Foto: Patricio Terán

Recientemente se celebró una audiencia pública en el primer caso sobre Uruguay que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana. Conocido como el “Caso Gelman”, trata sobre la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, el nacimiento en cautiverio de su hija, María Macarena, la separación involuntaria de madre e hija; las violaciones que produjo la supresión de identidad y nacionalidad de María Macarena; la búsqueda incesante del paradero de María Claudia y María Macarena por Juan Gelman y sus familiares; y la búsqueda infructuosa de verdad y justicia por parte de las víctimas y sus familiares.

Estos hechos ocurrieron en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los países de la región, efectuadas en el marco del llamado “Plan Cóndor” y que se caracterizó por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y apropiación de niños, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.

Frente a estas graves violaciones, tanto Uruguay como otros países de la región respondieron de la misma manera: garantizaron la impunidad para los asesinos y torturadores mediante la sanción de leyes de amnistía. Así fue en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Perú y El Salvador, entre otros.

La Comisión y la Corte Interamericana ya han tenido la oportunidad de referirse a la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente, la Corte lo ha hecho en los casos Barrios Altos contra Perú y Almonacid contra Chile. No hay motivo para pensar que la decisión en el Caso Gelman no estará en consonancia con la jurisprudencia del sistema interamericano. Muy posiblemente, la Corte vuelva a ratificar esa jurisprudencia y le pida al Estado de Uruguay que deje sin efecto la Ley de Caducidad.

El concepto central que resume esta jurisprudencia de la Corte se encuentra en el caso Barrios Altos de Perú: “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Este párrafo puede ser copiado en forma textual en el caso Gelman.

Los límites de la soberanía popular

Pero este caso puede, además, enriquecer aún más esta jurisprudencia del sistema interamericano. En la defensa de este caso y los otros casos en trámite ante la Comisión relacionados con la ley de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, el Estado uruguayo argumentó, entre otras cosas, la imposibilidad de derogar dicha ley debido a que la población rechazó la derogación en un referéndum en 1989 y rechazó la anulación en un plebiscito en 2009. Este argumento es insostenible. Existe una limitación general que prohíbe iniciativas populares contrarias a normas internacionales inderogables. Es decir, hay ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, que se encuentran fuera del ámbito de la democracia directa, porque ningún Estado de Derecho puede sustraerse de dichas normas. El mismo Estado uruguayo reconoció este principio en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Sabalsagaray, que reconoce claramente que la tutela de los derechos fundamentales como la vida y libertad personal caen fuera de los límites de los asuntos a ser decididos a través de consultas populares: “No hay voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados” los derechos fundamentales.

El hecho de que la Ley de Caducidad no haya sido aplicada por la Justicia uruguaya en algunos casos es un avance, pero es claramente insuficiente. El derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe estar garantizado con un procedimiento de aplicación general, no solamente para un caso individual; debe tener efectos retroactivos, debe permitir la reapertura de los casos archivados, no debe depender de la voluntad política de un gobierno y debe garantizar la permanencia en el tiempo independientemente de los cambios regulares del sistema democrático. Sólo de esta manera quedarán satisfechos los requisitos de la Convención Americana, ratificada por Uruguay 25 días después de la asunción del primer presidente electo tras el fin de la dictadura militar uruguaya.

A fin de cumplir con sus obligaciones internacionales, Uruguay debe investigar las atrocidades perpetradas y sancionar a los responsables. Las víctimas de este caso y de todas las violaciones ocurridas tienen derecho a la verdad y a la justicia. La ciudadanía uruguaya tiene derecho a la verdad y a la justicia.

Es indudable que este caso trasciende a las víctimas del mismo. Miles de personas fueron víctimas directas de las atrocidades que cometieron aquellos que creyeron tener el derecho sobre la vida y la muerte. Y millones fueron víctimas por la destrucción del sistema democrático, garantía principal para la vigencia y defensa de los derechos humanos. Terminar con la impunidad por esos hechos es uno de los principales desafíos pendientes de nuestras democracias.

La incansable búsqueda de justicia de Juan y Macarena es la búsqueda de miles de latinoamericanos que fueron víctimas de las peores atrocidades que pueda realizar el ser humano. Gracias a ellos, la verdad y la justicia están lentamente avanzando. Dependerá de nosotros y de las generaciones futuras mantener viva la memoria para evitar que el horror vuelva a reinar.

Santiago A. Canton
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Fuente: Página 12

Foto: EFE

"El gobierno (uruguayo) no nos ha propuesto negociar ni a mi nieta ni a mí. Son esas y otras mentiras las que están haciendo circular."

El poeta argentino Juan Gelman negó que el gobierno uruguayo haya propuesto a su familia negociar la indemnización reclamada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de su nuera María Claudia García.

"El gobierno (uruguayo) no nos ha propuesto negociar ni a mi nieta ni a mí. Son esas y otras mentiras las que están haciendo circular", afirmó Gelman a la AFP. Estas declaraciones fueron realizadas el viernes por la noche durante la participación del poeta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Hace dos semanas había trascendido que la cancillería uruguaya había propuesto negociar la indemnización que solicita ante la corte la familia de María Claudia García de Gelman, desaparecida durante la dictadura (1973-1985).

La versión de prensa afirmaba que Macarena, hija de García y nieta de Juan Gelman, tenía una postura flexible ante la oferta pero que el escritor mantenía una "posición radical" y pretendía que Uruguay "se humille" atendiendo todos los aspectos de lo que reclamó ante la Corte de la OEA.

