobladores. La DINARP da la versión oficial de los hechos: "en San Javier se estaba reorganizando un grupo armado del Partido Comunista". A la mañana siguiente los familiares de Roslik reciben una llamada de la comisaría para que pasaran por el Hospital de Fray Bentos a hacerse cargo del cuerpo. El Dr. Eduardo Saiz Pedrini, médico militar, buscó minimizar la causa de la muerte firmando un certificado de defunción que atribuye la muerte a un paro cardíaco respiratorio. La esposa de Roslik pidió una nueva autopsia y la pericia comprobó una muerte violenta multicausal, se comprobaron múltiples traumatismos profundos, asfixia por ingreso a los bronquios de un fluido similar al del estómago y desgarro de hígado provocando una anemia aguda.

Este asesinato se constituyó en el de la última víctima mortal del terrorismo de Estado.

El 29 de mayo de 1984 la justicia militar procesó por homicidio intencional e irregularidades en el servicio, al teniente coronel Mario Olivera, jefe del Batallón de Infantería 3 y al mayor Sergio Caubarrere, subjefe del cuartel y conocido torturador desde el año 1972. El Supremo Tribunal Militar convocó a la prensa para informar del procesamiento de los responsables y repetir la fábula de la reorganización del aparato armado comunista. A comienzos de 1985 ambos fueron reintegrados al Ejército. En octubre de 1984 el Dr. Saiz fue expulsado del gremio médico por un Tribunal de Honor, luego del retorno a la democracia el presidente Sanguinetti lo mantuvo como médico militar.

Antonio Pires Da Silva es un ciudadano brasileño que vino con su familia a Uruguay. Fue detenido en San Javier el mismo día que Roslik y compartieron la sala de interrogatorios. Pires fue procesado y permaneció 5 meses detenido, hasta que tras las presiones de organismos de derechos humanos de su país, fue liberado en la ciudad de Rivera. En la Ciudad de Libramento se sometió a un examen médico forense que pudo comprobar las secuelas de las torturas que había recibido. En 1986 se traslada a Montevideo a prestar declaración ante la justicia ordinaria uruguaya y desde entonces viene ayudando en las causas de derechos humanos. Pires estaba junto a Roslik en el momento de su muerte y cuenta las terribles torturas a las que eran sometidos y en que condiciones vio al médico por última vez:

“... fui torturado en el Batallón 9 de Infantería de fray Bentos. Todos los detenidos eran interrogados acerca de un presunto embarque de armas a través del Río Uruguay, el día 15, durante una sesión de tortura reconocí la voz de Roslik: "es la segunda vez que caigo en manos de ustedes y pueden matarme si quieren". Nos colocaron en el "submarino" y nos torturaron simultáneamente en medio de gritos y alaridos por cerca de 2 horas, cuando no oí más los gemidos del doctor, quedando la sala en un silencio total. Entonces, uno de los torturadores dio la orden de cesar, y vendado fui llevado a otra celda. Más tarde me llevaron al Batallón 13 donde fui colgado, hasta que por mi estado me internaron en el hospital militar. Estando en el Penal, otro prisionero me confirmó que el doctor había muerto”

Más de treinta años no es nada para el dolor y la memoria amarga de quienes sufrieron las terribles consecuencias de la represión, pero supone la mitad de la existencia de una legión de asesinos impunes. Algunos de ellos han muerto sin otro castigo que la repulsa de gran parte de la sociedad, otros, viven en libertad arropados entre las complicidades de sus camaradas de armas y bajo la protección de la inmoral Ley de Caducidad.

Tendrán que rendir cuentas ante la sociedad, aunque los beneficios por edad avanzada o enfermedad les sirvan de salvoconductos para evitar morir tras las rejas.

En un océano de horror y perversidad, la impunidad sigue vigente a la espera de que el Parlamento Nacional anule la Ley de Caducidad y los casos puedan ser reabiertos para que los asesinos paguen sus culpas.

Por todos ellos, memoria, verdad y justicia.

Marys Yic
Abril 2010

SILVIA REYES. 19 AÑOS. EMBARAZADA
LAURA RAGGIO. 19 AÑOS
DIANA MAIDANIK. 21 AÑOS

En la madrugada del 21 de abril de 1974 un operativo de las Fuerzas Conjuntas ingresa a la casa de la familia Barrios buscando a Washington Barrios (hijo).

El operativo fue dirigido por el Batallón de Artillería Nº 1 con apoyo de Artillería Nº 2, a cargo del Gral. Juan Rebollo y la participación de los Gales. J.C. Rapela y E.Cristi, los Mayores A. Méndez y José “Nino” Gavazzo, el coronel Manuel Cordero y los entonces capitanes Mauro Mauriño, Julio César Gutiérrez y el Tte. Jorge Silveira.

Preparados para la guerra rodearon la manzana, coparon las azoteas y asaltaron la casa. Cuando abren la puerta entran amenazando a sus ocupantes y preguntando por Washington Barrios, lo confunden con su padre por llevar el mismo nombre y se abalanzan sobre él, hasta que uno grita: “No, a ese no lo maten que es el padre”.

En medio de un griterío infernal y ráfagas de ametralladoras se dirigen al apartamento de enfrente derribando la puerta. Entraron disparando y ametrallando todo el apartamento, estaban por todos lados.

Allí se encontraban durmiendo SILVIA REYES de 19 años y sus dos compañeras de estudios y de lucha, LAURA RAGGIO de 19 años y DIANA MAIDANIK de 21 años. Las tres jovencitas fueron asesinadas a sangre fría.

En el operativo mataron también a Dorval Márquez, un agente de policía que volvía del trabajo a su casa en bicicleta y que confundieron con Washington.

Los vecinos linderos debieron salir y esconder a sus hijos ya que la balacera era tan grande que parecía traspasar las paredes. Hubo más de 140 tiros que fueron contados luego por la familia y allegados.

Sacan los cuerpos al otro día luego de montar una ratonera toda la noche para esperar a Barrios, pero éste no aparece.

El padre de Silvia debió reconocer a su hija en la morgue del Hospital Militar y contó más de 30 impactos de bala en su cuerpo, donde además llevaba un embarazo de 3 meses de gestación.

Le sacó el anillo de matrimonio de la mano derecha y se lo envió a Washington que ya estaba clandestino en Argentina, donde después sería secuestrado. Hoy continúa desaparecido.

El velatorio se hizo en la casa materna de Silvia. La presencia militar no impidió que los vecinos llegaran en silencio y se fueran ubicando en la vereda de enfrente, donde armaron una cadena humana. Cuando salió el féretro, una lluvia de rosas rojas cayó sobre él. Con las manos unidas la gente formó el espontáneo y cálido cortejo.

En el año 2007 el juez, Dr. Pablo Eguren, dispuso el archivo del expediente que investigaba el asesinato de las tres muchachas en 1974. El magistrado clausuró la investigación a pedido del fiscal Enrique Möller.

Este caso es uno más en un océano de horror y perversidad. La impunidad sigue vigente a la espera de que el Parlamento Nacional anule la Ley de Caducidad y pueda ser reabierto para que los asesinos paguen sus culpas.

Por las tres muchachas de abril y por todos ellos… MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y NUNCA MÁS!

Marys Yic

Tenía 51 años, era viuda, tenía dos hijos. Su voz, su memoria, su coraje fueron fundamentales en el largo camino que todavía recorre la Justicia para alcanzar a los responsables del genocidio perpetrado durante la última dictadura militar en Argentina. En su cuerpo llevaba las marcas de la tortura, la violación y un aborto producto de esa otra forma de tortura sistemática. Nueve puñaladas terminaron con su vida hace apenas diez días, en un hecho que mientras no esté esclarecido completamente guarda la sospecha de estar destinado no sólo a callarla, sino también a amedrentar al resto de los hombres y las mujeres que siguen dando testimonio en cientos de causas todavía abiertas. Como si quisiera ponerse a girar otra vez la correa de transmisión del terror con que los genocidas quisieron asegurar su propia impunidad. Pero el miedo, dicen quienes sobrevivieron y lo prueban sus testimonios, no alcanza a paralizar la búsqueda de justicia, la necesidad de seguir haciendo hablar a la memoria. Aunque duela, aunque arda.

