Montevideo, 14 de mayo de 2012

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos tomó conocimiento de parte de la Orden de Operaciones 04/12, que se adjunta.

Vemos con profunda preocupación que el Comandante de la División de Ejército 1 Gral. Sergio De Oliveira, ordenó a la totalidad del personal (superior y subalterno), a concurrir al “Acto en homenaje a los cuatro soldados caídos el 18 de mayo de 1972”.

Dicha orden fue autorizada por el Sr. Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro.

Esto constituye una injerencia indebida e inadmisible de las Fuerzas Armadas en la vida política de nuestro país.

Estamos viviendo una escalada en la cual se convoca a las Fuerzas Armadas a asumir funciones que no le son propias en un régimen democrático.

Circunstancia que conlleva a magnificar tanto la necesidad de su actuar como su imagen, sin un proceso de rectificación y depuración institucional.

Los exhortamos a tomar cabal conocimiento de la situación y generar una fuerte corriente de opinión que permita revertirla.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Sr. secretario de edición de Semanario Búsqueda

Sr Director,

Qué sorpresa tuve con la carta publicada en vuestra edición del miércoles 25.5.2011, firmada por el coronel Walter Forischi.

Una carta que pretende historiar la vida del ejército uruguayo pero saltándose a la torera -al decir de mi madre- una parte de la historia en la que fué protagonista esencial: en 1972 el coronel que escribe ejercía en el 6º de Caballería y fue quien me detuvo el 21 de junio, en el inicio de un crudo invierno. Tuve allí tres meses de capucha, torturas, plantones, electricidad, simulacros de fusilamiento, submarino (forma eufemística de nombrar la forma en que se mete de cabeza a un detenido encapuchado en un bidón de doscientos litros de agua con vómitos, orina, y el etcétera imaginable). En realidad el submarino lo hacían tanto en piletones para los caballos o en estanques, o en lo que fuera, y si cortaban el agua al cuartel, también una bolsa de nylon bastaba, sólo que en ese caso le llamaban ˝submarino seco˝.

Esta síntesis de los métodos de interrogatorio que este oficial y sus compañeros practicaban en el 6º de caballería podría ampliarse con, por ejemplo, lo que hacían cada vez que algo le sucedía a un militar en el país: se torturaba a todos los detenidos, y no para saber algo, sino ˝pa que aprendan˝.

Durante ese período estuve más de un mes desaparecido para mi familia y cuando finalmente decidieron incluirme en una lista de detenidos y mis padres pudieron enviarme ropa, a cambio recibieron mi muda, con un mes y pico de uso, ensangrentada por los castigos recibidos. Se imaginarán el impacto. Yo tenía 19 años. Eso llevó a mi padre a informar a Zelmar Michelini de la situación, y Zelmar denunció las torturas que yo sufría en el parlamento.

Esa misma noche o a la siguiente, los valientes torturadores del 6º de Caballería, en una de sus sesiones me gritaron :

˝¿Asi que sos amigo de Zelmar?... ese anda hablando de que nosotros te torturamos˝ y dale golpe o patada o lo que fuese. Para la triste historia de este país y aunque pasaron unos cuantos años, hay algo que me quedó grabado para siempre : ˝a tu amigo, decile que es boleta, tarde o temprano se la vamos a dar˝....

Esto sucedió a finales de julio o agosto de 1972..... sí bastante antes del golpe de Estado del año 1973.

¿Será que no se acuerda de nada el actual coronel Walter Forischi ? ¿No se acuerda de sus amigos y colegas torturadores del 6º de caballería ? ¿No se acuerda del capitan Alexis Grajales, del teniente Orlando, de Rodríguez, de Arocena, del teniente Flores, del cabo Ruiz, de Vázquez (quien sigue en el 6º de caballería actualmente, pero preso, ya que el 6º de caballería es hoy la cárcel para militares de Domingo Arena)? ¿No se acuerda del Teniente coronel Goldaracena, jefe de la unidad, que paseaba por las noches con sus perros por las barracas donde nosotros estabamos tirados, encapuchados, mojados, sucios, y él, calmo como propietario de una gran estancia recorriendo sus dominios, pasaba con sus botas brillantes, lo único que yo lograba ver bajo el borde de la capucha....

Ese jefe de cuartel decidió desconocer un fallo cuando la justicia le ordenó liberar a cuatro médicos que eran torturados en esa unidad.

En el 6º de caballería dejaron a algunos detenidos prácticamente como vegetales, violaron compañeras, a mí me torturaron delante de mi compañera, me hicieron firmar la libertad para luego llevarme a los bañados de Carrasco y ˝ejecutarme˝… me pusieron una pistola sobre la cabeza y dispararon. Después de eso el teniente Flores me dijo que él no me iba a interrogar más, que se había convencido de que yo sabía nada, pero al regresar al 6º el alférez Tobi Alvarez me dió una paliza, estando yo atado y encapuchado, para sacarse la bronca...dijo.

¿Porqué será que cuando hablan del Ejército Nacional lo ponen así con mayúscula y negrita, pero se olvidan de ciertos actos de servicio ?

En el 6° desaparecieron a Luis Eduardo González, ¿donde está? ¿Forischi no recuerda donde lo enterraron ?

A propósito de Dalmao: hay quien ha dicho que era un alférez, que no tocaba pito, pero en el 6º varios alférez torturaron, como el alférez ˝Tobi˝ Alvarez, sobrino del Goyo, otro de los que se ensañaban (hace un par de años apareció en un informativo con cara de « yo no fuí », diciendo que no tenía nada que ver con nada....) pero había muchos… Hubo hasta un oficial de reserva que trabajaba en lo civil durante la semana y el fin de semana calzaba las botas y la camperita verde y se venía al 6º a torturar. No me lo contaron...lo contaba él.

Podría mencionar otros ilustres cuarteles de colegas de Forischi, como los del 9º de caballería, donde me ingresaron un período, en los calabozos donde estaban los detenidos recientes. Allí estaban los compañeros del PCR totalmente destruidos por las salvajes torturas vividas en el interior del país (en la Base Santa Bernardina), allí en el calabozo vecino al mío escuché las violaciones a jóvenes que eran detenidas, e incluso una noche salieron ˝a levantar un puta para violarla˝, como me lo comentaron los soldados al dia siguiente....

Yo estuve solamente un año detenido y después de una última sesión de torturas en Inteligencia de la calle Maldonado por miembros del ejército, salí directo del calabozo a un avión que me llevó a España. Un año después nos encontramos con Zelmar en el Tribunal Russell II, y junto a otros compañeros relatamos las ˝prácticas profesionales˝ de nuestros militares. Zelmar desnudó el mecanismo utilizado para montar un sistema de dominación y sometimiento como el que las fuerzas armadas uruguayas comenzaban a instrumentar, y mostró cómo la tortura y el terror eran piedras angulares del mismo.

De eso hablaba Zelmar en 1974 en el Tribunal Russell cuando decía :

“Nuestra obligación en este Tribunal Russell que tanto prestigio tiene a nivel internacional [...] es bregar para encontrar –y aquí es necesario la inteligencia y la imaginación‐ el método y la posibilidad de [...] decirles a los militares uruguayos, brasileros o chilenos, a los hombres que sintiéndose fuertes violan los acuerdos internacionales y el derecho, castigan, torturan, maltratan y matan, que hay posibilidad de una condena con efectiva sanción de tal manera –concluía Michelini‐ que la ley y el derecho internacional no sean letra muerta y que el hombre puede sentirse defendido [...].”

Cuando una sociedad se construye basándose en la impunidad, un torturador bien puede terminar escribiendo sobre Historia en Búsqueda, como lo hizo el coronel Forischi : el festejo del Bicentenario, escribió, ˝debió ser diferente, debió ser una oportunidad de exaltación patriótica pura y exclusivamente del Ejército Nacional, donde los medios de prensa priorizaran con orgullo la efemérides, estimulando en la población el verdadero sentimiento que debe aflorar en los buenos Orientales : el respeto y la ponderación del Ejército Nacional en su Bicentenario˝

Si no fuera para llorar, daría para reírse.

Juan Angel Urruzola

CI 1.326.330-6


Nota de Edición: Las fotografías que acompañan esta nota pertenecen a Juan Ángel Urruzola

Familiares de desaparecidos asistirán al acto del Ejército en Las Piedras

La celebración de los 200 años del Ejército, en Las Piedras, se realizará en presencia de la organización Madres y Familiares de Desaparecidos. Con las fotos de los desaparecidos, los integrantes de la entidad presenciarán el desfile militar y el discurso del comandante Jorge Rosales.

La fiesta que prepara el Ejército Nacional para conmemorar el 18 de Mayo el bicentenario de la fundación de la fuerza de tierra y la Batalla de Las Piedras, podría verse distorsionada por la presencia de los familiares de los desaparecidos, quienes se trasladarán a la ciudad de Canelones.

El dirigente de la entidad Oscar Urtazum dijo que el reclamo por conocer "la verdad" sobre el destino de sus familiares se traducirá con su sola presencia.

"Es un poco lo nuestro, buscar la sensibilidad por todos lados, por más que la verdad la tienen los militares. Por eso vamos a ir a el 18 de Mayo a Las Piedras", expresó el dirigente.

Subrayó que aguarda que la presencia de la organización sea acompañada por un número significativo de ciudadanos. "Cuanto más acompañados, el espíritu se fortalece", precisó.

Si bien las actividades por el bicentenario del Ejército se iniciaron a principios de año, la fuerza de tierra le da especial importancia a la Batalla de Las Piedras, por ser el primer triunfo militar del prócer José Artigas, en 1811, contra el colonialismo español.

Está previsto que el presidente José Mujica, junto a integrantes del gobierno, asista al acto, que tendrá como orador central al comandante Rosales.

La intención de los familiares es concentrarse con sus pancartas en las proximidades de las autoridades nacionales y de la oficialidad, para que las fotos de los desaparecidos sean observadas por los numerosos efectivos que participarán del desfile militar.