Gelman rechazó el viernes esta versión. "Mi nieta y yo estamos de acuerdo y damos los pasos juntos", aseguró.

La Corte Interamericana de DDHH concluyó a mediados de noviembre en Quito la audiencia oral en la demanda interpuesta por Macarena Gelman contra Uruguay. El gobierno admitió la responsabilidad del Estado en la violación de las garantías fundamentales de María Claudia García.

El tribunal recibirá los alegatos escritos hasta el 10 de diciembre.

Fuente: Montevideo Portal

El secretario de la Presidencia del Uruguay, Dr. Alberto Breccia, a quien no tengo el disgusto de conocer, acaba de referirse a la denuncia que mi nieta Macarena y yo presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la incapacidad manifiesta del Estado uruguayo de realizar una investigación profunda sobre el destino de mi nuera María Claudia, y madre de Macarena, asesinada por la dictadura uruguaya. El Dr. Breccia es abogado y parece ignorar o finge que ignora cuál es el sentido del litigio. Su anuncio de que sería inconstitucional la anulación de la Ley de Caducidad, que ha impedido despejar esa incógnita, se contradice con la aprobación de la Cámara de Representantes del Uruguay, con el voto de la mayoría oficialista, de un proyecto de ley que interpreta y hace cesar los efectos de dicha ley. Tal vez el presidente Mujica pueda aclarar a la opinión pública internacional el alcance de esta contradicción en el seno de su gobierno y de su fuerza política.

Juan Gelman

Fuente: Página 12

Siguen esperando Justicia
Foto: AFP

"Lo fundamental es que se anule la ley de Caducidad" de Uruguay, planteó a IPS el laureado poeta argentino Juan Gelman, tras cerrarse este martes en esta capital las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de su nuera y el secuestro de su nieta.

Es esa ley la "que ha impedido hasta ahora que se investigue, responsabilice y castigue a los culpables de estas y otras atroces violaciones de los derechos humanos", aseguró el escritor, que acompañó a su nieta, María Macarena Gelman, en la demanda interpuesta contra Uruguay por la desaparición forzada de su madre.

Sin esa derogación "continuará la impunidad que ha reinado estos 25 años en Uruguay. Nadie ha sido sentenciado en firme (en ese país), nadie. Y el Estado sabe quiénes son los culpables, lo conoce", subrayó Gelman.

"Envié en 1999 al entonces presidente (Julio María) Sanguinetti, una carta con 24 nombres de presuntos responsables. Y él no hizo nada, y nadie ha hecho nada, y las cosas están como están", añadió. Sanguinetti gobernó Uruguay en dos periodos: 1985-1990 y 1995-2000.

Su tono, de indignación y hastío, contrastó con la ecuanimidad cansada con que Gelman participó en los dos días de audiencias del caso, que integra el 42 período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana, realizadas en Quito hasta este miércoles 17 por invitación del gobierno ecuatoriano.

El juicio es sobre la desaparición forzada de su nuera, María Claudia García, el secuestro y cambio de identidad de su nieta y la denegación de justicia y reparación, que reclama Macarena Gelman, hallada finalmente en el año 2000, tras ser criada en Uruguay por un inspector de policía y su mujer como si fuera su hija.

Ella confesó a IPS que "por primera vez el tema ha podido ser visto desde todas las miradas. Aunque falten los alegatos finales por escrito y la sentencia de la corte, hemos dado un paso fundamental. Y en ese sentido me siento satisfecha".

Durante su testimonio narró cómo hace 10 años, la que creía su madre le contó la verdad y le dijo que su verdadero abuelo la buscaba y quería contactarla. Quien había funcionado como su padre había muerto meses antes.

El encuentro se dio y la historia se hizo pública en febrero de 2000. Aunque no se sabía aún el paradero de la nieta, el caso ya era conocido por las cartas que Gelman había enviado a Sanguinetti en 1999 y que despertaron una oleada de solidaridad internacional, expresada en decenas de miles de cartas de intelectuales, artistas y ciudadanos de todo el mundo.

Eso también dio la pista para ubicar a Macarena, cuando una vecina del barrio donde vivía contó que la pareja había recibido en 1977 una niña en una canasta. "Un estudio de ADN comprobó con un 99,999997% de certeza que era mi nieta", recordó el abuelo.

"Destaco y celebro que el Estado uruguayo haya reconocido en esta audiencia su responsabilidad y haya declarado estar dispuesto a cumplir la sentencia que emita la Corte, pero la posición del Estado ha sido confusa, parcial y no satisface para nada lo que estamos reclamando en este juicio", añadió Macarena Gelman a IPS.

En los alegatos finales verbales, el representante del Uruguay, Carlos Mata, aceptó la responsabilidad del Estado uruguayo en la violación de los derechos humanos de García, quien consta como desaparecida, y de su hija, "durante el gobierno de facto que rigió en el Uruguay del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985".

Puntualizó que Uruguay ya lo había reconocido por la ley 18596 de 2009. Su primer artículo reconoce el quiebre del estado de derecho, el segundo la responsabilidad en homicidios y desaparición de personas, prácticas sistemáticas de tortura, secuestros y cambio de identidad, y el tercero la reparación integral por la acción u omisión del Estado.

"Es satisfactorio que Uruguay haya dictado esa ley, pero es insuficiente. El gran impedimento es la Ley de Caducidad que somete al poder judicial al poder político y coarta el recurso efectivo a la verdad y la justicia", dijo a IPS Ariela Peralta, que conduce el equipo de abogados del caso.




La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado establece que éste no enjuiciará a los uniformados (militares y policías) acusados de cometer crímenes contra la humanidad durante los años de la dictadura, entre 1973 y 1985.

