Una tendencia insospechada de la opinión pública estadounidense: desde 2001 a la fecha, el parecer favorable a la legalización del uso de la marihuana se ha convertido en mayoría, según las encuestas de Gallup, Zogby y otras firmas del ramo. Los informes periódicos de Rasmussen indican que el 56 por ciento de los entrevistados se pronuncia a favor de la idea y la tasa sube dos puntos si se regulara su venta y sólo en las farmacias (www.rasmussenreports.com, 17-5-02). El 32 por ciento se opone. Se han invertido las cifras.

Cuando Gallup inició la investigación del tema en 1969, apenas un 12 por ciento apoyaba la legalización de la droga y el 84 se pronunciaba en contra (www.gallup.com, 17-10-11). En el 2009, un informe del Instituto Nacional de Drogadicción y Salud señaló que casi 118 millones de estadounidenses de 12 años para arriba, es decir, el 47 por ciento de la población entonces, la habían fumado al menos una vez en el mes anterior a la realización del estudio. En algunos estados del país su consumo no se considera un delito; en otros se permite con fines medicinales y una encuesta de Gallup del 2010 reveló que un 70 por ciento estaba de acuerdo con que los médicos la recetaran para aliviar el dolor de los pacientes.

El entonces presidente Ronald Reagan declaró el combate a las drogas en octubre de 1982 mediante “una campaña planeada y concertada” contra todas ellas, “duras, blandas o lo que fueren”. Incrementó los fondos destinados a la lucha contra la drogadicción, así como el número de los equipos de tareas empeñados en la misma. Sus sucesores, Bush padre, Clinton y Bush hijo, aplicaron y aun ampliaron el alcance de esas políticas. También Obama, pese a sus reiteradas declaraciones de que la drogadicción debería concebirse más bien como “un problema de salud pública”.

El 17 de abril pasado se publicó el monto y empleo del presupuesto federal para el control de la drogadicción, que repite los lineamientos establecidos por W. Bush: un 60 por ciento se aplica a castigar el delito y un 40 a la prevención. Un grupo de policías, jueces y fiscales criticó ese mismo día al mandatario. Neill Franklin, que trabajó 32 años en la policía de Maryland hasta su retiro y es hoy director ejecutivo de Law Enforcement Against Prohibition (LEAP, por sus siglas en inglés) –entidad que brega por la legalización de las drogas–, fue severo con Obama: “El presidente hace un lindo jueguito cuando habla de las drogas como un problema de salud, pero hasta ahora no hay más que eso, palabras. En lugar de seguir financiando la misma y vieja ‘guerra contra las drogas’ de probada inutilidad, debería poner su dinero donde tiene la boca” (//copssaylegalize.blogspot.mx, 17-4-12).

Los datos sobre la drogadicción en EE.UU. proporcionados por instituciones federales no son ciertamente benévolos. El FBI informó que en el 2009 se arrestó a un drogadicto cada 19 segundos, más de 1,6 millón en total, de los que el 82 por ciento tenía dosis para uso personal (www2.fbi.gov, septiembre 2010). El Departamento de Justicia dio a conocer que el mercado ilegal de las drogas está dominado por 20.000 grupos instalados en más de 2500 ciudades (www.justice.gov, febrero 2010).

Según el Departamento de Salud, hay 23,5 millones de estadounidenses que necesitan tratamiento antidrogas, pero sólo el 10 por ciento lo recibe (//oas.samhsa.gov, septiembre de 2010). Un estudio de la Asociación Nacional de Jefes de Policía reveló hace años que el 82 por ciento de quienes ocupan ese cargo opina que la guerra contra la drogadicción no ha logrado reducirla (www.aphf.org, 2005). Una encuesta de Zogby International estableció que tres de cada cuatro estadounidenses estiman que esa guerra es un fracaso (www.zogby.com, octubre 2008). Y una constancia escalofriante: más de 50 personas mueren cada día por ingerir sobredosis involuntariamente. (Departamento de Salud, www2a.cdc.gov, marzo 2007.)

EE.UU. tiene la tasa más alta de consumo de marihuana y cocaína en el mundo (www.plosmedicine.org/home.action, julio 2008) y esto habla a las claras de la dimensión del problema. Cabe sumarle un aspecto inquietante. El catedrático de Derecho Kenneth B. Nunn subraya en un artículo publicado en el número 6 de Journal of Gender, Race and Justice y reproducido parcialmente por la Universidad de Dayton (//academic.udayton.edu), que “los esfuerzos del Estado dirigidos a controlar la drogadicción constituyen asimismo una expresión de poder racial por parte de los grupos dominantes”. El trabajo se titula “Por qué la ‘guerra contra las drogas’ era una ‘guerra contra los afroamericanos’”.

Estadísticas de los Departamentos de Salud, de Justicia y de Comercio darían la razón a Nunn. Los afroamericanos constituyen el 13 por ciento de la población estadounidense y, correlativamente, el 13 por ciento de los drogadictos del país, pero son el 45 por ciento de los presos en cárceles estatales por delitos contra la salud (//bjs.ojp.usdoj.gov, diciembre 2010). En fin.

Juan Gelman

Fuente: Página 12

Las alarmas de la crisis económica europea, los vaivenes del euro, la salida de Grecia o no de la Eurozona, el enfrentamiento Hollande/Merkel sobre cómo superar la situación juntando agua y aceite, o sea, austeridad y de- sarrollo, las reuniones cumbre de los mandatarios de la Unión sacudidas por las protestas populares, han silenciado casi un hecho no pequeño: la confesión tácita de EE.UU. y la OTAN de su derrota en Afganistán.