Durante más de 30 años, Silvia Suppo y su compañero Jorge “Corcho” Destefani lucharon por memoria y justicia en Rafaela, la conservadora ciudad de 100 mil habitantes llamada la Perla del Oeste Santafesino, donde florece la economía y permanece el espíritu de la inmigración piamontesa. Eran compañeros de militancia cuando fueron secuestrados, el 24 de mayo de 1977, y derivados juntos a centros clandestinos de detención de la capital provincial. Decidieron volver a su ciudad, contra viento y marea, cuando fueron liberados, ella después de un año y medio, él tras cinco años de cautiverio. Armaron una pareja, tuvieron dos hijos, llevaron adelante la talabartería Siempre Cuero, en el centro de la ciudad, construyeron una casa luminosa y nunca jamás dejaron de lado la militancia. Todos los 24 de marzo organizaron actos conmemorativos, invitaron a Estela de Carlotto, impulsaron los juicios contra represores. En octubre del año pasado, Silvia dio un testimonio clave en la causa Brusa, y recordó a su compañero, que había fallecido pocos meses antes por una enfermedad. El lunes 29 de marzo, a media mañana, Silvia atendía su negocio. Ilusionada porque en pocos días viajaba a París a visitar a su hermano. Entre las 9 y las 10, le asestaron 9 puñaladas. La dejaron detrás del mostrador, y fue encontrada un rato después, por una clienta ocasional. Murió cerca del mediodía, en el Hospital Jaime Ferré. “Sostenemos la hipótesis del asesinato político hasta que se nos demuestre lo contrario con una investigación convincente”, afirma Marina, su hija, después de la marcha que convocó a la enormidad de 1200 personas –en Rafaela–, para pedir el “total esclarecimiento”. Aunque el fiscal Rodolfo Zehnder y el juez Alejandro Mognaschi trabajen sobre la hipótesis principal de homicidio en ocasión de robo, el ensañamiento del crimen deja más dudas que certezas.

Y pone en carne viva heridas muy actuales para los testigos-sobrevivientes. “Esto provoca un profundo dolor, un dolor que siento por primera vez de esta manera. Por la historia compartida. Y no sé cómo vamos a sanarlo. Porque nosotras le encontramos la vuelta al juicio, a lograr sentencia, pero esto es un dolor al que no le encuentro palabras”, expresa entre lágrimas Stella Vallejos, compañera de cautiverio de Silvia en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe. Las unía esa relación profunda que quedó como marca de vida entre prisioneras políticas que la pasaron juntas. Se visitaban cada tanto, compartían las instancias del juicio a Brusa, festejaron juntas la sentencia. En esa causa fueron condenados, el 21 de diciembre pasado, el ex juez Víctor Brusa, Juan Calixto Perizotti, María Eva Aebi, Mario Facino, Héctor Colombini y Eduardo “Curro” Ramos a penas de entre 19 y 23 años de prisión.

Mientras no esté esclarecido, lo ocurrido con Silvia actualiza el horror de la desaparición de Jorge Julio López. “En la Argentina, dar testimonio en los juicios sigue siendo exponer la vida”, consideró la historiadora Andrea Andújar. Así lo viven las personas que están próximas a dar testimonio, aunque no las amedrenta. “Creo que todos somos conscientes de dónde estamos declarando y sobre qué estamos declarando. Pero es el acompañamiento de la sociedad lo que más nos protege y que se entienda que no se trata de casos cerrados, que falta mucho para investigar, con poderes económicos que los sustentan, como ocurre en el caso de los supuestos hijos de Ernestina Herrera de Noble”, considera Liliana Gómez, testigo de la megacausa Feced, que está por iniciarse en Rosario. Por su parte, Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, subraya que los testigos sobrevivientes han roto el mandato de ser correa de transmisión del terror. “Nosotros pudimos dar testimonio para luchar por justicia”, afirmó. Las palabras de los sobrevivientes no sólo traen al presente a los desaparecidos, cuyo lugar de aparición es la memoria, sino que también urden la trama para construir un futuro con justicia.

Una testigo importante

El testimonio de Silvia fue importante, porque había podido verles la cara a los represores cuando la llevaron a reponerse de un aborto en el Centro Clandestino de Detención La Casita. Silvia se refirió específicamente a la violencia sexual como otra forma de tortura. Le llevó años ponerle nombre pero, cuando lo hizo, no dudó. Recordó que se dio cuenta de su embarazo cuando ya la habían trasladado desde el CCD de la Comisaría 4ª al GIR. Perizotti –responsable de su lugar de detención– le dijo que debían “reparar el error”. Ella tenía 18 años. En una entrevista para LasI12, el año pasado, Silvia recordó su indignación ante las palabras de Perizotti. “Como si hubiera sido un error. Me quedé helada cuando me dijo eso. No fue ningún error, tres personas no te violan por error. El lo decía como si hubiera sido obra de algún estúpido, como si no lo hubieran utilizado como método”, dijo Silvia. Su testimonio –como el de las otras testigos– no sólo tuvo el valor de acusar a los represores, sino que también puso las cosas en su lugar: las violaciones fueron otra forma, específica, de tortura. No le resultó fácil decirlo.

Por eso, el acto del último 24 de marzo en Santa Fe fue distinto. Leyeron la sentencia. En otra ocasión, los y las querellantes le entregaron una copia al gobernador Hermes Binner y a la vicegobernadora Griselda Tessio. Ella –que fue fiscal en causas por los derechos humanos– fue la única funcionaria provincial que salió a hablar de la posibilidad de “sicarios”. Es decir, de un crimen por encargo.

La escena del crimen

En la misma semana del asesinato, dos jóvenes fueron detenidos como sospechosos. Rodrigo Sosa, un muchacho de 19 años que se ganaba la vida lavando autos, conocido como Sosita, y su primo Rodolfo Cóceres, de 22. A Sosita, Silvia lo conocía porque de vez en cuando el chico le lavaba el auto. Los sospechosos aseguraron que habían entrado a robar y se adjudicaron el crimen, que negaron haber cometido por encargo. Las pocas cosas que habían robado, y el presunto celular de la víctima, estaban en casa de unos familiares de Cóceres. Pero una nota publicada el domingo pasado en Página/12 por Juan Carlos Tizziani detalla algunas contradicciones: los jóvenes dijeron que la habían asesinado en la parte de adelante del comercio, y luego la arrastraron hasta detrás del mostrador, pero no hay ni una gota de sangre en todo el trayecto. También los sospechosos dijeron que Silvia se había resistido el robo, y por eso la mataron. Pero la perito de parte Dolores Perassolo no vio heridas defensivas y cortantes en las manos ni los brazos. Desde el primer día, los hijos de Silvia consideraron imposible que su madre se resistiera a un robo.

Otro punto es la contaminación de la escena del crimen. La abogada de Hijos de Santa Fe, Lucila Puyol –que junto a su colega Guillermo Munne representa a los hijos de Silvia–, afirmó: “Desde el primer momento cuestionamos cómo se contaminó la escena del crimen. Cuando la policía llegó al lugar, comenzó a tomar huellas, y había mucha gente adentro del comercio. A tal punto que, cuando entraron los hijos, ellos tuvieron que echar a los curiosos. No había ni siquiera un vallado, y eso es significativo, porque esas horas son fundamentales”. La profesional también criticó que la fiscal subrogante de ese momento, Cristina Fortunato, no fuera convocada por la policía para las primeras medidas. “Ese mismo día, cuando fuimos a hablar con la fiscal, ella ni siquiera había sido notificada, le avisaron después de que la inspección había concluido”, rememoró Puyol.

Después de reunirse con el fiscal, la abogada consideró que “el ensañamiento y la alevosía nos impiden plantear un homicidio en ocasión de robo, puede ser por encargo, o por lo menos calificado por la alevosía”. Y señaló que “la policía está intentando cerrar rápidamente la causa. Pero, como dicen los hijos de Silvia, deberá haber un proceso que demuestre realmente cómo ocurrieron los hechos, porque ella, en calidad de testigo de crímenes de lesa humanidad, puede haber sido víctima de un atentado como hubo tantos otros”.

La propia Puyol sufrió, el año pasado, el robo de su estudio jurídico, del que –justamente– faltaron los discos rígidos de las computadoras. La investigación policial cerró rápidamente como un robo común. Por eso Hijos seccional Santa Fe alertó el mismo día del crimen que no se podía circunscribir la investigación. En ese sentido, Munné reclamó al Estado que, “si como dicen las autoridades policiales, judiciales y del Ejecutivo, no se descarta la hipótesis del ataque a Silvia como testigo de crímenes de lesa humanidad, esa hipótesis debe ser trabajaba con un esquema investigativo de más amplio alcance que la del delito común. Es lo mejor para la tranquilidad de los testigos, que una situación así no se minimice, porque la vulnerabilidad se hace más grande si ante una situación de semejante gravedad no se profundiza realmente la investigación”.

En esa línea, Puyol consideró imprescindible que el Estado no cristalice la impunidad, algo que ocurre “si no se investigan los hechos ocurridos, o terminan en nada, sin responsables, sin saber quiénes los sostienen, porque acá hay recursos económicos y humanos. Se necesitan recursos materiales y gente, no los hacen los represores que tienen entre 70 y 80 años”. La teoría del sicario tiene que ver “con las dudas acerca de si podría haber sido un crimen por encargo, por la calidad de testigo de Silvia. Pero en la causa todavía no hay elementos en ningún sentido. Está en las preliminares”.

Otra causa

Lo cierto es que Silvia era denunciante en una causa que investiga el Juzgado Federal número 1 de Santa Fe, por la desaparición de Reinaldo Hattemer, que fue secuestrado el 25 de enero de 1977 en una iglesia de Rafaela, a la que había concurrido para presenciar el casamiento de uno de sus hermanos. Silvia reconoció a cuatro personas de su ciudad, y volvió a reconocerlos cuatro meses después, cuando la secuestraron a ella, a su hermano, Hugo Suppo, y a Destefani. De los cuatro acusados como secuestradores, dos fallecieron. Y otros dos viven en Rafaela. Uno de ellos está jubilado, y el otro trabaja en la seguridad privada de una empresa. “Hasta ahora las dos causas no están relacionadas. Una cosa es la que está en el Juzgado Federal, que continúa abierta. En esa causa, Silvia y su esposo fueron denunciantes. Por otro lado, está la causa por el asesinato de Silvia, en un Juzgado de Instrucción provincial, con Sosa y Cóceres como imputados”, afirmó Puyol.