Aclara que deben ser investigados los casos de detenidos-desaparecidos y los niños y niñas secuestrados. Pero si hay uniformados responsables no podrán ser procesados.

Las intervenciones de los Gelman, abuelo y nieta, y de la testigo Sara Méndez, también presa y torturada en Automotores Orletti en Buenos Aires y luego en Montevideo, sobre lo que supo del caso de la presa embarazada y más tarde de la criatura que había nacido en el Hospital Militar, conmovieron a los asistentes, más de 1.500 repartidos por tres salas.

Gelman relató que estaba exiliado en Roma en 1976 y trabajaba en la agencia internacional Inter Press Service (IPS) cuando recibió la noticia de que su hijo Marcelo, de 20 años, y su nuera María Claudia habían sido secuestrados en Argentina, por agentes de la dictadura de ese país (1976-1983).

Más tarde supo que Marcelo fue asesinado en octubre de ese año con un disparo en la nuca y su cuerpo hallado años más tarde en un tambor relleno de cemento.

En cambio, su nuera, de 19 años y con un embarazo de siete meses, fue primero llevada al campo de concentración bonaerense de Automotores Orletti, por donde pasaron decenas de uruguayos y chilenos, y en octubre de 1976 trasladada a Uruguay por personal militar de este país e internada en un centro de detención ilegal de Montevideo.

Tras dar a luz, García fue asesinada a comienzos de 1977 por un oficial de policía, según las investigaciones adelantadas por Argentina.

Gelman detalló sus intentos para que el segundo gobierno de Sanguinetti se interesara en la investigación, que él había adelantado con la red de víctimas y familiares de víctimas de las dictaduras argentina y uruguaya, y de los continuos tropiezos encontrados, lo que le llevó a presentar el reclamo a la justicia.

Solo en 2008, después que se cerraron inopinadamente dos causas anteriores, quedó abierto un proceso en un tribunal penal uruguayo, pero sin avances hasta ahora, relató el poeta y premio Cervantes 2007, el principal de las letras castellanas.

"Estoy convencido de que existe un tejido civil-militar-judicial que impide el adelanto de las investigaciones y el descubrimiento de los culpables", dijo con énfasis.

"En 11 años de gestiones ante gobiernos uruguayos y la justicia de ese país, no he logrado saber cuál fue la verdad sobre el destino de mi nuera", añadió al finalizar su alegato.

"Por eso espero que esta Corte consiga de alguna manera dentro de sus potestades que el gobierno uruguayo termine con la Ley de Caducidad. Que esta Corte ayude a mi nieta y a mí a hacer el duelo, pues a estas alturas la incertidumbre y la sistemática denegación de la justicia para mi es insoportable", concluyó.

Gonzalo Ortiz

Fuente: IPS

Foto: EFE

La familia Gelman reclamó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) promover los mecanismos necesarios para dejar "sin efecto" la Ley de Caducidad. El poeta argentino habló de una "amplia omertá" para obstaculizar "el camino de la verdad y la justicia".

Juan Gelman y su nieta Macarena, Sara Méndez y la fiscal Guianze declararon en la causa.

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena Gelman solicitaron ayer a la CorteIDH impulsar los mecanismos necesarios para erradicar la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", del ordenamiento jurídico uruguayo por considerarla un obstáculo en la búsqueda de la verdad de los crímenes perpetrados durante la última dictadura.

"Yo espero que esta honorable Corte consiga de alguna manera que el gobierno uruguayo termine con la Ley de Caducidad", declaró Juan Gelman ante los siete ministros de la CorteIDH, durante la audiencia desarrollada en el marco de la demanda entablada por la familia Gelman contra el Estado uruguayo, por la vigencia de la norma.

En este sentido, el Estado uruguayo no brindó "absolutamente ningún apoyo" en la búsqueda de los restos de su nuera, María Claudia García, ni del paradero de la propia Macarena, siendo la Ley de Caducidad un obstáculo para el acceso a la Justicia de las víctimas del terrorismo de Estado. Gelman estimó necesario "voluntad política, más allá de las palabras".

Sin embargo, "pareciera que en nuestras sociedades existiera una especie de omertá, no sólo la militar, que niega la información, sino una omertá mucho más amplia, una suerte de tejido civil, militar, judicial, por el que se obstaculiza el camino de la verdad y por consiguiente el camino de la justicia", expresó Gelman ante la CorteIDH.

En tanto, Macarena Gelman catalogó como "bueno" el relacionamiento tenido con el actual y anterior gobierno uruguayo, pero estimó que si el Estado brindara los recursos humanos y materiales necesarios, podría esclarecerse en forma definitiva el paradero de los restos de su madre. "Los eventuales responsables viven hoy día y tienen esa información", señaló Macarena. Asimismo, la joven reclamó dejar sin efecto la Ley de Caducidad para que "la Justicia actúe libremente" en las causas vinculadas a los crímenes de lesa humanidad.

Poder Judicial subordinado

La fiscal Mirtha Guianze afirmó que la aprobación de la Ley de Caducidad supuso "una subordinación del Poder Judicial al poder político", en virtud de la disposición emanada del artículo 3 de la norma, por la cual se establece que los jueces deben consultar en forma preceptiva al Poder Ejecutivo para determinarse si los casos están o no amparados en la norma.

La representante del Ministerio Público compareció ante la CorteIDH como uno de los peritos propuestos por la familia Gelman, como forma de narrar los inconvenientes ocasionados por la vigencia de la Ley de Caducidad en la indagatoria penal de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado en dictadura.