Se produjo el lunes pasado, en la cumbre de Chicago, cuando los líderes otanescos adoptaron la posición de Obama y firmaron un “pacto de transición” que presentan como conducente a “la retirada irreversible” de sus tropas del país asiático en el segundo semestre del 2013, dejando las tareas de seguridad en manos locales. “Ahora estamos unidos para dar fin responsablemente a la guerra en Afganistán”, subrayó el presidente estadounidense (www.mcclatchydc.com, 22-5-2). Tal como sucede en Europa, la mayoría de la opinión pública de EE.UU. se opone a la continuación del conflicto, considera que se acabó con la muerte de Bin Laden. Y Obama está en brega por su reelección en pleno año electoral: así cumpliría entonces con su promesa de retirar las tropas en el 2014 a más tardar.

El nuevo pacto prácticamente es igual al que adoptó la cumbre de jefes de Estado de la OTAN que tuvo lugar en Lisboa los días 18 y 19 de noviembre del 2010, sólo que hay un detallito diferente: más de dos semanas antes de la cumbre de Chicago, en un rápido y no anunciado viaje a Kabul, Obama firmó un acuerdo con el presidente afgano Karzai “para cubrir la década siguiente a la retirada final de las tropas de combate de EE.UU. en el 2014” (www.ajc.com, 2-5-12). Los términos de este trato no son públicos y el ocupante de la Casa Blanca aclaró que las tropas que no sean retiradas sólo se ocuparán de “entrenar a las fuerzas afganas y de combatir al terrorismo, pero no construirán bases permanentes en este país, ni patrullarán sus ciudades y montañas”. Es una curiosa victoria: EE.UU. continuará la guerra diez años más. Por ahora.

Las declaraciones de Obama recuerdan a W. Bush cuando dijo “misión cumplida” en mayo del 2003 al ser derrocado Saddam Husein: los efectivos de EE.UU. y la OTAN se quedaron ocho años más y no todos se fueron. Esta experiencia tal vez aconsejó a la Casa Blanca que era preferible extender por una década las previsiones de combate, dado que los hechos indican que la violencia en Afganistán ha aumentado en el 2011 por quinto año consecutivo: el número de civiles afganos muertos se incrementó más del 15 por ciento en el primer semestre de ese año, se intensificaron los ataques suicidas y no ha cesado el empeño de los talibán en combatir a los ocupantes.

Una Evaluación Nacional de Inteligencia (NIE, por sus siglas en inglés) elaborada en enero de este año por el Consejo Nacional de Inteligencia de EE.UU. que agrupa a los 16 organismos del ramo estima que la lucha en Afganistán se halla en punto muerto: “La corrupción imperante, la inoperancia del gobierno (afgano) y los operativos que los talibán lanzan desde Pakistán minaron lo ganado con el aumento de tropas estadounidenses (en el 2009)” (http://www.militaryphotos.net, 12-1-12).

El propio Obama reconoció en Chicago que el talibán sigue siendo “un enemigo vigoroso” y que lo conseguido por la OTAN en el campo de batalla es frágil (http://www.reuters.com, 21-5-12). De manera que Afganistán seguirá ocupado de un modo o de otro hasta el 2024 por la continuación de una guerra que Washington y sus aliados comenzaron hace más de diez años sin éxito a la vista. Esto no le impidió insistir en el triunfalismo durante su visita a Kabul: “Ya vemos la luz de un nuevo día... nuestro objetivo es destruir a Al Qaida y estamos exactamente en el camino que nos llevará a lograrlo”. Quién sabe. Horas después de que Obama dejara Kabul se produjo una serie de explosiones y tiroteos en la capital afgana con un saldo de seis muertos. Los talibán se atribuyeron el ataque a un complejo habitacional armado que alberga a centenares de contratados extranjeros.

Hay más de un problema en las entrañas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La decisión de retirar del país asiático a todas las tropas de Francia a fin de año que, en cumplimiento de una promesa electoral, anunció el presidente socialista François Hollande –3400 soldados, 14 helicópteros y 900 vehículos– no se atiene a lo que se acordó en Chicago y es un reto a Obama y a la OTAN. Por otra parte, EE.UU. financia el 85 por ciento de la guerra y presiona a los aliados europeos, en plena crisis económica, para que aumenten sus aportes.

El problema central es que la guerra continúa pese a los anuncios optimistas del Pentágono. El general John Allen, comandante de todas las tropas instaladas en Afganistán, afirmó que EE.UU. utilizará “un poder de fuego significativo” en el período 2012-2013 (http://www.reuters.com, 23-5-12). “Vamos a necesitar capacidad de combate –afirmó– y creo que nadie cuestiona esto. Le debo al presidente un análisis realista del tema.” El general se halla sobre el terreno y sabrá por qué lo dice.

Juan Gelman

Fuente: Página 12

El presidente del Uruguay, José Mujica, ha dicho, con razón, que más que los derechos humanos de los abuelos le importan los derechos humanos de los nietos.

Ha legado, entonces, una clara enseñanza a los nietos: el Estado puede asesinar, torturar, violar, robar y “desaparecer” a sus ciudadanos y no será castigado.