Urtazum justificó la asistencia de la organización al acto oficial luego de reconocer que los integrantes de Madres y Familiares se sienten "desconcertados" por los hechos que se producen en la escena política.

"Guerrilleros son amigos de militares. Hoy, hay golpistas demócratas y se aplica la política de la verticalidad. Todo está un poco cambiado", subrayó Urtazum. "Nosotros vamos a estar pidiendo en Las Piedras la verdad que tienen secuestrada", agregó.

El dirigente de la organización destacó además que Madres y Familiares asistirá al acto del 1º de Mayo para abocarse a la organización de la Marcha del Silencio del 20 de mayo.

Fuente: La República

Un puñado de periodistas, el presidente de la República y un abogado aseguran haber leído, escuchado o visto filmada una proclama desafiante de supuestos soldados enmascarados. Cuánta valentía derrocha el Comando Honor y Dignidad del Ejército Nacional Libertador. “¡Libertad o muerte! ¡Viva la patria!”, berrean. Le pasan la mano por el lomo a “los ciudadanos de bien” que “viven atemorizados por la delincuencia”, mientras se relamen imaginando “operaciones militares” para “asegurar la liberación” de los peores criminales de la historia uruguaya. Criminales a quienes la ciudadanía les paga la jaula de oro, con una plata que podría servir para rehabilitar a otros delincuentes cuyas vidas corren peligro en prisiones infames.

Militares activos y retirados, así como sus clubes sociales, lamentan la posible anulación de la Ley de Caducidad con la retórica entre burra y gorila, siempre bestial, de los comunicados de las Fuerzas Conjuntas. Juegan a que están inquietos. “Hay un nerviosismo muy grande”, advirtió el comandante del Ejército, general Jorge Rosales. Decenas de oficiales amenazan con pedir el retiro si cae la impunidad, una maniobra que no supondría descenso de sus ingresos, y sí un aumento en buena parte de los casos. Trascienden, también, riñas internas menudas, como las “faltas de respeto” que llevaron a Rosales a relevar al hoy ex comandante de la División de Ejército I, general Luis Pérez. El conflicto: quién pronunciaría un discurso.

El Partido Nacional, principal de la oposición, le retira su confianza al ministro de Defensa, por “carencia de rumbo y manejo anárquico” de unas 25 mil personas que andan armadas por ahí. La sociedad hierve de delincuencia. Volvieron las razias. La Fuerza Aérea asiste con helicópteros a comandos de policías uniformados, encapuchados y pertrechados a guerra, que incursionan en barrios pobres con pocas misiones concretas y escaso aval judicial. O sea, con fines intimidatorios. Cantidad de militares se salen de la vaina por jugar al policía y patrullar algo más que el perímetro de las cárceles. Don, doña, qué miedo.

Y parece que el problema es que los miembros activos de las Fuerzas Armadas hablan de política.

¿Cómo es la cosa? ¿Pueden o no? ¿O pueden hacer declaraciones de carácter político sólo cuando te gustan, seas opositor u oficialista?

Mejor que hablen, así se sabe lo que piensan. Los militares siempre han hablado de política. ¿Acaso los expertísimos que suelen citar a Clausewitz están de chistosos?

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general José Bonilla, dijo que “no puede haber verdad si hay justicia” porque “son palabras que una y otra no van unidas”. El problema no es que esas declaraciones sean políticas. Es que son indecentes. Son indignas del jefe de una institución del Estado que discursea y se disfraza de honorable. Amonestarlo por ellas es muy poco.

El problema, señores milicos, y permítase la confianza, es que muchísimos entre ustedes cometieron crímenes y actos terroristas de lo peor, y que no hicieron nada, ya no para lavar su imagen (eso sería algo mínimo), sino para limpiar la cagada que derramaron sobre todo el país. Para eso tendrían que mandar ustedes mismos en cana a los diarreicos, a los delincuentes, incluidos los civiles uruguayos y los extranjeros a quienes les hacían los mandados. Tendrían que pedirles perdón a sus víctimas y a la sociedad. El problema, señores milicos, es que la ciudadanía ve en la impunidad, y en la frescura con que ustedes la gozan, una señal de que están dispuestos a repetir aquella entrada y todos los platos, vomitar y volver a empezar. El problema, señores milicos, es que los civiles les tienen miedo, como le tienen miedo al chorro hipotético o real que se mandó tremebundo copamiento y al día siguiente estaba libre. Lo mismo que disfrutaron muchos de ustedes. Porque el problema, señores milicos, es que la valentía, en su versión castrense, es sólo una palabrita a lustrar en los escudos de armas, visto lo que les gustó ensañarse con débiles inermes.

¿Quién dijo miedo? Las noticias nacionales. Las noticias internacionales. Y el presidente y el vicepresidente de la República, que el miércoles encararon por sorpresa a los diputados oficialistas para sugerirles que rechazaran el proyecto que desactivaría la Ley de Caducidad. Como dijeron miedo el hoy ex presidente Julio Sanguinetti y los legisladores colorados y blancos de 1986 y la mayoría de la ciudadanía en 1989.

Habrá que aceptar que el país está cagado.

¿Habrá?

Marcelo Jelen

Fuente: La Diaria

Intérpretes varios

José Mujica relevó de su cargo a Luis Pérez, general de división del Ejército 1 con asiento en Montevideo. Así se lo comunicó el presidente ayer al titular de la Asamblea General, Danilo Astori, y éste lo transmitió a los integrantes de la bancada del Frente Amplio.

El relevo se habría producido a raíz de una discusión entre Pérez y el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, acerca del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron en diálogo con la diaria que desde hace tiempo Rosales recibe presiones de los generales para adoptar una posición más dura en relación a este tema. Según las fuentes, luego de la discusión, Rosales decidió informar de la situación al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, quien a su vez se reunió con Mujica. Posteriormente, el presidente tomó la decisión del relevo.

Sin embargo, públicamente se esgrimió que la discusión tuvo que ver con cuestiones de organización de la conmemoración del Día del Ejército, que se realizará el 18 de mayo. Desde el Ejército se aseguró que Pérez dejó su cargo por decisión personal y por “razones estrictamente de servicio, las cuales no tienen ninguna vinculación con el tratamiento de la Ley de Caducidad”.

El senador Jorge Saravia, integrante de la comisión de Defensa del Senado, sostuvo ayer, luego de reunirse con Mujica, la versión de la discusión por la conmemoración del Día del Ejército, y apuntó que Astori les comunicó que la decisión nada tuvo que ver con el proyecto interpretativo.

Pérez era el primer general en el orden de derechas (lo que implica que tenía gran probabilidad de convertirse en comandante en jefe). Su cargo podría ser ocupado por el titular de la división del Ejército 2, Daniel Castellá, hermano del subsecretario de Defensa fallecido un mes atrás. El general no será sancionado. Quien sí recibió una sanción fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, por realizar declaraciones políticas, informó ayer Telemundo y pudo confirmar la diaria.

Bonilla había dicho al semanario Voces y luego a Últimas Noticias que hay preocupación en las Fuerzas Armadas por la próxima aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, y había asegurado que no puede haber justicia y verdad al mismo tiempo, ya que “si alguien dice la verdad, si es que alguien realmente la sabe, inmediatamente se lo manda preso”.

Fuente: La Diaria

"Represores", de Ricardo Carpani

LOS INDAGABLES CONTINUAN SU OPERACIÓN PSICOPOLÍTICA PARA APUNTALAR LA IMPUNIDAD

Pactos, mentiras y videos

Documentos sobre pactos entre guerrilleros y militares, videos que anuncian acciones armadas, declaraciones disonantes de militares retirados y en actividad, operaciones de propaganda y contrainteligencia, debates sobre la constitucionalidad de una ley que declara inconstitucional otra ley, campañas de doctrina jurídica y la velada amenaza de una supuesta resistencia de ex militares a un citación judicial, constituyen el escenario para un inminente replanteo de la pregunta “¿y después qué?” si se anula la ley de caducidad, mientras la marcha del silencio del 20 de mayo promete ser multitudinaria.

La “operación psicopolítica”, que un grupo de militares “indagables” por crímenes de lesa humanidad lanzó a principios de año, continúa en “ejecución” con acciones “políticas”, de “propaganda”, “jurídicas” y de “inteligencia”, mientras se prepara el ambiente para una eventual acción “militar” en el marco de su definida “misión” de “luchar para eliminar las acciones del enemigo sobre los camaradas y alcanzar la liberación de todos los presos políticos, militares, policías y civiles”.

La aparición publica del autodenominado “Foro de Libertad y Concordia”, del que un pequeño grupo de militares retirados se constituyeron en voceros públicos, podría ser sólo el inicio de una ofensiva mayor, auspiciada por organizaciones internacionales de ultraderecha que en los últimos años jugaron entre bambalinas durante frustradas intentonas golpistas en Venezuela, Bolivia, y Ecuador, pero consiguieron su propósito con el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras.

En el artículo “La ofensiva de los indagables”, publicado en Caras&Caretas el 4 de febrero, se revelaba un documento interno de los creadores del “Foro” en el que se establecía como “maniobra general y propósito” de la organización, lograr “formar opinión pública, psicosocial y política”, para alcanzar el objetivo de su “misión” que se haría “en principio por medios legales”. Una frase amenazante que ya habían lanzado en su primera carta pública a los mandos militares a quienes advirtieron sobre “extremos a los que no desearíamos llegar jamás”.