Como muchos testigos en causas por crímenes de lesa humanidad, Silvia sufrió amenazas e intimidaciones. Hace un año y medio, cuando concurrió a declarar en la etapa de instrucción de la causa Brusa, la intimidaron, con personas que se paraban amenazantes en la puerta de su negocio.

Valientes testigos

Con la causa por el asesinato de Silvia Suppo en estado preliminar, es imposible tener certezas. Sí que la víctima de un brutal asesinato fue una importante testigo contra represores en causas por crímenes de lesa humanidad. Y que en Rafaela ese tipo de asesinatos en ocasión de robo son del todo inusuales. La duda, el temor, el dolor que provoca su muerte tiene un efecto expansivo, así como el reclamo de justicia.

“El simple hecho de que nos surja la duda significa que las cosas no están claras y que sentimos que no hay una protección. Significa estar expuestos. Justamente, la protección es eso, que la sociedad tome conciencia de que estamos expuestos, que estamos juzgando genocidios, que algunos de los responsables no están procesados, que otros están prófugos, que no hay un control desde los organismos del Estado sobre qué visitas reciben y qué contactos tienen los que sí están presos. Y hay muchos con prisión domiciliaria”, planteó Liliana Gómez, quien cuestionó fuertemente la respuesta del Programa de Protección de Testigos de la provincia, a cargo de Oscar Blando. “Lo primero que salieron a decir fue que Silvia no estaba en el programa. Eso nos resulta extorsivo. Quiere decir que sólo cuidan a los testigos que están en el programa. Fue una respuesta que a mí me molestó muchísimo. No es una respuesta política para dar”, apuntó la testigo de la causa Feced. Para ella, las dudas que genera el asesinato de Silvia, así como la certezas de la desaparición de Jorge Julio López, “significan que el tema todavía está vivo”.

Testigo de la misma causa que Silvia, y con gran cercanía afectiva hacia ella, Stella Vallejos no deja de pensar en el valor del testimonio. “Queremos ser cuidadosas, porque este tipo de hechos tienen el objetivo de amedrentar, y no queremos replicarlo”, afirma Vallejos. ¿Qué significa dar testimonio? “Es una experiencia dolorosa, es exponer todo lo que nos pasó, pero es liberadora, te libera porque contribuís a la reconstrucción histórica, hacés una contribución a terminar con la impunidad, y eso no tiene precio. Lamentablemente tenemos un testigo desaparecido y una muerte que necesitamos esclarecer. Yo voy a seguir dando testimonio porque fui querellante en una causa pero voy a ser testigo en otras”, afirma.

Por su parte, Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, admitió que crímenes como el de Silvia “por supuesto que generan temor, como lo generó el secuestro de Julio López, y en ese caso incluso no había ninguna duda sobre el motivo. En este puede quedarle a alguien alguna duda. Nosotros pensamos que, hasta que se demuestre lo contrario, esto tiene objetivos políticos, de amedrentar, de amenazar brutalmente a los testigos”. La sobreviviente afirmó que “generar temor es uno de los fines que buscan. Los que hace mucho que estamos en esto sabemos que no está mal tener miedo, lo que hay que lograr es que no te paralice”.

Entre los mandatos que los genocidios dejaron en la sociedad, uno de ellos fue que los sobrevivientes actúen como cadena de transmisión del terror. “Ese fue el objetivo de que hubiera sobrevivientes. Pero desde la Asociación nosotros decimos que logramos vencer ese mandato. Porque logramos hacer testimonio sin transmitir el horror sino la lucha de los compañeros, quiénes eran, por qué los llevaron, la resistencia posible en los campos de concentración, la exigencia de justicia. Nosotros logramos vencer ese mandato porque seguimos luchando, y el terror no logró su objetivo, que es paralizar”, afirmó la testigo en la causa ESMA. Para muchos –como lo fue para Silvia– luchar por la justicia fue un motivo de vida. “La parte central de nuestra militancia fue dedicada a eso. Nos parece que en ese sentido hemos roto el mandato de los genocidas.”

La razon de su vida

¿Silvia tenía miedo? Marina, su hija, de 24 años, no duda ni un instante. “Nunca tuvo miedo. Al contrario, luchaba. El miedo mayor de ella era la injusticia y la impunidad, esos eran sus fantasmas.” Por eso, rememora, cuando declaró en la causa Brusa “se sacó un gran peso de encima”. Y se cuela el recuerdo de su madre cuidando de ella y su hermano Andrés. “Nosotros sabíamos algo, pero ella fue esperando nuestros procesos intelectuales y psicológicos, para que pudiéramos asumir lo que tuvo que vivir nuestra madre. Ella nos protegió de estas cuestiones violentas y morbosas que no formaban parte del legado que querían dejarnos”, apunta Marina.

Convocada a hablar de la persona que fue Silvia Suppo, que a los 18 años estudiaba enfermería y era militante de la Juventud Peronista, Marina subraya “el compromiso” que mantuvo durante toda su vida, que llegó hasta los 51 años. Marina recuerda que su madre “fue una luchadora, una militante de toda su vida, en todos los planos que implica para una persona. Siempre tuvo coherencia, a pesar de toda la impunidad. Calculá que recién después de 30 años pudo mandar presas a las personas implicadas. Pero no pudieron romperla ideológicamente, no pudieron corromperla. Ese fue el gran triunfo de ella, de su generación, de los sobrevivientes de aquellos años”.

Marina quiere subrayar el legado político de su madre no sólo en los grandes gestos sino también en la vida cotidiana. “Desde cómo nos educó, desde el amor, pero también con esa coherencia, siempre buscando la justicia, la verdad, siempre yendo por el lado democrático, en el acto más mínimo, que supone hacer la comida, desde decisiones cotidianas y triviales, qué jugo comprar, qué información darnos, a qué escuela ir, fue muy coherente toda su vida”. Por eso, considera importante recordar a su madre por el “lado humano, que es político, porque tiene que ver con la ética”. Y recuerda que su mamá y su papá hicieron “una opción política. Podrían haberse perdido en el anonimato de una ciudad más grande, pero decidieron emprender su vida acá contra viento y marea. Fue muy difícil cargar con ese pasado, que ahora nos da orgullo pero en algún momento fue una carga. Ellos tuvieron mucho miedo de cómo eso nos podía afectar a mí y a Andrés. Eso lo valoro mucho, que en esta ciudad que aún es conservadora, pero lo era mucho más hace 30 años, ellos salieran a denunciar lo que les pasó”.

Para Marina, no es casual la reacción de la ciudad. “El acercamiento que tuvimos fue mayor de lo esperado, el grado de compromiso que han manifestado, tanto los poderes del Estado como las organizaciones no gubernamentales, el apoyo que recibimos, fue inesperado. Rafaela se mostró súper conmovida, se acercaron muchas personas que ni siquiera habían manifestado un interés político, se movilizaron muchísimo, y eso también lo tengo que reconocer”, subrayó Marina.

El crimen de Silvia Suppo movilizó a Rafaela. “De inmediato se formó un grupo de amigos y compañeros de Marina para hacer algo en relación a lo que había pasado. Nos estamos reuniendo con otras organizaciones de Rafaela y con personas en particular para continuar la lucha por el esclarecimiento del asesinato”, apuntó Dahiana Belfiori, del grupo de mujeres Enredaderas. Así llegaron a la marcha del Viernes Santo, cuando juntaron la enormidad de 1200 personas, en una ciudad de 100 mil, con altos índices de apatía.

Es que Silvia y Corcho no estuvieron tan acompañados como en las grandes ciudades en su lucha por los derechos humanos, aunque últimamente veían los frutos de su prédica. “Era una mujer muy entera que junto a su compañero llevaron la lucha en mucha soledad. Pero evidentemente la semilla está plantada, porque ahora somos muchos y muchas los que estamos preocupados y activando para que se esclarezca su crimen”, consideró Belfiori.

Sonia Tessa

Fuente: Página 12

Por Gastón Grisoni (*)
24.3.2010

El constitucionalista Dr. Korzeniak ha señalado públicamente que el Parlamento no puede anular la ley de caducidad debido a que la misma fue ratificada por el cuerpo electoral. Con todo respeto, está profundamente equivocado.

En el referéndum del año 89 el cuerpo electoral se pronunció en contra de derogar la ley 15 848 pero no se expidió acerca de su validez jurídica.

En el plebiscito celebrado el año pasado, el cuerpo electoral no se pronunció acerca de la conveniencia o no de proceder a su anulación. No hubo dos opciones para que el mismo se expidiera. Simplemente no alcanzaron las voluntades necesarias para que ello ocurriera. Lo cual es sustancialmente distinto.