Fuente: Página 12

Foto: Patricio Terán

Recientemente se celebró una audiencia pública en el primer caso sobre Uruguay que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana. Conocido como el “Caso Gelman”, trata sobre la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, el nacimiento en cautiverio de su hija, María Macarena, la separación involuntaria de madre e hija; las violaciones que produjo la supresión de identidad y nacionalidad de María Macarena; la búsqueda incesante del paradero de María Claudia y María Macarena por Juan Gelman y sus familiares; y la búsqueda infructuosa de verdad y justicia por parte de las víctimas y sus familiares.

Estos hechos ocurrieron en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los países de la región, efectuadas en el marco del llamado “Plan Cóndor” y que se caracterizó por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y apropiación de niños, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.

Frente a estas graves violaciones, tanto Uruguay como otros países de la región respondieron de la misma manera: garantizaron la impunidad para los asesinos y torturadores mediante la sanción de leyes de amnistía. Así fue en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Perú y El Salvador, entre otros.

La Comisión y la Corte Interamericana ya han tenido la oportunidad de referirse a la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente, la Corte lo ha hecho en los casos Barrios Altos contra Perú y Almonacid contra Chile. No hay motivo para pensar que la decisión en el Caso Gelman no estará en consonancia con la jurisprudencia del sistema interamericano. Muy posiblemente, la Corte vuelva a ratificar esa jurisprudencia y le pida al Estado de Uruguay que deje sin efecto la Ley de Caducidad.

El concepto central que resume esta jurisprudencia de la Corte se encuentra en el caso Barrios Altos de Perú: “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Este párrafo puede ser copiado en forma textual en el caso Gelman.

Los límites de la soberanía popular

Pero este caso puede, además, enriquecer aún más esta jurisprudencia del sistema interamericano. En la defensa de este caso y los otros casos en trámite ante la Comisión relacionados con la ley de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, el Estado uruguayo argumentó, entre otras cosas, la imposibilidad de derogar dicha ley debido a que la población rechazó la derogación en un referéndum en 1989 y rechazó la anulación en un plebiscito en 2009. Este argumento es insostenible. Existe una limitación general que prohíbe iniciativas populares contrarias a normas internacionales inderogables. Es decir, hay ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, que se encuentran fuera del ámbito de la democracia directa, porque ningún Estado de Derecho puede sustraerse de dichas normas. El mismo Estado uruguayo reconoció este principio en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Sabalsagaray, que reconoce claramente que la tutela de los derechos fundamentales como la vida y libertad personal caen fuera de los límites de los asuntos a ser decididos a través de consultas populares: “No hay voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados” los derechos fundamentales.

El hecho de que la Ley de Caducidad no haya sido aplicada por la Justicia uruguaya en algunos casos es un avance, pero es claramente insuficiente. El derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe estar garantizado con un procedimiento de aplicación general, no solamente para un caso individual; debe tener efectos retroactivos, debe permitir la reapertura de los casos archivados, no debe depender de la voluntad política de un gobierno y debe garantizar la permanencia en el tiempo independientemente de los cambios regulares del sistema democrático. Sólo de esta manera quedarán satisfechos los requisitos de la Convención Americana, ratificada por Uruguay 25 días después de la asunción del primer presidente electo tras el fin de la dictadura militar uruguaya.

A fin de cumplir con sus obligaciones internacionales, Uruguay debe investigar las atrocidades perpetradas y sancionar a los responsables. Las víctimas de este caso y de todas las violaciones ocurridas tienen derecho a la verdad y a la justicia. La ciudadanía uruguaya tiene derecho a la verdad y a la justicia.

Es indudable que este caso trasciende a las víctimas del mismo. Miles de personas fueron víctimas directas de las atrocidades que cometieron aquellos que creyeron tener el derecho sobre la vida y la muerte. Y millones fueron víctimas por la destrucción del sistema democrático, garantía principal para la vigencia y defensa de los derechos humanos. Terminar con la impunidad por esos hechos es uno de los principales desafíos pendientes de nuestras democracias.

La incansable búsqueda de justicia de Juan y Macarena es la búsqueda de miles de latinoamericanos que fueron víctimas de las peores atrocidades que pueda realizar el ser humano. Gracias a ellos, la verdad y la justicia están lentamente avanzando. Dependerá de nosotros y de las generaciones futuras mantener viva la memoria para evitar que el horror vuelva a reinar.

Santiago A. Canton
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Fuente: Página 12

Foto: EFE

"El gobierno (uruguayo) no nos ha propuesto negociar ni a mi nieta ni a mí. Son esas y otras mentiras las que están haciendo circular."

El poeta argentino Juan Gelman negó que el gobierno uruguayo haya propuesto a su familia negociar la indemnización reclamada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de su nuera María Claudia García.

"El gobierno (uruguayo) no nos ha propuesto negociar ni a mi nieta ni a mí. Son esas y otras mentiras las que están haciendo circular", afirmó Gelman a la AFP. Estas declaraciones fueron realizadas el viernes por la noche durante la participación del poeta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Hace dos semanas había trascendido que la cancillería uruguaya había propuesto negociar la indemnización que solicita ante la corte la familia de María Claudia García de Gelman, desaparecida durante la dictadura (1973-1985).

La versión de prensa afirmaba que Macarena, hija de García y nieta de Juan Gelman, tenía una postura flexible ante la oferta pero que el escritor mantenía una "posición radical" y pretendía que Uruguay "se humille" atendiendo todos los aspectos de lo que reclamó ante la Corte de la OEA.

Gelman rechazó el viernes esta versión. "Mi nieta y yo estamos de acuerdo y damos los pasos juntos", aseguró.