En este sentido, Guianze estimó que la normativa impugnada por la familia Gelman "consolidó la impunidad", por cuanto "clausuró por completo las investigaciones que se venían realizando" sobre la participación de militares y policías en delitos de lesa humanidad.

La fiscal valoró el cambio de criterio del Poder Ejecutivo durante la gestión de Tabaré Vázquez para determinar los casos amparados o no dentro de la norma, como forma de avanzar en varias de la indagatorias sustanciadas. Sin embargo, "la interpretación puede cambiar si cambia el gobierno o el criterio del presidente", señaló Guianze.

La misma situación puede presentarse con la posición de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), disponiendo la inconstitucionalidad de la norma, estimó Guianze. "La Ley de Caducidad existe y consagra la impunidad, porque la inconstitucionalidad se aplica al caso concreto", y con una nueva integración "el criterio puede cambiar", dijo.

La normativa uruguaya no permite revisar los casos ya resueltos en 1988, cuando el máximo órgano del Poder Judicial declaró la constitucionalidad de la norma. "No podemos reabrir esos casos", con lo cual la norma "sigue siendo una barrera infranqueable", afirmó Guianze.

Conformación de verdad

Por su parte, la activista por los derechos humanos y ex presa política Sara Méndez afirmó que "el avance que ha tenido las Justicia para conocer los hechos y para poder conformar una verdad sobre los acontecimientos (de la dictadura) ha sido en base a las víctimas, que han trabajado durante muchísimos años para obtener los datos".

En este sentido, Méndez afirmó que muchos detalles pudieron conocerse en base al testimonio de ex presos políticos "que en un contexto muy difícil del Uruguay" prestaron colaboración con los militares, por lo cual "tuvieron contactos directos con la guardia y conocimiento de los archivos" vinculados con los interrogatorios de otros detenidos.

Asimismo, "casi un 90% de los delitos cometidos durante el período de la dictadura", cuyas denuncias fueron presentadas ante la Justicia en los primeros meses posdictadura, "quedaron paralizados" en virtud de lo dispuesto por la Ley de Caducidad, señaló Méndez.

La demanda de la familia Gelman contra el Estado uruguayo fue interpuesta en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (violación de las garantías judiciales y de protección judicial de las víctimas), entre otros, ante la clausura de la indagatoria judicial en Uruguay por el crimen de María Claudia García, en atención de los preceptos emanados por la Ley de Caducidad.

El proceso culminó el pasado 21 de enero cuando la CIDH resolvió elevar el caso ante la CorteIDH, cuyos fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio para los Estados. La sentencia del máximo órgano jurisdiccional del concierto interamericano se conocería sobre principios de 2011.

Fuente: La República

URUGUAY ANTE LA CORTE INTERAMERICANA POR LA IMPUNIDAD DE CRÍMENES COMETIDOS AL AMPARO DEL PLAN CÓNDOR

El hijo de Gelman, Marcelo, y su nuera, María Claudia García, que estaba embarazada, fueron secuestrados y torturados por agentes estatales en Argentina en 1976.

El poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena declararán el lunes y martes en Quito en el marco de las 42 sesiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la la audiencia del caso Gelman vs Uruguay, informó hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El hijo de Gelman, Marcelo, y su nuera, María Claudia García, que estaba embarazada, fueron secuestrados y torturados por agentes estatales en Argentina en 1976. Marcelo fue asesinado el mismo año y apareció en 1989 en Buenos Aires, enterrado como NN. García fue trasladada a Uruguay, donde desapareció tras dar a luz en 1976. La niña recién nacida fue criada por un policía uruguayo y supo su verdadera identidad 20 años después.

La Ley de Caducidad, aprobada en un referéndum en 1989 en Uruguay, impide la investigación y justicia en el caso. La ley impide juzgar los delitos cometidos por funcionarios militares y policiales durante la dictadura en Uruguay (entre junio de 1973 y marzo de 1985).

Gelman y su nieta, representados por el Cejil, denunciaron en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo por la supuesta violación de numerosos derechos protegidos por tratados interamericanos suscritos por Montevideo.

En 2007 la Comisión declaró admisible el caso y en enero de este año presentó una denuncia por el caso ante la Corte. Es la primera demanda contra Uruguay que la CIDH eleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se trata de un caso emblemático de las graves violaciones a los derechos humanos realizadas en el marco de la Operación Cóndor, acuerdo de colaboración entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, en los años setenta.

Fuente: La Jornada

Foto: AFP

La nieta del poeta Juan Gelman espera que con esta medida se reactive la investigación. Ayer, en conferencia de prensa, anunció su viaje a Ecuador para asistir a la audiencia de la CIDH. “Es muy difícil para mí”, explicó.

Uruguay se sentará el próximo lunes 4 de octubre en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Quito, se tratará la denuncia que presentó Macarena Gelman por la desaparición de su madre, María Claudia García. La nieta del poeta Juan Gelman espera que con esta medida se reactive la investigación. Ayer, en una conferencia de prensa en la capital uruguaya, anunció su viaje a Ecuador para la reunión de la CIDH.

“Es muy difícil para mí enfrentarme a mi propio país, o al país que me impusieron, porque nací y crecí acá”, dijo la mujer, de 33 años. “No es algo que me alegre, me da cierta tristeza”, comentó a este diario desde Montevideo.