En la nota, también se explicaba que el grupo de indagables se había dado una organización encabezada por un “Grupo Coordinador” (integrado por representantes de “tandas” o “generaciones” según el año de promoción de los oficiales retirados) que se distribuiría en diez “secciones” o “grupos de tareas” (“no direcciones ni frentes de trabajo por ser terminología enemiga y no militar”, decían). Las “secciones” se dividían en: “política y psicosocial”, “propaganda”, “jurídica”, “prisioneros”, “familia”, “internacional”, “organización”, “inteligencia”, “militar” y “finanzas y logística”

El grupo de ex militares intentó primero conquistar a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas (que en su gran mayoría se formó después del régimen dictatorial), a través de un “grupo de apoyo” formado en “Facebook” al que rápidamente integraron más de dos mil “amigos” locales y, especialmente, internacionales. Pero la evidente ideología nazi y fascista de un importante grupo de adherentes, sumada a las amenazas a periodistas que desde la web se realizaron, llevaron a disolver la página de Internet.

LOS TIGRES DE PAPEL

Si las tareas de la “sección política y psicosocial” (“ejecutar acciones en partidos, gobierno e instituciones nacionales”) habían tenido éxito con la aparición pública del grupo, la carta a los comandantes, las reuniones con altas autoridades y la adhesión de dirigentes políticos a su Facebook, sería con las actividades de su “sección propaganda” (“ejecutar acciones por los medios de comunicación, atendiendo la reivindicación de la lucha antisubversiva y la injusticia de los actos de venganza”) que los “objetivos” de los “indagables” lograrían su mejor posicionamiento en el ámbito local.

No parece una casualidad que en los primeros días de marzo el semanario “Búsqueda” “filtrara” la existencia de un video de un presunto “Ejército Nacional de Liberación” que anunciaba el inicio de “acciones militares”, sólo días después que se comenzaba a generar un consenso dentro del Frente Amplio para mandatar a sus senadores a aprobar el proyecto de ley interpretativa que busca anular la ley de caducidad. El video, audio o el simple texto difundido generó un escenario político de idas y venidas, declaraciones y contraaclaraciones, que terminó esta semana en una interpelación a los ministros de Defensa y de Interior.

Y cuando todavía no se había apagado el incendio mediático sobre si el presidente José Mujica había visto o no la filmación, si los servicios de inteligencia eran o no capaces de encontrar su origen y la propia justicia intervenía de oficio ante la amenaza del ENL de rescatar por la fuerza a los criminales de lesa humanidad presos en la cárcel de Domingo Arena, un nuevo “documento” terminó apareciendo, esta vez en El Observador”, para plantear que en 1987 dirigentes del MLN – Tupamaros habían hecho un “pacto” con la militar “Logia Tenientes de Artigas” para cerrar el tema derechos humanos.

El nuevo documento, golpeó la interna del Frente Amplio que en esos días había votado en el Senado la ley interpretativa de la ley de caducidad, y particularmente la interna de los propios tupamaros, cuando uno de sus principales referentes, el senador Eleuterio Fernández Huidobro había acatado el mandato de su partido al votar una norma con la que no estaba de acuerdo, para de inmediato presentar renuncia a su banca. A las críticas y contracríticas por la renuncia, se sumó la exhumación de los pactos o charlas que con los militares existieron desde la tregua armada del Batallón Florida en 1972.

El presunto documento de acuerdo, catalogados por unos como una “traición”, por otros como un insulto al líder Raúl Sendic (que aparecía mencionado) y por otros referentes históricos tupamaros como una clásica maniobra de contrainteligencia, todavía no ha terminado de generar sus repercusiones, en un escenario político tenso en el que el partido de gobierno muestra contradicciones ante las cuales algunos dirigentes de la oposición buscan sacar provecho, reclamando la dimisión de ministros, cuya permanencia en el cargo terminó siendo expresamente confirmada por el gobierno.




JUSTICIA PARA TODOS

Mientras los medios de comunicación asocian y disocian el video, el pacto, la ley interpretativa, los plebiscitos, el tribunal de conducta para el senador Jorge Saravia, los futuros planteos de inconstitucionalidad sobre la ley que todavía no se aprobó, los festejos de los Tenientes de Artigas cuando el general Lino Oviedo dio un golpe en Paraguay, la reestructura de la institución militar o la sugerencia del ministro de Defensa de debatir la existencia misma de las Fuerzas Armadas, otro de los escenarios previstos por los “indagables” sigue su curso: el del debate jurídico.

La “sección jurídica” se programó con el cometido de “ejecutar acciones para formar un equipo de abogados y juristas dispuestos a luchar contra el “derecho penal del enemigo”, formando opinión pública (no para defender en los estrados a los acusados)” decía el documento germinal del grupo de ex militares que procura no ser convocado por sus violaciones a los derechos humanos. Y así lo vine haciendo desde tiempo atrás, a través de largas cartas publicadas por algunos presos en Domingo Arena, que hicieron un curso acelerado de derecho o sólo firman los escritos de algunos juristas contratados.

En el mismo escenario, se realizaba ayer un primer seminario sobre el tema con conferencias del ex fiscal Miguel Langón y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez, quien pocas semanas atrás ya había salido a la opinión pública, junto al ex presidente Jorge Batlle, para criticar una sentencia de la jueza penal Mariana Mota en la causa por la que fue procesado el torturador Carlos Calcagno (detenido por la desaparición forzada de los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Izaurralde en 1977), quien próximamente también sería encausado por el asesinato de Humberto Pascaretta.

Aunque el caso fue laudado por un Tribunal de Apelaciones que dio razón a la jueza Mota, el tema volvió a ser tocado esta semana en El País por el “duende” Daniel Herrera Lussich quien salió a alertar sobre un “tsunami” de impugnaciones y recursos de inconstitucionalidad sobre la ley interpretativa cuya votación, finalmente, el Frente Amplio aceptó posponer para el próximo 20 de mayo. La fecha en que se procura organizar la mayor marcha del silencio en los 16 años que se vienen reclamando contra la impunidad el día que en 1976 fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires.

El tema de fondo, sin embargo, sigue siendo el pronunciamiento que la Suprema Corte de Justicia pueda dar a un reclamo de la fiscal Mirtha Guianze en la causa del “Segundo vuelo de Orletti” donde el Ministerio Público pide que los crímenes de los militares procesados se tipifiquen delitos de lesa humanidad. Si así fuera, el debate jurídico dejaría de existir porque las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura serían delitos inamnistiables, imprescriptibles y perseguibles sea cuando fuera la fecha de su realización, como establece el derecho internacional.

EL JUEGO DEL MIEDO

En su ofensiva, los indagables continúan sus acciones a favor de los presos en Domingo Arena y sus familias, procuran fortalecer su organización buscando las simpatías de la interna militar, realizan finanzas para su logística, y reafirman sus conexiones internacionales con el grupo UnoAmérica (que coordina las sectores conservadores en el continente y ha auspiciado intentos de golpe de Estado en varios países), y con grupos de ultraderecha europeos y norteamericanos, que ven con buenos ojos que cesen los gobiernos progresistas latinoamericanos.

Sin embargo, dos de las “secciones” de la organización de ex militares, son las que más preocupan a los servicios de seguridad del Estado: el grupo de tareas de Inteligencia (que se propuso “ejecutar acciones de búsqueda, análisis y diseminación”) y el grupo de tareas “militar” (que se plantea “ejecutar acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas, centros, clubes, cooperativas y eventualmente otras fuerzas amigas”). En particular porque en torno a los centros, clubes y cooperativas militares se han enquistado algunos de los más comprometidos violadores de los derechos humanos y por la ambigua definición de “otras fuerzas amigas” que daba el documento original.

En su claro propósito de mantener el “pacto de silencio” que les permite su impunidad, los indagables todavía no parecen haber jugado todas sus cartas para generar temor en la sociedad civil, pero ya comenzaron a practicar el “juego del miedo” que se utilizó en otros períodos. El propio Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general (av) José Bonilla (el mismo ex comandante que le devolvió una bandera de los tupamaros al presidente Mujica), salió esta semana a afirmar que si se aprueba la ley interpretativa para anular la caducidad, “el que sabe algo no lo va a decir porque iría a prisión”. Y concluyó que “no puede haber verdad si hay Justicia”.

El objetivo de volver a plantear el “¿y después qué?”, que había acuñado Wilson Ferreira Aldunate para justificar la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986, promete ser una de las próximas operaciones que se plantearan en el escenario político uruguayo, sin tomar en cuenta que desde aquel año hasta la fecha son precisamente las verdades encontradas lo que más impulsa al reclamo de justicia. Cuando se aprobó la Ley 15.848 no se había confirmado que había niños desaparecidos, ni que existían cuerpos enterrados en unidades militares, ni que medio centenar de desaparecidos en Argentina en realidad fueron trasladados a Uruguay para su ejecución sumaria, como ocurrió con los “fusilados de Soca” en 1974, aunque los “repatriados” del 76 y el 78 luego fueron enterrados, probablemente en fosas comunes, y eso es lo que no se quiere admitir.

Mientras el juego del miedo crece (el ex general Ricardo Galarza definió a su “enemigo” al decir que “las organizaciones de derechos humanos reemplazaron a los terroristas”) y algunos funcionarios alertan sobre algún “alzamiento” al estilo de los “carapintadas”, el gobierno también comenzó a recibir críticas de los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes señalaron públicamente su preocupación por el retroceso que se ha tenido desde la asunción del presidente Mujica. “Estamos bastante mal en Familiares con toda esta situación. Hace casi dos años que le pedimos al gobierno la comisión de seguimiento y hasta ahora no recibimos contestación. No estamos conformes", dijo Luisa Cuesta, madre de un desaparecido.

La denuncia judicial continúa siendo el escenario que mayores expectativas genera entre las víctimas, que a las indagaciones en curso sobre el la muerte de Norma Cedrés, las 19 muertes por tortura durante el mandato de Juan María Bordaberry, los casos Gelman, Fusilados de Soca, el secuestro de los niños Julién, y las desapariciones de Gelós Bonilla y Julio Castro, ya han agregado denuncias en las que, por primera vez, se plantea la tortura como un crimen de lesa humanidad. A la que ya presentaron quienes sufrieron apremios en Boisso Lanza, se agregarían en breve otra sobre lo ocurrido en el Regimiento de Caballería Nº 9, a la que seguirían similares causas por otros centros de detención. Decenas de ex militares podrían estar implicados en esos delitos.