La Corte Interamericana de DDHH concluyó a mediados de noviembre en Quito la audiencia oral en la demanda interpuesta por Macarena Gelman contra Uruguay. El gobierno admitió la responsabilidad del Estado en la violación de las garantías fundamentales de María Claudia García.

El tribunal recibirá los alegatos escritos hasta el 10 de diciembre.

Fuente: Montevideo Portal

Parece que al Ñato Huidobro le molestaron [1] las declaraciones de Juan Gelman [2], en torno a la búsqueda de su nuera, la presentación del caso ante la CIDH, las actitudes de los distintos presidentes posteriores a la dictadura, del Estado uruguayo y la ley de impunidad.

La única respuesta que a estas alturas cabe darle a este "desmemoriado" [3] señor senador [4], viene de la pluma de Beltolt Brecht:

"El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante. Pero el que la conoce y la llama mentira, ¡ese es un criminal!..."

Notas:
[1] Ver contratapa de La República - Jueves, 02 de diciembre, 2010
[2] Ver las declaraciones de Juan Gelman
[3] Ver la nota de El Espectador
[4] Reiteramos lo ya manifestado

Silvia

"A nadie se le ocurriría plebiscitar
si tiene que haber libertad de prensa o no,
si tiene que haber pobreza o no
o si tiene que haber justicia o no,
son responsabilidades institucionales del Estado
que se deben cumplir."

Durante las audiencias en el tribunal internacional, Uruguay reconoció que hubo una violación a los derechos humanos en este caso. Pero la causa judicial sobre el destino de María Claudia Iruretagoyena no tiene avances y la Ley de Caducidad sigue vigente. “Por eso iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, no sólo contra el Ejecutivo, sino contra todas las instituciones”, explica Gelman.

El reclamo del poeta sigue siendo el mismo: Verdad y Justicia. Saber qué pasó con su nuera, María Claudia Iruretagoyena, que fue secuestrada en la Argentina y asesinada en Uruguay luego de que le quitaran a su hija recién nacida. La semana pasada repitió su pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde él y su nieta Macarena recurrieron luego de agotar las instancias judiciales en Uruguay. En diálogo con Página/12, Juan Gelman repasa el camino que lo llevó al tribunal internacional, responde a quienes quieren reducir el tema a un asunto de dinero y busca contestar la pregunta acerca de las contradicciones que en el Frente Amplio impiden que se apruebe un proyecto que acabaría con los efectos de la Ley de Caducidad y así permitiría poner en prisión a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

–¿Cuál es el balance de las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

–Durante las audiencias en la Corte Interamericana el representante del Estado uruguayo reconoció que en este caso hubo una violación a los derechos humanos, como si eso arreglara la situación. Con eso no hacemos nada. Mi nieta logró que se reabriera ante la Justicia el caso de su madre en el año 2008 y después de dos años el caso no pasó de la etapa presumarial, es decir, no se investigó nada, no se citó a ningún testigo. Por eso la querella que presentamos es contra el Estado uruguayo.

–Ustedes demandan por la imposibilidad de hacer justicia en Uruguay.

–Mi nieta y yo y iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, entendido no sólo como el Ejecutivo, sino como el Parlamento, la Justicia, todas las instituciones de un Estado. Golpeé la puerta de cuatro gobiernos uruguayos sucesivos para ver si el contenido de nuestra demanda ante la Corte se podía llevar a la práctica, es decir, investigar a fondo qué había sucedió con mi nuera María Claudia y eventualmente encontrar sus restos para darle descanso. (El ex presidente Julio María) Sanguinetti sabía perfectamente quién tenía a mi nieta y se quejó porque según él yo le había dado solamente cuatro meses para averiguarlo. El, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sanguinetti no habló de dinero ni de humillación. Dijo que yo lo hacía porque quería entorpecer la campaña electoral del Partido Colorado. Después llegó (Jorge) Batlle. Nosotros habíamos encontrado a nuestra nieta a fines de 1999 y a través de un intermediario nos pusimos en contacto con la señora que la crió –el señor había muerto–, nos encontramos y nuestro deseo era hacerlo en secreto porque tanto Mara como yo sabíamos qué tipo de trauma podía provocar en una mujer de 23 años enterarse que sus padres no eran sus padres y que, en cambio, sus padres habían sido asesinados por las dos dictaduras militares. El presidente Batlle en febrero del año 2000 dijo que era imposible que esto ocurriera en Uruguay, porque Sanguinetti siempre insistía que nunca habían nacido niños en cautiverio, que nunca había habido ejecuciones. Pero cuando nosotros llegamos a fin de marzo nos quiso ver inmediatamente porque alguien le había dicho que habíamos encontrado a mi nieta y él entonces hizo la investigación con un militar y quería hacer el anuncio público. Mi nieta acordó en que se podía hacer, claro que Batlle lo hizo con un fin político. Yo le escribí a Néstor Kirchner, quien me convocó inmediatamente para ir a Buenos Aires y me dijo que para él ésta era una cuestión de Estado. Empezó a hablar con Batlle, que le hizo no sé cuántas promesas que nunca cumplió. Cuando habían pasado dos años y no había novedad abrí una causa en Uruguay, que fue clausurada por el fiscal (Enrique) Moler aduciendo la vigencia de la Ley de Caducidad. Después de eso, en el año 2003 fue clausurada la causa. Batlle consideró que efectivamente el caso estaba incluido en la Ley de Caducidad y en consecuencia no había que seguir averiguando. Mi abogado pidió el pronunciamiento de la Corte Suprema de Uruguay declarando la inconstitucionalidad de esa ley en este caso y se desestimó este pedido. En el año 2005 hubo un cambio cuando asumió Tabaré Vázquez. En su discurso de asunción sacó expresamente de la ley el caso de mi nuera y el del senador Zelmar Michelini y el ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Entonces reabrí la causa, que fue nuevamente clausurada por el mismo fiscal. Apelamos y el tribunal de apelaciones desautorizó la acción del juez y hasta lo regañó y ordenó archivar el caso. Ya habían pasado seis años de reclamo sin respuesta.