El 8 de mayo de 2006, Macarena Gelman interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque, según la joven, en su país no había justicia por la desaparición de su madre. En julio de 2008, la CIDH emitió unas recomendaciones al Estado uruguayo para avanzar en el camino de la justicia. Pero ante el incumplimiento de esos pasos, la CIDH elevó el informe a la Corte Interamericana, que tratará el lunes 4 de octubre el caso en Quito. “Lo esperamos con mucha expectativa”, confió a Página/12 Macarena Gelman. “Es una instancia de concreción de un proceso que lleva cuatro años”.

La joven viajará a Ecuador junto con su abuelo. Los acompañará como testigo Sara Méndez, quien estuvo detenida en Automotores Orletti junto con el hijo y la nuera de Juan Gelman. También, la fiscal Mirtha Guianze y el historiador Gerardo Caetano oficiarán de peritos de la parte demandante. El Estado uruguayo tendrá que designar un representante que dé explicaciones por la demora del Caso Gelman.

María Claudia García Iruretagoyena fue secuestrada el 24 de agosto de 1976 junto con Marcelo Gelman. Ella tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses. La pareja fue llevada al centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, una sede del Plan Cóndor.

Los restos de Marcelo fueron encontrados en 1989 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). De María Claudia se supo que fue trasladada por oficiales de la Fuerza Aérea uruguaya al Servicio de Información de Defensa (SID). María Claudia y Macarena estuvieron juntas hasta aproximadamente diciembre de 1976 en esa dependencia de Montevideo. Los represores dejaron el 14 de enero de 1977 a la beba en una cesta en la puerta de la casa de la familia del ex policía Angel Tauriño. Después de años de búsqueda, su abuelo, Juan Gelman, la encontró en los primeros meses de 2000. Macarena todavía busca los restos de su madre.

Durante la presidencia del frenteamplista Tabaré Vázquez, la causa por la desaparición de María Claudia se reabrió en dos oportunidades, en 2005 y en 2008, pero los avances han sido casi nulos. “Actualmente la causa sigue su curso. No ha habido investigación. No ha habido hechos concretos. No siento que exista una voluntad política, más allá de palabras”, denunció la nieta del poeta. “Lo que se ha hecho es una acumulación de papeles y pruebas que pueden alcanzar para condenar, pero no indica que haya investigación, porque la Justicia no es sólo castigar a los culpables sino que representa la verdad. Y, de verdad, yo no he obtenido nada en diez años”, La prensa uruguaya publicó en los últimos días que el oficialismo está apurando la aprobación de un proyecto de ley para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y que impide que se juzgue a los represores de la dictadura uruguaya. “Impunidad existe porque hay una ley que la consagra”, se quejó Macarena, quien ve con buenos ojos que desde el Frente Amplio se esté avanzando para terminar con esa normativa. “Sería muy satisfactorio que se concretara, porque sigue siendo un proyecto de ley. Pero es bueno que el Estado tome esa iniciativa”.

Según difundió el diario uruguayo La República, la bancada oficialista espera que la Cámara de Diputados le otorgue entre el 5 y el 6 de octubre la media sanción al proyecto y que después pase rápidamente al Senado. La prensa local explicó que el gobierno pretende que se sancione la ley interpretativa antes de que terminen las audiencias en Quito.

Dicha ley podría evitar que el organismo falle en contra de Uruguay por no respetar la legislación internacional que obliga a avanzar en materia de verdad y justicia. “Lo último que quería yo era llegar a esta instancia”, explicó ayer Macarena Gelman en la conferencia de prensa. La Corte Interamericana puede emitir una sentencia inapelable y de cumplimiento obligatorio. Eso es lo que espera Macarena: “Hay gente que renuncia a la justicia pero ésa no es mi opción. Yo no renuncio a la justicia y quiero una justicia plena”.

Informe: Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

Macarena Gelman reclamó un "trabajo más profundo" y "una línea y voluntad clara del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial" en la búsqueda de los restos de detenidos desaparecidos. "Los trabajos en materia de investigación han sido insuficientes", estimó la joven.

La joven Macarena Gelman afirmó que los trabajos impulsados por el Estado en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos por el accionar represivo de la última dictadura cívico-militar han sido "insuficientes", por lo cual debería "profundizarse" la investigación en procura de información "concreta y precisa" sobre el paradero de los restos.

"No existen líneas ni estrategias claras de investigación. Reconozco el trabajo de todos los ámbitos y no desacredito el material publicado por el Estado en la materia, todo lo aprecio, pero debería impulsarse un trabajo más profundo, con una línea y voluntad clara, necesariamente coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial", en materia de búsqueda de los restos, valoró Gelman en diálogo con La República.

En este sentido, la joven afirmó que debería "investigarse realmente" y procurar obtener "información concreta y precisa" sobre el destino de los desaparecidos. El hallazgo de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando Miranda, tras el aporte de datos "concretos y precisos" sobre su paradero, demuestra "el importante grado de conocimiento de algunas personas sobre el lugar preciso de entierro de los restos", expresó.

En tanto, Gelman afirmó aguardar con "escepticismo" el resultado de las futuras excavaciones en el Batallón Nº 14 (ver columna), por cuanto ha tenido varias "experiencias negativas", como el anterior ingreso a dicha unidad militar o el informe del perito forense Horacio Solla, en el cual se determinó una alta probabilidad que un cráneo hallado en el cementerio de Vichadero (Rivera) correspondiera a María Claudia García, lo cual fue descartado por exámenes de ADN.

"Es un tema de protección de mi estado emocional", dijo Gelman. La joven estimó que no existen "datos concretos" referidos a que la reanudación de las excavaciones corresponda a la búsqueda de su madre. "No termina convenciéndome que el ingreso sea en busca de mi mamá, porque los motivos son generales. Decir que esto es exclusivamente en la búsqueda de mi mamá me produce una sensación extraña", señaló.