Roger Rodríguez
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Fuente: Caras & Caretas

Link permanente a este artículo: La ofensiva de los imputables

El 30 de marzo, después de una muy larga enfermedad, murió nuestro “querido tío Toto”, el general Víctor Manuel Licandro. Desgraciadamente, además del dolor inmenso de perder a quien fuera el centro de referencia y el facto de cohesión afectivo más cálido de nuestra familia, pareciera como si con él hubiéramos perdido, también, a uno de los últimos hombres que asumieron, en el Frente Amplio, un compromiso político transparente y sin dobleces. Esta impresión ha sido reforzada por las palabras del presidente José Mujica en su audición del 31 de marzo en M24.

Los que firmamos esta carta pensamos que las referencias y la utilización hecha por el Presidente de la República de su figura implica en grado sumo la práctica de una hipocresía del juego político tradicional que es diametralmente opuesta y enemiga de la postura que como hombre y como militante caracterizó al general Licandro.

Para empezar, Mujica recordó a Licandro como a un “Quijote militar”, una imagen retórica que no necesitamos analizar aquí para entender que, en lenguaje político vulgar, denomina al idealista que lucha contra molinos de viento, es decir al hombre honesto y bien intencionado que se maneja, sin embargo, en esferas más bien utópicas.

En su discurso de 20 minutos, Mujica le adjudicó un poder enorme y decisivo al aparato militar. Describió a las Fuerzas Armadas como a una institución poderosa y al parecer, autónoma, cuyas decisiones “pueden hacer de puerta o sepultureros a una sociedad”. Es decir que las Fuerzas Armadas serían una especie de aduana o peaje por el que es necesario o inevitable pasar si uno quiere entrar o seguir en democracia, y con que conviene estar en buenas relaciones. También habló de “ganar para la democracia” a esa fuerza, es decir, de un trabajo político de persuasión y negociación que es necesario hacer para que ellas sean fieles a los poderes del Estado. Sin embargo, no se refirió a la fidelidad de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo, ni mencionó en ningún momento la subordinación que las mismas deben tener por mandato constitucional al presidente de la República, ni a su propia responsabilidad como comandante en jefe de dichas fuerzas. Paradójicamente, repitió lo que ha afirmado otras veces: que las Fuerzas Armadas de hoy no son las de ayer.

Pues bien, es ampliamente conocido que el general Licandro opinaba lo opuesto. Para empezar que las Fuerzas Armadas debían ser depuradas de elementos criminales y su organización democratizada. Para el impensable que los oficiales responsables de delitos de lesa humanidad continuaran ocupando puestos en esas filas. Licandro, opinaba también, que buena parte de la oficialidad superior actual continuaba profesando la doctrina de seguridad nacional, doctrina que unió ideológicamente a las dictaduras del cono Sur en el Plan Cóndor. Es más, el aseguraba que las nuevas generaciones de oficiales continuaban siendo educadas en esas ideas. Por tanto, para él existía una clara continuidad entre las Fuerzas Armadas de hoy y las de ayer. A su entender, estas Fuerzas Armadas de hoy habían demostrado una y otra vez no estar dispuestas a colaborar con el gobierno democrático y mucho menos con la dilucidación de los crímenes que sus integrantes habían cometido durante la dictadura. Opinaba que las Fuerzas Armadas no podían continuar siendo un poder autónomo dentro del Estado con actividades y relaciones acerca de las cuales no se consideraban obligadas a informar al gobierno, que su número de efectivos continuaba sobredimensionado y que no debían ser persuadidas de nada sino acatar total y completamente a los poderes del Estado. En una entrevista publicada por el semanario Brecha el 12-X-10 expresó: “En un gobierno del Frente Amplio (las Fuerzas Armadas) deben estar subordinadas al gobierno y no precisan ningún acercamiento sino cumplir con la Constitución y las leyes”. Licandro dejó todos estos análisis e ideas asentados en documentos que han circulado ampliamente.

Por si eso fuera poco, Mujica visitó a Licandro poco antes de asumir la Presidencia y se informó personalmente acerca de sus puntos de vista con respecto a diferentes temas, pero muy especialmente el tema militar. Es evidente entonces, que el Presidente no desconoce en absoluto cual era su pensamiento. Decir que “la libertad posible necesita honda fidelidad de los brazos armados que se expresan en el Estado. Y esto es una verdad evidente, y estas son las lecciones más profundas que nos deja la trayectoria y la vida de un general como Licandro” es una reducción que abstrae, simplifica y falsea las ideas de Licandro. Porque todos sabemos que él dejó lecciones mucho más concretas que ese deslavado eufemismo. Pero dado que las verdaderas ideas de Licandro no le sirven para fundamentar su propia posición frente a los militares, Mujica se ha visto obligado a deformar su pensamiento, ocultándolo tras un lugar común.

Lo más doloroso y lo más lamentable fue que el Presidente hiciera esto al otro día, precisamente, de su muerte. Su supuesto homenaje se volvió así una afrenta soberbia e inescrupulosa a su memoria. Juntar el homenaje, el saludo al compañero muerto, con la utilización de su prestigio para sumar rédito político a la posición particular de Mujica frente a las Fuerzas Armadas nos parece algo que sobrepasa todo calificativo. Consideramos esta maniobra un insulto a su memoria, a sus familiares y a todos los frenteamplistas que respetaron la lucidez y la entereza moral del general Licandro.

José Luis Licandro

Sergio Altesor Licandro

Juan Pablo Licandro

Organizaciones de derechos humanos rechazaron ayer las declaraciones del general (r) Ricardo Galarza, quien sostuvo que estos organismos actualmente están reemplazando a grupos terroristas.

Respondieron que los militares están estancados en los procesos de autocrítica y de diálogo democrático, así como mantienen "los estilos aplicados en dictadura".

Voceros de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Ielsur y el PIT-CNT se expresaron sobre las acusaciones formuladas por el general (r), Ricardo Galarza, en el acto en recuerdo de los militares y policías caídos en "defensa de las instituciones democráticas y de la libertad".

En la ocasión, el militar retirado afirmó que las ONG de DDHH "reemplazaron a los organismos terroristas, y continuaron la persecución sistemática judicial y de desprestigio, para minar la moral de los militares al máximo".

El vocero de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea respondió a las acusaciones del ex militar Galarza. Replicó que fueron ellos quienes aplicaron el terrorismo de Estado, "en tanto nosotros somos familiares de sus víctimas en la dictadura. Ellos impusieron el terror, asesinaron, torturaron, violaron y todavía mantienen secuestrados a nuestros familiares. Esas afirmaciones sobre que somos la continuidad del terrorismo por parte del general Galarza, es una demostración que ahora tienen miedo por tener que ir a la Justicia. Eso les hace decir disparates".

El representante de Ielsur, Martín Pratts dijo que escuchó efímeramente las declaraciones del militar retirado y que seguramente después de Semana de Turismo, el instituto estará analizando las declaraciones y posiblemente emitiendo un comunicado al respecto.

Por su parte, Raúl Olivera, asesor en derechos humanos del PIT­CNT afirmó que el problema de los militares es que siguen posicionándose en democracia tal como lo hacían en dictadura. "Siguen hablando con un discurso y una conducta que es coherente con la que tenían en el pasado", indicó.

Olivera destacó que a estos ex soldados les molesta que existan organizaciones que enfrenten el totalitarismo militar también en democracia.

En ese sentido, dijo el activista por los derechos humanos, "que cuando las organizaciones son más fuertes, se controla que desde el Estado se cometan conductas delictivas".

Sobre las expresiones específicas del general (r) Ricardo Galarza de que las organizaciones de derechos humanos son una continuidad de las organizaciones terroristas, Olivera aclaró que "si somos la continuación, eso habla bien de lo que llama como organizaciones terroristas".

Acerca de la aprobación en el Senado del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, el asesor en derechos humanos del PIT-CNT, dijo que "a partir de ahora se abre una nueva etapa, quedando los casos en manos del Poder Judicial".

Reconoció que podrán darse más recursos, "pero todo se remite a la Justicia".

Aclaró que quienes argumentan que la aprobación de este proyecto afecta el instrumento de la conducta ciudadana, con esta iniciativa se demuestra que hay derechos inherentes a las personas que no son plebiscitadas.



Video gentileza de El Muerto

"Están desesperados"

Defendió el accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al sostener que no es imperialista, porque actuó en las dictaduras de Bolivia, Perú, Argentina y Uruguay.

Sergio Goicoechea, miembro de la organización Familiares, dijo que con esas expresiones, estos militares demuestran que "no se apartan de los viejos esquemas y estilos". Aclaró que con la aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad prevén escuchar "cualquier tipo de locura, porque están desesperados".

Considera que los militares que se reunieron con el presidente Mujica fueron a pedir que vete la ley.

Enfatizó que estos militares retirados utilizan las armas que aplicaron toda su vida: el fascismo.

En tanto, Serpaj (Servicio Paz y Justicia) emitió ayer un comunicado en respuesta a los comentarios realizados por el general (r) Galarza.

En el mismo se aclara que un país "que no los garantiza (a los derechos humanos) no puede desarrollar un tejido social sano para la convivencia plural y pacífica".

La declaración sostiene que "la persistencia de representaciones sociales que conceptualizan a quienes disienten como enemigos, hoy encarnados en la figura de terroristas, da cuenta de un estancamiento en los procesos de autocrítica y diálogo democrático. A esta señal ya grave se suman las reiteradas prácticas de amedrentamiento y amenazas de "quiebre institucional", cada vez que la sociedad uruguaya ha dado algún gesto de avance frente a la consecución de los derechos a la verdad y la justicia".