Estas dos circunstancias no transforman a dicha norma legal en una super ley. No hay ninguna disposición constitucional que así lo establezca y él debería saberlo muy bien.

De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el único órgano del Estado uruguayo facultado para determinar la constitucionalidad de la ley 15 848 o ley de Impunidad es la Suprema Corte de Justicia.

Mediante la sentencia 365 de 19 de octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia ya dictaminó que la ley 15 848 para el caso Nibia Sabalsagaray es inconstitucional. En consecuencia, el órgano legislativo debería proceder al respecto.

Es más, el propio dictamen del único órgano facultado para determinar la legitimidad de las leyes, en la misma sentencia, señala expresamente que las dos consultas al cuerpo electoral mencionadas por el Dr. Korzeniak carecen de relevancia jurídica.

La vigencia de la ley de impunidad es incompatible y contradictoria con un auténtico Estado de derecho. Violenta principios básicos y esenciales de una auténtica democracia política en el marco del respeto a las normas de derechos humanos. Fue concebida bajo la presión de los militares como una amnistía no encubierta para delitos que suponen una afrenta al conjunto de la humanidad y que son imprescriptibles e inamnistiables para la comunidad internacional.

La batalla por el cumplimiento de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y la reparación integral por ella establecida pasa inexorablemente por anular la ley de caducidad para afirmar la democracia y desterrar la aún presente impunidad en la sociedad uruguaya.

Democratizar la democracia debería ser una causa común sin fronteras partidarias. Aunque no lo glorifique como antaño, la derecha sigue justificando el pasado reciente y sus personeros parlamentarios, difícilmente, por compromisos contraídos, vayan a votar la anulación que corresponde.

Para los gobernantes en el ejercicio del mandato popular más que dar herramientas para que los jueces puedan conceder la prisión domiciliaria a los convictos por crímenes de lesa humanidad, debería ser una saludable preocupación republicana el dotarlos de herramientas para que puedan juzgarlos a todos con las garantías del debido proceso que ellos no concedieron a sus víctimas. Sin exclusiones.

El Parlamento, legalmente, puede cumplir con su obligación de anular la ley 15 848. Puede y, además, política y moralmente debe hacerlo. Por la salud de la democracia.

(*) Son opiniones de carácter personal y, obviamente, reflejan pura y exclusivamente mis puntos de vista sin comprometer, por ello, al colectivo que integro.

Mil 464 personas en Argentina están acusadas por crímenes de lesa humanidad, vinculados al último Golpe de Estado de la nación austral, que este miércoles cumplió 34 años, sin embargo, de ese total, sólo 59 son enjuiciadas actualmente, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) argentino.

El Centro de Estudios señaló en su informe que entre los inculpados hay civiles y efectivos militares y de seguridad, que estuvieron asociados al régimen de facto que vivió el país entre los años 1976 y 1983.

El reporte del CELS, difundido este miércoles al conmemorarse el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, además indica que de los casi mil 500 imputados hasta el momento, sólo 75 obtuvieron sentencia.

El texto explica que de los 75 que recibieron sentencia, 68 fueron condenados y los siete restantes fueron absueltos. Mientras que del total de implicados (mil 464), fallecieron 230 mientras eran investigados y otros 18 fueron declarados incapaces.

En cifras porcentuales, el informe señaló que sólo el nueve por ciento de los imputados están siendo sometidos a juicio oral y el 44 por ciento están procesados.

En referencia a la cantidad de causas, el CELS asegura que existen 321 en movimiento en toda la nación, de los cuales 23 finalizaron la instancia de debate y 10 son juicios en curso.

Según el estudio, actualmente se resuelve la situación procesal de 37 imputados, que por primera vez están siendo investigados.

El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón fue detenida y sacada de su cargo como presidenta de la nación, una Junta militar asumió el poder, y designó como presidente de facto al Teniente General, Jorge Rafael Videla.

De allí en adelante, Videla dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro Gobierno con igual participación y dio inicio al "Proceso de Reorganización Nacional". Según cálculos oficiales, durante el régimen militar desaparecieron 18 mil personas, pero organismos de Derechos Humanos afirman que las víctimas en realidad fueron unas 30 mil.

Según la Unidad de Superintendencia para delitos de lesa humanidad, son 82 las causas de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar elevadas a juicio. Entre los imputados en esas causas figuran los ex mandatarios de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

Esta Unidad de Superintendencia fue creada por la Corte Suprema de Justicia para supervisar el proceso.

Al respecto, el presidente del tribunal Federal 1 de la Plata, Carlos Rozansky, en entrevista al portal Web Pulsar, consideró que la ideología de los jueces es el principal obstáculo en el desarrollo de los juicios contra los represores de la última dictadura en Argentina.

Rozansky explicó que si un juez posee una forma de ver la realidad autoritaria y una ideología reaccionaria, eso se traducirá en acciones que tenderán a obstaculizar el desarrollo de los juicios, por lo que ha propuesto un proyecto de ley para unificar los juicios por circuito de centro clandestino.

Cristina buscará justicia

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se comprometió este miércoles ante el pueblo y las Abuelas de las Plazas de Mayo a buscar justicia porque "cada nieto que aparece es una victoria sobre el olvido y la muerte".

La jefa de Estado dijo que si las personas no encuentran justicia en la nación suramericana, ella como Presidenta los acompañará "a otros tribunales internacionales demandando justicia" porque "cada nieto que aparece es una victoria sobre el olvido y la muerte, y es esencialmente también una victoria del estado de derecho y de la calidad institucional".

Al tiempo se preguntó "¿cómo puede haber calidad institucional y estado de derecho en Argentina sin identidad?", cuando -explicó la mandataria- la identidad "es el primer derecho que tiene el ser humano al nacer", por lo que "nadie que no sepa quien es puede ser realmente libre".

Fernández se dirigió a Estela Carlotto, titular de las Abuelas de la Plaza de Mayo y activista por los derechos humanos, y le dijo. "sé, Estela, que estás atravesando uno de los momentos más difíciles, vos y la democracia argentina, porque querés saber si los argentinos y la justicia seremos capaces de atravesar esta verdadera prueba de ácidos para saber si vivimos en democracia".

Finalmente la presidenta aseguró que en Argentina sí va a haber justicia, "luego de años de impunidad por el poder mediático, los argentinos van a conocer la identidad de aquellos que (las Abuelas) están denodadamente tratando de encontrar".

"Los familiares de esos jóvenes, van a tener justicia porque ellos van a tener identidad", reiteró la mandataria.

Al conmemorarse el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se realizaron actos en todo el país. Las principales marchas y concentraciones recorrieron la Plaza de Mayo de Buenos Aires.

Fuente: TeleSUR

Enviada por Veronika Engler

Walter Engler, expreso político de la dictadura uruguaya, exiliado político y médico psiquiatra, siempre actuó de forma solidaria y consecuente en nuestro país y en Suecia, lugar donde reside. Hoy padece una enfermedad muy seria que limita su capacidad física, pero no mental. Chody (como le decimos quienes estamos cerca de él) es además de ser mi tío, un hombre al que respeto, quiero y admiro, al igual que lo hacen muh@s compañer@s que conocen su recorrido.

Muchas veces en nuestra ciudad natal, Paysandú, me encontré con gente que atesora un sinfín de anécdotas y un caluroso recuerdo de su niñez y juventud, y después de que salió de la cárcel, de su desempeño como médico y su actitud siempre correcta y solidaria. Sus compañeros de reclusión también lo recuerdan con mucho cariño y respeto. Hoy me envió un mail donde vierte su opinión sobre lo que está pasando en nuestro país con el tema de los militares y la ley de caducidad, lo que dice en dicho mail es importante, por lo tanto quiero compartirla con ustedes, sumar su voz a la de quienes pedimos Verdad y Justicia e invitandolos a todos a sumarse a este reclamo.

Por Verdad Y Justicia

Veronika Engler


Querida Verónika:

Si, estoy de vuelta en casa y un poco mejor porque me aumentaron la cantidad de oxígeno de 2 a 3 lts/min lo cual hace que me sienta menos cansado y pueda estar un poco más activo. Por lo demás los colegas del hospital Académico de Uppsala tienen poco y nada para ofrecerme encuanto al tratamiento de mi fibrosis pulmonar.

En estos días pasados he recibido un par de cartas tuyas con temas de la llamada "ley de Caducidad..." y sobre el proyecto que aparentemente Mujica tiene de promulgar una ley otorgando a los jueces la posibilidad de ordenar prisión domiciliaria o aún de liberar a presos mayores de 70 años que aparentemente incluiría hasta a los poquísimos violadores de los DDHH que están presos en nuestro país.

Aquí paso a darte mi opinión al respecto:

Como ex preso considero que puedo ser generoso y que no tengo porque presentar cuentas por haber sido torturado, haber sido juzgado por jueces militares que no tenían competencia para condenarme, por haber tenido que pasar muchos años preso en condiciones duras y prácticamente aislado del mundo exterior a causa de mi participación en el movimiento
tupamaro y finalmente por haber tenido que optar por el camino del exilio. Como Mujica estoy totalmente dispuesto a perdonar todo el mal que los militares me hicieron Todo sea para favorecer la reconciliación entre los uruguayos.