–¿Y así decidieron presentarse ante la Comisión Interamericana?

–En 2006 mi nieta y yo decidimos presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representados por el Cejii (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional). Vázquez no hizo nada para que la investigación continúe, a pesar de que el Poder Ejecutivo tenía esa facultad. La Ley de Caducidad en su artículo tercero faculta al Poder Ejecutivo a ordenar que una investigación continúe o se clausure. Batlle dijo que se clausura, Tabaré no dijo nada y ordenó una excavación en la que se produjo una escena terrible. En el Batallón 14 el comandante en jefe del Ejército, el general (Angel) Bertolotti, le dijo a mi nieta que en un círculo de un radio de cinco metros estaban con un 99,9 por ciento de probabilidad los restos de su madre. No encontraron nada, el gobierno cesó las excavaciones. En el mejor de los casos hubo una ingenuidad de Tabaré que supuso que el Ejército, al cual ordenó la investigación, iba a denunciarse a sí mismo, cosa que no sucede en ninguna parte. Hay una suerte de tejido cívico militar que incluye a jueces, políticos, que impide el conocimiento de la verdad, como si hubiera sectores en los que continua en el plano civil el pensamiento militar en lo que hace a impedir el conocimiento de la verdad y a castigar a los victimarios. Después de cuatro años la Comisión Interamericana pasó el caso a la Corte Interamericana y ahí vinieron las audiencias. Yo golpeé las puertas de cuatro gobiernos uruguayos. Ahora el de (José) Mujica.

–En ese sentido parece contradictoria la posición en el Frente Amplio sobre la posibilidad de hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad.

–Hay un proyecto de ley que se aprobó en Diputados por la mayoría del Frente Amplio. Acataron una resolución de la última asamblea del Frente Amplio en el sentido de que había que terminar con los efectos de la Ley de Caducidad. Es un proyecto que no es de anulación, es de interpretación de la ley, pero que de todos modos hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad. El tema es que en el Senado, que recién lo va considerar a principios de diciembre, después del Presupuesto, ya cuenta con una decisión desfavorable. Hay tres senadores del Frente Amplio que ya han dicho que van a votar contra ese proyecto de ley. Como la mayoría del Frente Amplio es muy tenue, son 17 senadores y necesita por lo menos 16 votos, si tres senadores se niegan no se va a poder aprobar. Me sorprende mucho la posición de gente como el senador (Eleuterio) Fernández Huidobro, que padeció once años en un pozo durante la última dictadura militar, donde como decía Mauricio Rosencof, que también estuvo en la misma situación, lo tenían a media ración, no les daban agua, a veces tenían que beber sus orines. No entiendo por qué este senador se niega a que se levante esta prohibición de saber la verdad y llegar a la Justicia. No sé qué ha hecho con su pasado, es un problema de él. Pero me pregunto por qué tiene esta posición. En 1985 hubo una ley, la 15.737, que proclamaba una amnistía general que incluía a los tupamaros. Inmediatamente después salió la Ley de Caducidad que tiene un nombre bastante increíble. Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, como si el Estado, al castigar los crímenes, fuera un pretencioso. Probablemente eso forma parte del pacto de los militares con los políticos.

–Pero si alguien quisiera reabrir alguna causa contra un dirigente tupamaro, los eventuales delitos estarían prescriptos, a diferencia de lo que pasa con los delitos cometidos desde el poder estatal.

–Yo soy lego, tengo que pensar que los senadores son muy cumplidores de su palabra. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en una campaña perversa dice que lo único que se trata es de dinero. El primero que lo dijo fue Fernández Huidobro. De eso se hizo eco el diario de derecha El País, por ahí también se habló de que queríamos humillar a Uruguay como si eso fuera el propósito. Son cosas de guerra sucia que los que se oponen ahora a la aprobación del proyecto de ley sufrieron en carne propia. Deben haber aprendido mucho. Breccia utiliza el argumento de que hubo dos consultas populares que no lograron la anulación de la Ley de Caducidad. La última fue el año pasado. Pero la primera se hizo poco después de que los militares se fueran y todavía imperaba mucho miedo en la sociedad uruguaya y se ignoraba bastante lo que había ocurrido, no como en Argentina. Y según fuentes confiables, la que se hizo el año pasado fue también saboteada por miembros de este sector del Frente Amplio. Por otro lado, como planteó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, que es un gran jurista, hay temas que no son plebiscitarios porque son responsabilidad del Estado. Castigar los crímenes es una responsabilidad del Estado. A nadie se le ocurriría plebiscitar si tiene que haber libertad de prensa o no, si tiene que haber pobreza o no o si tiene que haber justicia o no, son responsabilidades institucionales del Estado que se deben cumplir.

–¿Cuál es en concreto el reclamo que usted y Macarena le hacen al Estado uruguayo?