Advierte que la historia señala que "el terrorismo en nuestro país ha sido una práctica del Estado (mediante la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada y la apropiación de niños a cientos de miles de uruguayas y uruguayos dentro y fuera del territorio nacional), desarrollada ­entre otros­ por aquellos sectores que hoy denostan a las organizaciones de derechos humanos".

Fuente: La República



Comunicado de Serpaj en respuesta a comentarios realizados por militares el 14 de abril

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Uruguay) ante comentarios realizados por integrantes de las asociaciones de retirados militares en medios de prensa y en el marco de sus conmemoraciones del día 14 de abril, al referirse a las organizaciones de derechos humanos como “grupos terroristas” expresa:

SERPAJ es una organización de promoción, educación y defensa de los derechos humanos que durante 30 años ha trabajado por la estabilidad, la profundización del Estado de Derecho y la institucionalidad del país, entendiendo que los avances en la materialización de los derechos humanos son indicadores claves del grado democrático del mismo.

Los derechos humanos son un todo integral, indivisible e interdependiente por cuanto la conculcación de alguno de ellos vulnera el sistema en su totalidad. La verdad y la justicia son derechos humanos. Un país que no los garantiza no puede desarrollar un tejido social sano para la convivencia plural y pacífica.

La persistencia de representaciones sociales que conceptualizan a quienes disienten como enemigos, hoy encarnados en la figura de terroristas, da cuenta de un estancamiento en los procesos de autocrítica y diálogo democrático. A esta señal ya grave se suman las reiteradas prácticas de amedrentamiento y amenazas de “quiebre institucional”, cada vez que la sociedad uruguaya ha dado algún gesto de avance frente a la consecución de los derechos a la verdad y la justicia.

La historia señala por cierto, que el terrorismo en nuestro país ha sido una práctica del Estado (mediante la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada y la apropiación de niños a cientos de miles de uruguayas y uruguayos dentro y fuera del territorio nacional), desarrollada -entre otros- por aquellos sectores que hoy denostan a las organizaciones de derechos humanos.

Por último, esta organización de derechos humanos quiere recordar que siempre sostuvo que a las personas juzgadas -o pasibles de serlo- por las violaciones a los DDHH cometidas en nuestro pasado reciente, debe garantizárseles el debido proceso y todas las garantías jurídicas que dicta la normativa vigente, a las cuales sus víctimas no tuvieron acceso.

Montevideo, 15 de abril de 2011

El ministro de Defensa Luis Rosadilla y el Secretario de Presidencia, Alberto Breccia, respondieron a la carta del Foro Libertad y Concordia. "La democracia y las instituciones están en plena vigencia", afirmaron.

En conferencia de prensa el ministro de Defensa Luis Rosadilla y el Secretario de Presidencia Alberto Breccia leyeron un comunicado en respuesta a la carta del Foro Libertad y Concordia destacando que "a ningún ciudadano" se le permitirá no acatar las determinaciones de la Justicia.

Además recuerda que los integrantes de las FFAA tienen prohibido participar en actividades de carácter político, "no es admisible que se intente que las FFAA acojan como institución la defensa de personas indagadas por diversos delitos".

"El Poder Ejecutivo respeta y garantiza la libertad de expresión consagrada como un derecho humano fundamental en la Constitución", señala el comunicado que agrega la convocatoria a un debate de ideas "sin recurrir a presiones, amenazas o descalificaciones".

"En el transcurso del presente período de gobierno el presidente de la República y el ministro de Defensa Nacional han mantenido innumerables reuniones conjuntas o por separado con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y con los comandantes de las Fuerzas Armadas, en todas las ocasiones se autorizó a los señores generales a expresar sus opiniones e inquietudes", agrega la misiva.

La declaración califica como "objetivo prioritario" del gobierno nacional la "búsqueda de la unidad nacional y la convivencia armónica de los orientales", a la que debe accederse a través del "respeto integral de las normas constitucionales"

Fuente: Montevideo Portal

Nota de edición: Sin VERDAD y JUSTICIA no puede existir "la unidad nacional y la convivencia armónica de los orientales" de los que habla el gobierno. Y si esto no fue una amenaza a la democracia, nos gustaría saber qué tiene que pasar para que el gobierno se considere amenazado.

H.I.J.O.S. - Foto cedida por Marys Yic

El Frente Amplio buscaría impulsar un rechazo en bloque del sistema político hacia los nucelados en el Foro Libertad y Concordia. Al tiempo que los comandantes de la Fuerza Aérea y del Ejército recibieron a los ex uniformados para escuchar sus reclamos respecto a los juicios de los ex represores.

Fuentes de este Foro, que nuclea a unos 1.200 retirados, aseguraron a Últimas Noticias que ya se reunieron con el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales y el Comandante de la Fuerza Aérea, Washington Martínez.

Hoy sobre las 10.00 horas se reunirán con el comandante en jefe de la Armada, Alberto Caramés.

Ayer, un grupo de personas entre las que se encontraban Macarena Gelman y el coordinador del PIT-CNT, Juan Castillo, realizaron un caceroleo en la Plaza Liber Seregni, para manifestarse contra estos militares retirados que la semana pasada enviaron una carta al comandante del Ejército, Jorge Rosales con la que criticaron y rechazan las nuevas citaciones a la Justicia.

Esta protesta, convocada a través de Facebook, se extendió en otros barrios de la capital e incluso frente a la cárcel de Domingo Arenas, donde están recluidos los militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El PIT-CNT, que apoyó este caceroleo, resolverá hoy en su secretariado promover una movilización masiva contra la declaración militar.

En una declaración, la central sindical criticó “las débiles” pronunciaciones del gobierno ante estas amenazas de los militares retirados.

La Mesa Política del Frente Amplio emitió ayer su "absoluto rechazo" a la carta del Foro Concordia y Libertad, y anunció que hará contactos con el resto de los partidos políticos en busca de lograr un cuestionamiento de todo el sistema político a este documento de los militares.

Además, decidieron convocar al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, para la reunión del próximo lunes para conocer el accionar de la cartera una vez difundida la carta.

A esta posición del Foro Libertad y Concordia se sumó ayer las declaraciones del coronel retirado, Gilberto Vázquez, quien dijo a Últimas Noticias desde la cárcel que la decisión de desaparecer gente durante la dictadura respondió a “razones económicas” y aseguró que la tortura “era útil y necesaria”.

Vázquez dijo que en Uruguay “fueron veinte” las personas que hicieron desaparecer y argumentó estas acciones por el “drama económico” que vivía el país.

En un comunicado emitido ayer, los coroneles retirados Carlos Calcagno, Jorge Silveira, Luis Maurente y Ricardo Arab, los inspectores retirados José Sande Lima y Ricardo Medina y el capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau deslindaron “responsabilidad por los hechos y circunstancias expuestas” por Vázquez y enfatizaron que “no comparten lo manifestado”.

Ayer estas declaraciones y la carta de el Foro Libertad y Concordia fueron analizadas en el Consejo de Ministros.

El presidente, José Mujica, pidió al ministro Rosadilla que el tema sea analizado por el gabinete de seguridad.

Fuente: El Espectador

Foto: Aurelio González

C O M U N I C A D O

PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY
–
FRENTE AMPLIO



El Comité Central del Partido Comunista de Uruguay, en su sesión “Rogado Pedro Cornalino y Yolanda Ríos” (comunistas recientemente fallecidos), en la fecha, concluido el análisis de coyuntura política nacional e internacional y los ejes de su plan de acción inmediata, resolvió el siguiente pronunciamiento y comunicado a la población.

El pueblo uruguayo sufrió, enfrentó y derrotó a la dictadura fascista instaurada a partir del golpe de Estado de 1973. Muchos integrantes de ese pueblo, de todas las edades, padecieron persecución, secuestro, cárcel, tortura, muerte, desaparición forzada, exilio. Las prácticas criminales cuyas secuelas padecen aun quienes salvaron su vida y los familiares de los asesinados y desaparecidos, tienen responsables. Largos años de lucha constante por la verdad y la justicia, han permitido, en estos años de gobierno frenteamplista, lograr la aparición de los cuerpos de Ubagesner Chaves Sosa , Roberto Gomensoro Josmán y Fernando Miranda. Las denuncias realizadas y la acción de la Justicia abrieron cauce a su vez a varios procesamientos de militares y civiles involucrados en violaciones a los derechos humanos.

El grupo de militares retirados, aunados en el foro singularmente llamado “Libertad y Concordia” han lanzado amenazas inadmisibles en un marco democrático. Dicen estar dispuestos a “resistir” los requerimientos de la Justicia que pueden derivar en nuevos procesamientos. Se quejan de “hostigamiento” y de que jefes militares y gobierno no atienden sus reclamos “en defensa de congéneres acusados por obedecer órdenes superiores”.

Expresiones como “vamos a jugar a muerte”, “soy partidario de endurecer las posiciones, no podemos relegar más espacios” o “sé que muchos camaradas dicen que se van a resistir” lo que –incluso militares en actividad- llaman “embestida judicial”, nos exigen el más enérgico y absoluto repudio; y la advertencia de que la incitación a resistir las citaciones de la Justicia constituye en sí misma un delito.

No logran tales actitudes sino afirmarnos en la convicción de que SIgue siendo injusta la “ley de caducidad”. La Justicia no es revancha, como algunos pretenden mediatizar; es por el contrario, para el pueblo organizado que la reclama, arma de derrota definitiva a la impunidad.

Los comunistas, la clase obrera y el pueblo, nos mantendremos atentos y movilizados para desterrar el fascismo en el Uruguay. Por ello llamamos a promover la más amplia movilización de masas al respecto.

Partido Comunista de Uruguay

Mientras se prevén nuevas citaciones de militares a declarar por casos de derechos humanos a partir de este martes 1º de febrero, un grupo de uruguayos organizó un "cacerolazo" para hoy entre 20:30 y 21 horas, para protestar por las recientes declaraciones y amenazas de algunos militares.