Pero como ciudadano uruguayo y también sueco y sintiéndome todavía comprometido con las metas que tengan que ver con el desarrollo y el bienestar general de toda la humanidad no puedo ni aceptar ni apoyar que se atenúe de modo alguno la condena de quienes amparados en el poderío del aparato estatal cometieron horribles crímenes de lesa humanidad.
Y que además no han contribuido en lo más mínimo para que esos crímenes sean investigados.
Para esos crímenes no puede haber olvido ni perdón en ninguna circunstancia.
Quienes violaron a las detenidas, quienes les robaron los hijos a las mujeres que dieron a luz en la cárcel, quienes asesinaron impunemente a detenidos, quienes hicieron "desaparecer" a a tantas personas deben ser juzgados de acuerdo con el principio de que todos somos iguales ante la ley y responsables de los delitos que hayamos podido cometer.

Yo no quiero ninguna venganza. Nadie debe ser sometido a la "picana" o al "submarino" o al "teléfono" ni a ningun otro de los métodos que nuestros captores usaban en sus "hábiles interrogatorios". No; lo que quiero es de que los sospechosos sean sometidos a juicio con las máximas garantías que brinda la ley y que si deben cumplir una condena de reclusión puedan hacerlo en una cárcel decente como tienen los presos militares y no que se los confine en pozos o aljibes como ellos solían usar para recluir alguno de nuestros combatientes.
Una vez que los culpables hayan sido condenados podrá finalmente desaparecer esa "mochila" de la cual las Fuerzas Armadas dicen querer desprenderse.

No quiero venganza, sólo justicia. Y quiero recordar de que el fenómeno de la dictadura en Uruguay no fué ni es un asunto entre los Tupamaros y las Fuerzas Armadas. La dictadura sumió a toda la sociedad uruguaya en un régimen de terror espantoso que no puede volver a repetirse.
La ley de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado" fué redactada en un momento muy especial de la historia del país. Pero hoy contradice una serie de acuerdos internacionales que Uruguay ha firmado y que se dirigen precisamente a evitar que se cometan delitos tan execrables como los cometidos durante la dictadura.
Muy pronto el estado uruguayo tendrá que "allanarse" ante un tribunal internacional y reconocer que la ley es un engendro indefendible.

El gran peligro es que la ley pueda ser "derogada" lo que impedirá cualquier investigación en el futuro y asegurará definitivamente la impunidad de los criminales.
Esa ley deberá por lo tanto "eliminarse" y no derogarse. Pero como siempre hay profesores de abogacía, aún de izquierda que ya sostienen que eso es imposible.
Lo peor que podría pasar es que blancos, colorados y algunos sectores de el Frente se unieran en una mayoría transitoria para "derogar" la ley.
Astori por ejemplo hizo declaraciones en Argentina donde sostuvo que "todos los torturadores estaban presos en Uruguay" y todos conocemos las estrechas relaciones que alguno de nuestros legisladores tienen con ciertas organizaciones del ejercito como la llamada "Logia de Tenientes
de Artigas"

Mi opinión es que los plazos urgen y que habría que concentrar todos los esfuerzos militantes para lograr un acción de mucha envergadura contra la posibilidad de que la ley sea derogada. Porque en ese caso sería mejor que quedara como está. La Suprema Corte de Justicia ha llegado a la conclusión de que la ley es inconstitucional o sea que en el momento no significa ninguna defensa para los criminales, basta con que el fiscal esgrima el argumento de inconstitucionalidad.

Para lograr una manifestación popular lo más grande posible habrá que movilizar abogados, periodistas, personalidades de la cultura, el PIT-CNT que ya se ha manifestado etc, etc.
Pero más que nada usar todo el poder de la electrónica para activar las redes frenteamplistas que jugaron un papel tan importante en las pasadas elecciones y lograr un apoyo masivo para la campaña.
Todo esto debería ponerse en marcha antes de que la militancia empiece con el desgastador proceso de las elecciones municipales.

Bueno y por hoy se me ha terminado la energía que se me ha disminuido mucho a causa de la enfermedad. Si puedo te escribiré más adelante algo que tiene que ver con otros aspectos políticos ,pero ello dependerá de como me sienta.

Me despido con un abrazo muy, muy fuerte y con todo mi cariño de hoy y de siempre.

Chody

PD: Podés usar esta carta para lo que quieras si pensás que puede llegar
a servir de algo.

Este 24 de marzo se sucederán diversos actos en todo el país para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a quienes resultaron víctimas del golpe militar de 1976. El epicentro será la Plaza de Mayo, donde confluirán diversas convocatorias organizadas por agrupaciones de derechos humanos, acompañadas por organizaciones estudiantiles, culturales, gremiales y barriales.

- La presidenta Cristina Fernández de Kirchner entregará el miércoles a las 11 el premio Azucena Villaflor a cuatro padres cuyos hijos permanecen desaparecidos, en reconocimiento a su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el predio de la ex ESMA, la jefa de Estado entregará el premio a Julio Morresi, Norberto Palermo, Marcos Weinstein y a familiares de Eduardo Fermín Mignone, ya fallecido. La mención destaca la trayectoria cívica de los premiados en su defensa por los derechos humanos y la democracia.

- Por su parte, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini, convocó a repudiar el golpe militar con un encuentro musical bajo el lema “No pudieron apagar tanto fuego. En el escenario de la revolución del Bicentenario arderá nuestra cultura”. La concentración –que cuenta con el apoyo oficial de la Presidencia– está prevista a partir de las 17 en la Plaza de Mayo, y contará también con la participación de artistas, músicos y bailarines. Víctor Heredia, la Orquesta Juan De Dios Filiberto, Susana Rinaldi, Peteco Carabajal, Juan Falú, Raúl Carnota, Liliana Herrero, Guillermo Fernández, Rita Cortese, entre otros, se presentarán en el escenario principal donde Bonafini será la única oradora. Además, se recibirán pañales descartables, leche en polvo y agua para los niños víctimas del sismo de Chile ocurrido en febrero pasado que Madres completará con la donación de un hospital de campaña.

- Madres de Plaza de Mayo –Fínea Fundadora–, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, Hermanos y Familiares de ex Detenidos Desaparecidos, marcharán a las 14 desde Avenida de Mayo y Piedras para terminar en Plaza de Mayo portando la bandera con los nombres de los 30 mil detenidosdesaparecidos. Bajo la consigna “Por un Bicentenario sin impunidad, ¡Juicio y castigo ya!” la movilización cuenta con el apoyo del Cels y del Servicio de Paz y Justicia presidido por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel.

- Por su parte, las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (MVJ) se movilizarán a las 15, desde Congreso a Plaza de Mayo para repudiar el golpe de 1976. Bajo el lema “No a la impunidad de ayer y de hoy” agrupaciones enroladas en el MJV convocan con consignas como “no al pago de la deuda externa”, “aparición con vida de Julio López” y “cárcel común a todos los genocidas” entre otras. En ese marco, Héctor “Chino” Heberling, dirigente del nuevo MAS, definió como una “provocación” que se anunciara otro acto “en el mismo horario y lugar”. El dirigente estimó que la intención es “impedir el acceso a Plaza de Mayo de una manifestación que será multitudinaria y denunciará al gobierno de los Kirchner que mantiene la impunidad, reprime a los trabajadores, congela los salarios y paga la deuda externa.”

- En tanto, el gobierno porteño decidió posponer para el martes 23 a las 18.30 el encuentro artístico previsto para ayer, “Construyendo un futuro con memoria: por los valores de la democracia” que debió ser suspendido debido a la lluvia. El evento a realizarse en Figueroa Alcorta y Pampa (en el Monumento a Güemes) mantendrá su programa original con la participación de Teatro por la Identidad y el cierre con el grupo La Mancha de Rolando.

Fuente: Página 12

Por Veronika Engler

Todos sabemos que no solo los soldados rasos de nuestra patria navegan en la pobreza, la mayoría de nuestra gente lo hace, un buen porcentaje vive en la indigencia, casi todos ellos votaron a José Mujica. Desde que nuestro flamante presidente pronunció su primer discurso, está congraciándose de forma consecuente con los militares. Como presidente de todos no debería siquiera pensar en entregar una lucha que no es ni ha sido de índole personal, nos pertenece a todos. Una lucha de muchos años y mucho dolor, cuyo fin es saber la verdad y obtener justicia, no venganza.

Los esfuerzos destinados a atender la pobreza y la indigencia extrema, hasta el momento no han sido suficientes, no se destinaron los fondos ni se utilizaron las “cabezas” necesarias para que la misma disminuyera de forma significativa y real. Lo digo con conocimiento de causa porque es un hecho al que me enfrento todos los días, podría nombrarles un sinfín de casos concretos que conozco a fondo, localizados en el barrio, en el ámbito laboral y en muchas esquinas de Montevideo. Esa realidad es la violencia que impera en nuestra sociedad y la que genera más violencia, debería ser un tema en el que todos estemos comprometidos, pero hay otros temas, también de fundamental importancia que no se pueden ignorar o pasar por alto.