–Lo que nosotros pedimos es que la Corte Interamericana conmine a Uruguay a cumplir los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, que declaran que no son prescriptibles los crímenes de lesa humanidad. El Estado uruguayo ha adherido y ratificado esos pactos. Pedimos lo que pedimos toda la vida, que se investigue a fondo la surte de mi nuera y eventualmente que se encuentren los restos.

–¿Confían en que finalmente se pueda hacer justicia en Uruguay?

–Estoy esperando la decisión del Senado, pero aparentemente esta ley no va a salir.

–¿Y que se reabran las causas a partir de decisión de la Corte Interamericana? Los fallos de ese organismo, como las decisiones de la Comisión, fueron un precedente importante para los jueces argentinos.

–Una de las cosas que dicen quienes se oponen es que las decisiones de la Corte no son vinculantes. Pero reírse de las decisiones de la Corte Interamericana es políticamente muy negativo. Eso sí que colocaría al Estado uruguayo en una posición humillante.

–Su abogada señaló que ese caso no debería llamarse Gelman contra Uruguay, sino Gelman con Uruguay, porque están ayudando a que el país pueda hacer justicia.

–Sí. Porque hay muchos otros casos en los que tampoco hay justicia.

Victoria Ginzberg

Fuente: Página 12

El secretario de la Presidencia del Uruguay, Dr. Alberto Breccia, a quien no tengo el disgusto de conocer, acaba de referirse a la denuncia que mi nieta Macarena y yo presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la incapacidad manifiesta del Estado uruguayo de realizar una investigación profunda sobre el destino de mi nuera María Claudia, y madre de Macarena, asesinada por la dictadura uruguaya. El Dr. Breccia es abogado y parece ignorar o finge que ignora cuál es el sentido del litigio. Su anuncio de que sería inconstitucional la anulación de la Ley de Caducidad, que ha impedido despejar esa incógnita, se contradice con la aprobación de la Cámara de Representantes del Uruguay, con el voto de la mayoría oficialista, de un proyecto de ley que interpreta y hace cesar los efectos de dicha ley. Tal vez el presidente Mujica pueda aclarar a la opinión pública internacional el alcance de esta contradicción en el seno de su gobierno y de su fuerza política.

Juan Gelman

Fuente: Página 12

Siguen esperando Justicia
Foto: AFP

"Lo fundamental es que se anule la ley de Caducidad" de Uruguay, planteó a IPS el laureado poeta argentino Juan Gelman, tras cerrarse este martes en esta capital las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de su nuera y el secuestro de su nieta.

Es esa ley la "que ha impedido hasta ahora que se investigue, responsabilice y castigue a los culpables de estas y otras atroces violaciones de los derechos humanos", aseguró el escritor, que acompañó a su nieta, María Macarena Gelman, en la demanda interpuesta contra Uruguay por la desaparición forzada de su madre.

Sin esa derogación "continuará la impunidad que ha reinado estos 25 años en Uruguay. Nadie ha sido sentenciado en firme (en ese país), nadie. Y el Estado sabe quiénes son los culpables, lo conoce", subrayó Gelman.

"Envié en 1999 al entonces presidente (Julio María) Sanguinetti, una carta con 24 nombres de presuntos responsables. Y él no hizo nada, y nadie ha hecho nada, y las cosas están como están", añadió. Sanguinetti gobernó Uruguay en dos periodos: 1985-1990 y 1995-2000.

Su tono, de indignación y hastío, contrastó con la ecuanimidad cansada con que Gelman participó en los dos días de audiencias del caso, que integra el 42 período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana, realizadas en Quito hasta este miércoles 17 por invitación del gobierno ecuatoriano.

El juicio es sobre la desaparición forzada de su nuera, María Claudia García, el secuestro y cambio de identidad de su nieta y la denegación de justicia y reparación, que reclama Macarena Gelman, hallada finalmente en el año 2000, tras ser criada en Uruguay por un inspector de policía y su mujer como si fuera su hija.

Ella confesó a IPS que "por primera vez el tema ha podido ser visto desde todas las miradas. Aunque falten los alegatos finales por escrito y la sentencia de la corte, hemos dado un paso fundamental. Y en ese sentido me siento satisfecha".

Durante su testimonio narró cómo hace 10 años, la que creía su madre le contó la verdad y le dijo que su verdadero abuelo la buscaba y quería contactarla. Quien había funcionado como su padre había muerto meses antes.

El encuentro se dio y la historia se hizo pública en febrero de 2000. Aunque no se sabía aún el paradero de la nieta, el caso ya era conocido por las cartas que Gelman había enviado a Sanguinetti en 1999 y que despertaron una oleada de solidaridad internacional, expresada en decenas de miles de cartas de intelectuales, artistas y ciudadanos de todo el mundo.

Eso también dio la pista para ubicar a Macarena, cuando una vecina del barrio donde vivía contó que la pareja había recibido en 1977 una niña en una canasta. "Un estudio de ADN comprobó con un 99,999997% de certeza que era mi nieta", recordó el abuelo.

"Destaco y celebro que el Estado uruguayo haya reconocido en esta audiencia su responsabilidad y haya declarado estar dispuesto a cumplir la sentencia que emita la Corte, pero la posición del Estado ha sido confusa, parcial y no satisface para nada lo que estamos reclamando en este juicio", añadió Macarena Gelman a IPS.