Este martes 1 de febrero finaliza la Feria Judicial y se reanuda la actividad en la Suprema Corte de Justicia. Se prevé entonces que se retomen las indagatorias a militares retirados y en actividad por los casos de violaciones a los derechos humanos.

Unos 30 militares pasarán por los juzgados, según un artículo de La Republica de hoy, para responder sobre tres casos ocurridos durante la dictadura. 15 responderán por la muerte del edil frentista Gelós Bonilla, muerto en 1976 en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce, ocho lo harán por la muerte del comunista Ubagesner Chávez Sosa en la Base Aérea Boiso Lanza y otros tanto lo harán por la desaparición física de Aldo Perrini Guala en el batallón de Infantería de Colonia.

Mientras tanto, un grupo creado en Facebook llamó a los uruguayos a realizar el lunes un "cacerolazo" en repudio a recientes declaraciones de militares.

Más de 2.000 personas habían anunciado el domingo por la noche su participación al evento, a realizarse el lunes entre las 20:30 y las 21:00.

El grupo llamado "Gran cacerolazo a nivel nacional" invita, en respuesta "a las declaraciones de los militares en los últimos días", a realizar una gran caceroleada "con familiares, amigos, compañeros", "en una plaza, en una esquina", o en la "vereda" e incluso "frente a la embajada", para los uruguayos "en el exterior".

La Justicia uruguaya citará a partir de febrero a decenas de militares acusados de torturas y desapariciones durante la dictadura, lo que generó malestar entre algunos uniformados retirados que consideraron que hay un "hostigamiento" a las Fuerzas Armadas.

Un foro denominado "Libertad y concordia", cuyos integrantes se identificaron como "militares retirados", aseguró que en Uruguay el tema de los derechos humanos "ha pasado a etapas superiores de profundización en el hostigamiento a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales".

Varios militares afirmaron que estaba dispuestos a resistir en caso de ser citados por la Justicia, como el coronel (r) Gonzalo Pérez, miembro de la Comisión Directiva del Círculo Militar.

"Yo me resistiría, no tengo ninguna esperanza de que una vez detenido, la Justicia haga Justicia. No me han dejado alternativas: perdido por perdido, vamos a jugar a muerte", declaró Pérez al diario El País

Fuente: Montevideo Portal

Después de casi 30 años de democracia, hay quienes se confiaron, algunos pactaron con ellos, otros desconfiamos porque los sabíamos allí agazapados, con todo el aparato represivo intacto.

Lo cierto es que los genocidas, esos que no dudaron en asesinar, desaparecer, secuestrar, robar niños, torturar, violar, adueñarse como botín de guerra de los bienes de sus víctimas y varios etcéteras que el lector podrá completar, hoy salen de las sombras y amenazan esta Democracia que tanto costó conquistar, amparados por la nefasta Ley de Impunidad y por la “indiferencia” del Ejecutivo ante las señales que se venían percibiendo.

Una vez más, será el pueblo quien tenga que salir en defensa de las instituciones democráticas. Una vez más el pueblo en la calle deberá dejarle bien claro a estos terroristas de estado y a quienes por diversas vías se convirtieron en sus cómplices, que el pueblo uruguayo reafirma su carácter democrático y que no quiere NUNCA MÁS terrorismo de estado.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

LUCHAMOS POR MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO.

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La carta de los nostálgicos


FORO “LIBERTAD Y CONCORDIA”



Señor Comandante en Jefe del Ejército
General de Ejército Don Jorge W. Rosales.
De nuestra mayor consideración:

Como es notorio, la cuestión del tema “Derechos Humanos” en el Uruguay no sólo no ha logrado ser superada sino que, se advierte, ha pasado a etapas superiores de profundización en el hostigamiento a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales.-

Lejos y olvidadas han quedado aquellas manifestaciones de jerarcas de gobierno referidas a dejar atrás el pasado, descargar las “pesadas mochilas” o liberar a los “viejos presos”.-

Y lejos y enterrado quedó también el discurso de abril, en Durazno, donde todos percibimos, con cierto optimismo, una posibilidad de mejora de una situación que, extendiéndose por más de 30 años, se torna ya insostenible.-

Ahora entendemos, tarde y con dolor, que sólo fue una más de las “chicanas dialécticas” destinada a generar confianza y gobernabilidad al inicio del período, y que la libertad y la dignidad de los viejos servidores y los sueldos y mejoras de los actuales es sólo parte de un manipuleo diabólico de emociones, sin contenido alguno más que la suma de males para las Instituciones Armadas.-

Así, a los militares, policías y civiles injustamente procesados durante el gobierno anterior, además de los extraditados y detenidos en el exterior, se han sumado en el primer año de este gobierno, los infames procesamientos del Sgto.(R) Ernesto Soca; del Cnel.(R) Juan Carlos Gómez; del Gral. Miguel Dalmao; del Cnel. (R) José N. Chialanza, del Ejército, y de los Coroneles (Av.) (R) Uruguay Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero de la Fuerza Aérea Uruguaya.-

El corriente año se inicia con un agravamiento de esta situación, materializado en la apertura de numerosas causas judiciales que involucran a decenas de oficiales, una vez culminada la feria judicial.-

Es que, el procesamiento de un General en actividad, sin reacción visible y contundente por parte de las FF.AA., constituyó el punto de quiebre, de inflexión, que mostró que cualquier cosa es admisible en los juicios contra los militares; que el “derecho penal para el enemigo” es aplicable en todas sus dimensiones y que es posible profundizar la “brecha” entre las FF.AA. del pasado y las del presente.-

Afortunadamente, esto último existe sólo en el “pensamiento único” que no conoce nuestros vínculos estrechos, con raíces en la historia, en el sentimiento familiar y en la propia formación militar de todos los tiempos, y cree que el “silencio austero” ha de perdurar hasta la eternidad y que no expresarse públicamente implica acatar la barbarie y el atropello que significa la demolición del Estado de Derecho alertada ya por distintas personalidades no vinculadas ni amigas de las FF.AA.-

En este contexto, a fines del año pasado, un conjunto de militares retirados, doloridos y preocupados por esta grave situación de civiles, militares y policías detenidos o enfrentando procesos judiciales, decidieron reunirse en un FORO (como lugar de discusión de ideas), teniendo como norte la LIBERTAD de los actuales prisioneros políticos y de todos aquellos afectados por la manipulación del tema derechos humanos.-

Asimismo, tendrá también como norte alcanzar la deseada CONCORDIA entre los Orientales, tantas veces enunciada y nunca procurada por quienes son los responsables de fomentarla.-

Este Foro no responde, ni responderá, a ningún sector político, organización filosófica ni religiosa de naturaleza alguna, ni grupos de la interna militar, siendo el Pensamiento Artiguista, que heredamos todos los militares y los Orientales bien nacidos, nuestra única guía, secundada por el amor a nuestra Institución Militar a la que volcamos no menos de 40 años de servicio.-

Siendo un Foro, es decir un ámbito de discusión de ideas, no constituye una organización formal, no tiene autoridades ni preeminencias etáreas, entendiéndose que no debe haberlas en temas concernientes a la ética, a la conciencia y a la libertad.-

Razones elementales de funcionamiento hacen que sólo exista una “Mesa Coordinadora”, integrada sin liderazgos jerárquicos ni personales, pero electa por el conjunto, con la finalidad de canalizar adecuadamente las inquietudes de todos los que participan en este Foro.-

Esta Mesa Coordinadora organiza su trabajo de acuerdo a los lineamientos que sus mandantes le impusieron y que consiste, como se ha dicho, en atender la situación de los prisioneros políticos y de todos los afectados por el uso del tema derechos humanos para la consecución de objetivos políticos y/o venganzas históricas.-

La columna vertebral de su funcionamiento será, en primera instancia, la presencia en el Foro de representantes de las Promociones de egreso de las Escuelas de Formación de Oficiales y, posteriormente, posibilitará la participación de representantes del Personal Subalterno y de aquellos civiles que acompañen nuestros propósitos, siempre en el marco de la libre expresión del pensamiento, la responsabilidad, el respeto y el amor a la Institución Militar.-

Este Foro nace por el sentir de sus integrantes que, por formación militar y por convicción individual, entienden y generan una creciente demanda de los retirados en cuanto a la debida protección institucional que no debería faltar para todos aquellos que, más allá de su sentido individual de Patria, actuaron en el marco de la lógica de la obediencia debida, cumpliendo órdenes del Servicio, encuadrados jerárquica y reglamentariamente.-

El Foro entiende que quienes vivieron y vivirán penosas situaciones de hostigamiento social y son víctimas del afán incriminatorio por parte de algunos jueces y fiscales, llegan a estas instancias como resultado de haber ocupado cargos por designio del Superior.-

Por consiguiente, así como hemos heredado un pasado artiguista de gloria, también hemos heredado una responsabilidad institucional en la adversidad.-

Es decir, heredamos del ayer una obligación que se resume en la vieja consigna, hoy más vigente que nunca, que nos dice: “al Camarada caído, siempre la mano tendida”.-
Esto nos obliga moralmente a no abandonar a nuestros camaradas militares, policías y civiles que sufren la persecución cotidiana y la privación de su libertad.-

Nuestra intención es encolumnarnos detrás de la defensa institucional y respaldar, cuando se necesite, a las Fuerzas Armadas en actividad, que las sentimos como propias, manteniendo siempre el estrecho vínculo, indisoluble, entre activos y pasivos para permanecer unidos, cosa que “otros” no desean y que, en la coincidencia de planteos, encontremos caminos que nos permitan transitar en una misma dirección.-

En consecuencia, para defender a estos hombres del pasado y que hoy son prisioneros políticos, cuente incondicionalmente con nosotros.-

Para defender a esos hombres que en un futuro inmediato podrán transformarse en prisioneros políticos por haber actuado en ese pasado de guerra interna, cuente incondicionalmente con nosotros.-

Para defender a nuestros camaradas en actividad de la Fuerza que Usted comanda, no tenga dudas, también puede contar con nosotros.-

Pero, cuando se perpetúe el “silencio austero”; cuando se advierta desidia o intereses personales o no se perciba el esfuerzo necesario por solucionar las graves situaciones planteadas, no cuente con nuestro apoyo.-

Por el contrario, sepa que estaremos al otro lado y no seremos respaldantes de estas omisiones, haciendo sentir nuestra voz, que será muy fuerte, extremo al que no desearíamos llegar jamás.-

En consecuencia, todos nos necesitamos y hoy cumplimos, como corresponde, con esta formalidad de presentarnos, en defensa de nuestra querida Institución y de sus integrantes, antes de dar difusión pública a nuestros propósitos.-

Solo resta agradecer vuestra comprensión y entendimiento de los fines que nos motivan; reconocer su deferencia en recibirnos y la atención prestada a nuestros planteos.-

La Mesa Coordinadora del
FORO “LIBERTAD Y CONCORDIA”

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Condena unánime de todos los sectores a la amenaza de la nueva logia militar: "Es una bravuconada"

Reacción ante carta de retirados militares

"Bravuconada", "peligrosa", "preocupante" y "amenaza", fueron algunas de las reacciones de integrantes del espectro político para calificar la carta enviada por un grupo de militares al comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, a quien reclaman acciones firmes para enfrentar los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.