"Es una oportunidad"

Macarena Gelman consideró que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fijar audiencia en el litigio impulsado contra el Estado uruguayo por la imposibilidad de acceso a la Justicia "era esperable" y será la concreción de un momento "largamente esperado".

"Es la oportunidad que tengo para plantear mi situación y ser escuchada en una instancia internacional, ya que en Uruguay no he obtenido demasiadas respuestas". "Lamento que el tema se tenga que plantear en esta instancia pero no tengo otra posibilidad", explicó.

En este sentido, Macarena afirmó que "no han habido grandes avances en la respuesta del Estado" para posibilitar el acceso a la Justicia de las víctimas del aparato represivo del Estado en dictadura. "Si bien existen ciertas iniciativas no se ha concretado ninguna". Sin embargo, la joven reconoció que existe un cambio en la postura del Estado, "aunque no de la manera que uno hubiera preferido, es decir, por el convencimiento de que la Ley de Caducidad es nociva desde todo punto de vista". "Que el cambio se produzca en el marco de una demanda tiene su parte decepcionante", afirmó Gelman.

El Estado uruguayo deberá comparecer por primera vez en la historia ante la Corte IDH el próximo 4 de octubre. Varios testigos declararán, en dicha instancia, sobre los efectos de la Ley de Caducidad en las investigaciones judiciales impulsadas en Uruguay por graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Mauricio Pérez

Fuente: La República

Macarena Gelman comparecerá el próximo jueves 5 de agosto ante la Justicia argentina para declarar en la causa por la cual se indagan los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti", entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF1) inició el pasado 3 de junio el proceso oral contra seis agentes de la dictadura argentina, por las violaciones a los derechos humanos perpetrados en dicho centro clandestino de detención, con la lectura de la acusación del fiscal Federico Delgado.

El cronograma de audiencias pautada por el TOF1 determina la continuidad de la lectura de la acusación hasta el próximo 17 de junio, tras lo cual se le tomará declaración a los seis imputados: los represores Néstor Guillamondegui, Rubén Visuara, Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo. El 8 de julio comenzará el testimonio de los testigos.

El 5 de agosto comparecerá Macarena Gelman. La joven estuvo presente en la primera audiencia del proceso, pero no podrá presenciar más audiencias hasta declarar en la causa. En este sentido, Gelman destacó el desarrollo del proceso mediante un sistema oral y público.

El modelo del proceso "hace a la transparencia del juicio", porque no sólo permite el acceso de todos los interesados en las audiencias, sino que permite "la participación de la víctimas" y "ser parte te ayuda necesariamente, no sé si a cerrar, pero a delinear etapas. Uno no se da cuenta de lo importante que es hasta que esta ahí", dijo Gelman en entrevista con Radio El Espectador.

"Más allá de lo terrible, porque los relatos son espantosos, ya que la lectura tiene que ver con los tormentos infringidos a los detenidos, para mí fue bueno poder estar y escuchar". "Es una pena que en el sistema penal uruguayo no exista", reflexionó la joven.




"Automotores Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), siendo uno de los centros de operaciones de los servicios represivos uruguayos para la persecución de los exiliados políticos en la República Argentina, en el marco del "Plan Cóndor". Por sus entrañas desfilaron unos 200 presos políticos de diversas nacionalidades. En este sentido, Gelman destacó que entre los 65 delitos imputados por privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos, 33 corresponden a ciudadanos uruguayos.

Asimismo, la joven criticó la aparente lentitud del proceso judicial en Uruguay. El caso refiere a la búsqueda de los restos de su madre, desaparecida en diciembre de 1976.

"Es una gran incógnita. Hasta ahora no hubo, o por lo menos que esté en mi conocimiento, nuevos datos sobre una posible ubicación. En lo que a mí respecta (la causa) está detenida. Seguramente haya información en la cual se esté trabajando, pero hasta ahora no hay iniciativa con respecto a ingresos a otros predios. Es difícil pero hay que seguir. No pierdo las esperanzas, más allá de la realidad que te golpea", señaló Gelman.

Fuente: La República

Foto: AP

Nunca sintió rechazo por la historia que le tocó vivir pero tiene muy presente que no la eligió. Macarena Gelman, diez años después de haber recuperado su identidad, siente que está en el momento de empezar a elegir y proyectarse. No se amparará en la Ley de Reparación Integral. Entiende que su camino ahora es la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y considera que esta instancia debe ser decisiva para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, pero le preocupa qué definición tomará el gobierno. Para que José Mujica sea el presidente de todos, señala, debería “despegarse” de su lugar de víctima.

-¿Cómo fuiste procesando tu historia reciente?

-En los últimos diez años, es mucho tiempo... Siempre traté de que la evolución fuera natural, lejos de las presiones, fuera de los medios, fuera de la política y de los familiares. Totalmente es imposible, pero siempre traté de despejarlo y de hacer lo que yo sentía y quería, sin dejarme influenciar y pensando independientemente. Así lo hice y con eso realmente estoy muy conforme. Por supuesto que tuve presiones, no necesariamente intencionales. Hubo varias etapas. Desde el comienzo nunca tuve un rechazo hacia lo que fui sabiendo; al contrario, lo acepté. Tiene que ver con esas cosas que uno no elige y llega un momento en que uno tiene que empezar a elegir, ver con toda esta historia qué es lo que yo puedo empezar a elegir, tomar las riendas de mi vida y pensar en un futuro. Durante mucho tiempo me costó pensar en un futuro. Vivía el hoy totalmente y lo único que sabía era lo que tenía que hacer dentro de una semana o un mes, pero me era muy difícil proyectarme en absolutamente todo. Estuve acompañada y tuve contención; si no, hubiera sido imposible estar hoy acá, pero tuvo que ver también con empezar a completarme. La verdad desde cualquier lugar completa, aunque a veces la verdad no es la que uno quisiera. Pero creo que es el momento de empezar a ver qué es lo que quiero y de proyectarme un futuro, no se puede vivir tan encima de las cosas.