En los alegatos finales verbales, el representante del Uruguay, Carlos Mata, aceptó la responsabilidad del Estado uruguayo en la violación de los derechos humanos de García, quien consta como desaparecida, y de su hija, "durante el gobierno de facto que rigió en el Uruguay del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985".

Puntualizó que Uruguay ya lo había reconocido por la ley 18596 de 2009. Su primer artículo reconoce el quiebre del estado de derecho, el segundo la responsabilidad en homicidios y desaparición de personas, prácticas sistemáticas de tortura, secuestros y cambio de identidad, y el tercero la reparación integral por la acción u omisión del Estado.

"Es satisfactorio que Uruguay haya dictado esa ley, pero es insuficiente. El gran impedimento es la Ley de Caducidad que somete al poder judicial al poder político y coarta el recurso efectivo a la verdad y la justicia", dijo a IPS Ariela Peralta, que conduce el equipo de abogados del caso.




La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado establece que éste no enjuiciará a los uniformados (militares y policías) acusados de cometer crímenes contra la humanidad durante los años de la dictadura, entre 1973 y 1985.

Aclara que deben ser investigados los casos de detenidos-desaparecidos y los niños y niñas secuestrados. Pero si hay uniformados responsables no podrán ser procesados.

Las intervenciones de los Gelman, abuelo y nieta, y de la testigo Sara Méndez, también presa y torturada en Automotores Orletti en Buenos Aires y luego en Montevideo, sobre lo que supo del caso de la presa embarazada y más tarde de la criatura que había nacido en el Hospital Militar, conmovieron a los asistentes, más de 1.500 repartidos por tres salas.

Gelman relató que estaba exiliado en Roma en 1976 y trabajaba en la agencia internacional Inter Press Service (IPS) cuando recibió la noticia de que su hijo Marcelo, de 20 años, y su nuera María Claudia habían sido secuestrados en Argentina, por agentes de la dictadura de ese país (1976-1983).

Más tarde supo que Marcelo fue asesinado en octubre de ese año con un disparo en la nuca y su cuerpo hallado años más tarde en un tambor relleno de cemento.

En cambio, su nuera, de 19 años y con un embarazo de siete meses, fue primero llevada al campo de concentración bonaerense de Automotores Orletti, por donde pasaron decenas de uruguayos y chilenos, y en octubre de 1976 trasladada a Uruguay por personal militar de este país e internada en un centro de detención ilegal de Montevideo.

Tras dar a luz, García fue asesinada a comienzos de 1977 por un oficial de policía, según las investigaciones adelantadas por Argentina.

Gelman detalló sus intentos para que el segundo gobierno de Sanguinetti se interesara en la investigación, que él había adelantado con la red de víctimas y familiares de víctimas de las dictaduras argentina y uruguaya, y de los continuos tropiezos encontrados, lo que le llevó a presentar el reclamo a la justicia.

Solo en 2008, después que se cerraron inopinadamente dos causas anteriores, quedó abierto un proceso en un tribunal penal uruguayo, pero sin avances hasta ahora, relató el poeta y premio Cervantes 2007, el principal de las letras castellanas.

"Estoy convencido de que existe un tejido civil-militar-judicial que impide el adelanto de las investigaciones y el descubrimiento de los culpables", dijo con énfasis.

"En 11 años de gestiones ante gobiernos uruguayos y la justicia de ese país, no he logrado saber cuál fue la verdad sobre el destino de mi nuera", añadió al finalizar su alegato.

"Por eso espero que esta Corte consiga de alguna manera dentro de sus potestades que el gobierno uruguayo termine con la Ley de Caducidad. Que esta Corte ayude a mi nieta y a mí a hacer el duelo, pues a estas alturas la incertidumbre y la sistemática denegación de la justicia para mi es insoportable", concluyó.

Gonzalo Ortiz

Fuente: IPS

Foto: EFE

La familia Gelman reclamó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) promover los mecanismos necesarios para dejar "sin efecto" la Ley de Caducidad. El poeta argentino habló de una "amplia omertá" para obstaculizar "el camino de la verdad y la justicia".

Juan Gelman y su nieta Macarena, Sara Méndez y la fiscal Guianze declararon en la causa.

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena Gelman solicitaron ayer a la CorteIDH impulsar los mecanismos necesarios para erradicar la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", del ordenamiento jurídico uruguayo por considerarla un obstáculo en la búsqueda de la verdad de los crímenes perpetrados durante la última dictadura.

"Yo espero que esta honorable Corte consiga de alguna manera que el gobierno uruguayo termine con la Ley de Caducidad", declaró Juan Gelman ante los siete ministros de la CorteIDH, durante la audiencia desarrollada en el marco de la demanda entablada por la familia Gelman contra el Estado uruguayo, por la vigencia de la norma.

En este sentido, el Estado uruguayo no brindó "absolutamente ningún apoyo" en la búsqueda de los restos de su nuera, María Claudia García, ni del paradero de la propia Macarena, siendo la Ley de Caducidad un obstáculo para el acceso a la Justicia de las víctimas del terrorismo de Estado. Gelman estimó necesario "voluntad política, más allá de las palabras".

Sin embargo, "pareciera que en nuestras sociedades existiera una especie de omertá, no sólo la militar, que niega la información, sino una omertá mucho más amplia, una suerte de tejido civil, militar, judicial, por el que se obstaculiza el camino de la verdad y por consiguiente el camino de la justicia", expresó Gelman ante la CorteIDH.

