San Javier es una colonia formada en 1913 por inmigrantes rusos que en época de los zares se afincaron en Río Negro. Se caracteriza por ser un pequeño pueblo ubicado en la costa del Río Uruguay, donde sus vecinos coinciden en la tranquilidad y la rutina con que transcurren sus días, donde es un pasatiempo pescar en el muelle o tirar sus redes al agua.

Vladimir Roslik era el médico del pueblo, tenía 42 años, era casado y padre de un niño de apenas 5 meses.

En 1980 había sido detenido, torturado y procesado por la justicia militar, enviándolo al Penal de Libertad donde estuvo 1 año. En la madrugada del 15 de abril de 1984, San Javier despertó en medio de un gran operativo militar ordenado por la Brigada de Infantería Nº 3 de Salto, se hace una redada y lo detienen nuevamente junto a otros 10 pobladores. La DINARP da la versión oficial de los hechos: "en San Javier se estaba reorganizando un grupo armado del Partido Comunista". A la mañana siguiente los familiares de Roslik reciben una llamada de la comisaría para que pasaran por el Hospital de Fray Bentos a hacerse cargo del cuerpo. El Dr. Eduardo Saiz Pedrini, médico militar, buscó minimizar la causa de la muerte firmando un certificado de defunción que atribuye la muerte a un paro cardíaco respiratorio. La esposa de Roslik pidió una nueva autopsia y la pericia comprobó una muerte violenta multicausal, se comprobaron múltiples traumatismos profundos, asfixia por ingreso a los bronquios de un fluido similar al del estómago y desgarro de hígado provocando una anemia aguda.

Este asesinato se constituyó en el de la última víctima mortal del terrorismo de Estado.

El 29 de mayo de 1984 la justicia militar procesó por homicidio intencional e irregularidades en el servicio, al teniente coronel Mario Olivera, jefe del Batallón de Infantería 3 y al mayor Sergio Caubarrere, subjefe del cuartel y conocido torturador desde el año 1972. El Supremo Tribunal Militar convocó a la prensa para informar del procesamiento de los responsables y repetir la fábula de la reorganización del aparato armado comunista. A comienzos de 1985 ambos fueron reintegrados al Ejército. En octubre de 1984 el Dr. Saiz fue expulsado del gremio médico por un Tribunal de Honor, luego del retorno a la democracia el presidente Sanguinetti lo mantuvo como médico militar.

Antonio Pires Da Silva es un ciudadano brasileño que vino con su familia a Uruguay. Fue detenido en San Javier el mismo día que Roslik y compartieron la sala de interrogatorios. Pires fue procesado y permaneció 5 meses detenido, hasta que tras las presiones de organismos de derechos humanos de su país, fue liberado en la ciudad de Rivera. En la Ciudad de Libramento se sometió a un examen médico forense que pudo comprobar las secuelas de las torturas que había recibido. En 1986 se traslada a Montevideo a prestar declaración ante la justicia ordinaria uruguaya y desde entonces viene ayudando en las causas de derechos humanos. Pires estaba junto a Roslik en el momento de su muerte y cuenta las terribles torturas a las que eran sometidos y en que condiciones vio al médico por última vez:

“... fui torturado en el Batallón 9 de Infantería de fray Bentos. Todos los detenidos eran interrogados acerca de un presunto embarque de armas a través del Río Uruguay, el día 15, durante una sesión de tortura reconocí la voz de Roslik: "es la segunda vez que caigo en manos de ustedes y pueden matarme si quieren". Nos colocaron en el "submarino" y nos torturaron simultáneamente en medio de gritos y alaridos por cerca de 2 horas, cuando no oí más los gemidos del doctor, quedando la sala en un silencio total. Entonces, uno de los torturadores dio la orden de cesar, y vendado fui llevado a otra celda. Más tarde me llevaron al Batallón 13 donde fui colgado, hasta que por mi estado me internaron en el hospital militar. Estando en el Penal, otro prisionero me confirmó que el doctor había muerto”

Más de treinta años no es nada para el dolor y la memoria amarga de quienes sufrieron las terribles consecuencias de la represión, pero supone la mitad de la existencia de una legión de asesinos impunes. Algunos de ellos han muerto sin otro castigo que la repulsa de gran parte de la sociedad, otros, viven en libertad arropados entre las complicidades de sus camaradas de armas y bajo la protección de la inmoral Ley de Caducidad.

Tendrán que rendir cuentas ante la sociedad, aunque los beneficios por edad avanzada o enfermedad les sirvan de salvoconductos para evitar morir tras las rejas.

En un océano de horror y perversidad, la impunidad sigue vigente a la espera de que el Parlamento Nacional anule la Ley de Caducidad y los casos puedan ser reabiertos para que los asesinos paguen sus culpas.

Por todos ellos, memoria, verdad y justicia.

Marys Yic
Abril 2010