-¿Qué quedó de la Macarena anterior a conocer la verdad?

-Lo que aprendí, los valores. Fueron 23 años. No creo que para alguien sea posible borrar 23 años de su vida. Además, tampoco tengo rechazo hacia ellos. Tuve la vida que tuve, me divertí, fui querida. Tuve unos papás que, más allá de no ser los biológicos, me dieron todo el amor de padres que pudieron darme y creo que eso es lindo y no hay por qué borrarlo. Lo que soy hoy tiene muchísimo que ver con lo que fui a lo largo de todos esos años.

-¿Dónde esperaste el 25 de octubre el resultado del plebiscito por el Sí?

-En la casa de Eduardo Galeano. Con él, con su esposa. Son dos personas que me han apoyado muchísimo, han compartido muchísimo conmigo todos estos años y me han ayudado a no sentirme sola.

-¿Qué sentiste cuando se supo que la ley no iba a ser anulada?

-A mí no me sorprendió tanto. Miraba la intención de voto durante los días previos y estaba claro que no había una clara definición, haya tenido que ver con lo que haya tenido que ver. Ahora debe haber mucha autocrítica; hay que preguntarse por qué llegamos a estos resultados.

-¿Eduardo Galeano qué te dijo?

-[Se ríe]. Bueno, fue una etapa de la bronca. Los primeros momentos son los de la bronca y el “por qué no”. De la impotencia, de la angustia, de pensar cómo seguimos de esta manera habiendo pasado tantos años. Fue lo que pasó y por más que duela hay que tratar de aprender.

-¿Fue un error el plebiscito?

-Sí. Mirándolo a la distancia fue un error, pero también hay que ver por qué fue un error. El plebiscito surge ante la falta de una respuesta política, el poder político fundamentalmente tiene que hacer una autocrítica seria de esto. No había intenciones en el gobierno de Tabaré Vázquez de remover esta ley, él había asumido un compromiso público, no era ningún misterio.

-¿Y ahora visualizás cuáles son las intenciones del nuevo gobierno?

-Me aparto de las intenciones porque estoy en el comienzo de un juicio en el marco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y una de las recomendaciones que hace y que no fue cumplida por el Estado es la de remover la Ley de Caducidad. Ahora me dejan de preocupar las intenciones y me empieza a preocupar si el gobierno va a hacer lo que debe hacer. Más allá de las posturas personales, esta ley fue declarada inconstitucional y va en contra de todos los tratados internacionales que firmó Uruguay. Y teniendo la experiencia que se tuvo, no hay otro camino que la anulación.

-¿Tenés claro que esta instancia en la Corte puede ser decisiva en ese camino?

-Es lo que debería ser. Realmente no sé qué posición va a tomar el gobierno. Cuando se llega a una instancia de éstas es porque se ha recorrido mucho y se ha hablado demasiado. Es el momento de hacer lo que se debe hacer.

-¿Cómo te juega el hecho de que esta instancia clave esté personificada en tu nombre?

-Está bien, pero no va por ahí. Lo decisivo es la historia. Me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera de los familiares tener que llegar a una demanda, a la que llegamos porque se nos negó en varias oportunidades el acceso a la justicia. ¿Cómo lo llevo todos los días? No sabría decirte.

-¿Y la espera cómo es?

-Calma en el sentido de que siento que los jueces van teniendo un camino y una meta, quizás no sea el final. Para mí esto tiene mucho de etapas y de cierre de etapas. La etapa de buscar -a pesar de que se va a seguir buscando toda la vida- y la etapa del diálogo, lamentablemente, se terminaron y no dieron frutos. Lo que queda es esto. Para mí es bastante triste que las cosas tengan que venir de afuera.

Verdad

-¿Encontraste respuestas?

-Me quedan muchísimas preguntas y tengo algunas respuestas. Lo que más angustia e impotencia me da es que están las respuestas disponibles. Acá no hubo un accidente de avión y mi mamá cayó en algún lado, se hizo una búsqueda y no se encontró. Acá las repuestas las tienen personas con rostros, con nombres, que están vivas y se niegan sistemáticamente a decir la verdad.

-¿Existen posibilidades de llegar a la verdad todavía?

-Quiero pensar que sí. Creo que va a llegar. También son seres humanos. No tengo odio hacia ellos, no me hace feliz que estén presos, pienso en sus familias y en sus hijos. El tema viene cuando pienso en mi familia y en tantas otras a las cuales no tuvieron ningún problema en destruir, porque la desaparición de los hijos destruye cualquier familia. Se me hace difícil entender que haya seres humanos que pueden llevar esa carga en la conciencia tanto tiempo y cómo podrían, eventualmente, morir con eso.

-¿Impunidad?

-Sí, impunidad. Pero va más allá de eso. Ahora están presos, llegará una condena pero, ¿qué nos da eso a todos a la larga?

-¿Significó algo para ti el procesamiento de Manual Cordero en Argentina por su participación en el Plan Cóndor?