En tanto, Macarena Gelman catalogó como "bueno" el relacionamiento tenido con el actual y anterior gobierno uruguayo, pero estimó que si el Estado brindara los recursos humanos y materiales necesarios, podría esclarecerse en forma definitiva el paradero de los restos de su madre. "Los eventuales responsables viven hoy día y tienen esa información", señaló Macarena. Asimismo, la joven reclamó dejar sin efecto la Ley de Caducidad para que "la Justicia actúe libremente" en las causas vinculadas a los crímenes de lesa humanidad.

Poder Judicial subordinado

La fiscal Mirtha Guianze afirmó que la aprobación de la Ley de Caducidad supuso "una subordinación del Poder Judicial al poder político", en virtud de la disposición emanada del artículo 3 de la norma, por la cual se establece que los jueces deben consultar en forma preceptiva al Poder Ejecutivo para determinarse si los casos están o no amparados en la norma.

La representante del Ministerio Público compareció ante la CorteIDH como uno de los peritos propuestos por la familia Gelman, como forma de narrar los inconvenientes ocasionados por la vigencia de la Ley de Caducidad en la indagatoria penal de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado en dictadura.

En este sentido, Guianze estimó que la normativa impugnada por la familia Gelman "consolidó la impunidad", por cuanto "clausuró por completo las investigaciones que se venían realizando" sobre la participación de militares y policías en delitos de lesa humanidad.

La fiscal valoró el cambio de criterio del Poder Ejecutivo durante la gestión de Tabaré Vázquez para determinar los casos amparados o no dentro de la norma, como forma de avanzar en varias de la indagatorias sustanciadas. Sin embargo, "la interpretación puede cambiar si cambia el gobierno o el criterio del presidente", señaló Guianze.

La misma situación puede presentarse con la posición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), disponiendo la inconstitucionalidad de la norma, estimó Guianze. "La Ley de Caducidad existe y consagra la impunidad, porque la inconstitucionalidad se aplica al caso concreto", y con una nueva integración "el criterio puede cambiar", dijo.

La normativa uruguaya no permite revisar los casos ya resueltos en 1988, cuando el máximo órgano del Poder Judicial declaró la constitucionalidad de la norma. "No podemos reabrir esos casos", con lo cual la norma "sigue siendo una barrera infranqueable", afirmó Guianze.

Conformación de verdad

Por su parte, la activista por los derechos humanos y ex presa política Sara Méndez afirmó que "el avance que ha tenido las Justicia para conocer los hechos y para poder conformar una verdad sobre los acontecimientos (de la dictadura) ha sido en base a las víctimas, que han trabajado durante muchísimos años para obtener los datos".

En este sentido, Méndez afirmó que muchos detalles pudieron conocerse en base al testimonio de ex presos políticos "que en un contexto muy difícil del Uruguay" prestaron colaboración con los militares, por lo cual "tuvieron contactos directos con la guardia y conocimiento de los archivos" vinculados con los interrogatorios de otros detenidos.

Asimismo, "casi un 90% de los delitos cometidos durante el período de la dictadura", cuyas denuncias fueron presentadas ante la Justicia en los primeros meses posdictadura, "quedaron paralizados" en virtud de lo dispuesto por la Ley de Caducidad, señaló Méndez.

La demanda de la familia Gelman contra el Estado uruguayo fue interpuesta en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (violación de las garantías judiciales y de protección judicial de las víctimas), entre otros, ante la clausura de la indagatoria judicial en Uruguay por el crimen de María Claudia García, en atención de los preceptos emanados por la Ley de Caducidad.

El proceso culminó el pasado 21 de enero cuando la CIDH resolvió elevar el caso ante la CorteIDH, cuyos fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio para los Estados. La sentencia del máximo órgano jurisdiccional del concierto interamericano se conocería sobre principios de 2011.

Fuente: La República

URUGUAY ANTE LA CORTE INTERAMERICANA POR LA IMPUNIDAD DE CRÍMENES COMETIDOS AL AMPARO DEL PLAN CÓNDOR

El hijo de Gelman, Marcelo, y su nuera, María Claudia García, que estaba embarazada, fueron secuestrados y torturados por agentes estatales en Argentina en 1976.

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena declararán el lunes y martes en Quito en el marco de las 42 sesiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la la audiencia del caso Gelman vs Uruguay, informó hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El hijo de Gelman, Marcelo, y su nuera, María Claudia García, que estaba embarazada, fueron secuestrados y torturados por agentes estatales en Argentina en 1976. Marcelo fue asesinado el mismo año y apareció en 1989 en Buenos Aires, enterrado como NN. García fue trasladada a Uruguay, donde desapareció tras dar a luz en 1976. La niña recién nacida fue criada por un policía uruguayo y supo su verdadera identidad 20 años después.

La Ley de Caducidad, aprobada en un referéndum en 1989 en Uruguay, impide la investigación y justicia en el caso. La ley impide juzgar los delitos cometidos por funcionarios militares y policiales durante la dictadura en Uruguay (entre junio de 1973 y marzo de 1985).

Gelman y su nieta, representados por el Cejil, denunciaron en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo por la supuesta violación de numerosos derechos protegidos por tratados interamericanos suscritos por Montevideo.

En 2007 la Comisión declaró admisible el caso y en enero de este año presentó una denuncia por el caso ante la Corte. Es la primera demanda contra Uruguay que la CIDH eleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se trata de un caso emblemático de las graves violaciones a los derechos humanos realizadas en el marco de la Operación Cóndor, acuerdo de colaboración entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, en los años setenta.

Fuente: La Jornada