El ministro de Defensa Luis Rosadilla y el Secretario de Presidencia, Alberto Breccia, respondieron a la carta del Foro Libertad y Concordia. "La democracia y las instituciones están en plena vigencia", afirmaron.
En conferencia de prensa el ministro de Defensa Luis Rosadilla y el Secretario de Presidencia Alberto Breccia leyeron un comunicado en respuesta a la carta del Foro Libertad y Concordia destacando que "a ningún ciudadano" se le permitirá no acatar las determinaciones de la Justicia.
Además recuerda que los integrantes de las FFAA tienen prohibido participar en actividades de carácter político, "no es admisible que se intente que las FFAA acojan como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos".
"El Poder Ejecutivo respeta y garantiza la libertad de expresión consagrada como un derecho humano fundamental en la Constitución", señala el comunicado que agrega la convocatoria a un debate de ideas "sin recurrir a presiones, amenazas o descalificaciones".
"En el transcurso del presente período de gobierno el presidente de la República y el ministro de Defensa Nacional han mantenido innumerables reuniones conjuntas o por separado con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y con los comandantes de las Fuerzas Armadas, en todas las ocasiones se autorizó a los señores generales a expresar sus opiniones e inquietudes", agrega la misiva.
La declaración califica como "objetivo prioritario" del gobierno nacional la "búsqueda de la unidad nacional y la convivencia armónica de los orientales", a la que debe accederse a través del "respeto integral de las normas constitucionales"
Fuente: Montevideo Portal
Nota de edición: Sin VERDAD y JUSTICIA no puede existir "la unidad nacional y la convivencia armónica de los orientales" de los que habla el gobierno. Y si esto no fue una amenaza a la democracia, nos gustaría saber qué tiene que pasar para que el gobierno se considere amenazado.
El secretario de la Presidencia del Uruguay, Dr. Alberto Breccia, a quien no tengo el disgusto de conocer, acaba de referirse a la denuncia que mi nieta Macarena y yo presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la incapacidad manifiesta del Estado uruguayo de realizar una investigación profunda sobre el destino de mi nuera María Claudia, y madre de Macarena, asesinada por la dictadura uruguaya. El Dr. Breccia es abogado y parece ignorar o finge que ignora cuál es el sentido del litigio. Su anuncio de que sería inconstitucional la anulación de la Ley de Caducidad, que ha impedido despejar esa incógnita, se contradice con la aprobación de la Cámara de Representantes del Uruguay, con el voto de la mayoría oficialista, de un proyecto de ley que interpreta y hace cesar los efectos de dicha ley. Tal vez el presidente Mujica pueda aclarar a la opinión pública internacional el alcance de esta contradicción en el seno de su gobierno y de su fuerza política.