Concretamente, los militares denunciaron "una política de hostigamiento" por parte del gobierno, algunos jueces y fiscales y amenazan con llegar "hasta extremos que no quisiéramos llegar", si Rosales no alza su voz por la libertad de sus colegas procesados.

Los retirados, agrupados en el denominado "Foro de Libertad y Concordia" enviaron una dura carta al comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, cuyos principales tramos fueron publicados ayer por La República.

En ella hacen referencia al supuesto "hostigamiento" hacia las fuerzas militares y policiales por parte del actual gobierno, pero también por parte de algunos jueces y fiscales, con nuevos encarcelamientos.

Señalan que el procesamiento con prisión del general Miguel Dalmao fue "el punto de inflexión" y de "quiebre", ya que no hubo una "reacción visible y contundente por parte de las FFAA".

En la carta se le solicita a Rosales alzar su voz por la libertad de los militares procesados, ya que de lo contrario el ""Foro Libertad y Concordia" amenaza con hacer sentir la suya, "hasta extremos que no quisiéramos llegar jamás".

El senador del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Eduardo Lorier, dijo a nuestro matutino que en este tipo de casos el que debe actuar es el Poder Judicial, "con total libertad, con total desenvolvimiento, sin ningún tipo de trabas y ningún tipo de presión".

"Ese es un elemento central de nuestra visión con respecto al tema, y vale para cualquier aspecto de la vida nacional, incluyendo este que se vincula con los derechos humanos", explicó.

"Esa es nuestra opinión genérica y muy abarcativa, pero que también incluye estos casos. Aquí no puede haber elementos ajenos a la Justicia operando e interviniendo para torcer el juzgamiento de cualquier delito, incluyendo los delitos de lesa humanidad, torturas y demás", enfatizó.

Acerca de la afirmación de los firmantes de la carta, sobre que no quieren llegar "hasta extremos que no quisiéramos llegar jamás", el legislador respondió: "Eso es una bravuconada que no tiene más intencionalidad que influir sobre la Justicia".

Para el senador colorado José Amorín Batlle, "si la carta queda solamente en eso, es decir, una carta que militares le mandan al comandante en jefe, están en su derecho de hacerlo; estamos en un país libre y la gente puede escribir y opinar lo que quiera".

"Lo que preocupa es cuando se dice que esperan no llegar a extremos que no desearían llegar jamás, porque yo no sé lo quieren decir, pero eso sí es peligroso", advirtió.

"Creo que dentro de la Constitución y la ley, la gente tiene todo el derecho a actuar. Obviamente, yo discrepo con muchas de las cosas que dice esa carta, pero tienen todo el derecho a actuar. Ahora, lo que no se tiene derecho es a amenazar ­lo que me parece preocupante- con llegar a extremos a los que no se querría llegar jamás, aunque también es bastante vago eso que se dice", señaló a nuestro matutino.

Acerca del mecanismo de enviarle una carta al comandante Rosales, el parlamentario de Propuesta Batllista (Proba) señaló: "Se le puede mandar una carta al comandante diciendo cuál es la opinión sobre tal tema.

Estas personas aparentemente no son una institución.

Yo personalmente recibo decenas de cartas por mes diciéndome lo que hay que hacer en tal o cual asunto y uno lee las cartas y ve lo que hace".

"Además, en este caso no hay ninguna firma específica, y esto es de una institución que nadie sabe quién es, ni quién la integra. Se puede mandar la carta, pero el tema es que seguramente el comandante en jefe no va a hacer nada.

Lo que habría que analizar es la actitud del comandante en jefe, para ver si actúa dentro de la Constitución y la ley, porque mandar una carta cualquiera la puede mandar", sostuvo.

"Obviamente, discrepo con los contenidos de la carta y lo que más preocupa es eso de llegar a extremos a los que no se quisiera llegar, porque se está amenazando con algo que no se sabe bien qué es. No hay que olvidar que Uruguay hace más de 30 años tuvo un golpe de Estado, y los que somos demócratas lo recordamos con enorme fastidio, por lo tanto, cuando viene una cosa de éstas nos preocupamos con exceso, cosa que no está mal", subrayó.

El senador de Unidad Nacional (UNA), Francisco Gallinal, dijo que "el contenido de la carta no me gusta y me parece que mucho más que una advertencia, es una suerte de amenaza".

El líder de Correntada Wilsonista (CW) señaló a La República que a su entender, los autores de la nota "están exigiendo cosas que los destinatarios no están en condiciones de cumplir, porque cuando actúa el Poder Judicial actúa el Poder Judicial, y aún cuando se puedan cometer injusticias -que no hay que descartarlo- es la palabra de un poder independiente que todos tenemos la obligación y necesidad de respetar, aún en la discrepancia".

No obstante, el legislador mencionó que "la carta también está referida a otra suerte de hostigamiento, que se está dando desde hace ya un tiempo, donde el Poder Ejecutivo debería cuidar un poco el relacionamiento con las Fuerzas Armadas, porque no tienen derecho a actuar en forma injusta para con sus integrantes".

A modo de ejemplo, el parlamentario dijo que entre esos hostigamientos figura la censura a militares cuando hablan en contra del gobierno, pero nada se dice cuando hablan a favor; a la ley que obliga a los efectivos a actuar como custodias en la entrada y salida de los establecimientos carcelarios; así como algunas actitudes del ministro Rosadilla con respecto a funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

"No son hechos de una dimensión extraordinaria, pero el solo hecho de existir y de repetirse los hace sentirse segregados o discriminados; eso es una realidad", opinó.

Para el legislador, en esta situación "también pesa la actitud que tiene la bancada del Frente Amplio y el propio gobierno, con un cuestionamiento permanente de la Ley de Caducidad, con lo que de alguna manera, hay que admitirlo, están ejerciendo una presión sobre el Poder Judicial; será o no de recibo, será o no efectiva, pero se está ejerciendo desde hace ya mucho tiempo", afirmó.

Gallinal dijo que la sociedad "se siente agredida" cuando un sector se expresa en los términos que contiene esta carta, aunque también señaló que desde su punto de vista la misiva "no es representativa de lo que piensan los integrantes de las Fuerzas Armadas, aunque sí existen situaciones que deben preocupar".

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Procesados hablan de la carta

Desde la cárcel de Domingo Arena, el ex policía Ricardo Medina y el coronel (r)expresaron a Montevideo Portal su beneplácito con la carta publicada por el Foro Libertad y Concordia que instó a una defensa de los procesados. Mujica también habló de la carta desde Caracas.

Desde la Cárcel Domingo Arena, el ex policía Ricardo "Conejo" Medina y el militar ( r ) Luis Maurente, dijeron a Montevideo Portal que desconocen la procedencia de la carta firmada por el Foro Libertad y Concordia, pero recibieron de buen ánimo que alguien se preocupe por ellos.

Tras la publicación de la carta firmada por el Foro "Libertad y Concordia", que advierte una " profundización en el hostigamiento a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales", el militar retirado Luis Maurente y el ex policía Ricardo Medina, hablaron con Montevideo Portal sobre la declaración y opinaron sobre los fallos judiciales de los últimos años, en materia de Derechos Humanos.

Ambos dijeron desconocer desde donde proviene la carta, ni quiénes pueden ser los integrantes del Foro Libertad y Concordia, pero expresaron su satisfacción porque "alguien se preocupe" por lo que entienden como irregularidades en los procesos judiciales a los que fueron sometidos.

"Nosotros lo oímos en la prensa, anteriormente no habíamos tenido contacto", señaló Medina al ser consultado sobre el origen de la misiva. El ex policía opinó que la carta refleja una "realidad" sobre la justicia.

"Se están inventando muchas cosas, se han hecho muchas ilegalidades y alguien tiene que salir. Hay gente que dice si a estos los metieron para adentro sin tener argumento, capaz que a nosotros también", afirmó Medina que calificó de "indignante" y "avergonzante para la Justicia" el procesamiento de Ernesto Soca.

"En tres meses le ponen al hombre 15 años, cuando no tienen una sola prueba ¿Un soldado siendo acusado de hacer coordinaciones con Pinochet, con Stroessner, con Videla, es inaudito", agregó.

"La gente empieza a sentir que hay un tembladeral con respecto a la Justicia, ya no respeta nada, que ya no hay ley que la Justicia respete. Hay pruebas, no hay pruebas no importa. La prueba que es la reina del proceso en la mayoría de los casos no existe y sin embargo da lo mismo", afirmó.