La lectura de las transcripciones de los discursos del presidente, conlleva a preguntarse qué implica la “unidad nacional” en el contexto de la impunidad, no creo que todos estén dispuestos a aceptar que nos cubran con un manto de olvido y mentira para alcanzar dicha unidad. Le guste o no le guste a Mujica, reniegue o no de la historia, él la vivió. Pero no con cuatro o cinco más... con gran parte del pueblo, muchos no están vivos para contarlo, unos sufrieron más, otros menos y algunos salieron ilesos. Queremos que la Justicia tenga las manos libres para indagar y juzgar aunque sabemos de sobra que eso no revive a nuestros muertos, no borra el sufrimiento ni devuelve años perdidos, pero si nos vuelve íntegros. La mentira solo acarrea dolor y genera más mentiras. Cuando ocultamos lo que pasó, estamos mintiendo, y lo que es peor, estamos encubriendo y siendo cómplices de los crímenes, los perpetuamos y dejamos su esclarecimiento pendiente, como una herencia maldita a los que vendrán, porque si de algo podemos estar seguros es que esta búsqueda no termina aquí.

La “teoría de los dos demonios”, tan erróneamente aplicada a este caso, no es válida para justificar el olvido de toda la sociedad. El 48 % de los votantes de nuestro país reclamó justicia, el resto no se manifestó, por desacuerdo, falta de información u otras razones (no había papeleta por el “No”). Ese 48% es, de cualquier manera, un número lo suficientemente significativo como para ser tenido en cuenta. También existen los compatriotas que viven en el exterior y que no pudieron llegar hasta nuestro territorio a manifestarse, esos que son uruguayos cuando los necesitamos para mejorar la economía o el prestigio de nuestro país, pero son de palo cuando tienen que opinar y decidir, criollos con voz, pero sin voto. ¿No se pregunta el presidente qué sienten las madres y familiares frente a su estrategia de política conciliatoria? O cuando se busca dejar contentas a las FFAA que obviamente son más poderosas y peligrosas que el pueblo que aún busca la verdad y ya fue pisoteado por ellas.

En algo estoy de acuerdo con el señor Mujica, hay gente a la que no le gusta lo que dice, muchos de ellos fueron considerados compañer@s no hace tanto tiempo atrás, era la época en que se pregonaban otros valores y se valoraban otras cualidades. Ojalá haya much@s compañer@s que le recuerden que gran parte de sus votantes bregan por Verdad y Justicia. Muchos somos además conscientes del bochornoso boicot que hubo de parte de algunos sectores del progresismo contra el voto rosado.

La historia no es un obstáculo, debe ayudarnos a construir, a no dejar que caigamos en los mismos errores, nos libra de caminar junto a sádicos torturadores y violadores. Crímenes por los cuales, sin cuestionamientos o dudas, se condena a cualquier otro ciudadano que no sea militar. El hecho de que esos crímenes hayan sido cometidos en nombre del Estado torna más terrible el hecho de que se exonere a los culpables de ser juzgados y castigados, debería justamente ser al revés. El mismo Mujica fue apresado, encarcelado y torturado por sus ideas y su actuar, él no tuvo chance de apelar a la justicia porque esos que hoy defiende, no lo permitieron, y lo mismo le sucedió a miles de uruguayos a lo largo y ancho del país.

Para que nuestros hijos sean mejores que nosotros, tenemos que entregarles esa verdad, tenemos que enseñarles a buscarla, tenemos que enseñarles que siempre hay un camino de justicia para recorrer. L@s jóvenes lo saben, lo vimos en la multitudinaria marcha que hubo por Verdad y Justicia, lo vimos el domingo en el festejo de los 25 años de la liberación de los últimos presos políticos, donde estaban presentes tres generaciones.

No olvidemos además, que Uruguay viola los convenios internacionales que firmó con respecto a los delitos de lesa humanidad. Eso no se nombra en los discursos, eso no importa. No importa tampoco el sufrir de l@s compañer@s, de las familias de quienes lucharon con él, no importa soltar a los asesinos, torturadores y “verdugueadores” de este pueblo, entonces ¿qué podemos esperar? Por mandato de un hombre (por más presidente y ex guerrillero que este sea), no se olvida el dolor, ni sanan las heridas. El dolor no se acaba por decreto ni lealtad política partidaria. No es juez, pero es un presidente que sabe mucho de dolor y de pérdidas, entonces debería dejar manos libres a la justicia, a los jueces, anular la ley caduca y respetar los acuerdos internacionales.

Paradójicamente, los ejemplos que nombra del mundo, demuestran que por más que se obligue al silencio, por más que se amordace al pueblo, la búsqueda por la verdad siempre escapa a la censura; es lo que pasó en España, a décadas de la guerra civil las personas sienten aún esa necesidad. Por suerte la naturaleza humana nos conduce a esa búsqueda, esto también es constatable. Sería como pedir a los Palestinos que permitan que Israel los domine, que dejen de tirar piedras y olviden el genocidio que allí se está cometiendo, que olviden a sus muertos y entreguen sus derechos y principios para buscar la “paz”... Con este criterio también debemos olvidar el holocausto, la inquisición y todas las atrocidades cometidas por los hombres en nombre de religión o política. Darle la espalda a los familiares de los desaparecidos, no buscar más niños secuestrados, convertirnos en un pueblo sin historia ni memoria, o inventar una nueva historia que pase mejor a los planes del gobierno.

Si Mujica quiere perdonar de forma personal lo que los milicos le hicieron a él, tiene todo el derecho de hacerlo, de forma pública o privada, pero no debería intentar hacerlo por los demás, no debería sentir que posee esa potestad. Si él tiene que demostrar frente a las FFAA que ya no es un peligro y que está dispuesto a ceder principios fundamentales para gobernar, entonces prefiero a los partidos tradicionales, de ellos lo esperábamos, contra eso estábamos acostumbrados a luchar y luchábamos unidos. Lo que pasa hoy es realmente doloroso y bizarro. Uno de los hombres que fue rehén de la dictadura hace causa común con el ejército, lo apadrina pasando por encima de las víctimas que padecieron su arbitrariedad e inclusive de quienes lo situaron en el sillón presidencial. ¿Será que estamos presenciando el entierro de los principios y valores de la lucha de la izquierda en nuestro país?

El camino que propone, es el que según él mismo reconoce, ya fue ensayado en este país por los partidos tradicionales, un camino que no le sirvió antes a la izquierda, ¿qué pase mágico hemos dado para encontrarnos proclamándolo hoy, cuando antes lo rechazamos con razones más que válidas?, ¿cómo se resuelve esa ecuación?

El que discrepa no es necesariamente un enemigo, dice un presidente que cada vez está más cerca de la derecha y es más aplaudido por quienes integran sus filas. Lógicamente esto conlleva a que los discrepantes seamos de izquierda, de esa izquierda que antes defendió, somos también sus protagonistas: expres@s, exexiliad@s, madres, hij@s, niet@s, familiares en general, ciudadanos conscientes y solidarios, provenimos de distintas generaciones, pero todos tenemos algo en común; por voluntad propia o ajena, nos tocó ser parte de esa historia regada con sangre hermana que hoy se quiere olvidar.

No se puede justificar el actuar de los asesinos. ¿Se acuerdan cuando en la escuela nos enseñaban una historia inventada y nos hacían repetir en época de dictadura que estábamos en democracia? Parece que vamos a seguir disfrazando la historia, contando un cuento de hadas donde “todos vivieron felices comiendo perdices”, verdugos y víctimas en un gran abrazo inventando un país de Hansel y Gretel, todo chocolate y caramelo... En esta nueva historia, Raúl Sendic es un viejo campesino y bonachón, ninguneado y casi olvidado, en esta historia la “nobleza” de unos pocos abre el camino al paraíso sin pasar por el purgatorio. Los que estuvieron en el infierno, que se embromen... no me acuerdo si esa historia fue cierta o me la contaron ellos mismos en otra época, pero hoy tengo la extraña sensación de que me durmieron con muchos cuentos.

Que manera tan curiosa de salir del dolor. “Los soldados no deben cargar con ningún fardo”, debemos aumentar sus sueldos y mejorar su calidad de vida. Cualquiera pensaría que es una recompensa (habría que ver si vamos a pagar por su docilidad o por su olvido). Soltamos o aliviamos la ya bastante cómoda cárcel de los que están presos (asesinos probados aunque Azucena Berruti diga lo contrario). A esta velocidad, el próximo paso será revisar si no le quedó a algún expreso de izquierda alguna cuentita por pagar, nunca es tarde para saldarla, a menos que sea uno de los que ya no están entre nosotros (una lista bastante larga).

Este gobierno arrancó con una fuerza demoledora e inaudita, sin tapujos, mostrando la necesidad y voluntad de compromiso con las FFAA. El discurso inicial del presidente nombra a “nuestros pobres soldados”, los saluda, los levanta, los redime, pero ni una sola mención a l@s compañer@s o al reclamo del pueblo por una Justicia que cada vez se ve más lejana.