-Sí, por supuesto. También viene de afuera. Significa que se quiere hacer justicia. Ahora, que la justicia se haga depende de otras muchas cosas.

-¿Sin verdad no hay justicia?

-No.

-¿Indulto a cambio de la verdad?

-El indulto no. Ahora se está planteando el arresto domiciliario. Entiendo al presidente desde el lugar de víctima que fue, pero no está en ese lugar porque se victimice. Está por lo que significa su experiencia personal, con los sentimientos que eso te da. Pero si quiere ser un presidente para todos -como él lo ha dicho y creo que es su deseo- debería tratar de despegarse de eso. Es lo que hay que tratar de hacer, incluso yo, porque entiendo que hay intereses de todos que prevalecen a los particulares.

-¿Hay alguna forma de que el pasado de Mujica no atraiga al pasado?

-Es muy difícil pero el Estado es más amplio y creo que el presidente tiene que ver por la sociedad. Éste no es un tema entre ellos [los tupamaros] y los militares. Éste es un problema entre la sociedad y los militares que debe resolver la sociedad. No lo va a poder resolver el presidente Mujica. Para eso se tienen que habilitar todos los caminos de la justicia. Ayer el presidente [por el martes, cuando estuvo en Durazno con los mandos de las Fuerzas Armadas] decía: “Sentimos gente que, con razón o sin ella, reclama que hay que dar vuelta la página y, al mismo tiempo, gente de nuestro pueblo, tan válida como la otra, que grita por justicia, también con razón o sin ella.” La justicia tiene que existir desde siempre y no es necesario que una víctima pida justicia, los poderes del Estado deben velar por ella. No he visto ningún militar arrepentido ni queriendo decir ninguna verdad, entonces para mí es imposible pensar siquiera en un arresto domiciliario.

Reparos

-¿Vas a ampararte en la Ley de Reparación Integral?

-No. Es una decisión que tomé hace mucho tiempo. Con esa ley yo no me siento reparada en ningún aspecto, en absolutamente nada. Uno de los porqués es que tenemos una Ley de Caducidad. Otro motivo es que en esta ley no se reconoce explícitamente la participación de Uruguay en el Plan Cóndor y de ninguna manera sin Plan Cóndor hoy yo podría estar acá hablando contigo. De ninguna manera hubieran pasado las cosas como pasaron. No digo que no hubieran pasado, pero no de la forma en que sucedieron. Tengo claro que no se va a hacer una ley para casos particulares pero no hay ningún punto que me satisfaga. Me parece que además de un reconocimiento tiene que haber una actitud en consecuencia, aunque no voy a negar los esfuerzos en ese sentido de ninguna manera.

-¿Cuál es tu consejo para aquellos que puedan ser beneficiarios de la ley?

-Creo que a algunas personas puede satisfacerlas y me parece totalmente justo. Esto es personal, tiene que ver con lo que siente cada uno. Mi mamá no tenía ningún vínculo con Uruguay. Que pongan una plaza no me va a llevar a pensar en ella. En el único lugar donde se sabe que estuvo fue ahí [en el Calen]. No es nada reparador que el lugar donde pasaron cosas siga siendo una dependencia militar y sin el más mínimo indicio de lo que allí pasó. Mi camino es la Corte Interamericana.

-¿Pudiste hacerte una idea de cómo era tu mamá?

-Sí. Lamentablemente tuvo una vida muy corta. Cuando yo me enteré ya era mayor de lo que era ella cuando presuntamente la mataron.

-¿Te planteaste la idea de ser madre?

-Prefiero no contestar eso.

Proyectar

-Si tuvieras que caracterizar a tu generación, ¿cómo lo harías?

-Fue la generación a la que se le trató de borrar la memoria. Una generación que fue víctima de mucho ocultamiento, que atravesó sin saber. Se le trató de matar la iniciativa en muchas cosas. No tengo claro si es o no una generación de transición. Pero hoy mi generación está en la edad de poder hacer mucho. Tiene mucha potencialidad y lo que necesita es más espacio. No en el sentido de reivindicar “espacios para los jóvenes”, porque tampoco somos tan jóvenes.

-¿Te pareció llamativo que la juventud que no convivió con la dictadura tomara riendas en campaña por la anulación?

-Sí, me llamó la atención y fue muy reconfortante. Fue muy lindo ver el involucramiento, pero también faltó espacio y reconocimiento. Porque para otros ya era la segunda experiencia y los sentimientos son diferentes. Estas cosas son las que deben alentarse.

-¿Cómo pensás que se acercaron a la verdad esos jóvenes?

-Por su inquietud. A su vez, la gente estuvo dispuesta a dar su testimonio y a difundir qué fue lo que pasó. La única manera es la transmisión del material escrito. Si uno trata de entender la sociedad de hoy es imprescindible saber cómo era su pasado. La valentía de querer saber eso no significa ni quedarse en el pasado ni centrarse en él. Pero, en definitiva, es imprescindible saber. Se facilitó el acceso de la información. En mi generación y la de los años inmediatos se trató de no hablar “de eso”, de olvidar.

-¿Qué les tocará a los hijos de esta generación?

-No sé qué les puede llegar a tocar, pero van a tener motivos para seguir avanzando. Reparados definitivamente no van a estar, pero vivirán en una sociedad más justa y con mejores ejemplos.

-Supongamos que llegó el día y la Ley de Caducidad quedó sin efecto. ¿Qué hay después?

-Alivio. Porque va a abrir un camino y va a tirar abajo el tema de la impunidad. Vamos a poder empezar a hablar de la primera reparación.

Lourdes Rodríguez

Fuente: La Diaria