Medina dijo que en su caso fue obligado a demostrar su inocencia, lo que representa inversión de carga de la prueba: "entonces se transforma en una triste venganza. (.) A nosotros nos pusieron 28 homicidios porque se le antojó al juez y a la fiscal y a otros les pusieron 29 y a otros 37 y a otros 1, es tremendo, la gente empieza a reaccionar".

El ex policía dijo que en épocas anteriores se respetaba a la Justicia porque los fallos eran contundentes, en cuanto a su consistencia y su apego a las normas y agregó que en el fallo por el que fue procesado no dice con claridad de qué ni cómo se dieron los hechos de los que se le acusa, confesando que se siente "absolutamente indefenso" ante ese tipo de conductas en el sistema jurídico.

"Es brutal e increíble, es un desprestigio de la Justicia, el actuar de esta manera, a nivel internacional, nacional y académico, porque los propios estudiantes dicen esto es lo que no hay que hacer, y sin embargo se hace, a la vista de todo el mundo", agregó.

Al ser consultado sobre qué espera del gobierno de José Mujica sobre este punto, Medina respondió: "En su momento se generó cierta expectativas con algunas expresiones del presidente, pero cuando las entras a analizar.. (.) realmente la expectativa es que la Justicia actué dentro de lo que corresponde (.) que la Suprema Corte advierta las irregularidades".

Para Medina no hay garantías del debido proceso: "Cuando yo fui a declarar por primera vez, ya estaba procesado. No se tiene en cuenta lo que dicen los abogados, no se los considera, así hagan los mejores escritos, con toda su capacidad y toda su inteligencia.

"Eso de que la Justicia es independiente es sumamente relativo, todos los poderes están entrelazados unos con otros (.) "Nosotros no pedimos ni amnistía, ni indulto, pedimos que la Justicia actúe dentro de los marcos que tiene que actuar", afirmó.
Por su parte, el coronel ( r ) Luis Maurente sostuvo que una de las características comunes de todos los procesamientos es la falta de pruebas.

"Nosotros estamos conversando permanentemente sobre esto con Medina y otros camaradas, sobre el tema que nos tiene preso (.) la ausencia total de pruebas
Maurente recordó que el presidente José Mujica dijo que los fallos de la justicia tienen un "tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió". "Vamos a decir las cosas como son", agregó señalando artículos de Gonzalo Aguirre, Juan Fagúndez y las opiniones de la ex ministra de Defensa Azucena Berruti publicadas en el libro Ministras.

"Ella dice claramente que no hay pruebas contra los militares y fue ministra de Defensa nacional cuando a nosotros nos metieron presos", señaló Maurente quien insistió en que "hay una cantidad de elementos" en ese sentido.

"Una cosa es la verdad de los hechos, que puede haber algo, algunos lo saben y otros no y otra cosa es la verdad procesal, lo que se aportó en el juicio y el juicio no aportó ningún elemento nuevo, ni lo va a aportar tampoco", subrayó Maurente.

Al ser consultado sobre cómo fue recibida la carta del Foro Libertad y Concordia: "que alguien reaccione que alguien diga algo, que diga qué está pasando, como no nos va a alegrar que alguien se preocupe por la situación, que un grupo se organice dentro de la ley, para hacer las cosas tendientes a esclarecer los hechos. Nosotros aceptamos a buen grado esto", afirmó y destacó el hecho de que no estén ligados al Círculo ni al Centro militar: " porque estas organizaciones sociales tienen sus estatutos y su personalidad jurídica y a veces puede haber un apartamiento, así como la agrupación de Irma Leites de la Justicia que salen con pancartas que está gente salga en defensa nuestra nos parece perfecto".

El presidente José Mujica habló sobre dijo que la carta publicada por el Foro de Concordia desde la ciudad de Caracas, donde realiza una visita oficial : "Es gente que intenta defender lo que considera que son sus derechos, en el Uruguay hay un orden y hay una Justicia y el gobierno tiene que moverse en esos marcos, no manda a los jueces, no manda a los fiscales", afirmó el presidente José Mujica desde Caracas, en declaraciones realizadas a los medios allí presentes.

El primer mandatario señaló que ya ha leído cartas similares y agregó que él debe moverse en el marco planteado por la Constitución. "Nosotros no tenemos que envalentonar, ni consolar, tenemos que gobernar y movernos en una sociedad que tiene puntos de vista e intereses contradictorios", agregó Mujica.

"Ustedes filosóficamente saben bien lo que yo pienso, hay cuentas que vienen del pasado", afirmó y calificó de "ridículo" que se le atribuya a las actuales fuerzas armadas "responsabilidades que no tiene".

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Centro Militar pide a Mujica poner freno a "escalada" de denuncias

El presidente de la República, José Mujica, es el único capaz de poner fin a la "ola" de denuncias contra militares por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, según expresó el presidente del Centro Militar.

El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillemo Cedres, aseguró ayer que la única persona capaz de poner fin al cúmulo de denuncias contra efectivos militares por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, es el presidente de la República, José Mujica.

El cúmulo de denuncias por violaciones a los derechos humanos "es algo premeditado", siendo parte de "la escalada de venganza de la que somos víctimas", transformándose en "un tema político y lo tiene que resolver el político", dijo Cedres en Radio Carve. "El cacique (Mujica) tiene que llamar a los indios y ponerlos de acuerdo, que se arreglen. El puede hacerlo porque tiene suficiente dialéctica, convocatoria y carisma para poder hacer este tipo de cosas", expresó Cedres.

Cedres fue interrogado en el marco de la polémica desatada por la publicación de una carta por el grupo de militares retirados "Foro LIbertad y Concordia", la cual denuncia un presunto "hostigamiento" del gobierno, jueces y fiscales en los procesos judiciales por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

En este sentido, el presidente del Centro Militar coincidió con la preocupación de los foristas y cuestionó el accionar de la Justicia por no respetar lo dispuesto en la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado". "De acuerdo a la Ley de Caducidad solamente deberían estar presos quienes dieron las órdenes, (y) eso no es así. Es bastante irregular todo", señaló Cedres.

Cedres denunció, además, la existencia de procesamientos de militares sin pruebas, en sintonía con lo expresado por la ex ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti. "No se cómo terminará esto cuando lleguen a instancias finales de la Justicia (pero) en la mayoría de las cosas que se les acusan no hay pruebas, casos de homicidios sin cuerpos", indicó Cedres.

Sin embargo, el procesamiento del general Miguel Dalmao por el "homicidio muy especialmente agravado" de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray, fue uno de los casos más notorios. "Se trata de un general en actividad, que era alférez en ese momento. No tuvo nada que ver, (y) por estar de guardia se come ese sapo", valoró Cedres.

Asimismo, Cedres catalogó como "un disparate" que los años de la dictadura (1973-1985) no sean incluidos para estimar los plazos de prescripción de los delitos. "Si la Justicia tuvo un impasse, (y) dicen que eran presionados y no podían juzgar, entonces no podían juzgar nada. Todos los juicios penales que hubieron durante el período de la dictadura, deberían reverlos. Si no vale para dictadura esto, no vale para nadie; los divorcios de la época de la no deberían valer tampoco", estimó Cedres.

Alterar la paz

El presidente del Centro Militar vaticinó, además, la existencia de un cambio de óptica en la población sobre los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. "Hay gente del pueblo que se está dando cuenta de que se está jugando un partido que no se debe jugar, que hay una situación de venganza, que esto tiene que terminar. Pasaron 40 años", dijo.

La prosecución de los procesos contra militares, por tanto, puede alterar la paz social, en el sentido de provocar la resistencia por parte de personas inocentes acusadas sin pruebas, señaló. Sin embargo, el Centro Militar seguirá "siempre" manejándose legalmente, intentando "defender a nuestros camaradas".

Los dichos de Cedres procuraron distanciarse de las expresiones vertidas por el integrante de la Comisión Directiva del Círculo Militar, coronel (r) Gonzalo Pérez, llamando a resistir un posible accionar de la Justicia. "Yo me resistiría, no tengo ninguna esperanza de que una vez detenido la Justicia haga justicia. No han dejado alternativas: perdido por perdido, vamos a jugar a muerte", dijo Pérez al diario "El País".

Cedres insistió, por tanto, en una intervención del presidente Mujica para poner fin a la escalada de procesos judiciales. "No estoy diciendo que mandate (a la Justicia), pero si usted habla con la persona que va a hacer la denuncia y le dice que no la haga, no está hablando con la Justicia", afirmó Cedres.

Asimismo, el presidente del Centro Militar cuestionó la afirmación del "Foro LIbertad y Concordia" sobre la presunta inacción de los mandos actuales de las Fuerzas Armadas.

Los mandos "tienen sus obligaciones, están sujetos a normas y reglamentos", por lo que "hay que ponerse en el lugar de cada uno", ya que no pueden hacer "mucho más" de lo actuado hasta el momento.

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Luis Puig denuncia "chantaje" a la Justicia

El diputado oficialista Luis Puig cuestionó en duros términos el tenor de la carta pública emitida por el grupo de militares retirados "Foro LIbertad y Concordia" y reclamó la condena "firme" y "sin ambigüedades" de todo el sistema político por el intento de presión "chantajista" contra la Justicia.

La carta es "una amenaza de una patota de asesinos, torturadores y violadores contra la Justicia y toda la sociedad, la cual debe ser condenada con absoluta firmeza y decisión por todo el sistema político. Esta patota busca presionar a la Justicia para que no pueda actuar, como forma de mantener la impunidad que han usufructuado por más de tres décadas", dijo Puig.

"La impunidad en Uruguay se está resquebrajando y quienes violaron los más elementales derechos humanos de hombres, mujeres y niños ahora buscan presionar a la Justicia mediante amenazas". "Este grupo que apareció hay que catalogarlo como una patota militar y criminal, por lo que no pueden existir posturas ambiguas: el conjunto de partidos políticos debe condenar con absoluta claridad esta situación", señaló Puig.

Fuentes: La República/Montevideo Portal