Si José Mujica sigue por este camino que el mismo describe como dar un paso más que Tabaré, un obvio paso hacia la derecha y el razonamiento “cuasi” fascista que tanto repudiamos, si dejamos de alucinar con falsas expectativas y de buscar justificaciones a hechos injustificables, la lógica a la que nos puede conducir nuestros valores humanos y nuestra integridad, debería conllevar a que la “soledad de la Presidencia” se intensifique si no hay un cambio. Pero existe otra lógica aún más probada, y es la lógica del poder y de quienes quieren a toda costa estar cerca del mismo. Espero que muchos de los que antes pedían Justicia no “hagan la vista gorda” y se enreden en mil explicaciones de altruismo y perdón. Que no suceda como en el cuento del traje del rey, que para agradar al monarca y no quedar fuera de su círculo, o pasar a ser impopulares, vamos a gritar “viva el rey y su traje”, cuando en realidad el gobernante está paseando su desnudez ante nuestros asombrados ojos.

Qué pena tener que verlo, qué infinito dolor escuchar a uno de los nuestros proclamar este tipo de cosas, qué vergüenza siento frente a las madres que están aún más viejitas que los militares que se quiere defender, frente a los hijos que se criaron sin sus progenitores, frente a la memoria de nuestros muertos y frente a todos esos lugares que siguen vacíos y que hoy se quieren ocupar con interrogantes y mentiras, frente a nuestro pueblo. No dejemos que nos roben nuestra historia y nos hagan ver un traje que no existe.

Foto: AP

Nunca sintió rechazo por la historia que le tocó vivir pero tiene muy presente que no la eligió. Macarena Gelman, diez años después de haber recuperado su identidad, siente que está en el momento de empezar a elegir y proyectarse. No se amparará en la Ley de Reparación Integral. Entiende que su camino ahora es la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y considera que esta instancia debe ser decisiva para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, pero le preocupa qué definición tomará el gobierno. Para que José Mujica sea el presidente de todos, señala, debería “despegarse” de su lugar de víctima.

-¿Cómo fuiste procesando tu historia reciente?

-En los últimos diez años, es mucho tiempo... Siempre traté de que la evolución fuera natural, lejos de las presiones, fuera de los medios, fuera de la política y de los familiares. Totalmente es imposible, pero siempre traté de despejarlo y de hacer lo que yo sentía y quería, sin dejarme influenciar y pensando independientemente. Así lo hice y con eso realmente estoy muy conforme. Por supuesto que tuve presiones, no necesariamente intencionales. Hubo varias etapas. Desde el comienzo nunca tuve un rechazo hacia lo que fui sabiendo; al contrario, lo acepté. Tiene que ver con esas cosas que uno no elige y llega un momento en que uno tiene que empezar a elegir, ver con toda esta historia qué es lo que yo puedo empezar a elegir, tomar las riendas de mi vida y pensar en un futuro. Durante mucho tiempo me costó pensar en un futuro. Vivía el hoy totalmente y lo único que sabía era lo que tenía que hacer dentro de una semana o un mes, pero me era muy difícil proyectarme en absolutamente todo. Estuve acompañada y tuve contención; si no, hubiera sido imposible estar hoy acá, pero tuvo que ver también con empezar a completarme. La verdad desde cualquier lugar completa, aunque a veces la verdad no es la que uno quisiera. Pero creo que es el momento de empezar a ver qué es lo que quiero y de proyectarme un futuro, no se puede vivir tan encima de las cosas.

-¿Qué quedó de la Macarena anterior a conocer la verdad?

-Lo que aprendí, los valores. Fueron 23 años. No creo que para alguien sea posible borrar 23 años de su vida. Además, tampoco tengo rechazo hacia ellos. Tuve la vida que tuve, me divertí, fui querida. Tuve unos papás que, más allá de no ser los biológicos, me dieron todo el amor de padres que pudieron darme y creo que eso es lindo y no hay por qué borrarlo. Lo que soy hoy tiene muchísimo que ver con lo que fui a lo largo de todos esos años.

-¿Dónde esperaste el 25 de octubre el resultado del plebiscito por el Sí?

-En la casa de Eduardo Galeano. Con él, con su esposa. Son dos personas que me han apoyado muchísimo, han compartido muchísimo conmigo todos estos años y me han ayudado a no sentirme sola.

-¿Qué sentiste cuando se supo que la ley no iba a ser anulada?

-A mí no me sorprendió tanto. Miraba la intención de voto durante los días previos y estaba claro que no había una clara definición, haya tenido que ver con lo que haya tenido que ver. Ahora debe haber mucha autocrítica; hay que preguntarse por qué llegamos a estos resultados.

-¿Eduardo Galeano qué te dijo?

-[Se ríe]. Bueno, fue una etapa de la bronca. Los primeros momentos son los de la bronca y el “por qué no”. De la impotencia, de la angustia, de pensar cómo seguimos de esta manera habiendo pasado tantos años. Fue lo que pasó y por más que duela hay que tratar de aprender.

-¿Fue un error el plebiscito?

-Sí. Mirándolo a la distancia fue un error, pero también hay que ver por qué fue un error. El plebiscito surge ante la falta de una respuesta política, el poder político fundamentalmente tiene que hacer una autocrítica seria de esto. No había intenciones en el gobierno de Tabaré Vázquez de remover esta ley, él había asumido un compromiso público, no era ningún misterio.

-¿Y ahora visualizás cuáles son las intenciones del nuevo gobierno?

-Me aparto de las intenciones porque estoy en el comienzo de un juicio en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y una de las recomendaciones que hace y que no fue cumplida por el Estado es la de remover la Ley de Caducidad. Ahora me dejan de preocupar las intenciones y me empieza a preocupar si el gobierno va a hacer lo que debe hacer. Más allá de las posturas personales, esta ley fue declarada inconstitucional y va en contra de todos los tratados internacionales que firmó Uruguay. Y teniendo la experiencia que se tuvo, no hay otro camino que la anulación.

-¿Tenés claro que esta instancia en la Corte puede ser decisiva en ese camino?

-Es lo que debería ser. Realmente no sé qué posición va a tomar el gobierno. Cuando se llega a una instancia de éstas es porque se ha recorrido mucho y se ha hablado demasiado. Es el momento de hacer lo que se debe hacer.

-¿Cómo te juega el hecho de que esta instancia clave esté personificada en tu nombre?

-Está bien, pero no va por ahí. Lo decisivo es la historia. Me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera de los familiares tener que llegar a una demanda, a la que llegamos porque se nos negó en varias oportunidades el acceso a la justicia. ¿Cómo lo llevo todos los días? No sabría decirte.

-¿Y la espera cómo es?

-Calma en el sentido de que siento que los jueces van teniendo un camino y una meta, quizás no sea el final. Para mí esto tiene mucho de etapas y de cierre de etapas. La etapa de buscar -a pesar de que se va a seguir buscando toda la vida- y la etapa del diálogo, lamentablemente, se terminaron y no dieron frutos. Lo que queda es esto. Para mí es bastante triste que las cosas tengan que venir de afuera.

Verdad

-¿Encontraste respuestas?

-Me quedan muchísimas preguntas y tengo algunas respuestas. Lo que más angustia e impotencia me da es que están las respuestas disponibles. Acá no hubo un accidente de avión y mi mamá cayó en algún lado, se hizo una búsqueda y no se encontró. Acá las repuestas las tienen personas con rostros, con nombres, que están vivas y se niegan sistemáticamente a decir la verdad.

-¿Existen posibilidades de llegar a la verdad todavía?

-Quiero pensar que sí. Creo que va a llegar. También son seres humanos. No tengo odio hacia ellos, no me hace feliz que estén presos, pienso en sus familias y en sus hijos. El tema viene cuando pienso en mi familia y en tantas otras a las cuales no tuvieron ningún problema en destruir, porque la desaparición de los hijos destruye cualquier familia. Se me hace difícil entender que haya seres humanos que pueden llevar esa carga en la conciencia tanto tiempo y cómo podrían, eventualmente, morir con eso.

-¿Impunidad?

-Sí, impunidad. Pero va más allá de eso. Ahora están presos, llegará una condena pero, ¿qué nos da eso a todos a la larga?

-¿Significó algo para ti el procesamiento de Manual Cordero en Argentina por su participación en el Plan Cóndor?

-Sí, por supuesto. También viene de afuera. Significa que se quiere hacer justicia. Ahora, que la justicia se haga depende de otras muchas cosas.

-¿Sin verdad no hay justicia?

-No.

-¿Indulto a cambio de la verdad?

-El indulto no. Ahora se está planteando el arresto domiciliario. Entiendo al presidente desde el lugar de víctima que fue, pero no está en ese lugar porque se victimice. Está por lo que significa su experiencia personal, con los sentimientos que eso te da. Pero si quiere ser un presidente para todos -como él lo ha dicho y creo que es su deseo- debería tratar de despegarse de eso. Es lo que hay que tratar de hacer, incluso yo, porque entiendo que hay intereses de todos que prevalecen a los particulares.

-¿Hay alguna forma de que el pasado de Mujica no atraiga al pasado?

-Es muy difícil pero el Estado es más amplio y creo que el presidente tiene que ver por la sociedad. Éste no es un tema entre ellos [los tupamaros] y los militares. Éste es un problema entre la sociedad y los militares que debe resolver la sociedad. No lo va a poder resolver el presidente Mujica. Para eso se tienen que habilitar todos los caminos de la justicia. Ayer el presidente [por el martes, cuando estuvo en Durazno con los mandos de las Fuerzas Armadas] decía: “Sentimos gente que, con razón o sin ella, reclama que hay que dar vuelta la página y, al mismo tiempo, gente de nuestro pueblo, tan válida como la otra, que grita por justicia, también con razón o sin ella.” La justicia tiene que existir desde siempre y no es necesario que una víctima pida justicia, los poderes del Estado deben velar por ella. No he visto ningún militar arrepentido ni queriendo decir ninguna verdad, entonces para mí es imposible pensar siquiera en un arresto domiciliario.

Reparos

-¿Vas a ampararte en la Ley de Reparación Integral?

-No. Es una decisión que tomé hace mucho tiempo. Con esa ley yo no me siento reparada en ningún aspecto, en absolutamente nada. Uno de los porqués es que tenemos una Ley de Caducidad. Otro motivo es que en esta ley no se reconoce explícitamente la participación de Uruguay en el Plan Cóndor y de ninguna manera sin Plan Cóndor hoy yo podría estar acá hablando contigo. De ninguna manera hubieran pasado las cosas como pasaron. No digo que no hubieran pasado, pero no de la forma en que sucedieron. Tengo claro que no se va a hacer una ley para casos particulares pero no hay ningún punto que me satisfaga. Me parece que además de un reconocimiento tiene que haber una actitud en consecuencia, aunque no voy a negar los esfuerzos en ese sentido de ninguna manera.

-¿Cuál es tu consejo para aquellos que puedan ser beneficiarios de la ley?

-Creo que a algunas personas puede satisfacerlas y me parece totalmente justo. Esto es personal, tiene que ver con lo que siente cada uno. Mi mamá no tenía ningún vínculo con Uruguay. Que pongan una plaza no me va a llevar a pensar en ella. En el único lugar donde se sabe que estuvo fue ahí [en el Calen]. No es nada reparador que el lugar donde pasaron cosas siga siendo una dependencia militar y sin el más mínimo indicio de lo que allí pasó. Mi camino es la Corte Interamericana.

-¿Pudiste hacerte una idea de cómo era tu mamá?

-Sí. Lamentablemente tuvo una vida muy corta. Cuando yo me enteré ya era mayor de lo que era ella cuando presuntamente la mataron.

-¿Te planteaste la idea de ser madre?

-Prefiero no contestar eso.

Proyectar

-Si tuvieras que caracterizar a tu generación, ¿cómo lo harías?

-Fue la generación a la que se le trató de borrar la memoria. Una generación que fue víctima de mucho ocultamiento, que atravesó sin saber. Se le trató de matar la iniciativa en muchas cosas. No tengo claro si es o no una generación de transición. Pero hoy mi generación está en la edad de poder hacer mucho. Tiene mucha potencialidad y lo que necesita es más espacio. No en el sentido de reivindicar “espacios para los jóvenes”, porque tampoco somos tan jóvenes.

-¿Te pareció llamativo que la juventud que no convivió con la dictadura tomara riendas en campaña por la anulación?

-Sí, me llamó la atención y fue muy reconfortante. Fue muy lindo ver el involucramiento, pero también faltó espacio y reconocimiento. Porque para otros ya era la segunda experiencia y los sentimientos son diferentes. Estas cosas son las que deben alentarse.

-¿Cómo pensás que se acercaron a la verdad esos jóvenes?

-Por su inquietud. A su vez, la gente estuvo dispuesta a dar su testimonio y a difundir qué fue lo que pasó. La única manera es la transmisión del material escrito. Si uno trata de entender la sociedad de hoy es imprescindible saber cómo era su pasado. La valentía de querer saber eso no significa ni quedarse en el pasado ni centrarse en él. Pero, en definitiva, es imprescindible saber. Se facilitó el acceso de la información. En mi generación y la de los años inmediatos se trató de no hablar “de eso”, de olvidar.

-¿Qué les tocará a los hijos de esta generación?

-No sé qué les puede llegar a tocar, pero van a tener motivos para seguir avanzando. Reparados definitivamente no van a estar, pero vivirán en una sociedad más justa y con mejores ejemplos.

-Supongamos que llegó el día y la Ley de Caducidad quedó sin efecto. ¿Qué hay después?

-Alivio. Porque va a abrir un camino y va a tirar abajo el tema de la impunidad. Vamos a poder empezar a hablar de la primera reparación.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria

Foto: Presidencia

La plana mayor militar uruguaya está compuesta por comandantes en jefes y 350 oficiales superiores de las tres armas. El diálogo directo, celebrado en una base aérea castrense en el centro del país, se concentró en lo que el nuevo primer mandatario pretende de los Fuerzas Armadas (2010-2015), tras cuarto de siglo en democracia (1985-2010), superada la dictadura (1973-1985) y guerrillas urbanas sesentistas inspiradas en el güevarismo.

Con la frase del ‘Che’ -“Hasta la victoria siempre”- se despidió hace medio mes de la Presidencia el socialista Tabaré Vázquez (2005-2010), quien encabezó el primer gobierno de centroizquierda en la historia de Uruguay, que en la práctica no pasó de un progresismo socialdemócrata. Sin embargo, desde la coalición de gobierno Frente Amplio -y especialmente desde el sector mayoritario de Mujica que tiene como tronco al MLN Tupamaros- no fue apoyada su campaña por declarar un “Nunca Más Uruguayos contra Uruguayos”, lo que implicaba una mutua disculpa pública de quienes usaron armas contra el orden institucional desde las FFAA y la insurgencia.

Eso no sucedió y, a pesar que el MLN-T fue derrotado en 1972 por militares que dominaban al gobierno constitucional, casi 40 años después sus principales figuras están al frente del gobierno democrático comandando los cargos clave del Ejecutivo: ex guerrilleros ocupan hoy los ministerios de Defensa Nacional, Interior y la Coordinación de Inteligencia, al frente de cuerpos militares y policiales que en la juventud combatieron, antes de convertirse en sus presos políticos.

El ex guerrillero de 74 años pudo mirar de cerca a la oficialidad y también ser analizado a pocos metros por quienes, desde su formación, lo habían aprendido como uno de sus enemigos mayores. Mujica dialogó 50 minutos este martes con los comandantes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, antes de dirigirse por 40 minutos a puertas cerradas a los militares concentrados, a quienes les dijo que “no me puedo hacer el distraido. Las FFAA de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo. Pero no es cosa de decirlo, hay que cultivarlo. Hay que hacerlo evidente a los sentimientos de la gente. Es esto lo más difícil –soldados-. Esto no funciona por ‘ordeno y mando’. No hay más camino posible que la lenta persuasión”.

Mujica admitió la postergación económica de los soldados -que en más de 60% están bajo la línea de pobreza- y pidió “unión nacional” de militares con civiles, encarando proyectos de impacto habitacional que ganen el corazón del pueblo. Sublimando el dolor en “causas comunes” aspira a que se identifiquen quienes piden Justicia y quienes piden dar vuelta la página en DDHH.

Admitió que “no podemos esconder la cabeza ante la cruda realidad de que existen exigencias que nos desgarran como sociedad. Desde 1985 sentimos gente que, con razón o sin ella, reclama que hay que dar vuelta la página. Y, al mismo tiempo, gente de nuestro pueblo –tan válida como la otra- que grita por Justicia, también con razón o sin ella. Son parte de nuestro pueblo. Las guerras generan llagas permanentes, que sólo puede suturar la alta Política: que es en este terreno el arte de persuadir, sublimando el dolor en causas comunes que nos identifiquen”.

El presidente José Mujica reafirmó esta semana su apoyo a que la Justicia permita prisión en sus domicilios a presos mayores de 70 años o gravemente enfermos, lo que incluye potencialmente a los militares que violaron derechos humanos. Cada juez evaluará si el condenado permanece en su hogar, como lo hace el ex presidente civil Juan María Bordaberry (1972-1976) -que derribó al Parlamento- o como lo desearía hacer el ex dictador militar Gregorio Alvarez (1981-1985), en una prisión especial junto a una decena de ex represores.

El mandatario terminó comiendo un simple locro con ensalada de frutas junto a los militares que le deben obediencia por Constitución. Veremos cómo digerirán en las próximas semanas el menú de propuestas que les llevó a la mesa el presidente quien, pasada su etapa de líder insurgente, asumió este marzo la comandancia máxima de las Fuerzas Armadas de Uruguay.

Fuente: Radio Nederland


Nota de Edición:

Desde esta Esquina decimos NO A LA EXCARCELACION DE LOS GENOCIDAS! NO a cualquier intento de facilitar o promover la liberación de los delicuentes procesados por delitos de lesa humanidad. La cuestión no es entre “verdad” o “justicia”. Una vez más decimos: ¡VERDAD Y JUSTICIA!